DICTAMEN 13 / 2009 ANTECEDENTES

Transcripción

1 DICTAMEN 13 / 2009 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Aragonés de Salud. ANTECEDENTES Primero.- Por escrito de fecha 11 de noviembre de 2008 (con registro de entrada en esta Comisión Jurídica Asesora del día 3 de diciembre de 2008), la Consejera de Salud y Consumo del Gobierno aragonés solicita Dictamen en relación a un procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por I.G. Segundo.- El procedimiento se inicia con un escrito de fecha 22 de febrero de 2007 y con entrada en el Registro del Servicio General del Gobierno de Aragón del 12 de marzo de En el escrito se manifiesta lo siguiente: Que en el año 2000 la reclamante comenzó a sufrir falta de concentración y lloros continuos, siendo atendida por un psiquiatra en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y que en 2001 le diagnosticaron ansiedad y depresión mejorando algo con la medicación que le prescribieron. Que en 2003 se intentó suicidar cortándose las venas y determinándose por los médicos un posible trastorno de personalidad pero no le realizaron ningún tipo de test o prueba Que volvió a intentar suicidarse el 7 de septiembre de 2006, por ahorcamiento con ingreso en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Allí, dice, le diagnosticaron por fin su

2 trastorno: borderline que implica ataques de ira, bulimia, falta de concentración, autocastigo, cambios emocionales. Que desde ese momento se le ha puesto en tratamiento sin haber tenido más ataques. Que los intentos de suicidio y los padecimientos se podían haber evitado de haberse realizado previamente las pruebas de diagnosis de la enfermedad y que han sido necesarios siete años para tener en cuenta el verdadero diagnóstico. Que (se pasa gramaticalmente de la redacción en primera persona propia de la reclamación de la paciente a la redacción impersonal de abogado profesional cuyo domicilio es el que se cita a efectos de notificaciones) entiendo que las causas de la actividad médica inadecuada estuvieron en el descontrol de la paciente, la cual no fue debidamente atendida. Consiguientemente se solicitan euros de indemnización más los intereses de demora. Tercero.- Con fecha 16 de marzo de 2007, el Secretario General Técnico del Departamento de Salud y Consumo manifiesta la admisión a trámite indicando diversos pormenores en cuanto a la tramitación de la reclamación. Igualmente se da parte de la reclamación a la compañía Zurich España S.A. y a la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL S.A. Cuarto.- Dentro del expediente remitido se encuentra la historia clínica de la paciente y un informe de la Unidad de Trastornos personal de 15 de junio de 2007 en el que se describe muy minuciosamente la personalidad de la paciente con motivo de otorgarle el alta. Es sumamente interesante la descripción de esa personalidad en este documento, así como de los tratamientos recibidos, su receptividad, su falta de resistencia ante situaciones de stres. Preferimos no hacer mención a detalles específicos del mismo (durante el tratamiento se le preguntó si su único objetivo en el mismo era poder fundamentar una reclamación económica contra la Administración) no sin señalar lo importante que resulta el mismo (que ha sido tenido en cuenta en los informes médicos que siguen) para hacerse una idea de la profundidad con que ha sido atendida por los servicios específicos y, al tiempo, de la dificultad del tratamiento dadas las características personales de la paciente. Igualmente existe un informe del médico inspector del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón A.R. que se emite con fecha 15 de abril de En él y después de otras consideraciones indica que en septiembre de 2003 acudió por autolesión al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con pequeño corte-erosión superficial en la muñeca. Allí se le diagnosticó distimia y trastorno limítrofe de personalidad siendo remitida a la unidad de salud mental correspondiente. Se narran otros hechos asistenciales habidos hasta septiembre de 2006 cuando tiene otro intento de suicidio, en esta ocasión por ahorcamiento, y es ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Allí se le realiza un estudio y tratamiento con las siguientes conclusiones: la valoración intelectual sitúan su 2

3 coeficiente intelectual total en el rango de la normalidad. En relación a su personalidad cumple criterios de trastorno límite y trastorno anancástico. El índice de impulsividad se encuentra ligeramente por encima de la media. Ansiedad menor, sin depresión. La autopercepción de la adaptación social la sitúa en la adaptación. Personalidad de estilo introversivo. Presenta una gran vulnerabilidad en las situaciones de estrés. Y en el Juicio crítico se dice que: Ni de la exposición de los hechos ni de la documentación disponible puede argumentarse que haya existido una incorrecta asistencia de la paciente, ni hay ningún atisbo de mala praxis. Cada vez que la reclamante ha acudido a los servicios de urgencia de los distintos hospitales ha sido correctamente diagnosticada y tratada y ha sido derivada a la unidad de salud mental correspondiente, existiendo como es habitual en estos casos períodos en los que el tratamiento ha surtido el efecto deseado y episodios agudos que en alguna ocasión han sido tan importantes como en los dos casos de intento de suicidio que ha sufrido la paciente, sin que ello permita hacer deducciones de falta de asistencia o diagnósticos erróneos. Y en las conclusiones: La asistencia que se ha prestado a I.G. ha sido en todo momento la adecuada a la situación clínica de la misma siendo atendida tanto en los servicios de urgencia como en la unidad de salud mental correspondiente de acuerdo a los protocolos habituales no pudiendo colegir que se haya producido ningún daño a la paciente por causa del funcionamiento de los servicios médicos de la administración que en todo momento han actuado correctamente y a los cuales no puede responsabilizárseles de la evolución de su proceso. Igualmente existe un informe de la asesoría médica de la aseguradora de la Administración en el que se examina con mucho detenimiento todo lo sucedido apoyándose, singularmente, en el informe de la Unidad de Tratamiento personal antes mencionado. La conclusión es sucinta: existen las suficientes pruebas para reconocer como completamente infundadas las reclamaciones de la reclamante. Quinto.- Se ofrece a la reclamante el trámite de audiencia a los interesados por escrito de 23 de septiembre de 2008 presentándose por ésta unas alegaciones con fecha 8 de octubre de 2008 insistiendo en sus razones. Sexto.- La propuesta de resolución que acompaña al expediente remitido por la Consejera de Salud y Consumo, rechaza la producción de la responsabilidad administrativa por falta de daño antijurídico al haberse producido una atención médica dentro de los parámetros de la Lex artis ad hoc. 3

4 CONSIDERACIONES JURIDICAS I El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial objetivo que legalmente tiene atribuido la Comisión Jurídica Asesora. Según el artículo 56.1 c) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga, la Comisión emitirá dictamen preceptivo sobre las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. En el mismo sentido se pronuncia el art a) del Decreto 132/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón. Esta referencia al ordenamiento jurídico aplicable, nos lleva a citar el art. 12 del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo, que dispone la necesidad de intervención del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Por otra parte dado el montante de la cantidad reclamada, el Dictamen debe considerarse preceptivo en función de lo previsto en el art. 24 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Por fin, en función de lo indicado en el art en relación con el 63 del Texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, resulta competente la Comisión Permanente de esta Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón para la emisión de este Dictamen. II La Comisión Jurídica Asesora ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con los daños sufridos por una persona atendida en un centro sanitario dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sabemos, en general, que los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo). 4

5 III Lo que se ha hecho en el final de la anterior consideración jurídica es un recuerdo a los principios de la responsabilidad administrativa que, con origen en el art. 106 de la Constitución y desarrollo posterior en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serían los que, en su caso, deberíamos apreciar aquí a los efectos de concluir en la existencia, o no, de responsabilidad de la Administración. En torno a ello debemos indicar que la reclamación fue realizada en plazo, pues se presentó el 22 de febrero de 2007, mientras estaba en tratamiento en la Unidad de tratamiento personal. Además, el procedimiento se ha tramitado de forma correcta, llevándose a cabo las actuaciones ordenadas por la normativa aplicable y ofreciéndose el trámite de audiencia a los interesados que ésta ha usado. IV En cuanto al fondo del asunto y siguiendo nuestra doctrina consolidada y la jurisprudencia sobre la materia a la que también nos hemos referido repetidamente, no cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca, sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de la buena práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales. Ello incluye, obviamente, el realizar un diagnóstico de los males que aduce el reclamante. A esos efectos conviene recordar, en primer lugar, que el Consejo de Estado (Dictámenes 166 y 692/1999, de 11 y 25 de marzo, entre otros) y esta Comisión (Dictamen 132/2003, de 23 de septiembre, Dictamen 178/2003, de 2 de diciembre, entre otros) vienen sustentando de forma reiterada y con palabras semejantes a las que reproducimos a continuación que: para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho apercibir una indemnización. Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene declarado que según el artículo de la LPAC sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo contrario convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea objetiva o por el resultado (Vid. Sentencia del T.S. de 10 de febrero de 2001). 5

6 En el presente caso no puede admitirse, de ninguna manera, que los servicios de salud hayan infringido las obligaciones de tratamiento que han cumplido en toda su extensión. Queda acreditado si lo que se reprocha es un error de diagnóstico- que ya con ocasión del primer intento de suicidio en 2003 se habló de trastorno de la personalidad, y no en 2006, en el segundo intento de suicidio como dice la paciente. Esta ha sido objeto de seguimiento pormenorizado, con internamientos y otro tipo de tratamientos que son descritos minuciosamente en el expediente remitido. Por otra parte, aparece también en uno de los informes presentes en el expediente una descripción de las características personales que pueden explicar hasta la misma reclamación económica presentada sin que en este lugar deba precisarse más a estos efectos. No hay base jurídica alguna para sustentar que alguno de los requisitos que pueden ser fundamentadores de la obligación de indemnizar de la Administración, existen en este supuesto. Lo cierto también es, como aparece acreditado, que se ha producido una mejoría de la paciente en cuanto que no se han vuelto a repetir intentos de autolesiones como en el pasado. VII En resumen, a la vista de los hechos que constan en los documentos presentes en el expediente y de las consideraciones jurídicas precedentes se aprecia: 1) que ha sido formulada la petición de responsabilidad e indemnización subsiguiente dentro del plazo legalmente establecido; 2) que se han cumplido las exigencias del procedimiento administrativo establecido, en el que tiene especial relieve la audiencia a la reclamante; 3) que la asistencia sanitaria prestada por el Servicio aragonés de Salud ha sido la correcta pues se prestó siguiendo la lex artis ad hoc; 4) que no hay nexo de causalidad entre la asistencia médica dispensada y el presunto resultado dañoso ni tampoco ha existido un retraso en la emisión del diagnóstico ajustado. Estos extremos motivan, por las consideraciones jurídicas anteriormente vertidas que los justifican, la procedencia de desestimar la reclamación de indemnización formulada. En mérito a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón emite el siguiente DICTAMEN: Que en conformidad con la propuesta del Departamento de Sanidad y Consumo, procede desestimar la solicitud de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Aragonés de Salud a I.G. En Zaragoza a diecisiete de febrero del año dos mil nueve. 6

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