CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL JUICIO PENAL: No WMS RESOLUCION: No SSPPMPPT PROCESADO: GARILLI ROSARIO OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO RECURSO: CASACION POR. PECULADO

2 JUEZ PONENTE: DR. JOHNNY AYLUARDO SALCEDO ~-i~t)~ ~ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO. Quito, 15 de enero de 2014, las 10h24. VISTOS: En el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 17 de julio de 2013 se publicó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo artículo 8 estableció que la Corte Nacional de Justicia se integre de seis Salas Especializadas, entre estas, la de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, sustituyendo al artículo 183 que contemplaba a la Sala Especializada de lo Penal, cuya materia prevista en el artículo 187 suprimido, pasó a conocimiento de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de acuerdo al artículo 9 de la reforma. Mediante Resolución No. 3, de 22 de julio de 2013, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador integró la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; y decidió que los tribunales de casación y revisión que se habían integrado con anterioridad a la expedición de la referida Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, se mantendrán. Por lo expuesto, radicada la competencia en la Sala, avocamos conocimiento de la causa, por sorteo realizado. El Juez ponente, según las reglas del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Penal, es el Dr. Johnny Ayluardo Salcedo; y el Tribunal está conformado además por el Dr. Vicente Robalino Villafuerte y el Dr. Jorge Blum Carcelén, Jueces Nacionales de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.- El presente proceso por tenencia ilegal de estupefacientes y sustancias

3 psicotrópicas inicia con la detención suscitada el 30 de abril de 2011, a las 17h00 en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en circunstancias en que el ciudadano Garalli Rosario había pretendido viajar con destino Quito - Madrid Italia. Al efectuarse el chequeo de rutina, este portaba una maleta de color café de nylon marca JIANG LANG, otra mochila de color negro marca AOKING, como también llevaba consigo una caja de cartón de color café, con el logotipo LCD, LG, de 32 pulgadas, el mismo que ha tenido camuflado en su interior una plancha de forma rectangular de fibra plástica, de color plomo, con una sustancia blanquecina, que al realizar las respectivas pruebas de campo ha dado positivo para cocaína, con un peso bruto de 5150 gramos. El proceso ha sido resuelto por el Sexto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, el 14 de octubre de 2011, a las 11h53, declarando a Garffli Rosario, culpable de la comisión del delito üpfficado y sancionado por el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en calidad de autor del delito de tenencia y posesión ilícita de pasta y base de cocaína, por lo que se le impone la pena modificada de ocho años de reclusión mayor ordinaria; además de imponerle la multa de sesenta salarios mínimos vitales respectivamente, con fundamento en lo establecido en el artículo 123 ibídem. Este fallo sube a consulta a la Corte Provmcial de Justicia de Pichincha, Tercera Sala de Garantías Penales, que reforma la sentencia, declarando a Garilli Rosario, autor responsable del delito de tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes, tipificado y sancionado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena de diez años de reclusión mayor ordinaria. Posteriormente, el procesado interpone recurso de casación. Concluido el trámite previsto para este tipo de recursos, el Tribunal, para resolver considera: SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- El recurso de casación ha sido tramitado conforme las normas procesales del artículo 349 del Código de Procedimiento Penad vigente; el artículo 76.3 y artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se declara su validez. TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN DEL RECURRENTE: Garffli Rosario, a través del Defensor Público, doctor Eddy Benavides, en la audiencia oral, pública y contradictoria de

4 /7- c~ ce fundamentación del recurso de casación, en lo principal expresó: El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha, en sentencia, declara a mi defendido autor responsable del delito tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, condenándole a una pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria, aplicando las atenuantes del artículo en concordancia con el artículo 72 del Código Penal. De acuerdo al artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la sentencia subió en consulta y radicada la competencia en la Tercera Sala de Garantías Penales, resuelve modificar la pena con la que se sancionó a Garilli Rosario, imponiéndole diez años de reclusión mayor. El fundamento del recurso de casación parte de un punto cierto, en tanto que vivimos en un Estado constitucional de derechos, en el que a diferencia de un Estado de derecho, respeta la supremacía de la Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos, los que son aplicados cuando la norma impuesta no es válida. Las normas del Código Penal deben ser miradas bajo los preceptos constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos. Un juez no es meramente un aplicador de la ley, sino también de los derechos que contempla nuestra Constitución de Montecristi, cuyo artículo 201 hace referencia a la rehabilitación social que busca la reinserción de las personas a la sociedad. Para imponer una pena deben existir varios aspectos sobre los que se debe hacer un análisis, estos son el daño provocado y el principio de proporcionalidad y el tiempo necesario para que la persona se reinserte a la sociedad. El delito de tenencia de sustancias estupefacientes es un delito de peligro y no de resultado, es decir, no podemos evidenciar que existió un daño. El bien jurídico que persigue este tipo penal es la salud de todas las personas, sin embargo no se ha podido verificar ese daño. Por otra parte, haciendo un ejercicio de ponderación respecto de la salud pública y la libertad, debe tomarse en cuenta que mi defendido es un ciudadano extranjero, quien está preso en un país que no es el suyo, ni lo conoce y por ende tiene limitados en mayor medida sus derechos, ya que no tiene acceso a su familia, que se encuentra en Italia, derechos que no están limitados sólo para él sino para su familia. Esta ponderación debió realizar el órgano juzgador y equilibrar el hecho con el derecho, lo cual conlieva a una errónea interpretación del artículo 76.6 de la Constitución sobre la proporcionalidad. La sentencia recurrida también carece de motivación, por cuanto el considerando quinto dice en su parte pertinente: Garffli Rosario tenía el

5 dominio del hecho, mantuvo en sus manos el curso causal del hecho típico como requisito para determinar la autoría. CanIl Rosario en ejercicio de su derecho a la defensa en la audiencia de juzgamiento ha justificado las circunstancias atenuantes pertinentes establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 29 en relación con el artículo 72 del Código Penal. En virtud de los razonamientos legales considerados en esta resolución, la Sala de conformidad al artículo 304-A y 312 del Código de Procedimiento Penal y 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, reforma la sentencia venida en consulta, imponiendo a mi defendido la pena de diez años de reclusión mayor ordinaria. En este momento estoy motivando cómo podría haber sido la aplicación de una sentencia más benigna para mi defendido haciendo un simple ejercicio de ponderación, aplicando directamente las normas de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, para la aplicación de una pena justa y una verdadera rehabilitación, porque cómo sabemos si mi defendido se va a rehabilitar socialmente con una pena de diez años, la cual considero, personalmente, excesiva para esta clase de infracciones, considerando que para algunos tratadistas, este tipo de delitos deben ser sacados de los Códigos Penales del mundo. Es así que solicito a este Tribunal que case la sentencia emitida por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y se aplique una pena más justa. 3.2 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. En lo principal, el delegado del señor Fiscal General del Estado, Dr. José García Falconí, manifiesta que: El Sexto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, dicta sentencia con fecha 14 de octubre de 2011 en la que señala que existe, con certeza, el delito tipificado y sancionado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la responsabilidad del ciudadano Garili Rosario de dicho ilícito, por lo que se le impone la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria; fallo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sube en consulta al superior. Es así que la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha 21 de agosto de 2012, dicta sentencia reformando la que fue subida en grado y le impone a Garilli Rosario la pena de diez años de reclusión mayor ordinaria; es decir, le sube el monto de la pena. De esta sentencia, Rosario Garffli deduce recurso de casación, señalando que se han violado los principios de proporcionalidad y ponderación al subir la pena, alegando, además, que el delito de drogas es un delito de peligro. Al respecto cabe decir que las Naciones Unidas ha sostenido que el delito de drogas es un delito de lesa humanidad, recalcando que no me estoy refiriendo al Estatuto de

6 7?? PC Roma sino a las Naciones Unidas. El presente caso se trata de un delito de tráfico de drogas de cinco mil ciento cincuenta gramos de cocaína. En este sentido es pertinente mencionar que la consulta es una apelación de oficio y dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, el monopolio de la interpretación constitucional lo tiene la Corte Constitucional conforme al artículos 429 de la Constitución que dice: La Corte Constitucional es el máximo órgano de control interpretativo constitucional y de administración de justicia en esta materia, ejerce jurisdicción nacional y su sede es en la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte. El artículo de la Constitución, asimismo, dice: La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. El artículo 440 de la Carta Magna, expresa que Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables. Como es de conocimiento general, la Corte Constitucional dictó una resolución en la cual fijó cómo ha de aplicarse el principio de proporcionalidad, de acuerdo al artículo 76.6 de la Constitución; una de estas resoluciones dice de manera expresa que en el delito de tráfico de drogas, cuando el juicio sube en consulta, el Tribunal Superior, es decir, la Corte Provincial, está facultada para aumentar la pena. Por las razones expuestas considero que no se ha fundamentado el recurso de casación interpuesto, por lo que solicito que sea desechado, ya que en la sentencia del inferior no se ha violentado la ley. %vfa ~ 3.3 DE LA RÉPLICA DEL RECURRENTE. El Defensor Público del recurrente, doctor Eddy Benavides, impugna la exposición del delegado de la Fiscalía General del Estado, indicando que efectivamente, la Corte Constitucional ha dictado resoluciones respecto de la ponderación y de la proporcionalidad. Se exige a los juzgadores que no rompan el principio de legalidad, el cual no estamos pidiendo que se rompa, sino que se aplique una pena más proporcional, adecuada y válida. En el presente caso se ha hecho una errónea interpretación del artículo 29 del Código Penal, por cuanto si bien las atenuantes han sido consideradas, estas son para disminuir la pena y no para aumentarla. Las atenuantes han justificado que no se ha puesto en peligro a nadie, que mi defendido no es una persona peligrosa, que puede rehabifitarse en corto tiempo y no en diez años para poder ver a su familia y reinsertarse a la sociedad, reinserción que no es factible si mi defendido se encuentra encerrado en una prisión, lejos de su país, por lo que solicito que se acepte el recurso.

7 CUARTO: CONTEXTO JURÍDICO DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL. La doctrina nos explica que el recurso de casación penal es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo contra sentencias definitivas que acusan errores de juicio o de actividad, expresamente sefialados en la ley para que un tribunal especializado corrija los errores de derecho, a fin de unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido. (Expresión del autor Calderón Botero, en su obra Casación y Revisión en Materia Penal ). En nuestro ordenamiento positivo, el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal determina las causas que dan lugar a la impugnación de una sentencia por violación a la ley por parte del órgano administrador de justicia en instancia: Ç..) ya por contravención expresa a su texto, indebida aplicación o errónea interpretación. Es por esta razón que la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Transito de la Corte Nacional de Justicia, es la llamada a efectuar el control de legalidad de la actuacion de los juzgadores del tribunal de la Tercera Sala de Garantias Penales de la Corte Provmcial de Justicia de Pichmcha, todo esto para preservar la regularidad del ordenamiento juridico nacional y de los mstrumentos mternacionales, que son parte del bloque de constitucionalidad, haciendo efectivo el principio de legalidad en lo que a la selección y aplicación de la norma legal corresponde y, es que a este Tribunal Especializado, no le corresponde revalorizar la prueba que fue conocida en la fase procesal de pertinencia que ya precluyó; hablamos de las funciones destinadas a los juzgadores de instancia, en este caso al tribunal de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. A este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Mifitar, Penal Policial y Tránsito en su rol de Tribunal de Casación, le compete verificar si en la sentencia recurrida existe violación a la ley por los motivos sefialados en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal antes mencionado, para que, de ser el caso, se realice la respectiva enmienda del error de derecho que pudiera presentarse, o en su defecto, se declare la improcedencia del recurso de casación, ya que a los jueces del Tribunal de Casación no les incumbe analizar lo fáctico ni la carga probatoria de un proceso, puesto que esto fue ya analizado en la etapa del juicio.

8 r La casación penal es una institución que tiene la función de garantizar la legalidad formal del juicio que previamente se tramitó y el debido proceso exigido por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, para velar por el respeto a los derechos individuales y las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así también para hacer efectivo el mantenimiento del orden jurídico penal, con una uniforme aplicación de la ley sustantiva y procedimental, se corrijan los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito, que acusa el recurrente le perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva. Los motivos pueden ser clasificados como vicios de juicio; errores in procedendo, errores in iudicando, corriente que predomina en nuestro sistema procesal penal. El recurso de casación penal no es un recurso que declara la nulidad de un proceso, ya que, como afirma el profesor Luis Cueva Carrión, la casación no versa sobre el proceso, sino sólo sobre la sentencia, de tal forma que a la Sala de Casación le corresponde emitir su pronunciamiento únicamente sobre ésta. Finalmente, este recurso de casación tiene el carácter de extraordinario, no es común a los recursos ordinarios de la instancia ya que su diferencia fundamental se da a partir de que en los recursos ordinarios permiten al juez la facultad de revisar todo el proceso, no así la institución de la casación penal que, como se indica en líneas anteriores, tiene su enfoque únicamente en la sentencia. QUINTO: LA MOTIVACIÓN DE LOS FALLOS JUDICIALES. Se considera que no existirá motivación en las sentencias, si en las mismas no constan: a) Los fundamentos de hecho, es decir, aquella verdad histórica a la que el juzgador ha llegado tras analizar los medios probatorios presentados en la audiencia de juzgamiento; b) Los fundamentos de derecho, que están constituidos de los diferentes medios jurídicos, que el juez extrae de las fuentes de la mencionada ciencia, en base a los cuales va a resolver el conflicto ante él presentado; y, c) La subsunción, que en materia penal, se basa en la adecuación de la conducta del procesado, al presupuesto fáctico de la norma jurídica que contiene el tipo penal por el cual se lo pretende sancionar. Habiendo sido conceptualizada de esta forma la motivación, los errores que se pueden presentar cuando el juzgador realiza esta actividad, se reducen a cuatro: 1) Falta de motivación, que se da ante la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones

9 jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho 1 pudiendo ser ésta total o parcial, lo que dependerá de si falta uno o todos los elementos antes descritos para que exista motivación; 2) Falsa motivación, que se dará cuando las razones en las que el Juez fundamenta su decisión no concuerdan con la objetividad probatoria, o con la legalidad jurídica; 3) Motivación ambigua, que es aquella presentada de manera tan confusa, que es difícil determinar con precisión cuáles fueron las consideraciones del funcionario judicial para juzgar en el sentido en que lo hizo 2; y, 4) Motivación contradictoria, que es aquella en la que las razones que el Juez tiene para llegar a su decisión, son opuestas una a la otra, dando como resultado que su confrontación acarraría la destrucción de ambos razonamientos. El artículo 76 numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República manda que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Entonces, un fallo debidamente motivado es un deber constitucional a fin de imponer decisiones procesalmente conformes a derecho, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, ya que no es justa una decisión judicial sin motivación, cuanto más en un Estado constitucional de derechos y justicia en el que nos hallamos y al que nos encontramos subordinados los operadores de justicia. SEXTO: ANÁLISIS Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL DELITO MATERIA DEL JUZGAMIENTO. El artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, estatuye que quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias, sustancias estupefacientes o psico trópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. RODRÍGUEZ chocontá, Orlando A., casación y Revisión Penal, Editorial Temis SA., Bogotá-colombia, 2008, Pág. 322) 2 Ibídem. Pág. 324

10 En el presente caso se ha comprobado, conforme a derecho, la existencia de este delito de tenencia ilegal de estupefacientes y substancias psicotrópicas, así como la responsabilidad penal del recurrente y es gracias a esto que se ha asegurado el derecho al debido proceso por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. CJ~jJ~ Coço4tc CRITERIO DEL TRIBUNAL: El Tribunal motiva sus resoluciones, apegado a los principios y normas legales que rigen el debido proceso, la seguridad jurídica y las garantías de la tutela judicial efectiva, respetando los derechos de los sujetos procesales contemplados en la ley y la Constitución. 1.- El artículo 1 de la Constitución de la República declara que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. El artículo 11 numeral 5 ibídem determina que en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores judiciales como es el caso de los jueces deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. El artículo 75 de la Constitución determina que toda persona tiene derecho a la justicia, tutela efectiva e imparcial. El artículo 76 Constitucional determina que en todo proceso se asegurará el derecho al debido proceso, tales como garantizar los derechos de las partes; ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Para el Tribunal de Casación, las normas penales aplicadas al recurrente son precisas, congruentes o adecuadas frente a la conducta típica, antijurídica y culpable que judicialmente se ha demostrado en un juicio jurídica y constitucionalmente tramitado, por lo que no se aprecia que se haya cometido violación a alguna norma legal o de rango constitucional, por las causales que prevé el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, en virtud que se reitera, no se ha contravenido el texto de la ley, tampoco existe indebida aplicación pues las normas aplicadas guardan perfecta armonía ante el caso juzgado; tampoco se aprecia errónea interpretación legal. El recurrente en la audiencia oral, pública y contradictoria, a través de su abogado defensor, señala que existe errónea interpretación del artículo 76.6 de la Constitución que trata sobre la proporcionalidad, debido a que no se hizo un correcto ejercicio de ponderación entre la salud pública y la libertad de su defendido, que es un ciudadano extranjero y tiene lejos a su familia. El artículo 76.6 ibídem señala que: En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. En la misma ley fundamental del Estado, la salud es concebida y tratada como uno de los deberes primordiales del Estado, porque se garantiza este derecho sin

11 discriminación alguna, como se indica en sus artículos 3.1, 32 y 66.2; además existe la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos, como medida a favor de la salud y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (artículo 46.5). El sistema nacional de salud, como indica el artículo 358 ibídem, se ocupará del desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva ; asimismo el Estado se ocupará de formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario, como se indica en el artículo ibídem. El artículo 364 de la Constitución, indica que las adicciones son un problema de salud pública, por lo que el Estado desarrollará programas en los que se informará, prevendrá y controlará el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre otras, por lo que es claro que en un ejercicio de ponderación, la salud pública, que es un bien colectivo protegido y garantizado por el Estado, va a estar por sobre la libertad de una persona a la que se le comprobó, mediante un juicio realizado con todas las garantías debidas y en base a un acervo probatorio correctamente valorado, que no puede gozar más de la presunción de inocencia, sino que debe ser sancionado legalmente por el hecho típico, antijurídico y culpable que cometió en contra de la salud pública del Estado ecuatoriano. De esta forma, se desvirtúa el argumento del abogado del recurrente, ya que no existe la errónea interpretación del artículo 76.6 de la Constitución. En otro punto de la argumentación del abogado defensor público, patrocinador del recurrente, indica que la sentencia recurrida carece de motivación, por cuanto la misma reforma la sentencia venida en consulta, imponiéndole a su defendido, la pena de diez años de reclusión mayor ordinaria. En este caso, creemos necesario citar lo que la Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, señala con respecto a la consulta en materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en su sentencia No O-SCN-CC: En este sentido, tenemos que la consulta obligatoria ante las Cortes Provinciales de Justicia, respecto de las sentencias condenatorias y absolu toñas que prevé el inciso quinto del artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, (...) como único mecanismo jurídico idóneo que garantice la transparencia y correcto manejo de los expedientes en materia de drogas (...) Es por lo anterior, que dicha consulta ante los tribunales ad quem, pueden, en virtud de la revisión del proceso y en base al leal saber y entender de sus operadores de justicia, reformar la pena impuesta al procesado por el tribunal a quo, para que de esta manera, se configure el mecanismo idóneo garantista de transparencia que previno el legislador, al articular la norma del inciso quinto del artículo 123 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Así las cosas, la sentencia recurrida en el caso

12 .-~q j~. vn sub júdice, se encuentra correctamente motivada de la simple revisión de la misma y es por esta razón, que no tiene cabida lo enunciado por el abogado defensor público del recurrente, en la audiencia de sustanciación del recurso de casación. Por último, el recurrente señala que se ha hecho una errónea interpretación del artículo 29 del Código Penal. En lo que concierne a las atenuantes establecidas en el artículo ibídem, este tribunal considera que no fueron suficientes para la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, para que reforme la sentencia consultada a favor del procesado; pero tratar este tema, sería aspirar a una nueva valoración de las pruebas, situación que le está vetada a este Tribunal, ya que el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, comporta esta restricción de la competencia de los Jueces de casación penal, ya que al ser este recurso un ataque dirigido de forma estricta hacia la sentencia por considerar que en ella se infringe la ley, no se puede revisar al proceso en su integridad; situación prevista por la Corte Constitucional en la sentencia No. OOl-2013-SEP-CC, dentro del caso No EP. Habiéndose comprobado conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del recurrente, adecuando indubitadamente ese actuar al delito tipificado en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el artículo 62 de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, siendo congruente el fallo entre los hechos ciertos, reales y probados en la audiencia del juicio, con la condena impuesta, el Tribunal de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al dictar sentencia, lo ha hecho apegado a las normas jurídicas, sin que existan las violaciones alegadas por el casacionista en la audiencia oral, pública y contradictoria. 6.3 RESOLUCION: Sin ahondar en más consideraciones respecto del recurso de casación planteado, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, considera que no se ha demostrado ninguna de las causales que indica el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, en la que el recurrente fundamentó el recurso de casación, consecuentemente, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, conforme lo resuelto y anunciado en la audiencia para resolver el presente recurso, de conformidad con lo preceptuado en al artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, parte pertinente, declara por unanimidad, improcedente el recurso de casación

13 interpuesto por el cii presente sentencia, se Tribunal de origen DEVUÉLVASE. y notificada que sea la.evuelto de inmediato al NOTIFÍQUESE Y Dr. Jorge Ic. RELATORA (e)