CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

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Buenos Aires, 27 de octubre de 2016.- NRC VISTOS; CONSIDERANDO: I. Que el abogado Adrián Walter Sabaris interpone recurso a fs. 47/49, cuyo traslado fue contestado a fs. 60/64, contra la sentencia nº 6454 (fs. 37/40) dictada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), en cuanto le impuso una sanción de multa equivalente al 50% de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal, por haber infringido los artículos 6, inciso e) y 44, inciso e), g) y h), de la ley 23.187 y artículo 10, incisos a) y c), del Código de Ética. II. Que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) nº 22 informó al CPACF que en la causa nº 4.266 Pereyra, Eduardo David s/ lesiones graves y otros, el Dr. Sabaris, defensor del imputado, había presentado el escrito Interpone recurso de casación. Mantiene reserva de caso federal, en el que confundió los institutos de suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado. III. Que para resolver, el tribunal de disciplina tuvo por acreditado que el abogado Sabaris había transgredido dichas normas legales, en cuyo sustento consideró que: (i) El letrado reconoció la conducta reprochada, es decir, haber confundido los institutos de la probation (artículo 76 bis del C.P.) con la figura del juicio abreviado (artículo 431 bis del

CPPC). Dicha confusión lo llevó a formular el planteo inadecuado que realizó. (ii) El TOC había explicado en forma detallada que debido a que los argumentos desarrollados eran improcedentes, el planteo formulado debía ser rechazado. (iii) El abogado Sabaris obró con negligencia e impericia. Interpuso el recurso de casación en el Tribunal Oral sobre una errónea idea de la probation concedida a su defendido. (iv) La explicación del hecho y su justificación inatendible, en el sentido de que alegó una sobrecarga de tareas en su estudio, no puede ser admitida, por cuanto una lectura de los antecedentes del caso, le hubiese anticipado el error que iba a cometer. Su omisión significó no haber atendido con celo, saber y dedicación los intereses confiados. (v) La defensa de los derechos del cliente es un deber esencial del abogado, y en el caso de un defensor en una causa penal, en la que está involucrada la libertad de las personas, el abogado debe extremar su celo profesional y utilizar todos los medios lícitos a su alcance con la finalidad de obtener el mejor resultado de su actuación. Dicha premisa no fue valorada por el abogado Sabaris, quien generó el dispendio jurisdiccional del que tomó conocimiento por medio del TOC nº 22. (vi) La falta de vigilancia importa reconocer una responsabilidad in vigilando. Dicho compromiso es independiente de la ausencia de intención o la excusa del error. Sólo se requiere un desempeño irregular, como el que ha quedado probado en la causa. La falta de control en la presentación efectuada por el abogado denunciado constituye una omisión grave en el cumplimiento de su obligación profesional. 2

(vii) El dispendio provocado vulnera las normas éticas, por cuanto ha dejado a su cliente en un estado de indefensión evidente. IV. Que el abogado sancionado apela la multa impuesta. Sostiene que: 1. La sanción aplicada es desproporcionada. No ha sido valorada la falta de antecedentes, ni el reconocimiento de que el error cometido ha sido involuntario. 2. No hubo desconocimiento de las normas legales. Los motivos fueron el cúmulo de causas y el agotamiento que padece, como todo abogado que ejerce su profesión. 3. No provocó daño alguno al cliente, ni al órgano jurisdiccional interviniente. V. Que en cuanto a la magnitud de la sanción, no se advierte que la sanción impuesta sea desproporcionada frente a la gravedad asignada a la conducta que se reprocha al recurrente, aun ante a la inexistencia de antecedentes disciplinarios, toda vez que no es el único aspecto a considerar para su determinación (esta sala, causas Delega, Marcelo y Arias Caamaño Fernando, pronunciamientos del 2 de julio de 2015 y del 5 de abril de 2016, respectivamente). Y es manifiesto que el reconocimiento del error cometido carece de consistencia, como también ocurre con la afirmación relativa a que conocía las normas legales y que no habría provocado daño al cliente, ni al órgano jurisdiccional interviniente.

Por las consideraciones expuestas, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios y confirmar la sentencia nº 6454 dictada por la sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con costas, en tanto no existe mérito para la dispensa (artículo 68, primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). VI. Que en razón de la naturaleza del proceso, la inexistencia de un monto concretamente discutido, ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE ESTABLECEN en la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) los honorarios a favor de la Dra. Karina N. Melano, por su intervención ejerciendo la representación procesal y la dirección legal de la demandada (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del arancel de abogados y procuradores). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE. El doctor Carlos Manuel Grecco integra el tribunal en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara. Regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase. Clara María do Pico Rodolfo Eduardo Facio Carlos Manuel Grecco 4