R-DCA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Transcripción

1 R-DCA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las quince horas cuarenta y nueve minutos del dieciséis de junio de dos mil quince.- Recursos de objeción presentados por las empresas GUARANTEE SECURE TRADE, S.A. y CSE SEGURIDAD, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2015LN , promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la contratación de servicios de servicios de vigilancia y seguridad para las instalaciones del INCOFER RESULTANDO I.-Que la empresa Guarantee Secure Trade S.A., interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación el día dos de junio de dos mil quince II.-Que mediante auto de las ocho horas del tres de junio de dos mil quince, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por Guarantee Secure Trade S.A. y remitiera copia del cartel del concurso III.-Que la empresa CSE Seguridad, S.A., interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación el día tres de junio de dos mil quince IV.- Que mediante auto de las once horas del cuatro de junio de dos mil quince, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por CSE Seguridad, S.A. y dispuso acumular dicho recurso con el interpuesto por Guarantee Secure Trade, S.A VI.-El Instituto Costarricense de Ferrocarriles contestó las audiencia mediante oficio sin número remitido el nueve de junio de dos mil quince III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas CONSIDERANDO I. Sobre el fondo. 1) Recurso de Guarantee Secure Trade, S.A. a) Sobre el presupuesto asignado: Indica la objetante que el presupuesto asignado es insuficiente, de acuerdo a las cifras fijadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el primer semestre del 2015, Decreto Ejecutivo N MTSS del 10 de noviembre de Señalan que los quinientos millones de colones presupuestados, divididos entre 12 meses dan como resultado mensual el monto de ,00 mensuales, que a su vez si se dividen entre los 22,36 puestos daría un presupuesto por puesto de Indican además que según el detalle de salarios mínimos de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad ACES, se sugiere un costo de mano de obra mínima de , lo que arroja el dato real, que el presupuesto indicado

2 2 de los quinientos millones de colones, no alcanza ni siquiera para cubrir la mano de obra y por el contrario anda ,00 por debajo del valor real de cada puesto por mes, que en el total de puestos, 22,36 representa un déficit mensual de ,00 y un déficit anual de ,00 solo para el rubro de mano de obra. Además señala que en su cálculo no están tomando en cuenta los gastos administrativos, los insumos y la utilidad. Manifiestan además que del monto presupuestado por la Administración si se procede a restar lo necesario para insumos, supervisión y gastos administrativos y tentativamente pusieran un 2% para insumos y supervisión y un 1% para gastos administrativos, aclarando que los porcentajes utilizados son para ejemplarizar, el monto quedaría en ,00, al desglosarse de la siguiente forma: a) monto de presupuesto por puesto 24 horas ,00, b) 2% de insumos y supervisión ,00, c) 1% de gastos administrativos ,00, d) saldo para mano de obra sin utilidad ,00. Así las cosas indican que si se basan en el monto presupuestado por Incofer para un puesto de 24 horas y considerando un monto de utilidad muy bajo y casi no remunerativo de un (5%), esto por todo lo complicado que es la administración de la seguridad privada, les daría una utilidad por el monto en colones de ,00 por puesto de 24 horas tal y como lo solicita la Administración, quedando entonces un monto para mano de obra de ,00 que a todas luces no alcanza para cumplir con la seguridad social, ni con legislación laboral del país. Indican también que tal y como consta en el expediente de la licitación pública No. 2012LN , la empresa resultó adjudicada hace aproximadamente 2 años, se le adjudicó por un monto de ,00, por puesto de 24 horas, presupuesto que representa un valor real de acuerdo al comportamiento salarial de las empresas de seguridad. Señalan que para el procedimiento de contratación señalado, año 2013 el presupuesto fue de ,00, para cubrir 17,5 puestos de 24 horas, lo que representó en ese momento un presupuesto de ,00 por puesto de 24 horas, lo que significa que hace dos años se contó con un monto de ,00 más de presupuesto respecto al concurso actual. Señalan además que durante los dos años transcurridos del anterior concurso a la fecha se han dado al menos 4 aumentos de salarios según los decretos de salarios mínimos emitidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales fueron: en el segundo semestre 2013 un 2,40%, en el primer semestre 2014 un 3,78%, en el segundo semestre 2014 un 4,09% y para el primer semestre de 2015 un 2,01%. Por lo cual señalan que en correcta aplicación de los porcentajes de aumento citados, por lógica concluyen que el monto mensual de la contratación del 2013 es ahora cercano a los ,00. Por lo cual manifiestan que en la inteligencia de ir aplicando los aumentos por costo de vida, demuestran

3 3 que lo presupuestado para el presente concurso, no obedece a la realidad salarial y de gastos de seguridad social, insumos, gastos administrativos y otros que conlleva la participación de los oferentes en el mercado de servicios de seguridad privada, sino que en vez de considerar la Administración los precios reales actuales, incluso con sus respectivos incrementos, por el contrario se ve disminuido el presupuesto respecto al del 2013, representa una disminución de ,00, menos por cada puesto de 24 horas, de lo que debe estarse pagando actualmente. Indican finalmente que al día de hoy la Administración le está pagando a su actual proveedor de servicios de seguridad, un monto por puesto de 24 horas, una diferencia anual respecto con lo presupuestado, que ronda los ,00 y respecto a tabla de pagos que utiliza la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad ACES, la diferencia es de ,00 anuales, además de que hay que considerar que dicho monto no contempla las inversiones en sistemas electrónicos y otros gastos como internet y pago de teléfonos que están incluidos en esta licitación. Por todo lo anterior solicitan que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles modifique la disponibilidad presupuestaria y se obtengan los recursos presupuestarios suficientes respecto a la cantidad de servicio objeto de la licitación, ya que con el presupuesto anunciado no alcanza para cubrir la erogación correspondiente. Por su parte la Administración señala que los argumentos esgrimidos por la recurrente desde su punto de vista no proceden, en el tanto el cartel en el punto 4.3 establece como una potestad del Instituto adjudicar a la mejor oferta, aquella que más le favorezca. Incluso indican que tiene la posibilidad de adjudicar parcialmente si el presupuesto asignado no fuera suficiente para la totalidad de los puestos. Indican que el cartel señala: 4.3 INCOFER se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la ó las ofertas que juzgue más conveniente o de rechazarlas todas si ninguna conviniere a sus intereses. Criterio de la División: En el presente punto el objetante alega que según sus estimaciones, el presupuesto que ha determinado la Administración para hacerle frente al objeto del concurso no resulta suficiente, dado que según sus cálculos el mismo se encuentra por debajo de otros concursos que ha realizado anteriormente la misma institución para la contratación de servicios de seguridad. A este respecto se tiene que el objeto del concurso que promueve la Administración efectivamente consiste en la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para la custodia del equipo e instalaciones del Instituto Costarricense de Ferrocarriles ubicadas en San José, Caldera, Limón, Siquirres, Leesville, Milla 36 y Moín. En el presente caso el objetante realiza un ejercicio en cuanto a lo que considera la insuficiencia de lo presupuestado por la Administración, partiendo del detalle de salarios mínimos de la Asociación Costarricense de

4 4 Empresas de Seguridad ACES, sin indicar cuál es la relevancia de este dato, es decir, explicar las razones por las cuales dicha fuente de información debe resultar vinculante para la Administración al momento de contratar un servicio de este tipo, posteriormente realiza un cálculo de rubros adicionales del precio a cotizar y sus porcentajes, que según su consideración se deben incluir en el precio de estos servicios, sin explicar de dónde provienen sus estimaciones en ese sentido. Con este ejercicio que realiza el objetante llega a la conclusión de que el monto resultante de sus estimaciones no alcanza para cumplir con la seguridad social ni legislación laboral del país, pero dicha afirmación no es respaldada con los datos indicados en la seguridad social y legislación laboral del país, se debe recordar que de acuerdo con el artículo 170 del RLCA el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, en este caso únicamente se realiza una afirmación en forma genérica, sin demostrar fehacientemente la manera en que el presupuesto estimado por la Administración no cubriría el mínimo legal que se debe cancelar por el tipo de servicios que se pretende contratar en este concurso. De igual forma, la referencia a anteriores concursos promovidos por la misma Administración para servicios similares, no demuestra el hecho de que lo presupuestado en el presente caso viole de alguna manera el ordenamiento jurídico con respecto al tema. Es decir, el recurso de objeción en este punto carece de la fundamentación que exige el artículo 170 del RLCA, al no demostrar cómo el punto del pliego de condiciones que objeta, violenta de forma alguna el ordenamiento jurídico aplicable en este caso. De igual forma, se debe observar lo indicado por la Administración en su respuesta a la audiencia especial brindada en donde hace referencia a la cláusula cartelaria 4.3 misma que le permite adjudicar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria e incluso indican que podrían realizar una adjudicación parcial en caso de que el presupuesto no fuera suficiente para la totalidad de los puestos. Por lo que viene dicho procede el rechazo de plano del recurso debido a la falta de fundamentación del mismo. Consideración de oficio: En lo que respecta al presupuesto que ha estimado la Administración licitante, se le recuerda a esta que de acuerdo a los artículos 8 inciso d), 9, 10 inciso a y 12 del RLCA, deberá incorporar al pliego de condiciones los correspondientes estudios que haya desarrollado para obtener la estimación actualizada del costo del objeto contractual así como la verificación de que se cuenta con el contenido presupuestario disponible para atender la erogación, de manera que se cuente con una certeza de que de acuerdo al análisis realizado por parte de la Administración efectivamente se cuenta

5 5 con el contenido presupuestario suficiente para la contratación del objeto. 2) Recurso de CSE Seguridad, S.A. a) Sobre el monto de las multas: Señala el objetante que con respecto al punto 16 del cartel en que se señala el porcentaje en base al cual se cobrarán las multas, solicitan que se haga una modificación al cartel en el sentido de que las multas se cobren sobre el monto del puesto en el que se incumple la falta y no por el monto mensual adjudicado. La Administración al respecto señala que el 0,1% del total mensual adjudicado es una suma que a criterio de la Administración guarda parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, resultaría la suma de ,67, si se adjudican a un solo oferente los 500 millones, de ser varios por líneas el monto es menor. Indican además que consideran que las multas tomando de base el monto de cada puesto de los oficiales resultarían sumamente bajas. Indican también que el recurrente no apoya su solicitud en ningún razonamiento técnico que demuestre una mejoría en la realización de su propuesta. Por lo cual solicitan que se rechace el recurso presentado. Criterio de la División: En este punto el objetante solicita que las multas establecidas en el pliego de condiciones no se cobren sobre la base del total mensual adjudicado sino sobre el monto del puesto en el que se incumple. Esta solicitud que realiza el objetante no se apoya en ningún tipo de razonamiento o criterio que explique el fondo de su solicitud, es decir, no se observa por parte del objetante una explicación por medio de la cual desarrolle las razones por las cuales considera que dicha modificación deba aplicarse, ni de qué forma la estipulación cartelaria violenta el ordenamiento jurídico o los principios fundamentales de la contratación administrativa y por lo cual debería ser modificada. Se espera del objetante un ejercicio argumentativo que lleve a este órgano contralor al convencimiento de que el punto del pliego de condiciones que se objeta constituye un obstáculo para la libre participación o va en contra del ordenamiento jurídico y por lo tanto debe ser modificado o removido, sin embargo en este caso dicho desarrollo del recurso, es precisamente lo que se extraña. Adicionalmente debe observarse que la Administración realiza una explicación de las consideraciones que tuvo para establecer en el pliego de condiciones el monto que es objetado, en el sentido de que esta considera que el porcentaje establecido guarda parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y que en caso de que se estableciera en la forma que lo solicita el recurrente, resultaría en un monto muy bajo, por lo cual siendo la Administración quien mejor conoce sus necesidades y que el objetante no acredita el motivo por el cual el monto de la multa debe ser variado, no se observa fundamentación suficiente para que se realice la modificación al pliego de condiciones en los términos solicitados. Por lo que viene dicho procede el rechazo de plano de este recurso en virtud de la falta de fundamentación con que es presentado

6 6 POR TANTO De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Se rechazan de plano los recursos presentados por las empresas GUARANTEE SECURE TRADE, S.A. y CSE SEGURIDAD, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2015LN , promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la contratación de servicios de servicios de vigilancia y seguridad para las instalaciones del INCOFER. 2) Se da por agotada la vía administrativa NOTIFÍQUESE Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado Bernal Rodríguez Cruz Fiscalizador NN: 8469 (DCA-1382) NI: 14049, 14304, G: