CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, a 30 de enero de Las 11H VISTOS: I.- JURISDICCIÓN Conocemos la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura, Resoluciones Nos y de 27 de junio de 2012 y 22 de julio de 2013, respectivamente, dictadas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Oficios Nos SG-CNJ-IJ y 2399-SG-CNJ-IJ de 23 de diciembre de 2013 expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y del sorteo que consta en el proceso. II.- ANTECEDENTES 2.1. La Dra. Anabel Medina Díaz, ofreciendo poder o ratificación del Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2011, por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en Quito, que acepta la acción deducida por la compañía CASA COBO C.A., y declara prescrita las obligaciones constantes en el título de crédito No , emitido el 16 de mayo de 2007, por el valor de USD $ 1

2 31.535,29, cuyo antecedente es la Resolución No expedida el 03 de abril de 2001 por la Directora General del SRI La recurrente en el escrito que contiene su recurso (fs. 90 a 94 de los autos) alega que, la causal en la que se fundamenta es la establecida en el numeral primero del art. 3 de la Ley de Casación. Considera que la sentencia ha infringido las siguientes normas de derecho: por indebida aplicación el art. 55 del Código Tributario y por falta de aplicación el art. 247 ibídem. Transcribe el art. 55 del Código Tributario y argumenta que ha sido pronunciamiento de la Ex Corte Suprema de Justicia, el hecho de que, para que opere la prescripción de la acción de cobro en siete años, el contribuyente a quien se le imputa una obligación, debió ocultar un tipo de ingresos, de tal manera que, la Administración no haya tenido conocimiento de los mismos. Que como se desprende del acto administrativo antecedente del título de crédito emitido, el contribuyente dejó en su momento abierta la posibilidad de obtener una mayor utilidad de lo declarado efectivamente, negando a la Administración la posibilidad de conocer ese tipo de ingresos adicionales que recibía el contribuyente. Cita la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Fiscal de la Ex Corte Suprema de Justicia y expone que, la indebida aplicación de la norma se produce como efecto de dejar de aplicar lo que establecen los arts. 151 y 157 del Código Tributario, por lo que, la Administración estaba en todo su derecho de emitir un título de crédito. En lo referente a la falta de aplicación del art. 247 del Código Tributario, que lo transcribe, indica que el legislador ha previsto respecto de la ejecutividad de los títulos de crédito, que una vez que se de paso a una acción judicial en contraposición a los mismos, no se puede iniciar una coactiva para su cobro; y en ese sentido, la Administración quedó imposibilitada de iniciar dicha acción 2

3 coactiva. Sobre la falta de aplicación del art. 247 dice que es totalmente vinculada a la indebida aplicación del art. 55 del Código Tributario, pues la prescripción de la acción en el presente caso opera en siete años. Solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia que se case la sentencia El 23 de noviembre de 2011, a las 11h35, es admitido a trámite el recurso y puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso para los fines previstos en el art. 13 de la Ley de Casación La señora Susana de Lourdes Cobo Peñaherrera, contesta el recurso de casación y manifiesta que la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, no ha hecho otra cosa que aplicar lo dispuesto tanto en la Constitución como en el segundo inciso del art. 273 del Código Tributario, que lo transcribe. Que en ninguna parte de la sentencia recurrida se observa que se haya producido una indebida aplicación o falta de aplicación de normas de derecho. Transcribe parte de la sentencia y el art. 55 del Código Tributario y alega que operó la prescripción de la obligación tributaria exigida y que se insiste en cobrarla en franca violación de la Ley. Transcribe el considerando cuarto de la sentencia del recurso No de 21 de abril de 2006, publicado en el Registro Oficial No. 407 de 29 de noviembre de Afirma que consta en el proceso copias de las actas de fiscalización levantadas por impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado del ejercicio 2004, advirtiendo que en ninguna parte de ellas hacen referencia a que el contribuyente ha presentado declaraciones incompletas, como tampoco en ninguna parte de la Resolución No se hace alusión a lo que alegó en su momento la defensa de la autoridad tributaria y menos aún el que haya ocultado ingresos. Reproduce el considerando cuarto y sexto de la 3

4 sentencia del recurso No de 10 de febrero de 2004 publicado en el Registro Oficial No. 556 de 1 de abril de 2005 y el considerando cuarto y quinto de la sentencia del recurso No de 8 de junio de 2006, publicado en el Registro Oficial No. 397 de 15 de noviembre de Añade que la máxima autoridad administrativa tributaria expidió el 3 de abril de 2001 la Resolución No con la cual puso fin al recurso de revisión insinuado por CASA CRISTÓBAL COBO C.A., resolución que aceptó parcialmente dicho recurso, pero que no es menos cierto que el título de crédito No fue emitido el 16 de mayo de 2007 y notificado el 30 de octubre de 2007, es decir a los seis años y cinco meses después de haberse expedido la Resolución 00296, habiendo por lo mismo perdido su derecho por el decurso del tiempo. Pide que se rechace el recurso de casación interpuesto por no existir mérito o no haberse configurado la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación El Tribunal de instancia, en la sentencia recurrida, considera que desde la fecha de exigibilidad de la obligación tributaria, esto es, desde la notificación de la Resolución No de 5 de abril de 2001, expedida por la Directora General del servicio de Rentas Internas, que constituye acto firme, hasta la fecha de presentación de la demanda, 9 de noviembre de 2007, es evidente que ha trascurrido con exceso los plazos contemplados por el art. 55 del Código Tributario, operándose la prescripción de la obligación tributaria. III.- COMPETENCIA Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte, del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. 4

5 IV.- VALIDEZ PROCESAL No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar; por lo que, estando los autos para resolver, se considera. V.- PLANTEAMIENTOS JURIDICOS DEL RECURSO El recurrente formula los siguientes cargos, en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito. Cargo 1: Sostiene que existe indebida aplicación del art. 55 del Código Tributario (causal primera) Cargo 2: Acusa falta de aplicación del art. 247 del Código Tributario (causal primera). VI.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia de instancia, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala Sobre la causal primera alegada por la recurrente, hay que anotar que ésta se trata de una infracción sustancial al ordenamiento jurídico que se produce por el error in iudicando in jure. La falta de aplicación se suscita cuando la Sala juzgadora no aplicó la norma que debía aplicar; la aplicación indebida, se produce cuando el Tribunal A quo aplicó una norma que no debía aplicar. En caso sub júdice, la recurrente al fundamentar la causal, acusa la indebida 5

6 aplicación del art. 55 del Código Tributario y a la falta de aplicación del art. 247 ibídem, cuyos textos son los siguientes: Art Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Art Suspensión y medidas cautelares.- La presentación de la demanda contencioso - tributaria, suspende de hecho la ejecutividad del título de crédito que se hubiere emitido. Por consiguiente, no podrá iniciarse coactiva para su cobro, o se suspenderá el procedimiento de ejecución que se hubiese iniciado. De las normas de derecho transcritas se puede apreciar claramente que los plazos de prescripción que ordena la ley son de obligatoria observancia puesto que si las obligaciones de naturaleza fiscal se producen, tienen efecto y se extinguen dentro de un período de tiempo; es por ello que el Código Tributario ha ubicado la prescripción como uno de los modos de extinguir las obligaciones de naturaleza impositiva, aunque desde el punto de vista de estricta lógica jurídica, no extingue propiamente la obligación como tal sino su exigibilidad, esto es la potestad del acreedor tributario para recaudarla En la especie, la pretensión concreta de la empresa actora es la de que se declare la prescripción de la obligación tributaria contenida en el título de crédito No Para resolver la controversia, la Sala juzgadora aplica el art. 55 del Código Tributario, sobre el cual la recurrente alega que 1 Rodrigo Patiño Ledesma, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo Primero, Universidad del Azuay, Cuenca Ecuador, 2013, pág

7 existe aplicación indebida. Luis Armando Tolosa Villabona 2 al referirse a la aplicación indebida de una norma, sostiene que Es un error de selección de una norma jurídica. El juez aplica una norma que no es llamada a regular, gobernar u operar en el caso debatido. Se trata de una sentencia injusta, y el error, es error de subsunción o de aplicación. A la norma se la entiende rectamente pero se aplica a un hecho no gobernado por ella, haciéndole producir efectos que no contempla. El Tribunal A quo en el numeral 8) del considerando QUINTO de la sentencia recurrida señala que No consta procesalmente que la Administración demandada haya iniciado coactiva alguna para recaudar el contenido del título de crédito tantas veces citado ; en el numeral 9) agrega que No existe constancia procesal respecto a que la Resolución No expedida el 3 de abril del 2001, haya sido objeto de impugnación en la vía jurisdiccional, por lo que se presume tratarse de acto firme. Consecuentemente, en el considerando SEXTO, concluye que desde la fecha de exigibilidad de la obligación tributaria, esto es, desde la notificación de la Resolución No , 5 de abril de 2001, que constituye acto firme, hasta la fecha de presentación de la demanda, 9 de noviembre de 2007, es evidente que ha transcurrido con exceso los plazos contemplados por el Art. 55 del Código Tributario, operándose la prescripción de la obligación tributaria. Al respecto, esta Sala, la doctrina especializada y la jurisprudencia, entiende que la causal primera, se trata, de una causal de puro derecho, eminentemente jurídica, ajena a aspectos fácticos; es decir, se trata de error iuris in iudicando. Desde este punto de vista técnico, en la causal primera no procede analizar los hechos ni las pruebas actuadas en el proceso, lo que corresponde es verificar si existe o no la violación de la ley sustancial. 2 Luis Armando Tolosa Villabona, Teoría y Técnica de la Casación 2da. Edición, Bogotá Colombia, Ediciones Doctrina y ley Ltda., 2008, pág

8 En la sentencia recurrida, se evidencia que la Sala juzgadora aplica el plazo de cinco años para declarar prescritas las obligaciones constantes en el título de crédito No emitido el 16 de mayo de 2007, contados desde la fecha en que fueron exigibles; en tanto que el argumento de la administración tributaria es el que debía declararse tal prescripción a los siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Siendo la objeción a la sentencia, la declaratoria de prescripción de la obligación, se vuelve trascendente revisar si efectivamente ha ocurrido. En el caso concreto, la obligación de pagar el tributo fue exigible el 5 de abril de 2001, fecha en que se notifica al contribuyente con la Razón de Notificación de la Resolución No expedida por la Directora General del Servicio de Rentas Internas, que acepta parcialmente el recurso de revisión insinuado por la empresa actora y que confirma las Actas de Fiscalización No /96CE por retenciones en la fuente del ejercicio económico de 1994, No /96CE por impuesto al valor agregado por el ejercicio económico de 1994, y las glosas: utilidad bruta, cuenta costo de ventas en lo referente al diferencial cambiario, cuenta inventarios, parcialmente la cuenta gastos de ventas y administrativos y, cuenta gastos financieros del Acta de Fiscalización No /96CE por concepto de impuesto a la renta por el ejercicio económico de De esta fecha, 5 de abril de 2001, hasta la fecha de la notificación con el título de crédito No , 30 de octubre de 2007, y luego hasta la presentación de la demanda de prescripción, 9 de noviembre de 2007, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fue exigible la obligación tributaria, según lo dispone el art. 55 del Código Tributario, que en la parte pertinente dice: En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso primero de 8

9 este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa ; por lo tanto, cuando la administración tributaria en ejercicio de sus facultades determinó la cuantía de la obligación y notificó con ella al contribuyente, la carga tributaria así determinada, prescribe en cinco años a partir de la fecha en la que el acto ha quedado firme, en igual plazo precluyen los créditos establecidos en contra del contribuyente si éstos son el resultado de decisiones o resoluciones administrativas o de sentencias judiciales, que pongan fin a reclamos o recursos planteados en contra de los actos de determinación, contados desde la fecha en que tales resoluciones hayan quedado ejecutoriadas 3, como ocurre en el presente caso, en que la obligación tributaria nace de un acto determinativo que fue impugnado en sede administrativa, cuyo resultado fue la resolución que aceptó parcialmente el recurso de revisión insinuado por la empresa actora, que quedó ejecutoriada, fecha en la cual se hizo exigible la obligación tributaria cuya prescripción se pretende por el transcurso del tiempo. Adicionalmente en el fallo recurrido no se evidencia con hechos exactos la alegación de que la determinación es parcial o incompleta. En conclusión, no se ha producido la indebida aplicación de la referida norma de derecho en la sentencia recurrida y como consecuencia de aquello tampoco la falta de aplicación del art. 247 ibídem. VII.- DECISIÓN En tal virtud, la decisión tomada por la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, el 28 de septiembre de 2011, a las 11H28, no incurre en los vicios alegados con sustento en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación. 3 Rodrigo Patiño Ledesma, Ob. Cit., pág

10 Por las consideraciones expuestas, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las Leyes de la República. VIII.- RESUELVE: 8.1. RECHAZAR el recurso interpuesto por el Director General y Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, con base en las consideraciones puntualizadas en el acápite VI de la presente sentencia Sin costas Actúa el Ab. Diego Acuña Naranjo de conformidad con el oficio No. 03-P-SCT de 8 de enero de Notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen. f) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL; Dr. José Luis Terán Suárez, CONJUEZ NACIONAL; Certifico.- Abg. Diego Acuña Naranjo SECRETARIO RELATOR. 10