CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL

Transcripción

1 CORTE NACIONAl. DE JUSTICIA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL JUICIO PENAL: No RESOLUCION: No SALA PENAL PROCESADO: OSWALDO RAFAEL YEPEZ CADENA OFENDIDO: ELIAS JOSE BARBERAN QUEIROLO RECURSO: CASACION POR INJURIAS

2 - CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PENAL MIU1AR, PENAL POLICIAL Y TRÁN SITO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO CASACIÓN Caso N VR EL CIUDADANO ELÍAS JOSÉ BARBERÁN QUEIROLO CONTRA EL CIUDADANO OSWALDO RAFAEL YÉPEZ CADENA JUEZ PONENTE: Dr. Vicente Robalino Vilafuerte. Quito, 1 de noviembre de 2013, las 10h41 VISTOS.- 1. ANTECEDENTES El Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2011, a las 08h30, aceptando la querella propuesta por el ciudadano Elias José Barberán Queirolo, en contra del ciudadano Oswaldo Rafael Yépez Cadena, le impuso pena privativa de libertad de seis meses de prisión correccional, multa de veinticinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con daños y perjuicios, por ser autor del delito previsto y sancionado en los artículos 489 y 491 del Código Penal, esto es injurias calumniosas, reguló en trescientos dólares los honorarios del abogado del querellante, suspendió el cumplimiento de la pena privativa de libertad con fundamento en el artículo 82 del Código Penal El querellante y el querellado, interpusieron recurso de apelación. La Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en sentencia de fecha 28 de septiembre de 2011, a las 09h26, reformó la sentencia recurrida, impuso al General Oswaldo Rafael Yépez Cadena pena privativa de libertad de cuatro meses de prisión correccional, por ser autor del delito previsto en el articulo 489 y sancionado en el articulo 491 del Código Penal, esto es injurias calumniosas, revocó la suspensión del cumplimiento de la pena impuesta El querellado y el acusador particular, interpusieron recurso de casación. 1

3 CORrE NACIONAL DE JUSTICIA PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO La ex Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, resolvió: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL. Quito, 13 de diciembre de 2011; las 10h00...este Tribunal acepta el recurso de casación interpuesto por el General Rafael Oswaldo Yépez Cadena y al haber expuesto nuestro razonamiento y al no encontrar los suficientes elementos de convicción del Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, esto es a la prueba de cargo y descargo, absuelve al General Rafael Oswaldo Yépez Cadena y ordena se levanten todas y cada una de las medidas cautelares personales y reales que pesan sobre el imputado Decisión de la cual la parte querellante propuso acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional en sentencia No SEP- CC, caso No EP, de 31 de julio del 2013, resolvió: 1. Declarar vulnerados los derechos constitucionales al debido proceso en lo concerniente a la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República. 2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 3. Dejar sin efecto la sentencia emitida por los conjueces integrantes de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación Disponer que el expediente sea devuelto a la Corte Nacional de Justicia, Sala Penal, con el fin de que previo sorteo, otros jueces conozcan y resuelvan el recurso de casación interpuesto. El expediente es recibido en la Secretaria de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional, el 19 de septiembre de 2013, a las 11h45, y remitido a la Oficialía Mayor de esta Corte el 20 de septiembre del 2013, y el 27 del mismo mes y año, se realiza el sorteo electrónico, siendo remitido al despacho del Juez Nacional ponente para su conocimiento y resolución. 2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Casación, avocó conocimiento del procedimiento en providencia de 15 de octubre de 2013, a las 08h25; y, en la audiencia de fundamentación del recurso, avocó conocimiento el señor doctor Edgar Flores Mier, Conjuez Nacional. No se ha impugnado la competencia de los Jueces y del Conjuez que lo integramos. 2

4 e CORTE NACIONAL DE JUSflCIA PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO -3o~ ~ i~-een~ 3. DEL TRÁMITE. Por la fecha en que se ha iniciado el proceso corresponde aplicar al recurso las reglas vigentes a tal tiempo, en cumplimiento a lo dispuesto por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 555 de 24 de marzo de 2009, en consecuencia se ha fundamentado el recurso de casación en audiencia oral, pública y de contradictorio. El acusado al fundamentar su recurso, alegó la prescripción de la acción, por lo que previamente, se debe resolver sobre la misma. Dijo: De manera principal la defensa quiere argumentar sobre la prescripción de la acción, hemos revisado el tratado de 1968 que habla sobre la imprescriptibilidad de los delitos graves, que no cabe en este caso, sí existe una prescripción de la acción, porque el juicio penal fue iniciado con la acusación particular y se perfeccionó con la tercera notificación de la misma el 24 de diciembre de 2011, en ese momento se suspende la prescripción de la acción conforme al Código de Procedimiento Civil que indica que la citación interrumpe la prescripción, desde esa fecha hasta el 13 de diciembre de 2011, transcurrieron un año, 11 meses, 19 días, plazo que se suspende porque existe una sentencia de la Corte Nacional, cuando se dictó sentencia faltaban 11 días para que se produzca la prescripción; en su legitimo ejercicio el acusador particular planteó una acción extraordinaria de protección, la misma que les es favorable, con fecha 31 de julio de 2013, y en la parte resolutiva, deja sin efecto la sentencia de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación , el 23 de agosto de 2013 se notifica la sentencia, el 29 de agosto de 2013, es el momento en que se ejecutoría la sentencia de la Corte Constitucional cuando tiene plenos efectos jurídicos, el 30 de agosto la sentencia de casación pierde efectos jurídicos por lo tanto no existe, cuando el expediente llega a conocimiento de ustedes, lo hace el 19 de septiembre de 2013, cuando ya han transcurrido más de dos años.,, 4. DE LA PRESCRIPCION. La ex Corte Constitucional para el Periodo de Transición en sentencia SCN-CC, caso CN, publicada en el primer Suplemento del Registro Oficial 294, de 6 Octubre del 2010, razonó:... SEPTIMA.- Es sabido que la prescripción en materia penal, como en las demás ramas del derecho, obedece al fenómeno uniformemente reconocido de la influencia del tiempo en las relaciones humanas, y consiste en la 3

5 CORTE NACIONAL. DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE ID PENAL, PENAL MIUTM, PENAL POLICIAL Y DEÁN SITO cesación de la potestad represiva del Estado por el transcurso de un determinado espacio de tiempo, en ciertas condiciones, sin que el delito haya sido perseguido o sin que la pena haya sido ejecutada. Su fundamento hay que buscarlo en la necesidad social de eliminar un estado de incertidumbre en las relaciones jurídico penales entre el delincuente y el Estado (Ferrer Sama). El número 2 del artículo 11 de la Constitución de la República, al hablar de los principios para el ejercicio de los derechos, establece: Nadie podrá ser discriminado por razones de..., pasado judicial,... ; y el número 5 del mismo artículo manda: 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia..... La ley vigente al tiempo de la infracción y de su juzgamiento establece que los procedimientos por delitos de injurias, serán tramitados mediante acción privada, el plazo de dos años para investigar, procesar y sancionar a los presuntos responsables, lo que incluye la impugnación. Por respeto al principio de legalidad únicamente se procesa a quienes actúan según la descripción que el legislador ha consignado en la ley penal con anterioridad al cometimiento del acto, así lo establece la Constitución de la República en su artículo 76.3: «Art En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. La seguridad jurídica establecida en el articulo constitucional 82 refiere la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas, tiene relación con el artículo 9 de la Carta Americana de Derechos Humanos; el articulo 26 de la Declaración Americana de Derechos Humanos; el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que determinan la imposibilidad de crear delitos por vías institucionales distintas a la de la ley; ya que en un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, la ley penal emana exclusivamente de la función legislativa, y esta, al momento de establecer tipicidades, debe guardar la debida relación y conformidad con las normas constitucionales, pues de lo contrario la norma carecería de eficacia. 4

6 1i~fr -~ CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PENAL MILITAR, PENAL POUCIAL Y TRÁNSITO En este caso desde la fecha que fue citado el querellado esto es el 24 de diciembre del 2009 hasta el 13 de diciembre de 2011 en que la ex Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia dictó la sentencia en que ratificó el estado de inocencia del acusado, habían transcurrido 1 año, 11 meses y 19 días; desde el 26 de agosto de 2013, fecha en que se notificó con la sentencia constitucional, hasta el 20 de septiembre de 2013 que fue remitido el proceso por parte de la Corte Constitucional y recibido en la Secretaria de la Sala Penal de esta Corte, han transcurrido 24 días, por lo que a la presente, han transcurrido más de los dos años que exige el articulo 101 del Código Penal, para que opere la prescripción de la acción, toda vez que se trata de un delito de acción penal privada, sin que conste en el juicio causa legal que haya interrumpido este plazo. Es constitucional, es legal y así se declara, la prescripción de la acción penal ejercida en contra del ciudadano Oswaldo Rafael Yépez Cadena, inercia judicial que ha operado por cuanto el juez de primer nivel tardó 1 año 5 meses y 23 días en sentenciar la causa; la Corte de apelaciones tardó 3 meses y 25 días, en lo que le correspondía. Si bien es cierto que la prescripción es un modo de la extinción de la acción, también es cierto que afecta a los derechos de las víctimas, por consiguiente la inercia judicial caus~impunidad. Llévese a conocimien del Consejo de la Judicatura estos retardos. Ejecutoriado este autj~, devuélvase el proceso al Tribunal de origen. Intervenga en la p~ Secretario Relator. doctor Milto lvarez Chacón, en calidad de Tén~ abo~ autorización que conf~ere el acusador relasteguí... NOTIFIQU~SE \Y JUEZ )hnny Ayluardo S~dcedo JUEZ NACIONk9 5