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1 390 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2015 ETIOPiA Los pueblos indígenas representan una porción significativa de los 95 millones de personas que estimadamente habitan en el país. Aproximadamente un 15 por ciento son pastoralistas que viven a lo largo del territorio, especialmente en las tierras bajas, que constituyen alrededor del 61 % del total. También existe un número importante de comunidades de cazadores-recolectores, incluyendo al pueblo majang (majengir), que vive en la región de Gambela. Etiopía posee la mayor cantidad de cabezas de ganado de África, fuente de subsistencia de muchas comunidades pastoralistas cuyas tierras han sido demandadas por inversionistas extranjeros en los últimos años. La política de aldeización impulsada por el gobierno ha resultado en que muchas comunidades pastoralistas tradicionales han sido desplazadas de sus tierras de pastoreo tradicionales, y tanto el acceso a la salud pública como a la educación primaria y secundaria, permanecen totalmente inadecuadas. Además de que no existe una legislación nacional que los protega, Etiopía no ha ratificado la Convención 169 de la OIT, y tampoco estuvo presente durante la votación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. E n 2014 no se han producido mejoras legislativas respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Etiopía. Por el contrario, se han debilitado mecanismos de consulta existentes, lo que ha generado preocupación en muchas organizaciones internacionales por los derechos humanos. 1 Esta falta de consulta debe ser entendida dentro de un contexto represivo de mayor envergadura, donde el gobierno ha utilizado leyes antiterroristas dirigidas a socavar el derecho a la libre expresión. Estas preocupaciones se intensificaron en abril de 2014, luego del arresto de 6 miembros de un blog crítico al gobierno, llamado Zona 9, junto a otros tres periodistas. 2

2 AFRICA DEL ESTE Represa Gilgel Gibe Acaparamiento de tierras Un elemento clave en la desmejora de la situación de los pueblos indígenas en el país es la actual política de acaparamiento de tierras, donde compañías extranjeras arriendan grandes áreas de tierra al gobierno a cambio de ciertos niveles de inversiones. Desde 2008, cuando comenzó a acentuarse la preocupación por una posible crisis alimentaria mundial y aumentó la demanda de tierras agrícolas a nivel global, el gobierno de Etiopía ha arrendado millones de hectáreas de tierras a lo largo del país a inversores agrícolas, tanto nacionales como extranjeros. El gobierno aduce que las inversiones son una garantia de la seguridad alimentaria. Esta política es vista también como un elemento importante de la estrategia de desarollo del país, porque significa que las tierras que son categorizadas como subutilizadas pueden ser utilizadas productivamente. Sin embargo, en realidad estas tierra no se encuentran subutilizadas, ya que son usadas tradicionalmente por los pastoralistas, cuyos derechos sobre estos territorios vienen siendo violados constantemente. Aún mas, la forma en que se utiliza la tierra durante estos nuevos arrendamientos, favorece en rea-

3 392 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2015 lidad muy poco la seguridad alimentaria, ya que la producción de alimentos es muy baja. Incluso se utilizan principalmente como una pantalla para la producción de productos que no son alimentos, como flores, o para producir productos alimenticios destinados al mercado externo. A fines de 2014, por ejemplo,, la Estrella Saudí para el Desarrollo Agrícola anunció planes de inversión por unos 100 millones de dólares para la producción de arroz en la región de Gambela. El arroz no es una comida corriente en Etiopía, por lo que la abrumadora mayoría de la producción será exportada al mercado externo. Si bien el gobierno destaca las oportunidades de empleo que generan este tipo de inversiones para los habitantes de las tierras bajas, muchos de esos puestos ha ido a parar en realidad a manos de habitantes de las tierras altas, que se han mudado allí en búsqueda de empleo. Esto último ha incrementado el riesgo de tensiones étnicas, lo que se ha materializado en la región de Gambela y en el valle del Omo inferior. Aldeización Parte de la política gubernamental respecto al manejo de la tierra es la dirigida a la aldeización, esto es, aquella que persigue la relocalización de habitantes rurales, generalmente pueblos indígenas, hacia comunidades con mejores accesos a servicios básicos, como agua potable, hospitales y escuelas. En realidad, sin embargo, dichos servicios no han sido provistos, y muchas de las comunidades no poseen comida suficiente dado el incremento poblacional. Muchas personas que trataron de regresar a sus tierras y a su anterior estilo de vida se encontraron con que estaban arrendadas y no podían hacer uso de ellas. Por lo tanto, las comunidades indígenas se encuentran desplazadas y privadas de sus medios tradicionales de vida, así como de su entorno natural, incluyendo el acceso al agua, a los lugares de pesca y de pastoreo, a las tierras cultivables y a los recursos forestales. Necesidad urgente de una protección legal y de adherencia a la ley internacional Los esfuerzos por parte de activistas y de ONG dirigidos a que el gobierno tome medidas legales y administrativas positivas, incluyendo la ratificación de la Convención 169 de la OIT y de otros documentos legales internacionales que protegerían a

4 AFRICA DEL ESTE 393 los sectores más pobres y desventajados de la sociedad etíope, no han sido recibido favorablemente. Aún más, en 2014 se realizaron evaluaciones del impacto social sobre comunidades pastoralistas y agropastorlistas, que han confirmado la existencia de grandes disparidades, especialmente entre los pueblos indígenas de las regiones del sur, Somalí, Afar y Oromia. Este estudio está basado en una evaluación de las necesidades de los medios de vida y del desarrollo económico de las comunidades agropastoralistas de las cuatro regiones del país. La situación de los niños y de las mujeres indígenas es particularmente grave, dado que las mujeres no tienen acceso a la tierra. Además, estas comunidades sufren grandes niveles de desigualdad económica a nivel interno, lo que incrementa la probabilidad de conflictos tribales dentro y a través de las fronteras étnicas. La falta de una política específica o de un programa dirigido a paliar las necesidades de los pueblos indígenas por parte del gobierno etíope ha agravado su situación. Etiopía es un actor políticamente clave en África, y es el segundo país más poblado del continente. Configura una omisión flagrante por parte de un actor político de semejante importancia que no haya intentado, por lo menos, en consulta con los pueblos indígenas y sus instituciones representativas, el desarrollo de políticas y programas de acuerdo con la legislación internacional, dirigidas a superar las brechas sociales y económicas que aquejan a los pueblos indígenas. En diciembre de 2014, durante la sesión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que se celebró en Gambia, y que había sido pospuesta, el informe del gobierno etíope tuvo poco que decir respecto a la situación y la protección de los pueblos indígenas. El informe ignora, incluso, las preocupaciones que generan la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas del valle inferior del Omo, y de las regiones de Gambela, Benishangul Gumuz, Afar, Somalí y Ormia, todas áreas que han sido utilizadas como parte de la política gubernamental de arrendamientos y de aldeización. Es importante que este tipo de informes reflejen la situación real de las comunidades indígenas, y no que traten de evitar o ignorar sus graves necesidades en materia de desarrollo y derechos humanos. Necesidad de mayor movilización En consideración del futuro de los derechos de los pueblos indígenas de Etiopía, es de vital importancia el establecimiento de un movimiento nacional, inclusivo y participativo, que sea capaz de poner las necesidades de los pueblos pastoralistas y agro-

5 394 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2015 pastoralistas dentro de la agenda gubernamental y de sus programas de gobierno. La falta de mecanismos institucionalizados que permitan considerar este tipo de problemáticas, así como las restricciones legales a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, parecieran impedir esta posibilidad. Esto ocurre a pesar del hecho de que la constitución de Etiopía, aunque con claras ausencias normativas respecto a los pueblos indígenas, incluye una enmienda dirigida a las necesidades de desarrollo de las comunidades pastoralistas. Sin embargo, a pesar de todo, la imagen general del movimiento de los pueblos indígenas a nivel nacional es prometedora. Existe consenso entre varios grupos, luego de un encuentro que se realizó el año pasado con pueblos indígenas de diferentes regiones del país para discutir elimpacto sufrido sobre sus medios de vida por las políticas de acaparamiento de tierras y por los incrementos de abusos contra sus derechos humanos por parte del gobierno. Se entiende que el diálogo debe mantenerse para que el grupo pueda estar actualizado respecto a los desarrollos en el país y a la manera de colaborar conjuntamente para hacer frente a los desafíos. Con el apoyo de las organizaciones internacionales, y si el gobierno mantuviese una postura más positiva, las comunidades marginalizadas del país tendrían un futuro mucho más promisorio. Notas y referencias 1 Por ejemplo. Human Rights Watch (HRW) 2 Los arrestados fueron Befekadu Hailu, Natanael Feleke, Mahlet Fantahun, Atnaf Berahane, Zelalem Kiberet, Abel Wabela, Edom Khassay, Tesfalem Waldyes and Asmamaw Hailegeorgis. Nyikaw Ochalla es el director de la Organización por la Supervivencia Anywaa, que trabaja por el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y por la protección de su dignidad y sus derechos humanos humanos fundamentales. Alison Watson es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Andrés de Escocia, y trabaja temáticas referidas a los derechos de los pueblos indígenas de África del Este y de nortemérica.