RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Recurso nº 459/2017 C. Valenciana 77/2017 Resolución nº 579/2017 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 30 de Junio de VISTO el recurso interpuesto por D. M.Q.P., en representación de ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U, contra los pliegos del procedimiento "Mantenimiento y limpieza de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano", convocado por el Ayuntamiento de Petrer, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. Con fecha 6 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el anuncio de licitación promovido por el Ayuntamiento de Preter del contrato de servicios de Mantenimiento y limpieza de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano por un valor estimado de euros, que se licitar por el procedimiento abierto. La licitación fue anunciada también mediante inserción del anuncio en la plataforma de contratación del sector público el 6 de mayo, y en el Boletín Oficial del Estado el día 16 de mayo. Segundo. Con fecha 12 de mayo de 2017, la empresa ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U, interpuso recurso especial en materia de contratación ante este Tribunal previo su anuncio ante el órgano de contratación. El recurso se interpone contra los pliegos tanto de condiciones particulares (PCAP) como de prescripciones técnicas (PPT), aunque solo se fundamenta la impugnación respecto de las cláusulas 21 PPT y 10 y 12 PCAP. Tercero. Por parte de la Secretaria del Tribunal, por delegación del mismo, con fecha 2 de junio de 2017, se adoptó la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 46 del Texto AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

2 2 Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), de forma que según lo establecido en el artículo 47.4 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es competente para conocer del presente recurso especial en materia de contratación a tenor de lo establecido en el artículo 41, apartado 4, del TRLCSP, en relación con el Convenio suscrito al efecto con la Comunidad Autónoma de Valencia suscrito el 22 de marzo de 2013 y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de abril. Segundo. El recurso ha sido interpuesto contra un acto susceptible de recurso en esta vía de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.a) del TRLCSP, al referirse a un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada. Asimismo, se impugnan actos susceptibles de este recurso al tratarse de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) (artículo 40.2.a) del TRLCSP). Tercero. El recurso ha sido interpuesto ante este Tribunal dentro de plazo, al no haber transcurrido más de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el DOUE. Todo ello de conformidad con el artículo 40 del TRLCSP y 19.2 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC). Cuarto. El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP, al tratarse de un potencial licitador, cuyo objeto social coincide con el de la licitación. Quinto. El recurso se fundamenta en la infracción del artículo del TRLCSP dado que las cláusulas del PPT y 10 y 12 PCAP, prevén como criterios de adjudicación la

3 3 disposición de determinados certificados de calidad. Concretamente se imputa esta infracción a la cláusula PPT redactada en los siguientes términos: Cláusula Hasta 5 puntos: Calidad del Servicio. Máximo 5 páginas Para su valoración la empresa deberá aportar un certificado emitido por empresa acreditada (sello AENOR), en vigor, para los servicios recogidos en el presente pliego (mantenimiento de zonas verdes, tratamientos fitosanitarios, plantaciones, podas, limpieza...). 1. Sistema de Gestión de Calidad 1SO 9001 (1 punto) 2. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001(1 punto) 3. CO 2 verificado y registro huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio de agricultura, alimentación y Medio Ambiente (1 punto) 4. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS (1 punto) 5. Sistema de gestión de 11-D+i(1 punto)" Las cláusulas 10 y 12 del PCAP, al describir el contenido del sobre C, se refieren a la cláusula del PPT. Entiende la empresa recurrente que con la exigencia de estos certificados se establece como un criterio de adjudicación lo que son cualidades propias de las empresas licitadoras y no de las ofertas en sí, en contra de lo previsto en el artículo del TRLCSP, lo que está vedado según reiterada doctrina y jurisprudencia, citando a tal efectos la Resolución 189/2014, de 7 de marzo de este Tribunal, que comprende la recopilación de la doctrina sobre esta cuestión. La empresa recurrente solicita la declaración de nulidad completa de los pliegos. Sexto. Por su parte, el órgano de contratación entiende que no resulta de aplicación el artículo del TRLCSP porque la citada cláusula no pretende limitar el acceso a ninguna empresa, pero sí valorarlo a efectos de calidad del servicio. Otra cuestión hubiera sido si se hubiera establecido como requisito de solvencia, etc.., que sí podría suponer una exclusión discutible que podría no solo condicionar la valoración de su oferta sino, incluso la propia admisión de su participación en el procedimiento. Por otro lado, entendemos que, el criterio de adjudicación recurrido, no se refiere a características intrínsecas de la empresa,

4 4 sino que tal como establece el artículo del TRLCSP: "Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio,..., las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias..., la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la disponibilidad, el coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio.postventa u otros semejante... Estos certificados redundan directamente en la calidad de los procesos de determinadas actividades, en este caso concreto se solicita para "...mantenimiento de zonas verdes, tratamientos fitosanitarios, plantaciones, podas, limpieza...", es decir aquellas directamente relacionadas con la prestación del servicio. Se pregunta el órgano de contratación: Cómo si no se podría establecer por el órgano de contratación criterios de adjudicación de calidad, de características medioambientales que respondiesen a necesidades definidas en las especificaciones del contrato, criterios de valor técnico o de servicio postventa directamente vinculados al objeto del contrato si no es a través de la exigencia de la documentación de esos extremos? Cómo se puede valorar estos criterios con anterioridad a la ejecución del contrato sino es a través de estos certificados de calidad que expiden entidades certificadoras con anterioridad a la prestación del servicio? Finalmente, en su informe, el órgano de contratación razona la vinculación de la exigencia de cada uno de los certificados exigidos a las prestaciones del contrato. Séptimo. Este Tribunal entiende que el recurso debe ser estimado. En efecto, además, en la reciente Resolución 385/2017, de 28 de abril, se analizó una cuestión similar, que formula la consolidada doctrina de este Tribunal acerca de la improcedencia de configurar los certificados de calidad como criterio de adjudicación de los contratos. Dicha Resolución cita a su vez la Resolución nº 476/2016, de 17 de junio, en la que se razona sobre este particular lo siguiente: A estos efectos, debe recordarse que este Tribunal ha elaborado una ya consolidada doctrina sobre la improcedencia de configurar los certificados de calidad como criterio de adjudicación de los contratos. Así, en la Resolución 628/2015 se ha dicho sobre este particular:

5 5 Siguiendo en este punto las Resoluciones 255/2015, de 23 de marzo, y 906/2014, de 12 de diciembre, el Tribunal ha reiterado (cfr.: Resoluciones 143/2012, 223/2012, 461/2013, 113/2014, 129/2014 y 782/2014), en consonancia con el parecer de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Informe 29/2010), que los certificados de cumplimiento de normas de garantía de calidad y de gestión ambiental a los que se refieren los artículos 80 y 81 TRLCSP son modos de acreditar la solvencia técnica de las empresas, o, si se prefiere, su aptitud para ejecutar el contrato, con lo que, por ser tales, no pueden ser empleados como criterio de valoración de las ofertas (cfr.: Sentencias TJCE de 19 de junio de 2003 asunto C-315/01-, 24 de enero de 2008 asunto C-532/06- y 12 de noviembre de 2009 asunto C-199/07-; sentencia TJUE de 9 de octubre de 2014 asunto C-641/13-; Resoluciones de este Tribunal 187/2012, 220/2012, 290/2012, 189/2014 y 295/2014). Ello es consecuencia de la existencia de dos fases diferenciadas en el procedimiento de licitación, cada una sometida a reglas propias (cfr.: artículos y TRLCSP y 44.1 Directiva 2004/18/CE; Sentencias TJCE de 20 de septiembre de 1988 asunto C-31/87-; Resoluciones de este Tribunal 187/2012 y 220/2012): en la primera, se trata de comprobar la aptitud de los licitadores para asegurar que éstos pueden ejecutar la prestación objeto de contrato (Sentencias TJCE de 2 de diciembre de 1999 asunto C-176/98- y TJUE de 18 de octubre de 2012 asunto C-218/11); en la segunda, lo único relevante es la oferta que los admitidos presentan, no las condiciones subjetivas de quien la presenta y que no guarden relación con la prestación objeto del contrato (cfr: Sentencias TJCE de 18 de octubre de 2001 asunto C-19/00-, de 27 de octubre de 2005 asunto C-234/03; Resoluciones de este Tribunal 264/2012 y 189/2014). Sólo cabe atender a estos extremos subjetivos de la empresa cuando puedan redundar en mejor provecho de la oferta, tal y como sucede, por ejemplo, con una mayor adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato que los reputados imprescindibles (cfr.: Resoluciones de este Tribunal 264/2012, 514/2013, 644/2013, 10/2014 y 198/2014). En este mismos sentido, la Sentencia del TJCE de 28 de marzo de 1995 (asunto C-324/93) admitió la posibilidad de emplear como criterio de adjudicación la capacidad de las empresas para asegurar de manera fiable y constante el abastecimiento de un determinado estupefaciente ( ). Pues bien, en este caso, en la medida en que las cláusulas impugnadas valoran como criterio de adjudicación la acreditación por las empresas licitadoras de determinados

6 6 certificados que, conforme a lo indicado, han de operar como criterio de acreditación de la solvencia en la fase previa de selección, se ha de concluir que el Pliego resulta en este punto contrario a la doctrina y a la jurisprudencia expuestas. Distinto hubiera sido si el pliego hubiera invitado a las empresas a formular propuestas concretas sobre las incidencias de la ejecución del contrato en el medioambiente o la mejor prevención de riesgos y seguridad en el trabajo, por ejemplo, que sí podrían ser objeto de valoración. Por lo tanto, el recurso debe estimarse, limitando no obstante la declaración de nulidad a la cláusula del PPT. En efecto, sin perjuicio de que, con la anulación de la cláusula impugnada, la licitación deba reiniciarse, no procede extender la declaración de nulidad ni a las cláusulas 10 y 12 del PCAP que pueden mantenerse pues no se vinculan expresamente a la cláusula del PPT, ni tampoco al resto de los pliegos, respecto de los que nada se ha alegado por la parte recurrente. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto D. M.Q.P., en representación de ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U, contra los pliegos del procedimiento "Mantenimiento y limpieza de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano", convocado por el Ayuntamiento de Petrer, y, en consecuencia, anular la cláusula del pliego de prescripciones técnicas. Desestimar el recurso en todo lo demás. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 47.4 del TRLCSP. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

7 7 Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.