Mexicali, Baja California a quince de febrero del dos mil once.

Transcripción

1 ********** VS. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EXPEDIENTE 71/2009 RECURSO DE REVISIÓN Mexicali, Baja California a quince de febrero del dos mil once. V I S T O S los autos para resolver en definitiva en el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, el recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de la sentencia dictada el dieciocho de mayo del dos mil diez por la Primera Sala de este Tribunal, en el juicio contencioso administrativo número 71/2009, y... R E S U L T A N D O: I.- Que mediante escrito presentado el dieciséis de junio del dos mil diez la autoridad demandada interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia antes mencionada, el cual se admitió por haberse presentado en tiempo y forma. II.- Que mediante auto de admisión dictado el treinta de junio del dos mil diez, se ordenó dar vista a las partes por el término de cinco días para que manifestaran lo que a su derecho conviniese. III.- Que la sentencia impugnada, en sus puntos resolutivos establece: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio respecto de las autoridades Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General y Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del propio instituto, por los motivos expresados en el Considerando Segundo de la presente resolución. SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la negativa ficta recaída a la solicitud de jubilación presentada por la actora ante el Director General del instituto demandado el seis de octubre de dos mil ocho, por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto del presente fallo. TERCERO.- Se condena a la Junta Directiva del instituto demandado a que emita un acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos de esta resolución, resuelva conforme a derecho la solicitud de jubilación presentada por ********** el seis de octubre de dos mil ocho, ante la Dirección General del instituto demandado. CUARTO.- Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas. IV.- Que agotado el procedimiento de conformidad con lo ordenado por la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California se procede a dictar la resolución correspondiente, de acuerdo a los siguientes

2 C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO.- El Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California es competente para conocer el recurso de referencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 17, fracción II y 94 de la ley que lo rige. SEGUNDO.- Los argumentos en los que la parte recurrente sustenta sus agravios son los siguientes: PRIMERO: La sentencia de fecha 18 de Mayo de 2010, de donde emana los actos que se impugnan, transgrede el artículo 82 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. El artículo 82 de la citada Ley, dispone que las sentencias dictadas por el Tribunal no necesitaran formulismo alguno, pero deberán contener: I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido; II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y III.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos o resoluciones cuya validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se ordene, los términos de la modificación del acto impugnado, y en su caso, la condena que se decrete. A ello deben agregarse los requisitos que contempla el artículo 81, 82 y 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, que debe ser aplicado supletoriamente a la Ley del Contencioso Administrativo, los cuales establecen lo siguiente: ARTÍCULO 81.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTÍCULO 82.- Quedan abolidas las antiguas fórmulas de las sentencias, las que contendrán una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, la apreciación de éstas y las consideraciones jurídicas que sirvan de apoyo a la decisión. ARTÍCULO Las sentencias se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos según los jueces lo creyeren debido en conciencia. Una vez expuesto lo anterior, podemos decir que la resolución que se impugna la Magistrado de la Primera Sala omitió realizar una fijación clara y precisa de de los puntos controvertidos, no valoro correctamente las pruebas que se rindieron por las partes, no fundamento y motivo correctamente la sentencia y desde luego no sustento adecuadamente las consideraciones jurídicas que sirvieron de apoyo para emitir su resolución, y sobre todo no resolvió en conciencia, por lo que ante tal situación me permito exponer los siguientes agravios: A): Los razonamientos emitidos en el considerando SEXTO, deparan un perjuicio a la esfera jurídica de la suscrita, al determinar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se encuentra imposibilitado en virtud de no obrar en autos medio de convicción del cual se advierte el tiempo que ha cotizado para el Instituto demandado Si bien es cierto como lo indica la Sala en el considerando mencionado, lo cierto también es que a la parte demandada Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), se le tuvo por no contestada la demanda y se tienen por ciertos los hechos que esta parte actora le imputa entonces esta Autoridad debe tener por cierto que la actora cumple con el requisito de haber cotizado por lo

3 menos treinta años al Instituto demandado, máxime que la parte que conserva la documentación idónea para acreditar tal hecho, lo es el propio ISSSTECALI. Como lo podrá apreciar este Pleno de lo anteriormente manifestado se desprende que la Magistrada de la Primera Sala, si tiene elementos para acreditar que la actora cumple con el requisito de haber cotizado por lo menos 30 años al fondo de pensiones y jubilaciones de ISSSTECALI, por lo que al momento de dictar la sentencia no debió condenar a la Junta Directiva de ISSSTECALI únicamente a emitir un acuerdo en el que se resuelva conforme a derecho la solicitud de jubilación de la actora, si no que debió condenar a que dicha jubilación fuera otorgada toda vez que la parte actora cumple con los requisitos que establece la Ley de ISSSTECALI, para que proceda la solicitud de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios. B): Ahora bien la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo conculca el derecho de la parte actora a que le sea otorgada la jubilación solicitada, al manifestar estar imposibilitada de resolver el fondo del asunto planteado, toda vez que no existe constancia alguna que acredita que la actora a cotizado al menos 30 años en el fondo de pensiones y jubilaciones de ISSSTECALI, restringiendo así el derecho de la trabajadora a la seguridad social, condicionando a que acredite una responsabilidad del Instituto, ya que conforme al reglamento para el otorgamiento de pensiones, corresponde al Departamento de Jubilaciones y Pensiones del Instituto determinar si la trabajadora ha efectivamente cotizado para el Instituto durante el mínimo del tiempo requerido, violentando así los derechos a la seguridad social contenidos en el artículo 123 apartado B fracción XI de la Carta Magna, ya que si dentro del Juicio, la demandada Junta Directiva del ISSSTECALI no dio contestación a la demanda y se le tuvieron por ciertos los hechos imputados a ella, sería un absurdo y un impedimento ilegal que evitaría que la actora comenzara inmediatamente a recibir su derecho a la seguridad social. No pasa desapercibido que en todo momento el Instituto tiene la documentación e información necesaria para verificar las cotizaciones que la actora ha hecho al fondo de pensiones y jubilaciones del instituto demandado. TERCERO.- En el presente juicio el acto reclamado es una negativa ficta que se imputa a la demandada, luego de que la actora le presentó una solicitud de jubilación, por considerar que reunía los requisitos establecidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en delante el instituto o Issstecali, para gozar de dicha prestación. La solicitud de jubilación fue presentada al Director General de Issstecali el seis de octubre del dos mil ocho, por lo que al transcurrir más de sesenta días sin obtener respuesta de parte suya, la actora acudió ante la Primera Sala de este Tribunal, con promoción sellada de recibida el nueve de marzo del dos mil nueve, es decir alrededor de cinco meses después. En el segundo punto de hechos de su demanda, la actora sostuvo tener más de treinta años laborando en el servicio público y un lapso similar cotizando al Instituto, además de haber acompañado a su solicitud constancia de no adeudo emitida por la demandada y hoja de servicios, que constata que ha laborado al servicio del Poder Ejecutivo del Estado por más de treinta años. La Primera Sala declaró la nulidad de la negativa ficta y condenó a la Junta Directiva del Instituto, como autoridad competente, a atender la solicitud de la actora y a que emitiera un acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos de la sentencia, resolviera conforme a derecho la solicitud de jubilación presentada.

4 La sentencia consideró (foja 114) que no contaba con los elementos suficientes para resolver de fondo la pretensión del demandante, ya que (foja 113) afirmó no existe constancia en autos que acredite que el actor ha cotizado para el instituto demandado cuando menos por treinta años, a fin de demostrar que se cumple con el segundo requisito establecido en el artículo 67. Pese a lo anterior, la Sala aseguró: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del ISSSTECALI, en relación con lo establecido en el Instructivo de Operación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones, específicamente el Instructivo de Operación correspondiente a la Pensión por Jubilación, puntos 1 inciso a), 2 y 4 al 7, transcritos en los considerandos que anteceden, el trabajador sólo debe anexar a su solicitud la hoja de servicios expedida por la dependencia facultada para ello y corresponde a los departamentos de Pensiones y Vigencia de Derechos expedir y recabar la certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto por parte del solicitante de Jubilación, previo a elaborar el dictamen correspondiente. La autoridad no recurrió la sentencia y aun presentó una promoción en la que, anexando un oficio, pidió se le tuviera informando los trámites que está realizando en el caso, en vías de cumplimiento del fallo; en tanto, la actora se mostró inconforme y recurrió la sentencia, haciendo valer dos agravios, mismos que por su similitud es pertinente analizar conjuntamente. Nodalmente ambos agravios se duelen de que la Sala haya considerado que no contaba con elementos suficientes para resolver el fondo de la litis y no haya condenado a la autoridad a otorgar la pensión solicitada. En el primero la recurrente admite (foja 126) que no obra en autos prueba que indique el tiempo que ha cotizado al instituto, sin embargo anota: lo cierto también es que la parte demandada Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), se le tuvo por no contestada la demanda y se tienen por ciertos los hechos que esta parte actora le imputa entonces esta Autoridad debe tener por cierto que la actora cumple con el requisito de haber cotizado por lo menos treinta años al Instituto demandado, máxime que la parte que conserva la documentación idónea para acreditar tal hecho, lo es el propio ISSSTECALI. Como lo podrá apreciar este Pleno de lo anteriormente manifestado se desprende que la Magistrada de la Primera Sala, si tiene elementos para acreditar que la actora cumple con el requisito de haber cotizado por lo menos 30 años al fondo de pensiones y jubilaciones de ISSSTECALI, por lo que al momento de dictar la sentencia no debió condenar a la Junta Directiva de ISSSTECALI únicamente a emitir un acuerdo en el que se resuelva conforme a derecho la solicitud de jubilación de la actora, si no que debió condenar a que dicha jubilación fuera otorgada toda vez que la parte actora cumple con los requisitos que establece la Ley de ISSSTECALI, para que proceda la solicitud de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios. En su segundo agravio (misma foja), la recurrente añade: conforme al reglamento para el otorgamiento de pensiones, corresponde al Departamento de Jubilaciones y Pensiones del Instituto determinar si la trabajadora ha efectivamente cotizado para el Instituto durante el mínimo del tiempo requerido y puntualiza: dentro del Juicio, la demandada Junta Directiva del ISSSTECALI no dio contestación a la demanda y se le tuvieron por

5 ciertos los hechos imputados a ella, sería un absurdo y un impedimento ilegal que evitaría que la actora comenzara inmediatamente a recibir su derecho a la seguridad social. CUARTO.- Los agravios son infundados. Efectivamente, no obran en autos elementos suficientes para resolver de fondo la pretensión de jubilación de la demandante, como se procede a explicar. La cuestión a determinar en el caso es si se debe tener por acreditado que la actora ha cotizado por lo menos treinta años al Issstecali, a partir de que éste no contestó en tiempo la demanda, y a que ello debe generar como consecuencia que se le tengan por ciertos los hechos propios que se le hayan imputado en la demanda. En autos no hay constancia que precise con exactitud cuánto tiempo ha cotizado la actora al fondo de pensiones del instituto demandado; sólo se encuentra acreditado que la actora ha prestado sus servicios al Poder Ejecutivo del Estado por un tiempo superior a treinta años. saber: En su demanda la actora listó un total de tres hechos, a 1.- Que ingresó a laborar el cuatro de septiembre del mil novecientos setenta y dos al servicio del Poder Ejecutivo y que actualmente tiene el cargo de Directora de Educación Media de Base, compensación-a carrera magisterial y compensación (doble turno); 2.- Que: al cumplir la suscrita con los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Ley de Issstecali, es decir tengo mas de 30 años de servicio, y más de 30 años cotizados al Instituto, por tal motivo con fecha 06 de octubre del 2008, presenté al Director General del ISSSTECALI solicitud de jubilación ; 3.- Que al haber transcurrido más de sesenta días de que presentó su solicitud y no recibir respuesta ha operado la negativa ficta, establecida en el artículo 45 de la ley que rige a este Tribunal. El segundo punto de hechos es el que contiene el eje del caso: si la actora ha cotizado por más de treinta años al fondo de pensiones del instituto; sin embargo éste no está planteado en forma tal que se pueda entender que le imputa un hecho propio a la demandada, sino está narrado como un hecho personal de la actora. La confesión debe versar sobre hechos propios, de tal manera que la confesión ficta sólo puede producirse, en el caso que no se haya contestado en tiempo la demanda, cuando el actor le haya imputado de manera precisa hechos a la autoridad. Así lo establece el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a la letra indica: Artículo 51.- Admitida la demanda, se correrá traslado de ella a las partes para que contesten dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación

6 de la demanda, también será de quince días, a partir de aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que, por las pruebas rendidas, o por hechos notorios, resulten desvirtuados. Luego, la confesión ficta no puede producir ningún efecto práctico en relación al hecho sobre el que gira el juicio, porque la actora no le imputó ningún hecho propio a las autoridades demandadas, pero además el caso versa sobre una acción constitutiva de un derecho, no sobre una acción meramente declarativa. En ese tipo de asuntos, es necesario que el actor acredite reunir todos los requisitos que la ley de la materia establezca, para que este Tribunal pueda condenar a la autoridad administrativa a que se lo otorgue. En el caso, el artículo 67 de la Ley que rige a la institución demandada establece dos requisitos, para que proceda la jubilación de un servidor público afiliado: contar con treinta años de servicios e igual tiempo de cubrir las cuotas del fondo de pensiones, a ellos sólo habría que añadir una solicitud por escrito, que la actora si presentó. El numeral aludido a la letra establece: Artículo 67.- Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años de servicios e igual tiempo de contribución al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo definido en el Artículo 72 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado en último sueldo por haber causado baja. Es necesario acreditar ambos requisitos de manera indubitable, por el tipo de acción ejercida por la actora. Es pertinente reiterar que la propia actora admite, a foja 126, que no obra en autos prueba que indique el tiempo que ha cotizado al instituto, por lo que no es posible condenar a la autoridad a que le otorgue la prestación que le reclama. En cambio, sí se encuentra acreditado que la actora prestó sus servicios por un periodo de por lo menos treinta años al Poder Ejecutivo y resulta irrelevante precisar su antigüedad exacta, pues en su constancia de servicios (fojas 6 a 11), registra su ingreso el cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y dos (1972), pero sólo se le reconoce a partir del tres de diciembre de ese mismo año; ambos lapsos, al mes de octubre del dos mil ocho, en que presentó su demanda, son muy superiores a los treinta años, que fija como mínimo la ley de la materia. Así, los agravios planteados por la actora son infundados y es procedente confirmar la sentencia de Sala controvertida.

7 Por lo antes expuesto y fundado y con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 94 de la ley que rige a este órgano jurisdiccional, es de resolver y se R E S U E L V E: PRIMERO.- Son infundados los agravios y, en consecuencia, se confirma la sentencia de Sala. SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad demandada. Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados Licenciados Martha Irene Soleno Escobar, René Aguilar Samaniego y Alberto Loaiza Martínez, siendo ponente éste último, mismos que firman ante la presencia de la Secretaria General de Acuerdos Licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, quien da fe.

8 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, RELATIVA AL RECURSO DE REVISION PROMOVIDO EN EL EXPEDIENTE 71/2009, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN SIETE FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. DOY FE.