CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ A S U N T O

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, martes 15 de marzo del 2016, las 12h01.- A S U N T O Resolución del recurso de casación interpuesto por el Ab. Christian Valarezo Lainez, ofreciendo poder o ratificación de gestiones por parte del Ing. Luis Fernando Hidalgo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS S.A., en contra de la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2014, las 09h02, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No , propuesto por la referida compañía en contra de la Resolución Negativa No DR-DFIN-GADMUR, del 7 de octubre de 2013, expedida por el Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Rumiñahui, que resuelve negar el pedido de devolución de valores cancelados por concepto de Impuesto de Patente correspondiente al año ANTECEDENTES 1

2 1.1 Mediante escrito del 9 de enero de 2015, el Ab. Christian Valarezo Lainez, ofreciendo poder o ratificación de gestiones por parte del Ing. Luis Fernando Hidalgo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FERTISA S.A., fundamentó su recurso en las causales primera, tercera y quinta del art. 3 de la Ley de Casación. Estimó que en la sentencia recurrida se infringieron las siguientes normas de derecho: arts. 546 y 548 del COOTAD; 425 y 76, numeral 1, 7 literal a) y I) de la Constitución Política del Ecuador (sic); y, art. 115 del CPC. Sin embargo, el Dr. Darío Velástegui Enríquez, Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, calificó la admisibilidad del recurso de casación, exclusivamente al amparo de la primera causal. 1.2 En lo que se refiere a la causal primera, el casacionista fundamenta su recurso de la siguiente manera: Falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia; manifiesta que en la sentencia recurrida el Juez Ponente no aplicó las normas de derecho que rige la esencia de la litis, en este caso, los arts. 546 y 548 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); cuyos textos resaltados en negrita y subrayado son: en el art que se aplicará de conformidad con lo que se determina en los artículos siguientes ; y en el El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón... ; que la misma norma legal prevé la forma como la Administración Municipal debe realizar el cálculo de la base imponible para el cobro del Impuesto de Patente Comercial; que como se aprecia de la normativa citada en la que el Juez Ponente hace la enunciación de dichas normas y a la vez les da la razón, tanto así, que en la primera foja vuelta de la sentencia señala: "...Analizando lo anterior tendríamos que la base imponible del Impuesto de Patentes será el patrimonio que esté asignado al cantón en donde se realiza la actividad económica..."; es decir, el Juez Ponente 2

3 hace el correcto análisis de la norma, dando la razón a la compañía actora y se apega a sus argumentos de hecho y de derecho, expuestos en el líbelo de la demanda; que así mismo a continuación el Juez Ponente señala "...Es por esto que el COOTAD señala que se tomará como base imponible el patrimonio asignado a ese cantón. Esta determinación se vuelve muy compleja cuando se trata de personas naturales porque no pueden discernir apropiadamente el patrimonio que asignan a un cantón determinado. Sin embargo esto no debería suceder a aquellos contribuyentes que llevan contabilidad como las sociedades ya que el sistema contable por centros de costos permite inequívocamente determinar la porción patrimonial con la cual funciona un determinado establecimiento, que forma parte de una persona jurídica..."; que se puede apreciar que se hizo el correcto análisis de la norma, es decir, se hizo la perfecta subsunción de la norma con los hechos facticos, al establecer correctamente la manera de cómo se debe calcular la base imponible de este impuesto; que sorprendentemente el Juez Ponente no aplica su análisis al emitir el fallo respectivo, con lo cual se adecúa su accionar a la causal primera de la Ley de Casación, al configurarse la falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia; que la no aplicación de estas normas produjo un fallo emitido por fuera de la Ley; que por el contrario la Sala A quo tan solo se enmarcó en señalar que las resoluciones de la Administración Tributaria gozan de legitimidad y están llamadas a cumplirse, situación que no es un argumento suficiente para la validez del acto administrativo, si éste está fuera de todo precepto jurídico; que por los argumentos esgrimidos, solicita que se case la sentencia. 1.3 Como se señaló ut supra, por auto del 10 de diciembre de 2015, las 10h54, el Dr. Darío Velástegui Enríquez, Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, calificó la admisibilidad parcial del recurso de casación presentado por la compañía FERTISA, 3

4 FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A., exclusivamente al amparo de la causal primera del art 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los arts. 546 y 548 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. El mencionado conjuez pone en conocimiento de las partes el recurso admitido, concediendo a quien posee legitimación pasiva para que lo conteste fundamentadamente en el término de cinco días, conforme lo establece el art. 13 de la Ley de Casación. 1.4 Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2015, el Lcdo. Carlos Renán Nieto Villavicencio, en calidad de Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, dentro de término (fs. 22 y vuelta del cuadernillo de casación), presenta contestación al recurso de casación, en los siguientes términos: Que la compañía FERTISA S.A., presentó al GADMUR, el 27 de junio del 2013, la documentación concerniente a la declaración del Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales, adjuntando copia de la declaración del impuesto a la renta del formulario 101 del SRI, documentos en los cuales se establece un patrimonio de la compañía por $ 40,566,640.53; que la Dirección Financiera, tomando como base la información proporcionada por la compañía actora, realizó el cálculo del Impuesto de Patente Municipal aplicando las ordenanzas municipales vigentes en el cantón, de la siguiente forma: Patrimonio ($40,566,640.53) x Alícuota impositiva (2%) RESULTADO $ 811, x El Porcentaje de actividad en el Cantón (0.462%) = Impuesto causado ($ ); que la actora presenta reclamo de pago indebido dirigido al Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui el 23 de agosto del 2013, el mismo que fue resuelto el 7 de octubre de 2013, mediante Resolución Negativa No DR-DFIN-GADMUR, en la cual resuelve "NEGAR el pedido de devolución de valores cancelados por concepto de Impuesto de Patente correspondiente al año 2013, por cuanto el cálculo del Impuesto por Patente fue realizado en base a la documentación 4

5 presentada por la compañía FERTISA FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS S.A. en Formulario No de 1.5 por mil de los Activos Totales y a la norma vigente"; que la Dirección Financiera aplicó lo establecido en la Ordenanza publicada en el Registro Oficial No. 371, del 26 de enero de 2011, que señala que para la recaudación del impuesto del 1.5 por mil se lo determina sobre la base de los activos totales de las personas naturales o jurídicas siendo en este caso en particular el Balance General presentado por FERTISA, en el Servicio de Rentas internas; y, aplicando lo dispuesto en el art. 2 de la Primera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva para el Cobro del Impuesto de Patente Municipal en el cantón Rumiñahui, publicada en el Registro Oficial No. 386 del fecha 16 de febrero de 2011; que la Resolución Negativa No DR-DFIN-GADMUR, de fecha 7 de octubre del 2013, ha sido fundamentada en legal y debida forma, aplicando estrictamente lo dispuesto en los arts. 67, 68, 69, 88 y 91 del Código Tributario en armonía con lo dispuesto en los numerales 2 y 5 del art. 103 del mismo cuerpo legal, por lo tanto goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad establecidas en el art. 82 del citado Código; que por lo expuesto solicita se rechace el recurso de casación interpuesto. 1.4 El Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, determina que:...declara sin lugar la demanda presentada por el ingeniero Luis Fernando Hidalgo, en su calidad de representante legal de la compañía FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 2.1 Este Tribunal Especializado es competente para conocer y resolver el presente recurso de casación, en virtud de las Resoluciones Nos de 5

6 25 de enero de 2012 y de 17 de diciembre de 2014, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura; Resoluciones No y del 28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia; así como el sorteo que consta en el proceso y en atención a lo previsto en el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 185 segunda parte, artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación. 3. VALIDEZ PROCESAL 3.1 En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones y no existe nulidad alguna que declarar. 4. PLANTEAMIENTOS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 4.1 La compañía FERTISA, FERTILIZANTES TERMINALES I SERVICIOS S.A., con sustento en la causal primera del art. 3 la Ley de Casación, formula el siguiente cargo, en contra de la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2014, las 09h02, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil: Cargo único: Falta de aplicación del de los arts. 546 y 548 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 6

7 5. CONSIDERACIONES RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 5.1 El recurso de casación es de carácter extraordinario, de alta técnica jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es el establecimiento de la ley o sea del derecho, de modo que por medio de esta institución se ejerce un control jurisdiccional sobre las decisiones de los tribunales de instancia que estén sujetos al recurso. Existe así un control al control, o censura represiva, que viene a constituir lo que se ha denominado control sobre el control que ejercen los jueces en relación con la observancia de las ley por los particulares (in iudicando) y al mismo tiempo un control sobre los actos propios del tribunal que falla, el cual se denomina control preventivo (in procedendo). 5.2 La compañía FERTISA S.A., invoca en su recurso la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, que indica: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva. Esta causal es conocida en la doctrina como la violación directa de la Ley y que de configurarse el yerro jurídico de la sentencia la misma debe ser casada. La causal tiene como limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos probados en la sentencia. Para que se constituya la misma se requiere la presencia de dos elementos: el primero, que debe haber violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada; y, el segundo, que la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido; esta violación puede estar dada por aplicación indebida que se 7

8 presenta cuando entendida rectamente la norma se la aplica sin ser pertinente al asunto que es materia de la decisión, es decir el juez hace obrar la norma a una situación no prevista o regulada por ella; la falta de aplicación, en cambio, es la omisión que realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; mientras que la errónea interpretación de normas de derecho consiste en la falta que incurre el Juez al dar erradamente a la norma jurídica aplicada un alcance mayor o menor o distinto que el descrito por el legislador. La invocación de la causal conlleva que la Sala de Casación verifique si la sentencia emitida por el Tribunal a quo riñe con el derecho (error in iudicando); es decir, que los hechos sobre los que se discutió en la Sala de instancia han sido dados por ciertos y aceptados por las partes procesales, por lo que, no se podrán volver a analizar las pruebas presentadas por las partes dentro de la instancia. 5.3 El recurrente acusa que en la sentencia de instancia existe falta de aplicación de los arts. 546 y 548 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuyos textos son los siguientes: CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) Art Impuesto de Patentes.- Se establece el impuesto de patentes municipales y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se determina en los Artículos siguientes. Art Base Imponible.- Para ejercer una actividad comercial, industrial o financiera, se deberá obtener una patente anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el que se inician 8

9 esas actividades, o dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que termina el año. El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América". 5.4 La compañía FERTISA S.A., sostiene que el Juez Ponente, no aplicó las normas de derecho contenidas en los arts. 546 y 548 del COOTAD; sin embargo, al fundamentar la causal y el vicio alegado dice: Tal como podemos apreciar de la normativa citada en la que el Juez Ponente hace la enunciación de dichas normas y a la vez nos da la razón, es decir el Juez Ponente hace el correcto análisis de la norma y nos da la razón y se apega a nuestros argumentos de hecho y de derecho expuestos en el Líbelo de la demanda una vez más podemos apreciar que se hizo el correcto análisis de la norma es decir se hizo la perfecta subsunción de la norma con los hechos fácticos al establecer correctamente la manera de cómo se debe calcular la base imponible de este impuesto. Pero sorprendentemente el Juez Ponente no aplica su análisis al emitir el fallo respectivo con lo cual se adecúa su accionar a la causal primera de la Ley de Casación al configurarse la falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia ya que hay que dejar en evidencia que la no aplicación de estas normas produjo un fallo emitido por fuera de la ley. (El subrayado nos pertenece). En ese escenario, si consideramos que el Tribunal juzgador, en la sentencia recurrida, a fojas 78 y vuelta, determina que: CUARTO.- A) El Art. 548 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) dispone que: (...) Analizando lo anterior tendríamos que la base imponible del Impuesto de Patentes será el patrimonio que esté asignado al cantón en donde se realiza la actividad económica; B) Una empresa bien podría desarrollar su actividad en 9

10 varios cantones a través de establecimientos, agencias, etc. Es por eso que el COOTAD señala que para la aplicación de la tarifa del impuesto de patentes, se tomará como base imponible el patrimonio asignado a ese cantón. Esta determinación se vuelve muy compleja cuando se trata de personas naturales que no llevan contabilidad porque no pueden discernir apropiadamente el patrimonio que asignan a un cantón determinado. Sin embargo, esto no debería suceder con aquellos contribuyentes que llevan contabilidad como las sociedades, ya que el sistema contable por centros de costos permite inequívocamente determinar la porción patrimonial con la cual funciona un determinado establecimiento, que forma parte de una persona jurídica (...) E) En el Balance General de la compañía en Sangolquí (Rumiñahui) se fija en US$ ,99 el patrimonio en dicho cantón (foja 31), por lo que en la distribución del patrimonio por cantón el peso asignado para el cantón Rumiñahui es del 0,10% respecto del total del patrimonio de la compañía. De esa forma la compañía alega que es ese el porcentaje aplicable y no el 0,462% fijado por la parte demandada; F) Se puede constatar que si bien la parte actora presentó el Balance General aplicable a Rumiñahui, es evidente que no se encuentra estructurado de la forma correcta. No es posible que un "centro de costo" que refleje el 0,462% del ingreso de la empresa, no tenga la asignación de valores en 'bancos"; que en inventarios sólo se haya reflejado un inventario de US$ ,17, cuando la operación durante el ejercicio económico ha reflejado que ese establecimiento le permitió obtener un ingreso del 0,462% del total de ventas (es decir aproximadamente US$ ,64. Para hacer la estimación se tomó en consideración los casilleros 601, 602 y 603 del Formulario No. 101 del Impuesto a la Renta que corresponden a las ventas realizadas por el Actor durante el ejercicio económico 2012; que no cuente con cargos como 'provisiones por décimos, vacaciones, entre otros" ya que al menos debería funcionar con una persona encargada de la gestión de 10

11 comercialización de los productos, y que atienda a los clientes aunque sea despachando los productos comercializados; provisiones por servicios básicos, provisiones por arrendamiento (ya que según el balance entregado no cuentan con un inmueble); que en los activos no se refleje la "depreciación acumulada", esto por enumerar algunas de las transacciones que un balance aplicado a un centro de costo, deberían reflejarse, pero que no constan en el balance del Cantón Rumiñahui, aunque sea en mínimos movimientos, por lo que la parte actora no ha demostrado en ningún momento, de una forma apropiada, el patrimonio asignado al Cantón Rumiñahui; G) El primer inciso del Art. 82 del Código Orgánico Tributario establece que: "(...) Los actos administrativos tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados. (...)". A la parte actora le correspondía en este punto en particular, demostrar documentadamente las afirmaciones que había realizado en la demanda, que hubieren permitido desvirtuar la presunción de legitimidad que protege generalmente al acto administrativo impugnado, lo que no ocurre de la revisión de los autos... ; y, si entendemos que el vicio de falta de aplicación se configura cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar y que, de haberlo hecho, habrían determinado que las decisiones adoptadas en sentencia fuesen diferentes de las acogidas; esta Sala Especializada llega a la conclusión de que el cargo formulado por el recurrente no se configura, puesto que, en primer lugar, es el mismo recurrente quien admite en su recurso de casación que el Juez Ponente enunció las referidas normas de derecho, hizo un correcto análisis de las mismas e hizo la perfecta subsunción de la norma con los hechos fácticos al establecer correctamente la manera de cómo se debe calcular la base imponible de este impuesto; y, en segundo lugar, el Tribunal a quo sí aplica y analiza las citadas normas de derecho; mal entonces, puede existir una falta de 11

12 aplicación de los arts. 546 y 548 del COOTAD en la sentencia recurrida; es más, el argumento del recurrente es que el Sala juzgadora no aplica su análisis al emitir el fallo respectivo, lo cual puede encasillarse en otra causal, pero de ninguna manera en la primera del art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de normas de derecho. Es de advertir, además, que la Sala de instancia luego de analizar la normativa referente al impuesto de patentes, declara sin lugar la demanda, no porque haya dejado de aplicar la normativa pertinente al caso, sino porque la parte actora no ha demostrado en ningún momento, de una forma apropiada, el patrimonio asignado al Cantón Rumiñahui, conclusión que tampoco puede ser analizada al amparo de la causal primera. Así las cosas, si tomamos en cuenta que el objeto de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación es demostrar los vicios de violación directa de una norma sustantiva, donde no cabe que se vuelvan a valorar los medios de prueba, sino que se debe respetar la fijación de los hechos y la valoración de la prueba realizada por los juzgadores de instancia, es evidente que la fundamentación de la causal y del cargo invocado por la compañía FERTISA S.A., carece de sustento, puesto que, como se señaló prima facie, las normas señaladas como inaplicadas, son por el contrario adecuadamente aplicadas por el Tribunal de instancia y, reconocido así por el propio casacionista; de ahí qué, si la resolución en el dictamen esgrimido por el Tribunal a quo, a decir del accionante, es opuesto a su análisis, se enmarcaría en el aspecto contradictorio, y por tanto en otra de las causales del art. 3 de la Ley de Casación, pero no en la primera causal, aspecto sobre el cual, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal de Casación se ve impedido de pronunciarse. Con base en lo expuesto, esta Sala Especializada concluye que, de los hechos probados en el fallo recurrido, el tema central de la litis es la determinación del patrimonio asignado al cantón Rumiñahui como base para el cálculo del Impuesto de Patente Municipal, cuya 12

13 normativa pertinente al caso son los arts. 546 y 548 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tal como lo estableció y aplicó el Tribunal de instancia; circunstancia diferente es que la compañía FERTISA S.A., no pudo probar sus alegaciones respecto a la determinación del patrimonio para el cantón Rumiñahui; por lo que, se concluye que el recurrente no ha fundamentado el cargo; en tal virtud, no se configura el vicio ni la causal invocada. 6. DECISIÓN 6.1 Por los fundamentos expuestos, la Corte Nacional de Justica, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve: 7. SENTENCIA 7.1 NO CASAR sentencia dictada el 20 de diciembre de 2014, las 09h02, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil; y, por ende, se ratifica la validez de la Resolución Negativa No DR-DFIN-GADMUR, del 7 de octubre de 2013, expedida por el Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui. 7.2 Sin costas. 13

14 7.3 Actúe la abogada María Augusta Gallardo Ampudia, Secretaria Relatora Encargada, en virtud del Oficio No. 004-PSCT-CNJ-16 de 02 de marzo del 2016, suscrito por la Doctora Ana María Crespo Santos Presidenta de la Sala. 7.4 Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen. F) Dra. Ana María Crespo Santos. JUEZA NACIONAL. Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. JUEZA NACIONAL. Dr. José Luis Terán Suárez. JUEZ NACIONAL. Certifico.- f) Ab. María Augusta Gallardo Ampudia. SECRETARIA RELATORA (E). 14