Fondo para la Consolidación de la Paz

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1 PLANTILLA 5 Fondo para la Consolidación de la Paz Título del proyecto: 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto Contacto local del proyecto: María Machicado, Representante Reyna De León, Oficial de Programa Nacional Ana Grace Cabrera, Coordinadora Mujeres, Paz y Seguridad Dirección: Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 12 Teléfono: (502) Direcciones electrónicas: maria.machicado@unwomen.org reyna.deleon@unwomen.org ana.cabrera@unwomen.org Número de proyecto: A ser completado por la Oficina del Fondo para la Consolidación de la Paz Descripción del proyecto: En el marco de la Iniciativa de Promoción de Género del Fondo para la Consolidación de la Paz, y en concordancia con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, este proyecto tendrá como alcance: a) el apoyo a las reformas legales y políticas para avanzar la participación política de las mujeres; b) el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la sociedad civil para la reparación jurídica y psicosocial de las sobrevivientes de violencia sexual en situaciones de conflicto y postconflicto; c) el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, sus organizaciones y sus redes nacionales y supranacionales en la construcción de la paz y el estado de derecho; y d) el fortalecimiento de las iniciativas locales para el abordaje de la violencia contra las mujeres. Organización de las Naciones Unidas receptora: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres; Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; y Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Asociados del programa: Socios del Estado: Ministerio Público y Procuraduría de los Derechos Humanos Sociedad civil: Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, sus redes nacionales y supranacionales Ubicación del proyecto: Guatemala Costo total del proyecto: US1,000,000 Financiamiento: Iniciativa de Promoción de Género del Fondo para la consolidación de la paz Desglose por Organización de Naciones Unidas receptoras Organización de Fondos totales Naciones Unidas asignados UNFPA $ 210,790 PNUD $ 240,750 ONU Mujeres $ 548, ONU Mujeres $ 313, Presupuesto conjunto $ 140,170 OACDH/ONU Mujeres a ser manejado por ONU Mujeres $ 94,780 3 Monitoreo y Evaluación Total $1,000,000 Fecha de inicio del proyecto y duración: 24 meses a partir de la firma del Documento de 1

2 Proyecto, estimados desde noviembre de 2013 a octubre de 2015 Puntuación de marcador de género: 3 Área(s) globales de prioridad y resultados del Fondo para la Consolidación de la Paz a las que responde el proyecto nacional: Área de prioridad 1. Apoyo a la aplicación de los acuerdos de paz y diálogo político Resultado 2. El sistema judicial se fortalecerá mediante equipamiento, provisión de personal y formación de los juzgados y tribunales para establecer credibilidad, profesionalismo, independencia y eficiencia en el sistema judicial y la reforma inclusiva de la ley con el fin de fortalecer el estado de derecho. Área de prioridad 2. Promover la convivencia y resolución pacífica de conflictos Resultado 8. Las mujeres se empoderan para superar las dificultades específicas del postconflicto (por ejemplo la seguridad física y económica, la participación política) y para ponerle fin a la violencia de género y a la discriminación. Resultados y actividades clave del proyecto nacional: Párrafo que explique los detalles esenciales del programa/proyecto En el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género, GPI por sus siglas en inglés, del Fondo para la Consolidación de la Paz, por medio del Proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto, proporcionará asistencia técnica y política para fortalecer las capacidades de las comisiones del Congreso más relevantes, en el diseño, negociación, promoción y fiscalización de leyes relativas a la promoción de los derechos y libertadas fundamentales de las mujeres, en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad particularmente la 1325 y la 1820, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención para la Eliminación del Racismo y la Discriminación, CERD por sus siglas en inglés; así mismo, para fortalecer las capacidades de las instituciones del sistema de justicia para investigar, procesar y enjuiciar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con los delitos sexuales cometidos durante el conflicto y casos de violencia sexual en la actualidad; para ampliar los servicios de reparación en El Quiché y las Verapaces en donde existe una concentración de mujeres indígenas afectadas por el conflicto que no han tenido acceso previo; e invertirá en el liderazgo de las mujeres defensoras de los derechos humanos y las mujeres en la política, sus organizaciones y sus redes supranacionales se han fortalecido para la construcción de la paz, la justicia, la seguridad y la democracia en colaboración con los Estados partes. La teoría de cambio del proyecto se basa en que al reformar las leyes, fortalecer a las instituciones de justicia y ampliar el acceso de las mujeres a la reparación jurídica y psicosocial, fortalecer el liderazgo de las mujeres, ampliar su participación en los procesos de toma de decisión, así como crear espacios para su interlocución con las instituciones estatales relevantes, y apoyar para que las comunidades y los gobiernos locales aborden la violencia contra las mujeres, el proyecto contribuirá al cumplimiento de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que llama a los estados miembros a proteger a mujeres y niñas de la violencia sexual durante el conflicto y acabar con la impunidad relacionada, a potenciar el liderazgo de las mujeres en construcción de paz y a incrementar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles. 2

3 Cubierta del Proyecto (para proyectos financiados por el componente de Respuesta Inmediata, IRF por sus siglas en inglés) Organización(es) de Naciones Unidas receptoras (s) Valerie Julliand Alberto Brunori Firma Coordinadora Residente y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Fecha y sello Valerie Julliand Firma Representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, OACDH Fecha y sello María Machicado Firma Representante a.i. del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Fecha y sello Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, PBSO por sus siglas en inglés Firma Representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres Fecha y sello En representación del Gobierno de Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores Judy Cheng-Hopkins Fernando Carrera Firma Secretaria General Adjunta para el Apoyo a la Consolidación de la Paz Fecha y sello En representación de los socios del Estado Ministerio Público, MP Firma Ministro Embajador Luis Fernando Carrera Castro Fecha y sello Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH Claudia Paz y Paz Bailey Jorge De León Duque Firma Fiscal General, Guatemala Firma Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala Fecha y sello Fecha y sello 3

4 Componente 1: Análisis de situación Los países que han sufrido conflictos armados comparten una historia de desigualdad, de dificultades políticas, de impunidad y de enfrentamientos sociales. La violencia sexual contra las mujeres, una violación de los derechos humanos que por largo tiempo ha sido acallada, que no se contabiliza y está pendiente de ser atendida, se exacerba en situaciones de conflicto y postconflicto, tomando las formas más crueles y sistemáticas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) creada a raíz del conflicto interno, encontró que la violencia sexual se había extendido durante más de tres décadas de conflicto. i La CEH reconoce que existe un subregistro de casos de violencia sexual y reporta que 2.38 % de las 42,275 violaciones de los derechos humanos registradas corresponden a violencia sexual. Solo 285 de los 1,465 casos de violencia sexual denunciados en ese momento pudieron ser documentados por la Comisión. Hasta un 90 % de esos crímenes fueron cometidos por militares; 99 % en contra de las mujeres y 80 % en contra de mujeres indígenas de origen Maya. Investigaciones posteriores demostraron que los delitos sexuales contra mujeres y niñas fueron sistemáticamente perpetrados antes, durante y después de las masacres. ii Mientras que el vínculo entre la violación y otras formas de violencia sexual, la tortura y el genocidio ha sido claramente establecido por el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y Ruanda, ninguno de los casos de delitos de carácter sexual durante el conflicto y post conflicto de Guatemala ha sido presentado a las cortes. En el 2003, un grupo de mujeres defensoras de los derechos humanos, inició la recuperación de la memoria histórica de las sobrevivientes de la violencia sexual en situaciones de conflicto y postconflicto, generando conocimientos valiosos, herramientas y metodologías para abordar la violencia sexual y un incipiente movimiento político para transformar las dolorosas experiencias en poderosas herramientas contra la impunidad. Los logros de las mujeres guatemaltecas constituyen un avance en la agenda de la paz mundial. Los Acuerdos de Paz de 1996, incorporan compromisos para erradicar la violencia sexual, el racismo y la discriminación contra las mujeres, particularmente contra mujeres rurales e indígenas. Sus propuestas sobre los derechos de las mujeres en situaciones de refugio se incluyeron en los Cinco Compromisos de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con las Mujeres Refugiadas iii. Las mujeres guatemaltecas establecieron una plataforma nacional sobre los derechos de las mujeres a la propiedad y a la copropiedad de la tierra iv. La participación de una representante v en la elaboración de la Resolución 1325 llevó sus voces al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, UNSEC por sus siglas en inglés. La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres vi se está implementando y está siendo supervisada por las instituciones de Estado responsables. Por primera vez en la historia, las amenazas a una defensora de los derechos humanos han sido sancionadas vii. Sin embargo, la situación nacional continúa siendo crítica. Las mujeres representan sólo el 12 % de las personas electas para diputaciones en el Congreso y el 1.81 % de las alcaldías. A pesar de la reprogramación, la mayoría de los Acuerdos de Paz se encuentran pendientes de cumplimiento, el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres siguen aumentando mientras que la aplicación de la justicia continua siendo limitada, con 98 % de impunidad. El continuo de la violencia contra las mujeres, como consecuencia de la impunidad relacionada con violencia sexual durante el conflicto interno, se ha extendido hasta la actualidad, cuando 99 % de las mujeres privadas de libertad, han denunciado los abusos de la policía, de los cuales 75 % son por violencia sexual y 34 % se han clasificado como tortura. Los casos registrados de amenazas en contra de las defensoras de los derechos humanos han aumentado en 200 %, y sólo 5% de las recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas 4

5 de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, han sido totalmente cumplidas. La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, OACNUDH apoyan las iniciativas para hacer frente a estas situaciones. Como actos pioneros para la preservación de la memoria histórica de las mujeres, los Festivales Mujeres y Guerra viii han posicionado la violencia sexual en situaciones de conflicto y postconflicto en la agenda pública. En 2010, a través de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, el Sistema de las Naciones Unidas apoyó la demanda de justicia de las defensoras de las mujeres, convocando el Primer Tribunal Internacional de Conciencia sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres en Guatemala. Conmemorando el décimo aniversario de la Resolución 1325, la Resolución 1820 y la Campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia en contra de las mujeres, el jurado sancionó la falta de diligencia para investigar y perseguir los delitos sexuales ix y la ausencia de políticas preventivas como un mensaje de permisividad e impunidad. Los casos presentados ante el Tribunal de Conciencia proporcionaron pruebas del continuo de la violencia sexual contra las mujeres hasta la actualidad, cuando el femicidio ha alcanzado el nivel más alto en la historia. Algunos de estos pueden ser los primeros casos de violencia sexual durante el conflicto armado en llegar a los tribunales nacionales e internacionales. Como parte del gran interés público resultante, varios funcionarios judiciales iniciaron estudios para prepararse mejor para las diligencias de estos casos. Potenciando estos avances y con la finalidad de promover las leyes y políticas; fortalecer las acciones del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la sociedad civil para la reparación jurídica y psicosocial de la violencia sexual en contextos de conflicto y postconflicto; para fortalecer la participación política de las mujeres y su liderazgo en la construcción de la paz; y para apoyar las iniciativas locales para abordar la violencia contra las mujeres, el proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto propuesto en el marco de la de la Iniciativa para la Promoción de Género, GPI por sus siglas en inglés, integra los resultados de las consultas de las Naciones Unidas con las organizaciones estatales y de sociedad civil relevantes, incluyendo el Primer Intercambio sobre Mujeres, Paz y Seguridad organizado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, que hace coherente y complementa el Plan de Prioridades para Guatemala del Fondo para la Consolidación de la Paz, concentrando sus acciones para el avance en la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad x, particularmente la 1325, en concordancia con el Plan de Siete Compromisos de Acción del Secretario General que engloba las responsabilidades programáticas del Sistema de Naciones Unidas. En junio de 1998, el gobierno de Guatemala y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, firmaron el acuerdo básico de cooperación que continúa vigente y cuyo principal propósito es enunciar las condiciones básicas de cooperación entre ambas instancias, aplicables en la implementación de la Iniciativa para la Promoción de Género, que se concretan en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscrito entre la República de Guatemala y el Sistema de Naciones Unidas el 22 de junio del 2009, MANUD. El proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto de la Iniciativa para la Promoción de Género responde particularmente al Área de Cooperación 5: Estado de derecho, justicia y seguridad del mencionado Marco de Asistencia. COMPONENTE 2: Sección Narrativa: Justificación del proyecto Sección 1: Importancia en la consolidación de la paz, enlace con el Plan de Prioridades y los resultados del Fondo para la Consolidación de la Paz, PBF por sus siglas en inglés 5

6 El Fondo para la Consolidación de la Paz y la Iniciativa para la Promoción de Género, GPI por sus siglas en inglés, corresponden al Resultado 5 del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el fortalecimiento del estado de derecho, la justicia y la seguridad, promoviendo el cumplimiento de la ley y de los instrumentos internacionales, y una eficaz protección de los derechos humanos, la igualdad de género y el enfoque en la diversidad cultural, étnica y lingüística. La sección aborda específicamente, la necesidad de promover la justicia de transición centrada en las poblaciones más afectadas como las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. Las necesidades de financiamiento para el resultado 5 se estimaron en US$61.9 millones, aproximadamente 20% del total de Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más adelante, las condiciones nacionales hicieron hincapié en la necesidad de profundizar y ampliar el trabajo predefinido dentro de este resultado, incluyendo la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la identificación de retos adicionales. 1.1 Relevancia para la Consolidación de la Paz Como país que ha experimentado 500 años de colonización y 36 años de conflicto, Guatemala está marcada por la opresión, desigualdad, tensión política, impunidad y confrontación social, enraizada en la sociedad civil y reproducida por las estructuras e instituciones estatales. La mayoría de la población es marginalizada y discriminada, y la violencia contra las mujeres es aceptada y perpetrada con impunidad. En este contexto, las mujeres de origen maya enfrentan la más agravada situación de racismo, violencia y discriminación Más allá de la finalización del conflicto interno, los Acuerdos de Paz de 1996 constituyen un poderoso instrumento para revertir los patrones históricos de exclusión y discriminación, reafirmar derechos fundamentales igualitarios para todos, reconocer la identidad y los derechos de los pueblos indígenas como la fundación de una nación unida, multiétnica, pluricultural y multilingüe, y fortalecer el poder civil. Evidenciando el fuerte liderazgo de las mujeres guatemaltecas y su participación en la construcción de la paz, los Acuerdos de Guatemala están dentro de los 18 que han abordado la violencia sexual en 10 situaciones de conflicto de los 300 acuerdos de paz para 45 conflictos en los 20 años después del final de la Guerra Fría. Los compromisos de los acuerdos para avanzar los derechos de las mujeres y su participación en la construcción de la paz firme y duradera de Guatemala han informado la consolidación de redes supranacionales entre las guatemaltecas sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, particularmente violación sexual, y otros movimientos mundiales de mujeres y defensoras de derechos humanos. La participación de las guatemaltecas en la negociación de los Acuerdos de Paz permeó la construcción de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 a través de su delegada a las discusiones globales con las mujeres líderes de la sociedad civil. A pesar de estos históricos e irrenunciables compromisos para la paz, las causas originales del conflicto permanecen parcialmente abordadas por las sucesivas administraciones estatales que no han logrado progresos aceptables hacia la prevalencia del estado de derecho. Los movimientos para la consolidación de la paz, particularmente las organizaciones de mujeres, han documentado los débiles avances para el alcance de la igualdad, la cohesión social, la reconciliación y la justicia. El gobierno de Guatemala y el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz también han reconocido que disposiciones importantes relativas a la reforma de la justicia y la seguridad aún no se han cumplido. Esto compromete severamente los 6

7 esfuerzos generales para la consolidación de la paz en Guatemala. Como parte de los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, Guatemala ha desarrollado leyes nacionales sobre la igualdad de género y etnia, así como ha establecido instituciones estatales para asegurar los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los de las mujeres. El artículo cuatro de la Constitución reconoce que En Guatemala todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. El marco legal para garantizar los derechos de las mujeres incluye leyes sobre la dignidad y la promoción integral de las mujeres; la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, y contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. En materia de seguridad, el Estado de Guatemala ha desarrollado normativa clave para la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, entre los cuales la Política Nacional de Seguridad, PNS, del 2012, que responde a los principios y normas contenidos en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. El principio orientador sobre la inclusión de género de la PNS asume el compromiso estatal de promover la equidad de género y el enfoque incluyente, con énfasis en la reducción de niveles de violencia intrafamiliar y femicidio, y el de participación comunitaria resalta la necesidad de la participación y compromiso de todos los ciudadanos y los actores. El Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz del 2012, cuyo fin es provocar una reforma profunda del régimen político y de derecho, a la vez que fomente una cultura de paz, respeto y solidaridad entre ciudadanos, comunidades y pueblos incluye principio orientador la equidad de género, entendida como que hombres y mujeres por igual tendrán la misma oportunidad de encontrar en el Pacto una herramienta para el mejoramiento de su calidad de vida, para lo cual se incorporan medidas específicas que compensen las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. La Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, PNPDIM, y el Plan de Equidad de Oportunidades, PEO, , contienen estrategias para garantizar la aplicación, efectividad, cumplimiento y desarrollo de los instrumentos legales, internacionales y nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas. A pesar de este importante progreso, el total cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en ingles, y la Convención para la Eliminación del Racismo y la Discriminación, CERD por sus siglas en ingles, es una tarea pendiente para consolidar los avances hacia la igualdad de género y la garantía de derechos y oportunidades igualitarios para las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, el todas las áreas del desarrollo. El mayor reto para avanzar hacia la igualdad de género de jure y de facto, es cerrar la brecha marcada entre los compromisos asumidos por el Estado y la discriminación e impune violencia que las mujeres experimentan a diario en sus vidas, especialmente las mujeres indígenas. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente las resoluciones 1325 y 1820, son una plataforma poderosa contra la impunidad y para asegurar la participación de las mujeres en el restablecimiento de las instituciones y comunidades y el mantenimiento de la paz, sin embargo, pocas instituciones estatales están avanzando en la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad y no hay un plan para implementar la 7

8 Impacto del conflicto interno en las áreas de intervención propuestas Mientras que la Iniciativa para la Promoción de Género incorpora acciones de ámbito nacional, se propone que las acciones para ampliar el acceso de las mujeres sobrevivientes de violencia relacionada con el conflicto y postconflicto a procesos de reparación psicosocial se concentren en dos áreas geográficas de comunidades indígenas afectadas por el conflicto, Quiché y Las Verapaces, para responder a varias recomendaciones sobre la construcción de la paz, la igualdad, la seguridad y el Estado de Derecho de los Comités para el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional para la Eliminación del Racismo y la Discriminación, la Convención contra la Tortura, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; y la Convención de los Derechos del Niño. xi En esta área se registró un mayor número de violaciones de los derechos humanos perpetradas por los grupos de autodefensa civil organizados por las fuerzas armadas, conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil, PAC: 59% en Quiché; 1% en Baja Verapaz y 7% en Alta Verapaz. xii Esto coincide con los registros de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas en esos territorios: Quiché 46 %, Alta Verapaz 9 % y Baja Verapaz 5% xiii. Mayas de las comunidades K iche xiv, Q eqchi xv e Ixil xvi residen en esta área de intervención. Según registros de la CEH, estas comunidades reportaron un mayor número de violaciones a los derechos humanos: 32% los K iches, seguidos de los Q eqchi s (13%) e Ixiles (11%). El Reporte Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, xvii informa que los actos colectivos de represión resultaron en el desplazamiento masivo de hasta el 80% de la población de esas áreas, que se convirtieron en refugiados en México y retornaron posteriormente en el marco de los retornos colectivos y organizados apoyados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La mayoría de los actos de persecución incluyeron la violación sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres. Durante la huída a lugares seguros las mujeres también fueron objeto de ataques sexuales. Como la violencia sexual relacionada con el conflicto sigue siendo un tabú, la mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual en las áreas de intervención han tenido poco o ningún acceso a la atención y la reparación. (ver anexo 1) Potenciando las acciones de las mujeres para la consolidación de la paz a través del proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género Como se indica en el Análisis de Situación, página 1, en el 2003, tres grupos regionales de mujeres se embarcaron en un proceso colectivo de recuperación de su memoria como mujeres sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto, transformando sus experiencias en acciones para quebrar la impunidad y desencadenar procesos colectivos de sanación. Estos grupos incluyeron Kaqchikeles de Chimaltenango xviii, con poca o ninguna experiencia asociativa; Q eqchi s del Valle del Polochic xix cuyas identidades estaban ligadas a haberse convertido en viudas durante el conflicto. Algunas de ellas participaban en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA; y mujeres indígenas de Huehuetenango, xx incluyendo mujeres de las comunidades Chuj y Mam y mujeres retornadas de la Organización de Mujeres Retornadas y Refugiadas Mamá Maquín, Mamá Maquín, cuyas identidades estaban más ligadas a los retornos colectivos que a su origen étnico. Ellas fueron apoyadas por un consorcio de defensoras de los derechos humanos de las mujeres formado por Actoras de Cambio, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, con la participación regional de Kaqla y Mama Maquín. Esta experiencia generó conocimiento valioso, incluyendo la publicación del primer estudio a profundizar sobre la violencia sexual contra mujeres durante el conflicto armado, Tejidos que lleva el alma, que provee herramientas y metodologías para abordar la violencia sexual desde una perspectiva de las mujeres, incorporando elementos de la cosmovisión Maya. Junto a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Consejería de Proyectos, PCS por sus siglas en inglés, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, el 8

9 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres propiciaron un incipiente pero poderoso movimiento político que ha provisto evidencia del liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz, ha tomado pasos públicos para construir consciencia sobre el impacto del conflicto interno en las mujeres, sus familias y sus comunidades y ha avanzado propuestas para la no repetición de los actos de represión sistemática y de tortura en contra de las mujeres y sus comunidades a través de la violación y otras formas de violencia contra las mujeres. Apoyados por Actoras de Cambio y la Defensoría de la Mujer Indígena, los Festivales Internacionales Mujeres y Guerra dieron voz pública a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto. El primer Festival emitió la Declaración Política del 2008 sobre Mujeres y Guerra. Conocido como la Declaración de Huehuetenango, este documento afirma los derechos de las sobrevivientes a la reparación y demanda la no repetición de los crímenes cometidos en su contra durante el conflicto interno. Otro Festival se realizó en 2009 para el lanzamiento de la Campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, donde se estableció el dialogo con instancias gubernamentales enfocándose en el objetivo cinco de la Campaña sobre la prevención y sanción de la violencia sexual en situaciones de conflicto, políticas para la promoción de la paz y la seguridad con adecuado financiamiento y la implementación de mecanismos de protección para prevenir la violación sistemática. El tercer Festival se llevó a cabo en el 2010, con la participación de redes internacionales de mujeres constructoras de paz, para fortalecer las alianzas y compartir experiencias en reparación y justicia social. En el 2011, el Primer Tribunal Internacional de Conciencia sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres en Guatemala fue organizado por la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, Mujeres Transformando el Mundo, MTM, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP y La Cuerda. Ahí, las mujeres presentaron sus casos ante el Jurado de Conciencia, que sancionó la falta de diligencia para la investigación y la persecución de los crímenes sexuales y emitió recomendaciones para el avance de los derechos de las mujeres, en cumplimiento con las Resoluciones 1325 y Esto desencadenó el interés judicial para actualizar sus conocimientos en la aplicación de las normas nacionales e internacionales en el potencial manejo legal de estos casos. Mientras que algunas mujeres han escogido buscar la reparación a través de la justicia social, otras están preparándose para presentar sus casos ante las cortes. Las organizaciones de mujeres, especialmente la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, han monitoreado el cumplimiento de los compromisos hacia las mujeres contenidos en los Acuerdos de Paz y han producido reportes escritos sobre la posición de las mujeres tales como la publicación sobre las luchas y la situación de las mujeres 13 años después de (la firma de) los Acuerdos de Paz xxi. Compuesta por 19 organizaciones de derechos humanos, la Coalición Nacional sobre la Corte Pena Internacional ha jugado un papel pivotal en la promoción de la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional. Después de la adhesión, xxii la Coalición ha desarrollado formación a funcionarios estatales, particularmente del sector justicia, así como acciones de información pública y diseminación de los avances en materia de justicia de género a partir que Guatemala se convirtió en el 121 estado miembro del Estatuto. En seguimiento a estas iniciativas y de acuerdo con el Resultado 3, el programa invertirá en el fortalecimiento del liderazgo de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las mujeres en la política y en la administración pública, sus organizaciones, y sus redes supranacionales, para la construcción de la paz, la justicia, la seguridad y la democracia, en colaboración con las instituciones estatales. Este resultado responde particularmente a los principios rectores de la Política Nacional de Seguridad y del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, así como a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, que enfatiza que: la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones no es sólo una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que sus intereses se tengan en cuenta. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de sus puntos de vista a todos los niveles del proceso de toma de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de la igualdad, desarrollo y paz. 9

10 El proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género y las acciones estatales para la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad Un creciente interés en las resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad ha sido notado desde el 2012, ya que Guatemala, además de convertirse en el 121 estado miembro del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, es miembro temporal del Consejo de Seguridad para el período y estuvo a cargo de la presidencia pro tempore en octubre del 2012, cuando se emitió, bajo su liderazgo, la Declaración Presidencial del Consejo de Seguridad en relación al examen sobre Las mujeres, la paz y la seguridad, llamando a cumplir plenamente las obligaciones en virtud de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, así como a aumentar la participación, la representación y la implicación de las mujeres en la prevención y la solución de los conflictos y la construcción de la paz, eliminando los obstáculos para su participación en todos los niveles. La Declaración llama además a eliminar los obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia, condenando firmemente las violaciones a los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto, particularmente la violencia sexual, la violencia basada en el género, los asesinatos y las mutilaciones, instando a que se ponga fin de inmediato a tales actos. Los resultados del debate abierto del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad, organizado por Guatemala, informados al Secretario General a través de la carta del representante ante las Naciones Unidas del 2 de octubre del 2012, afirma que la aplicación de la resolución 1325 depende de la firme colaboración entre los estados miembros, las instituciones de seguridad regionales e internacionales y la sociedad civil, resaltando particularmente tres temas, a saber, la aplicación de los acuerdos de paz, resaltando el papel de las organizaciones de mujeres como partícipes directas de los mecanismos de aplicación y en el fomento de la rendición de cuentas; las transiciones de las Naciones Unidas, incluida la reducción de misiones, expresando preocupación por la relación entre esta reducción y la caída de los niveles de financiación y atención a los compromisos de igualdad de género y en los niveles de seguridad y protección de la mujer;. En el marco de la construcción de la paz y el estado de derecho en Guatemala, entre las instancias e instituciones estatales que han promovido acciones para la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, especialmente la 1325 y la 1820, están: a) la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, que ha llamado a la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la búsqueda de justicia para las mujeres afectadas por el conflicto y al promover propuestas para avanzar en la paridad de la representación de mujeres, hombres y pueblos indígenas en posiciones de elección y de nominación, propuestas incorporadas a la Agenda Legislativa para el Avance de las Mujeres de la Séptima Legislatura; b) el Ministerio Público, MP, que emitió la instrucción general General sobre la investigación y persecución penal de la violencia sexual contra mujeres durante el conflicto; c) la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, que ha fortalecido sus acciones para promover, resguardar y adelantar los derechos humanos de las mujeres, así como el acompañamiento a acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres. d) la Mesa Interinstitucional para la Implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MIMPAZ, que se estableció en el Compuesta por diez instituciones estatales, xxiii la MIMPAZ ha facilitado la construcción de propuestas del Estado de Guatemala al Consejo de Seguridad y la elaboración del borrador de Plan de Acción Nacional 1325 que facilitará las intervenciones concertadas y coordinadas de las instancias estatales de seguridad y justicia para la implementación de las resoluciones; y e) la Policía Nacional Civil, que ha promovido el análisis de género y la perspectiva de igualdad de género en el proceso de reforma institucional y ha incorporado la resolución 1325del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en procesos de formación y difusión de las políticas institucionales de cero tolerancia al abuso y el acoso sexual, así como en la asistencia y acompañamiento que se entrega a las sobrevivientes de violencia a través del número telefónico de auxilio y las Oficinas de Atención a la Victima; 10

11 Potenciando estas iniciativas, según el resultado esperado 1, el proyecto permitirá la provisión de apoyo técnico y político para fortalecer las capacidades de las comisiones del Congreso más relevantes, para el diseño, negociación, promoción y fiscalización de leyes relativas a la promoción de los derechos y libertadas fundamentales de las mujeres, en el diseño, adopción, implementación y monitoreo de leyes para el avance de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, incluyendo el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente la 1325 y 1820, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, y la Convención Internacional par la Eliminación del Racismo y la Discriminación. Igualmente, a partir del resultado esperado 2 se fortalecerán las capacidades de las instituciones del sistema de justicia para investigar, procesar y enjuiciar casos de violencia sexual cometida contra las mujeres durante el conflicto y el postconflicto, así como, la coordinación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y las instituciones de seguridad y justicia para facilitar y fortalecer la aplicación de los estándares internaciones de derechos humanos, asegurando, protegiendo y avanzando los derechos de la mujeres. Reconociendo su rol vital, a través del resultado esperado 3 del proyecto, se potenciará el liderazgo de las mujeres defensoras de los derechos humanos y las mujeres en la política, sus organizaciones y sus redes supranacionales para la construcción de la paz, la justicia, la seguridad y la democracia en colaboración con los Estados partes, en colaboración con las instancias estatales, incluyendo el intercambio a través de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MIMPAZ, para facilitar la formalización del proyecto de Plan Nacional de Acción 1325 y en la promoción de la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto. 1.2 El plan de prioridades del Fondo para la Consolidación de la Paz y el proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género La primera reunión del Comité Conjunto de Dirección del Fondo para la Consolidación de la Paz, PBF por sus siglas en inglés, se llevó a cabo el 14 de julio de 2011, para establecer formalmente los Comités de Dirección y Técnico y aprobar el marco general para la implementación del Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala, que incluye cuatro programas conjuntos a ser desarrollados durante el período de tres años del Fondo para la Consolidación de la Paz. En línea con el espíritu de la Iniciativa para la Promoción de Género y de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto complementa el marco general del Fondo para la Consolidación de la Paz. Liderado por ONU Mujeres, el proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género se enfocará en dos elementos claros para el avance de la igualdad de género: 1) erradicar la impunidad y prevenir la violencia sexual contra las mujeres y 2) fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la administración pública, agregando valor a las acciones planificadas para responder a las siguientes áreas de prioridad del Fondo para la Consolidación de la Paz: Área de prioridad 1 del Fondo para la Consolidación de la Paz: Apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz y al Diálogo Político, Resultado 2 sobre el fortalecimiento del sistema judicial y la reforma legislativa incluyente para la prevalencia 11

12 del estado de derecho, a) ampliando xxiv la agenda legislativa de seguridad y justicia para hacer frente a los riesgos específicos que enfrentan las mujeres relacionados con la continuidad de la violencia sexual durante el conflicto a la actual situación de postconflicto b) fortaleciendo xxv la capacidad de las instituciones de justicia para juzgar y sancionar los delitos sexuales cometidos contra las mujeres durante el conflicto; y c) ampliando la capacidad del Estado para abordar la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual relacionada con el conflicto, en dos áreas afectadas por el conflicto guatemalteco xxvi. Las acciones del proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto la Iniciativa para la Promoción de Género en el marco del Área de Prioridad 1 del Fondo para la Consolidación de la Paz potenciarán las intervenciones conjuntas de las Naciones Unidas a través del Plan de Prioridades del Fondo para la Consolidación de la Paz, que está dirigido a fortalecer las capacidades generales del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Estas acciones serán acompañadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuyo mandato constitucional de promover, proteger y avanzar los derechos humanos facilitando la eficaz y ágil administración de los derechos humanos, investigando y denunciando prácticas administrativas dañinas y violaciones de derechos humanos y emitiendo recomendaciones públicas o privadas para abordar esas prácticas, es clave para el alcance de los objetivos de la Iniciativa para la Promoción de Género. Área de prioridad 2 del Fondo para la Consolidación de la Paz: Promover la convivencia y resolución pacífica de los conflictos, Resultado 8 sobre el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia de género y la discriminación xxvii, a) fortaleciendo las capacidades de las defensoras de los derechos de las mujeres, sus organizaciones y redes supranacionales; b) apoyando su diálogo y la colaboración con las instituciones del Estado; c) generando, compartiendo y difundiendo los conocimientos relativos a mujeres, paz y seguridad; d) promoviendo la participación de las mujeres en la política y la administración pública; e) apoyando las estrategias conjuntas de las instituciones estatales, las autoridades y gobiernos locales y la ciudadanía para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Estas acciones del proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género en el marco del Área de Prioridad del Fondo para la Consolidación de la Paz están orientadas a apoyar las acciones de justicia de transición. Al promover los derechos de las mujeres a la seguridad y la justicia, a la participación en la toma de decisiones, y al abordar la situación de las mujeres sobrevivientes de delitos sexuales en situaciones de conflicto y postconflicto, el Proyecto responde a los siguientes compromisos del Secretario General del Plan de siete compromisos para avanzar la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Compromiso 5 para que las mujeres participen plenamente en la gobernanza postconflicto como actoras cívicas, representantes elegidas y responsables de tomar decisiones en las instituciones públicas, incluso mediante medidas especiales de carácter temporal como las cuotas. Las acciones del Proyecto relacionadas al Compromiso 5 Para promover una mayor presencia de mujeres en posiciones de liderazgo designadas y elegidas, la Iniciativa para la Promoción de Género, según su resultado esperado 1, apoyará la implementación de la Agenda Legislativa para el Avance de las Mujeres, en particular el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos xxviii para alcanzar la paridad y alternabilidad en la representación de mujeres, hombres y pueblos indígenas en todos los puestos de elección; y el seguimiento al cumplimiento de la reforma al Código Municipal que regula la instalación de Oficinas Municipales de la Mujer en el total de las municipalidades del país con financiamiento y recursos humanos adecuados; y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en cargos públicos por 12

13 medio de formación especializada y certificada, intercambio de experiencias y acciones organizados en el marco del resultado esperado 3. Las partes interesadas 1. El Congreso (158 parlamentarios, sus asesores y empleados clave), sus Comisiones temáticas, y, particularmente, las mujeres parlamentarias (19 mujeres diputadas), serán directamente beneficiadas del apoyo técnico y las acciones para promover la Agenda Legislativa para el Avance de las Mujeres. Esto incluye su dialogo con la sociedad civil y otras instancias a través de mesas técnicas. 2. Los partidos políticos (actualmente 29), sus secretarías de la mujer (unas 26 instancias), mujeres en la política representadas por la Comisión de la Mujer del Foro Permanente de Partidos Políticos, organizaciones de mujeres especializadas y socios de los medias que han acompañados el proceso serán las principales copartes para promover las reformas la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esto incluye al Grupo Multisectorial 212, a la iniciativa Más Mujeres, Mejor Política, y las dos organizaciones de mujeres que presentaron la propuesta, la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj y la Convergencia Cívico Política de Mujeres. 3. La Comisión Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de las Mujeres, OMMs, actualmente liderada por la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, que organiza Encuentros Nacionales donde las Oficinas Municipales de la Mujer comparten conocimientos, experiencias, información actualizada sobre la situación de las mujeres en los niveles nacional y local, y acuerdan acciones estratégicas para el avance de los derechos de las mujeres a través de planes locales de desarrollo. Compromiso 6 para promover iniciativas sobre el estado de derecho que fomenten la participación de las mujeres para la búsqueda de reparación a las injusticias cometidas contra ellas, mejorando la capacidad de los agentes de seguridad para prevenir y responder a las violaciones de los derechos de las niñas y las mujeres. Las acciones del Proyecto relacionadas al Compromiso 6 De acuerdo con las recomendaciones del Primer Tribunal Internacional de Conciencia, la Iniciativa para la Promoción de Género, a través del resultado esperado 2, promoverá el reconocimiento de la continuidad de la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto, con el objetivo de romper la impunidad a través de la inmediata y eficiente acción judicial. Los diversos peritajes de las audiencias de la Corte desde diferentes campos de las ciencias forenses xxix han contribuido a demostrar que los delitos sexuales pueden ser perseguidos, independientemente de la preservación de las pruebas físicas o el tiempo transcurrido entre el evento y el juicio. El proyecto facilitará la incorporación de estos métodos en la preparación de los juicios relacionados con la violencia sexual. Para aumentar el acceso de las mujeres a los servicios de prevención y respuesta a todas las formas de violencia en su contra, que sean integrales, multisectoriales, con pertinencia cultural y etnolingüística, el proyecto fortalecerá la aplicación del modelo integral de gestión de casos desarrollado por la Defensoría de la Mujer Indígena en las dos áreas de intervención, Quiché y las Verapaces. En el marco del resultado 2, las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quiché y Las Verapaces también serán fortalecidas en sus capacidades de monitorear la situación de los derechos humanos de las mujeres, incorporando la noción y el reconocimiento del continuo de la violencia sexual contra las mujeres desde los casos aún no atendidos de violencia sexual durante el conflicto hasta los actuales niveles de femicidio; para acompañar, coordinar, guiar y recomendar acciones a los sectores de seguridad y justicia que incrementen el acceso de las mujeres a la protección, la verdad, la justicia y la reparación; para informar y educar a los gobiernos locales y comunidades 13

14 sobre los derechos humanos de las mujeres, la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad; y para acompañar las iniciativas de resolución de conflictos potenciando las voces y el liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz. La reciente adhesión y la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura son fundamentales para garantizar que no se repitan los crímenes sexuales contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto. El Tribunal de Conciencia también recomendó la aprobación de una Ley Nacional sobre la Reparación Integral para Sobrevivientes de Violaciones de Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto en Guatemala. A través de las acciones planteadas en el resultado esperado 3, se apoyará tanto a la sociedad civil como las autoridades estatales sobre estas iniciativas. Con este propósito se realizarán consultas in situ, a fin de garantizar la participación de las mujeres - y su empoderamiento - en la toma de decisiones relacionadas con su propia reparación, incluyendo los aspectos sobre las prácticas religiosas y consuetudinarias que impiden a las mujeres participar en decisiones sobre sus propias vidas y la reparación adecuada de la violencia sexual. Estas consultas proveerán además la oportunidad de discutir los contenidos del borrador del Plan de Acción Nacional 1325 diseñado por la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MIMPAZ, e incorporar las visiones y propuestas de las mujeres y de las defensoras de sus derechos humanos antes de la adopción formal del plan por el Estado de Guatemala, mientras que se asegura que las mujeres organizadas, sus defensoras y los gobiernos nacionales copartes incrementen sus conocimientos sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a mujeres, paz y seguridad, particularmente la 1325 y la 1820, así como el Estatuto de Roma. Dirigida por el Ministerio de Gobernación, la iniciativa Territorios Libres de Violencia contra las Mujeres es promovida en el marco del componente latinoamericano de la Campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, lanzada en Guatemala en el Esta iniciativa se fortalecerá a través de las acciones planteadas en el resultado esperado 3, para responder al Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, promoviendo acciones concertadas entre la ciudadanía y las autoridades para abordar los riesgos que tanto hombres como mujeres, enfrentan de convertirse en un victimario o una víctima/sobreviviente de la violencia contra las mujeres, reconociendo la corresponsabilidad tanto en la atención como en la respuesta. Las partes interesadas 1. Como principales socios estatales, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos facilitarán la coordinación entre socios gubernamentales y no gubernamentales, contribuyendo a instalar o fortalecer mecanismos de diálogo y cooperación entre la ciudadanía y las autoridades locales y nacionales y facilitando el cumplimiento de los compromisos internacionales y particularmente en relación a la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. El apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Defensoría de la Mujer y su acompañamiento a las mujeres defensoras de los derechos humanos de las mujeres y a las redes de mujeres en su búsqueda de justicia contribuirá a ampliar sus alternativas, incrementar sus conocimientos y llevar sus voces a las mesas de discusión de políticas. Igualmente, las unidades especializadas del Ministerio Público, particularmente aquellas relacionadas con los crímenes contra mujeres y las violaciones a sus derechos humanos, jugarán un papel pivotal en incrementar su acceso a la justicia y al acompañamiento profesional para su resarcimiento judicial. 14

15 2. Las instituciones de justicia y seguridad son clave para ampliar el acceso de las mujeres a la justicia y la reparación, particularmente el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y el Ministerio Público. La Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, así como la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena serán actoras clave para fortalecer las capacidades de respuesta coordinada y establecer un dialogo abierto y constructivo con las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y sus redes nacionales y supranacionales. 3. La Coalición Nacional para la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso, la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MIMPAZ, y las mesas técnicas de apoyo a las reformas de ley e institucionales requeridas para la implementación del tratado serán apoyadas por esta iniciativa. Como miembros de la MIMPAZ, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público facilitarán la coordinación para promover la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones y la adopción de los mecanismos institucionales para la implementación del Estatuto de Roma. 4. Adicionalmente, organizaciones de mujeres especializadas que han acompañado los procesos de sanación de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situaciones de conflicto serán apoyadas, entre las cuales Actoras de Cambio, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, Mujeres Transformando el Mundo, Kaqla, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, Mama Maquín y la Unidad Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, incluyendo sus acciones pública para incrementar la consciencia sobre la necesidad de abordar el continuo de la violencia contra las mujeres desde el conflicto hasta la situación de pos-conflicto, así como sus intercambios nacionales y supranacionales. 5. En los territorios se apoyarán los mecanismos de coordinación, las autoridades indígenas y comunales, las mujeres organizadas y las mujeres insertas en los Consejos de Desarrollo y otros movimientos de participación ciudadana, para desarrollar planes de acción e incrementar sus conocimientos para abordar apropiadamente la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto. La iniciativa Territorios Libres de Violencia contra las mujeres será replicada en el área de intervención, para implementar el Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, bajo el liderazgo del Ministerio de Gobernación y los gobiernos locales. Para responder a las preocupaciones del informe del Secretario General sobre la participación de las mujeres en la consolidación de la paz relacionadas con el Compromiso 3 sobre una adecuada financiación para atender las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, esta propuesta facilitará la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones relacionadas con el Fondo para la Consolidación de la Paz y la Iniciativa para la Promoción de Género, y promover un diálogo abierto y sistemático entre los organismos participantes, la comunidad de donantes y las representantes de organizaciones de mujeres que abordan la violencia sexual y de género en los conflictos armados y las situaciones postconflicto. Las acciones del Proyecto relacionadas al Compromiso 3 Los organismos participantes desarrollarán mecanismos de monitoreo para medir los avances hacia el cumplimiento del Plan de Siete Compromisos, especialmente el Compromiso 3 sobre adecuado financiamiento para abordar las necesidades específicas de las niñas y mujeres. Mientras que este mecanismo puede ser aplicado a todos los 15

16 programas conjuntos del Sistema de las Naciones Unidas, la iniciativa se dirigirá al Plan de Prioridades del Fondo de la Consolidación de la Paz para Guatemala, que contribuye US$10M para la construcción de la paz en la región. A través del Grupo Interagencial de Derechos Humanos, Gobernabilidad, Seguridad y Justicia, la Oficina de la Coordinadora Residente promoverá una meta mayor, para avanzar gradual y firmemente al cumplimiento del 15 % de piso establecido por el Secretario General. Las partes interesadas 1. Los principales socios del Fondo para la Promoción de la Paz son las agencias participantes y los integrantes del Grupo Interagencial de Derechos Humanos, Gobernabilidad, Seguridad y Justicia, las Naciones Unidas, a través de las agencias participantes de la Iniciativa para la Promoción de Género, promoverá la inversión pública en cumplimiento a este compromiso, tanto en el nivel nacional como local. 16

17 Sección 2: Déficit crítico de financiación internacional para la consolidación de la paz y naturaleza crítica en el tiempo del proyecto La prioridad en la implementación de los Acuerdos de Paz está pendiente en las partes responsables del Estado y los esfuerzos del incipiente pero fuerte movimiento político de las defensoras de los derechos humanos para promover una reparación transformadora y erradicar la impunidad en torno a la violencia sexual contra las mujeres durante y después del conflicto han tomado fuerza. Empezando con los Festivales Mujeres y Guerra, y como resultado del Primer Tribunal Internacional de Conciencia sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres en el Conflicto en Guatemala, se ha despertado una mayor conciencia pública sobre las posibilidades de reparación judicial de la violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos relacionados con el conflicto y el interés del sistema judicial se ha despertado. Del mismo modo, un conjunto de leyes desarrolladas durante la última década para avanzar en los derechos de las mujeres y para abordar diversas formas de violencia contra las mujeres, ha empezado a abrir el acceso a la justicia. El Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, el proceso de reforma de la Policía Nacional Civil y la nominación de una mujer con un fuerte desarrollo en el ámbito de los derechos humanos como fiscal general cuyos esfuerzos para erradicar la impunidad están siendo apoyados por el Fondo para la Consolidación de la Paz - ha despertado esperanza en la población guatemalteca, redimensionando el sentido de ciudadanía, donde las acciones para avanzar en la búsqueda de la justicia pueden ser planificadas con las instituciones estatales, desde la perspectiva de los derechos humanos y de igualdad de género. Tanto el nuevo gobierno, cuyo mandato inició en el 2012, como la ciudadanía, requieren de una sociedad fuerte con la Procuraduría de los Derechos Humanos, particularmente su Defensoría de la Mujer, y de la comunidad internacional, para ejercer auditoria social y mantener el momento de la agenda de derechos humanos. El sistema de las Naciones Unidas ha acompañado a Guatemala en los esfuerzos para consolidar la paz, apoyando las negociaciones de paz y dándole seguimiento a su implementación a través de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, desarrollando programas conjuntos a fin de fortalecer los sistemas de seguridad y justicia mientras se atienden las necesidades para la recuperación socioeconómica, promoviendo los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y recientemente, apoyando las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El reciente establecimiento de la Oficina de Representación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres potenciará los esfuerzos del Sistema de las Naciones unidas para incorporar un enfoque de derechos humanos de las mujeres en las acciones de apoyo a la construcción de la paz. A medida que el avance es tangible y se alcanzan logros en la persecución de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, las demandas de apoyo han tomado una dimensión más amplia. Los recursos combinados del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que alcanzan US$20 millones, los US$10 millones del Fondo para la Consolidación de la Paz, los tres años del programa conjunto para la construcción de la paz del Fondo para el Cumplimiento de las Metas del Milenio con una asignación de US$5,5 millones y las iniciativas sobre las mujeres, la paz y la seguridad de ONU Mujeres con una asignación estimada de US$ no serán suficientes para responder adecuadamente a esta creciente demanda. 17

18 La inversión total estimada del Sistema de Naciones Unidas para aportar a este proceso se estima en unos US$4,800,000, que incorpora las siguientes contribuciones complementarias: Cantidad en US$ Fuente Situación 3,560,000 Programa de Apoyo a la Justicia Transicional, PAJUST, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 240,000 Subproyecto del Fondo para la Construcción de la Paz para la prevención de la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto liderado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres 1,000,000 Propuesta del Proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto de la Iniciativa para la Promoción de Género del Fondo para la Consolidación de la Paz Asegurado y en implementación Asegurado y en implementación Aprobado con modificaciones Los US$3,560,000 del Programa de Apoyo a la Justicia Transicional son parte de una asignación de US$5,7000,000 del 2012 que fortalecerá las acciones de la Iniciativa para la Promoción de Género. El Marco Estratégico del proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto, de la Iniciativa para la Promoción de Género del fondo para la Consolidación de la Paz, refleja las actividades a ser implementadas con el US$1M solicitado y aprobado para un periodo de 24 meses. Sección 3: El efecto catalizador del proyecto sobre la participación de las partes interesadas en el proceso de consolidación de la paz, apoyo financiero sostenido y la movilización de los actores nacionales De conformidad con la Declaración de París, la Iniciativa para la Promoción de Género tiene por objeto el fortalecimiento institucional y la cooperación coordinada de los mecanismos responsables de la protección de los derechos humanos. Con el fortalecimiento de la capacidad del poder judicial, el Congreso y los actores de la sociedad civil para colaborar en la consolidación de la paz, la justicia y la seguridad, con énfasis en la participación de las mujeres en todos los aspectos de la toma de decisiones, el Proyecto 1325 de la Iniciativa para la Promoción de Género generará confianza en el sistema de justicia. Se dinamizará la articulación de los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y del Estado para abordar la violencia sexual como una violación de los derechos humanos relacionada con el conflicto, implementando las recomendaciones de los órganos de los tratados internacionales, los Acuerdos de Paz, la Declaración Política de Huehuetenango sobre la dignificación de sobrevivientes y la no repetición, y el Primer Tribunal Internacional de Conciencia sobre la violencia sexual contra las Mujeres en Guatemala sobre el fortalecimiento de la cadena de instituciones de justicia y el fin de la impunidad relacionada con los delitos sexuales en contra de las mujeres y niñas durante el conflicto, como un paso adelante para consolidar el estado de derecho desde la perspectiva de género. Con un enfoque complementario, y de acuerdo con el objetivo cinco de la Campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres en relación a 18

19 la inclusión de acciones para prevenir y sancionar la violencia sexual relacionada con el conflicto, promover políticas de paz y de seguridad con financiamiento adecuado e implementar mecanismos de prevención y protección contra las violaciones sistemáticas, el proyecto 1325 invertirá en la iniciativa del Ministro de Gobernación Territorios libres de violencia contra las mujeres, que promueve la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades locales y propicia la coordinación entre los diferentes asociados tradicionales y no tradicionales en la erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar las medidas de prevención y respuesta adecuadas. En la práctica, estas iniciativas propician la inversión de los gobiernos locales y de diversas instituciones estatales con presencia en las áreas en la promoción de la paz, la seguridad y el estado de derecho. También se crearán o fortalecerán los mecanismos de colaboración entre las defensoras de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, particularmente su Defensoría de la Mujer, y el Ministerio Público, para la investigación y persecución penal de los delitos sexuales relacionados con el conflicto, generando conocimientos y buenas prácticas en el acceso de las mujeres a la justicia y la reparación judicial. A medida que este Proyecto en el marco de la Iniciativa para la Promoción de Género genere buenas prácticas y lecciones aprendidas en la relación entre el Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil, se fortalecerá la capacidad tanto de los Estados partes como de la ciudadanía para proteger y ejercer sus derechos respectivamente. El fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y la consolidación de la paz, la seguridad y la justicia promoviendo al mismo tiempo la modernización del Sistema Electoral y de Partidos Políticos a través de legislación para incorporar la igualdad y alternabilidad en la representación de las mujeres, los hombres y los pueblos indígenas en cargos de elección, serán las bases para la plena participación de las mujeres en la gobernanza postconflicto y la administración pública, generando confianza en los procesos políticos y una cultura de igualdad de acceso de las mujeres y los hombres al desarrollo y control de los recursos y beneficios generados, mejorando las capacidades de las instituciones del Estado para prevenir y responder a las violaciones de los derechos de las mujeres. COMPONENTE 3: Marco lógico y estrategia de sostenibilidad, compromisos de financiación actuales y/o estrategia de salida. La prioridad y los esfuerzos concertados para invertir en la implementación de los Acuerdos de Paz deben motivarse. El Proyecto 1325: Reafirmando los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en situación de conflicto y postconflicto de la Iniciativa para la Promoción de Género, complementará al Plan de Prioridades del Fondo para la Consolidación de la Paz, promoverá procesos de dignificación de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto, apoyando la búsqueda de justicia, el desarrollo institucional, la ciudadanía plena, y la asertividad en la consolidación de la paz. Hasta ahora, las organizaciones especializadas de las mujeres han tenido acceso a poco y coyuntural apoyo, particularmente proveniente de las organizaciones no gubernamentales europeas. Así mismo, aumentará sus esfuerzos en la creación de un ambiente de confianza mutua entre las instituciones del Estado y las defensoras de derechos humanos, para intercambiar conocimientos y promover la inversión en el acceso de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual a la justicia y a la recuperación de su ciudadanía plena. Estas acciones serán sostenibles en la medida que estos espacios se constituyan o se integren a mecanismos institucionales de interlocución entre la ciudadanía y las instituciones estatales que son responsables de la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unida sobre Mujeres, Paz y 19

20 Seguridad. En el ámbito local xxx la sostenibilidad se establecerá a medida que los mecanismos de coordinación, las autoridades indígenas y comunales, las mujeres organizadas y las mujeres insertas en los Consejos de Desarrollo y otros movimientos de participación ciudadana, desarrollen planes de acción e incrementar sus conocimientos para abordar apropiadamente la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto. Por lo anterior, el proyecto invertirá en el intercambio a través de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MIMPAZ, que permitirá la formalización de los mismos alrededor del Plan Nacional de Acción 1325 y la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto. Así como, de los mecanismos institucionales para la implementación del Estatuto de Roma del que Guatemala es el estado miembro 121. Las elecciones generales se llevaron a cabo en septiembre del 2011 y las nuevas autoridades están a cargo desde el 14 de enero de La Iniciativa para la Promoción de Género a través de este proyecto, se enfocará en fortalecer a las organizaciones de mujeres, sus alianzas y sus procesos de incidencia para facilitar el posicionamiento de los derechos de las mujeres, la consolidación de la paz, la seguridad y la justicia en la agenda política nacional y local, en sociedad con la Procuraduría de los Derechos Humanos, particularmente la Defensoría de la Mujer, mientras que la participación del Ministerio Público incrementará su acceso a la justicia y a la reparación judicial. Se orientará a promover la generación y difusión de información relevante para un proceso sobre la consolidación de la paz, la seguridad y la justicia desde una perspectiva de género. Para garantizar la sostenibilidad de estas acciones, se espera ligar estas acciones a la construcción de la política estatal para la prevención de la violencia y el delito y en el marco de la implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. En concordancia con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en ingles, y la Convención para la Eliminación del Racismo y la Discriminación, CERD por sus siglas en ingles, la Iniciativa para la Promoción de Género proveerá asistencia técnico política para: a) la revisión, adopción, implementación y monitoreo de leyes para el avance de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres que, per se, implica la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto. Esta acción responde a la Agenda Legislativa para el Avance de las Mujeres diseñada por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, que contiene iniciativas de ley para la armonización con los principales instrumentos internacionales ratificados por Guatemala y el principio de igualdad entre hombres y mujeres contenido en el Artículo 4 de la Constitución Política de la República. Para cimentar la sostenibilidad, el proyecto invertirá en el fortalecimiento de las capacidades de las comisiones pertinentes del Congreso de la República y de las diputadas electas para diseñar y negociar propuestas de ley con sus colegas congresistas, así como para la búsqueda de consensos para la apropiación de estas propuestas por la sociedad civil y otros poderes del Estado. b) para que el Ministerio Público, en coordinación con las otras instituciones de justicia y particularmente con la Procuraduría de los Derechos Humanos fortalezca sus capacidades de investigar, perseguir, juzgar y reparar judicialmente la violencia sexual relacionada con el conflicto y el postconflicto. El acceso de las mujeres sobrevivientes de violencia a la justicia está enmarcado en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer; la Ley contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, que garantizan la sostenibilidad de las acciones. 20