Comparecencia Parlamentaria sobre creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz

Transcripción

1 Comparecencia Parlamentaria sobre creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz Queremos agradecer la invitación para participar en los debates de este grupo de trabajo aportando nuestra opinión y nuestras propuestas sobre un tema que en estos momentos nos parece de enorme interés. Por eso queremos iniciar esta intervención saludando la iniciativa, fruto del acuerdo bipartito de gobierno, porque creemos que en estos difíciles momentos para tantas personas en Andalucía, es necesario y prioritario abordar la intervención pública en el sistema financiero para intentar solucionar los problemas que ellos mismos no son capaces de solucionar, y que están ahogando a empresas y personas, impidiendo cualquier inicio de recuperación económica. Desde CCOO-A venimos reclamando hace algún tiempo que el sector financiero cumpla con su función de dotar de crédito a las familias y empresas, al tiempo que se impulsen mecanismos para articular un sector financiero público. En el Programa de Acción aprobado en nuestro 11º Congreso celebrado hace poco más de un mes, recogíamos dentro de las propuestas de actuación lo siguiente: Para reactivar la economía andaluza y facilitar la financiación de PYMES y familias, es necesario articular instrumentos públicos que faciliten el flujo de crédito en periodos de restricción, incluyendo la creación de una banca pública andaluza como herramienta de actuación económica, sometida a criterios estrictos de supervisión, y bajo parámetros de solvencia, eficiencia financiera y rentabilidad social. Vaya pues por delante que nuestra apuesta inequívoca va más allá que la simple creación de un Instituto, y que entre nuestras tareas prioritarias en los próximos años, está trabajar para avanzar en esta línea. Pero antes de entrar a determinar cualquier instrumento, creemos que es necesario situar en los términos más precisos posibles, como se expresa en Andalucía el problema de la ausencia de crédito, analizar las características de la oferta y la demanda, y la viabilidad de solventar este problema desde el ámbito autonómico, para así poder decidir que instrumentos responden mejor a las necesidades de nuestra situación. En nuestro análisis estamos convencidos de que la falta de supervisión y regulación de los mercados financieros está en la base de la crisis financiera 1

2 actual, y que esta crisis financiera ha causado una crisis productiva de gran magnitud, sobre todo en lugares como Andalucía, con un tejido productivo débil y una economía muy dependiente del ladrillo y los servicios. En España y en Andalucía el ahorro se ha concentrado excesivamente en la compra de vivienda, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, y el sector financiero en lugar de diversificar los riesgos, también los concentró en el negocio inmobiliario, lo que lo convirtió en un generador de riesgo dentro del propio sistema. Todo ello, unido a su sobredimensión, la falta de depuración de responsabilidades y la responsabilidad e improvisación del Banco de España y los respectivos gobiernos, ha llevado a esta situación. La escasez de crédito se mantiene como uno de los problemas más importantes de la economía española y andaluza y limita la posibilidad de normalizar la actividad económica. Las medidas adoptadas por los gobiernos centrales, incluyendo la intervención y las ayudas del FROB ( Fondo de Reconversión de Ordenación Bancaria), no han conseguido normalizar ni activar el circuito del crédito, y lo único que ha calado en el conjunto de la sociedad, es que con el dinero público se está contribuyendo al mantenimiento de los bancos y al enriquecimiento de los banqueros, a costa de los recortes y los ajustes que afectan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y especialmente el sufrimiento de las más de seis millones de personas que no tienen empleo. Por ello, es necesario disponer de instrumentos públicos para dinamizar el sector financiero con el objeto de reducir la restricción crediticia. Cuando hablamos de la necesidad de activar el circuito del crédito como condición inexcusable para la reactivación económica, estamos hablando de la necesidad de conciliación entre las necesidades de financiación de unos partícipes del sistema para sus proyectos empresariales o de vida, y del ahorro y la capacidad de asumir riesgos de otros. La identificación y el conocimiento de estos actores, será importante para abordar el diseño de los planes o instrumentos que puedan solucionar el problema. Si analizamos los datos estadísticos sobre la especialización de las empresas que se crean, y el número de empleados de las mismas, es evidente que estas cada vez tienen menos empleados, (en Andalucía el nº de empresas de 10 o más trabajadores es solamente del 8,1% frente al 9,7% del total nacional), y que nuestra especialización es el comercio, la construcción y los servicios de comidas y bebidas. Curiosamente el 47% de las empresas creadas en Andalucía en el 2010 eran dedicadas al comercio al por menor, servicios de comida y bebida y otros servicios personales. 2

3 En definitiva, empresas de poco tamaño, en sectores de escasa especialización que requieren poco capital financiero, y poco capital humano, y que no precisan ninguna inversión en maquinaria, tecnología, ni mucho menos I+D.. Parece evidente que se detecta una dramática falta de capital y por tanto una necesidad de captar inversiones para capitalizar nuestra economía. En relación a la oferta de crédito es notorio el endurecimiento de las condiciones de otorgamiento de los créditos, tanto en los prestamos a hogares, donde el tipo de interés se encarece constantemente y se aumentan las garantías requeridas, especialmente para las hipotecas, como para los prestamos o líneas de crédito a pequeñas y medianas empresas, que desde el año 2009 endurecen trimestre a trimestre el tipo de interés que se aplica, y aún más en las operaciones de mayor riesgo. Esta es la situación que requiere medidas importantes para su solución. El crédito es un servicio esencial para el desarrollo económico y para la creación de empleo. Ante la incapacidad del mercado para actuar en estos momentos, es imprescindible la intervención de las Administraciones Públicas, especialmente en nuestro caso, del Gobierno andaluz, para tratar de resolver este problema, y por eso este Grupo de Trabajo debe orientar hasta donde llegan las medidas y cuales son los instrumentos públicos mas eficaces para acometerlas de modo eficaz; y en este sentido, queremos aportar nuestras propuestas. En un principio, y aunque no corresponde a nuestras competencias, consideramos necesario reforzar las líneas de financiación del ICO para poder canalizar por esta vía una mayor y mejor oferta de crédito hacia las PYMES, así como, mantener y mejorar el importante papel que juegan las Sociedades de Garantía Recíproca y las Sociedades de Capital Riesgo. Pero a medio y largo plazo hay que trabajar en el desarrollo de una banca pública como herramienta de actuación en el sector financiero y del crédito, que resulte de utilidad en términos económicos para afrontar periodos de restricción crediticia, y que sobre todo sea capa z de cambiar la tendencia especuladora y que sirva para apoyar a los sectores que tienen que transformas nuestro modelo productivo, especialmente con las PYMES y el apoyo a la tecnología y la innovación. Una vez superada la fallida apuesta de la izquierda andaluza y los sindicatos de clase de la integración de las Cajas de Ahorro andaluzas en una gran entidad financiera capaz de atender los problemas de nuestra región y nuestra 3

4 sociedad, no podemos renunciar a la apuesta por un sistema financiero público propio que incluya la creación de un banco público. El instrumento ya se definirá, y debe determinarse en base a las condiciones que resulten más favorables para conseguir los fines propuestos. Ya se han dado pasos que están inconclusos y que en estos momentos hay que replantearse su utilidad. Existe el Instituto Andaluz de Finanzas, pendiente de su constitución efectiva desde el año 1999, o la ficha bancaria del Banco Europeo de Finanzas, que se podría valorar la posibilidad de recuperar por la Junta de Andalucía para iniciar el camino de la creación de la banca pública andaluza. Esto son opciones entre otras muchas, pero desde nuestro punto de vista, llevarían mucho tiempo y mucho coste añadido, pues no hay que olvidar que para un objetivo de estas características se necesitan disponer de recursos financieros propios, muy escasos en el actual contexto económico, e impensable que el Sr. Montoro, permita con el FLA la dotación de fondos para un banco público andaluz. Consideramos una oportunidad importante, que no se debe desaprovechar, la posibilidad de utilizar los bancos y cajas en quiebra, intervenidos y nacionalizados por el Gobierno del Estado, como embrión de la futura estructura de la banca pública andaluza. Para ello el gobierno andaluz debería negociar y gestionar con el Estado, un acuerdo que permita que de todas aquellas entidades nacionalizadas, se ceda la parte que esta implantada en el territorio andaluz, con lo cual dispondríamos del personal, los edificios y también la parte que proporcionalmente nos corresponda del capital que el estado, y por tanto todos los contribuyentes, han aportado para su reconversión. La suma de todos estos recursos sería la estructura que nos permita en un plazo no muy amplio, poner en funcionamiento una banca pública andaluza. Con esta formula sería posible disponer de una red de oficinas suficiente y del personal especializado para llegar a los territorios y destinos deseados, donde se puede realizar su tarea de intermediación con garantías de profesionalidad, desde la proximidad, y con un adecuado control de los riesgos. Por eso, la red de entidades sin viabilidad e intervenidas, es una oportunidad para actuar, desde la idea de mantener la actividad, preservando el empleo y adoptando las medidas de ajuste que procedan de forma negociada con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores y trabajadoras del sector. 4

5 Para terminar la intervención, queremos dejar claro que las ventajas derivadas de la existencia de una banca pública deben ser compatibles con una gestión solvente, eficiente y rentable de la misma, con un control y límites sobre las retribuciones de sus administradores y ejecutivos, y un comportamiento ético que justifique, bien la no existencia de remuneración de los recursos invertidos por la sociedad, reforzando con ello su capitalización, bien la devolución al gobierno autonómico o estatal para poder financiar otras políticas públicas, si el marco de competencia comunitario impide los primero. En este sentido, la experiencia de gestión de la antigua banca pública española y la reciente de una gran parte de de las cajas de ahorro, con una gestión excesivamente sesgada hacia intereses clientelares y una excesiva exposición al riesgo inmobiliario, son modelos a evitar. Muchas gracias por la atención y quedamos a disponibilidad de los distintos grupos parlamentarios para profundizar en las cuestiones que consideréis oportunas. Sevilla, 12 de marzo de