Roj: SAP CS 267/2017 - ECLI:ES:APCS:2017:267 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Sección: 1 Nº de Recurso: 14/2017 Nº de Resolución: 312/2017 Fecha de Resolución: 27/09/2017 Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO Ponente: AURORA DE DIEGO GONZALEZ Tipo de Resolución: Sentencia Encabezamiento AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN SECCIÓN PRIMERA Rollo de Sala nº 14/2017 Juzgado de Instrucción de DIRECCION000 Sumario nº 2/2015 SENTENCIA Nº 312 Ilmos. Señores: PRESIDENTE: DON ESTEBAN SOLAZ SOLAZ MAGISTRADOS: DON PEDRO LUIS GARRIDO SANCHO DOÑA AURORA DE DIEGO GONZALEZ En Castellón de la Plana, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Ilmos. Señores anotados al margen, ha visto en juicio oral y público la causa instruida con el número de Sumario 2/2015 por el Juzgado de Instrucción de DIRECCION000, y seguida por un delito de agresión sexual, contra Hilario, con D.N.I. número NUM000, hijo de Justo y de Patricia, nacido en Massanassa (Valencia) el día NUM001 de 1964, y vecino de DIRECCION002 (Castellón), con domicilio en C/ DIRECCION001 nº NUM002, privado de libertad por esta causa desde el 16 de junio de 2016. Han sido partes en el proceso, el Ministerio Fiscal, la acusación particular formulada por D. Abel, y Dª Eufrasia, padres de la menor Irene, representados por el Procurador D. Joaquín García Belmonte y defendidos por el Letrado D. Javier Flames de
Tienda, así como el referido acusado, representado por la Procuradora Dª. Rosa María Olucha Varella, y defendido por el Letrado D. Juan José Arnau Ángel, siendo Ponente la Ilma. Señora Magistrada Doña AURORA DE DIEGO GONZALEZ que expresa el parecer unánime del Tribunal. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se ha celebrado ante este Tribunal juicio oral y público en la causa instruida, con el número de Sumario 2/2015 por el Juzgado de Instrucción de DIRECCION000, practicándose en el mismo las pruebas propuestas por las partes que habían sido admitidas, y no renunciadas, con el resultado que consta en la grabación de la sesión de juicio. SEGUNDO.- Por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas se han calificado los hechos objeto de enjuiciamiento como constitutivos, de un delito de agresión sexual, previsto y penado en el artículo 183.2 y 3 del Código Penal, y considerando responsable en concepto de autor el acusado, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, solicitó que se impusiera, la pena de 12 años, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Penal, así como prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a trescientos metros y de comunicarse por cualquier medio con Irene por tiempo de 15 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del Código Penal, pago de las costas procesales, y que en concepto de responsabilidad civil derivada de delito indemnice a Irene en la cantidad de 10.000 euros por daños morales, y en la que se determine en juicio por las lesiones sufridas, con los intereses legales de la LEC. La acusación particular solicitó la condena del acusado en los mismos términos. TERCERO.- La defensa del acusado se adhirió a la petición de las acusaciones. HECHOS PROBADOS I. Sobre las 23,45 horas del 7 de septiembre de 2015 cuando la menor, Irene, de 8 años de edad, en cuanto que nacida el NUM003 de 2006, se encontraba patinando en el parque sito en la AVENIDA000 de la localidad de DIRECCION003, fue abordada por el acusado Hilario, mayor de edad y con antecedentes penales cancelables, que, con ánimo libidinoso, le tapó la boca para evitar que pidiera ayuda, la tiró al suelo, le bajó los pantalones y la ropa interior y le introdujo los dedos en la vagina y el ano. II. Como consecuencia de la agresión la menor sufrió lesiones consistentes en excoriaciones en codo derecho, región submamaria derecha, parte anterior y posterior del hombro derecho, espalda, en el dorso del antebrazo izquierdo, ombligo ingle izquierda y nalga derecha, y erosiones, hematomas y eritemas en genitales, que precisaron para su curación la primera asistencia facultativa, pero no tratamiento médico o quirúrgico. A consecuencia del trauma sufrido Irene desarrolló amnesia psicógena. III. La representante legal, madre de la menor, Dª Eufrasia reclama indemnización por los daños y perjuicios causados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.-CALIFICACIÓN JURÍDICA. Los hechos declarados probados producto de la valoración en conciencia de la prueba practicada con todas las garantías del Juicio Oral son constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 183.2 y 3 CP en relación con los arts. 16 y 62 del Código Penal, tal y como propusieron las acusaciones. Hay que partir de que el referido delito de agresión sexual exige su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Una acción, consistente en atentar contra la libertad sexual de otra persona menor de 16 años; b) En la acción del atentado ha de mediar violencia o intimidación; y c) Que haya "acceso carnal" o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal como es el caso. Como señala el Tribunal Supremo de forma constante y reiterada, se requiere, tanto un requisito objetivo de la acción proyectada por el cuerpo de la persona ajena, como el elemento subjetivo o intencional, representado por la finalidad lúbrica o deshonesta (por todas SSTS de 23 de abril de 1993 y 5 de febrero de 1994 ). En concreto, y en relación a este último elemento, la STS de 27 de enero de 1997 afirma que se trata de un delito de tendencia, en el cual el elemento subjetivo que tiñe de antijuricidad la conducta, está constituido por el ánimo libidinoso o propósito de satisfacción sexual. Pues bien, estos elementos han resultado debidamente probados en el acto de juicio por medio de las pruebas que se practicaron, y que seguidamente analizamos. SEGUNDO.- LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. El acusado en su declaración ha reconocido la conducta por la que se le atribuye, y junto a ello es prueba de cargo esencial el testimonio de la víctima. La víctima de un delito es un testigo con un "status" especial, y aunque su declaración no puede encuadrarse en el concepto genuino de prueba testifical, pues puede constituirse en parte acusadora, lo que excluye su naturaleza de prueba personal de tercero, presenta un valor de legítima actividad probatoria, y ello, aunque sea único su testimonio, al no existir en el proceso penal el sistema legal o tasado de valoración de prueba. Es constante y reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación con la declaración de la víctima en los delitos contra la libertad sexual, recogida en Sentencia como la de 18 de julio de 2002 entre otras, al señalar: "No solo los delitos contra la libertad sexual, sino otros muchos, se cometen en circunstancias de clandestinidad en las que el único testigo con el que puede contar el Tribunal es precisamente de la víctima. Esto no quiere decir que la existencia de esa declaración se convierta por sí misma y automáticamente en prueba de cargo suficiente pues, como todas, está sometida a la valoración del Tribunal sentenciador... En esta clase de delitos, es de especial importancia, como se dijo más arriba, la existencia de "corroboraciones periféricas de carácter objetivo", que contribuyan a avalar la versión sostenida por quien aparece como víctima y denuncia los hechos...todo ello permite valorar la declaración de la víctima como prueba de cargo suficiente ajustándose a las exigencias jurisprudenciales para someter la prueba a un análisis riguroso y resolver adecuadamente y con criterios lo más objetivos posible el conflicto existente entre la versión de quien mantiene su inocencia y está protegido por esa presunción y de quien pretende haber sido víctima de un delito, en este caso, de un delito grave, y resulta por ello parte en el procedimiento, se persone
formalmente en él o no lo haga... En consecuencia esta Sala ha señalado reiteradamente como pautas útiles o reglas de experiencia para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba la ausencia de incredibilidad subjetiva de la denunciante derivada de las relaciones acusador/acusada; verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio -declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso- sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como aquí sucede y persistencia en la incriminación." En el supuesto enjuiciado la totalidad de las partes ha aceptado el testimonio de la menor, preconstituido con todas las garantías del plenario, prestado en fase de instrucción. El mismo ofrece a juicio del Tribunal todas las garantías exigidas para ser considerado como prueba de cargo. 1 Las declaraciones prestadas en este proceso narran la misma secuencia de hechos, por tanto hay persistencia en la incriminación. Siempre ha narrado el suceso que recogen los anteriores hechos probados. 2 La verosimilitud no ha sido puesta en duda por ninguna de las partes. 3º No apreciamos móviles espúreosante la inexistencia de relación previa entre agresor y víctima. Ninguna otra razón, distinta de la realidad de los hechos, explicaría la interposición de la denuncia tras producirse la agresión sexual. 4 Concurren también corroboraciones periféricas al relato de aquella. Los dictámenes médico forenses (folios 156 a 159, 194 a 201 del Sumario) debidamente ratificados, confirman la agresión sexual descrita. En la misma línea los restos biológicos encontrados en la ropa de la niña, tras su análisis revelaron el perfil de ADN del acusado. Declaró la madre de la menor que está llegó muy alterada llorando, con sangre en su ropa interior, refiriendo la agresión antes descrita. Y los Agentes que intervinieron en el suceso ratificaron en su totalidad el contenido del atestado. En suma, los elementos de convicción que dan base a nuestra labor de enjuiciamiento desvirtúan la presunción de inocencia que amparaba al acusado y permiten atribuirle el delito por el que viene acusado. TERCERO.- LA PARTICIPACION Y EL GRADO DE EJECUCIÓN. Se desprende de las anteriores consideraciones que el acusado es responsable en concepto de autor del delito de agresión sexual del art. 183.2 y 3 CP, al haber llevado a cabo por si las conductas anteriormente descritas. La infracción delictiva se aprecia en grado de consumación conforme a lo dispuesto en el art. 15 del CP por haberse completado en su totalidad las infracciones aludidas. PENAL. CUARTO.-.CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD No concurren, ni se invocan. QUINTO.- LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. Procede imponer al acusado la pena de doce años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, que es sanción mínima imponible, prevista en el tipo tal como permiten los arts. 55 y 66.1.6ª del CP. Se impone también la medida de prohibición de aproximación a la víctima a
una distancia no inferior a 500 metros, prevista en el art. 48 CP según lo dispuesto en el art. 57.1 del referido texto legal por el tiempo de diez años que impide al condenado acercarse a ella, en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, y la medida de libertad vigilada de 10 años de duración del art. 192 CP, en relación con el art. 106.1.j CP, consistente en la obligación de participar en programa de educación sexual. SEXTO.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL. En orden a las responsabilidades civiles los responsables criminales de un delito o falta, lo son también civilmente, con la extensión determinada y el carácter expresado en los arts. 109 y ss, así como los arts. 116 y concordantes del Código Penal, estimándose, como se ha argumentado y como determina la Jurisprudencia de forma conocida, pacífica y reiterada, que los hechos como los ahora enjuiciados, determinan el sufrimiento por la ofendida de un daño moral "per se" de forma inherente y connatural a la ofensa. En el caso presente no existe duda del impacto psicológico, que debe ser reparado. Como señala la STS 24/03/97 no cabe olvidar que, cuando de indemnizar los daños morales se trata, los órganos judiciales no pueden disponer de una prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente, por tratarse de magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos, poco más podrán hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos, así como las circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por las acusaciones. La STS 14-11-2001, ha expuesto una breve pero contundente doctrina: "en la determinación del daño moral los tribunales no necesitan exponer los criterios de valoración cuando las circunstancias que consideran tales surgen con claridad del hecho probado. En tales circunstancias el control en casación se limita a comprobar si la traducción de la gravedad de los hechos en sumas de dinero no es arbitraria". En el caso enjuiciado hay que atender al daño que dimana de los hechos declarados probados, ya que el delito contra la libertad sexual se ha apreciado en grado de consumación, existiendo además violencia física contra una persona de corta edad. Es innegable que Irene ha sufrido un daño moral consecuente al suceso que tuvo que soportar. Valorando todos estos factores y aplicando los parámetros ya aplicados por esta Sala en otros casos, estimamos adecuada la indemnización de 10.000 euros, a la que se añade la de 600 euros por las lesiones y secuela acreditadas, que finalmente no han sido objeto de una valoración médico-legal precisa, ni de petición concreta de partes. Esta. cantidad devengará el interés legal correspondiente con arreglo al artículo 576 de la LEC. SEPTIMO.-LAS COSTAS En atención a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y en el 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se imponen al condenado las costas del juicio, incluidas las generadas a la acusación particular. VISTOS los preceptos legales citados y los demás de pertinente y general aplicación.
FALLAMOS Que, por unanimidad, condenamos a Hilario como autor responsable de un delito consumado de agresión sexual, ya definido, a las penas de doce años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, con la medida de prohibición de aproximación a la víctima a una distancia no inferior a 500 metros, por el tiempo de diez años, que impide al condenado acercarse a ella, en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, y la medida de libertad vigilada de 10 años de duración consistente en la obligación de participar en programa de educación sexual. En concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL el acusado indemnizará a Irene, en la persona de sus legales representantes, en la cantidad 10.600 euros más el interés legal del art. 576 de la LEC. Se imponen al condenado las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular. Para el cumplimiento de la responsabilidad personal, se abona al condenado el tiempo de privación de libertad sufrido en esta causa. Cúmplase lo dispuesto en el Judicial. artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.