RECURSO No JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA

Transcripción

1 RECURSO No JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- Quito, a de marzo de 203. Las H VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 202 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 202 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, tanto el Ing. Edwin Palma Echeverría, en calidad de Director Financiero Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como el Ab. Diego Pereira Orellana, en calidad de Procurador Judicial del Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano y del Dr. Fabián Andrade Narváez, Procurador Metropolitano, representantes legales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante sendos escritos de 5 y 6 de abril de 20, interponen recursos de casación en contra de la sentencia de mayoría dictada el 7 de marzo de 20, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de impugnación N deducido por el Ing. Jorge Fernando Carrera Benítez en calidad de representante legal de la Empresa INMOBILIARIA PARLADE S.A., en contra del Director Financiero Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El Tribunal Distrital mediante providencia de 8 de abril de 20, concede los recursos; subidos que han sido los autos para su aprobación o rechazo esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, mediante providencia de 3 de mayo de 20 los admite a trámite y pone en conocimiento de la Empresa para que dé cumplimiento a lo que establece el Art. 3 de la Ley de Casación. La Empresa INMOBILIARIA PARLADE S.A. lo ha contestado el de mayo del mismo año, la Dirección

2 Metropolitana Financiera Tributaria ha fijado domicilio. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia se considera: PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver los recursos en conformidad con el Art. 84 numeral de la Constitución vigente, en concordancia con el Art. de la Codificación de la Ley de Casación y numeral, parte II del Art. 85 del Código Orgánico de la Función Judicial SEGUNDO.- El Ing. Edwin Palma Echeverría, Director Metropolitano Financiero Tributario del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, fundamenta su recurso en las causales primera y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación; sostiene que se ha aplicado erróneamente el Art. 4 de la Ley de Compañías, cuando en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, se ordena que se equipare el concepto de capital social al de capital operacional, pese a que su connotación jurídica y económica es distinta, además dice que, la norma enunciada no hace alusión al capital social sino a los Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los socios. Que se ha interpretado erróneamente el Art. 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, vigente para los ejercicios fiscales 2006 y 2007, que regula el impuesto de patente municipal. Insiste en que, la Sala Juzgadora al resolver el caso, interpreta en contra de la ley el término capital operacional, y lo asimila a capital social. Que no se ha aplicado el Art. 273 del Código Tributario, que regula lo concerniente a la motivación de la sentencia. Que tampoco se ha aplicado el Art. 9 de la Ley de Casación, al desconocer la existencia de tres fallos referentes al tema, que son precedentes jurisprudenciales emitidos por la Ex Corte Suprema de Justicia. Que se ha tomado una decisión incompatible al disponer que se proceda a realizar las determinaciones del impuesto de patente municipal con sujeción a la Ley Orgánica de Régimen Municipal y a la Ley de Compañías, obligando a la Administración Municipal a que realice tales liquidaciones con sujeción al Art. 4 de la Ley de Compañías que, se refiere a los Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los socios, en consecuencia Cómo se puede aplicar una

3 norma que en su contenido se refiere a asuntos diferentes a los discutidos en la litis?. Tal proceder confunde a la Administración Tributaria Municipal, que ha actuado conforme a derecho, la resolución desconoce la autonomía que en materia tributaria tienen los gobiernos seccionales y la supremacía que tienen las leyes tributarias ante otras normas de carácter general según lo establece el art. 2 del Código Tributario. Que además la Ordenanza Metropolitana N 035, publicada en el Registro Oficial N 524 de 5 de febrero de 2005 vigente para el ejercicio económico del que se trata la controversia, en su Primera y Segunda Disposición General señalan claramente que el capital con el que operen las Compañías ha de ser la base imponible para el cálculo del impuesto a la Patente Municipal. Solicita se tenga en cuenta el Art. 0 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y se ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida TERCERO.- El Ab. Diego Pereira Orellana, en calidad de Procurador Judicial y en representación del Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde Metropolitano y del Dr. Fabían Andrade Narváez, Procurador Metropolitano, en un escrito exactamente igual al anterior, fundamenta su recurso en similares términos a los que argumenta el Director Metropolitano Financiero, y esgrime las mismas causales e igual pretensión CUARTO.- El señor Jorge Fernando Carrera Benítez representante legal de la Compañía INMOBILIARIA PARLADE S.A., en la contestación a los recursos propuestos manifiesta que, los escritos no cumplen los requisitos formales exigidos en el Art. 6 numeral de la Ley de Casación; en el de 05 de abril de 20 la Autoridad recurrente no hace mención a la hora en que se dictó la sentencia, siendo ello un dato importante para su individualización, que tampoco se enumeran a todas las partes procesales al omitir a los señores Alcalde y Procurador del Distrito Metropolitano de Quito. Que en la interposición del recurso se señala como causal para su fundamentación la errónea aplicación de normas de derecho y en particular el Art. 4 de la

4 Ley de Compañías, que el número del articulado que se ha hecho mención en la sentencia es irrelevante y bien puede ser considerado un error de derecho susceptible de ser subsanado por el juzgador, según lo dispone el Art. 280 del Código de Procedimiento Civil. Que la norma que encuadra el criterio del Tribunal Juzgador es la del Art. 02 de la Ley de Compañías y que por lo mismo debe aplicarse para interpretar el Art. 365 de la entonces vigente Ley Orgánica de Régimen Municipal en lugar de la Disposición General Primera de la Ordenanza Municipal N 035, dictada por la Autoridad Municipal para regular el impuesto de patente municipal. Que no existe diferencia en los conceptos de capital que el recurrente pretende forzar, puesto que, el capital es uno solo y es el monto conformado por los aportes de los socios o accionistas. Continúan manifestando que, del análisis objetivo de la sentencia se puede observar que ha resuelto todos los puntos sobre los que se trabó la litis, según lo dispone el Art. 273 del Código Tributario y los artículos 273, 274 y 275 del Código de Procedimiento Civil. Que la Administración Municipal objeta la sentencia, porque la Sala Juzgadora no ha realizado el control de legalidad del acto administrativo impugnado al que se refiere el Art. 273 del Código Tributario referido, pero si la Resolución está siendo desechada por completo, el fallo se convierte en el mejor control de legalidad que puede hacer el órgano jurisdiccional por cuanto dicho acto administrativo, desconoce la jerarquía de las leyes en el Ecuador al aplicar una Ordenanza Municipal por demás arbitraria y abusiva en cuanto a determinar el impuesto de patente municipal. Que el recurrente se ampara en la causal ra. del Art. 3 de la Ley de Casación en la falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales obligatorios, fundamentada en la falta de aplicación del Art. 9 de la Ley de Casación, que esta fundamentación está equivocada ya que, desde la vigencia del Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia (publicado en el Registro Oficial N 5 del 2 de enero de 2009) y la Resolución s/n sobre la Creación del Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia, como Unidad Administrativa Especializada, bajo la dependencia del Pleno de la Corte Nacional de Justicia

5 (publicado en el Registro Oficial N 572 de 7 de abril de 2009), para que un criterio emitido por cualquiera de las Salas pueda considerarse como fallo de triple reiteración con efectos obligatorios, debe haberse cumplido el procedimiento previsto en el Art. 5 de las mencionadas normativas, lo que no ha sucedido respecto de las sentencias mencionadas en el Acápite IV.4 del escrito de interposición del recurso. Que la sentencia ha decidido todos los puntos sobre los que versó la litis, sin excederse de su campo de acción, limitado por las pretensiones y las excepciones planteadas por las partes, por lo que no existe vicio de congruencia alguno en la sentencia recurrida. Dice que, en los recursos afirman que la sentencia adopta decisiones contradictorias o incompatibles, porque hubo un lapsus en la mención del articulado, el que corresponde al precepto de la Ley de Compañías que define el término capital y que éste puede ser subsanado por el juzgador en virtud del principio iura novit curia consagrado en el Art. 280 del Código de Procedimiento Civil, lo que debe aplicarse es lo que la norma dispone, no la errada o acertada numeración hecha, por lo que considera no existe tal incongruencia o incompatibilidad. Por todo lo expuesto solicita rechazar el recurso propuesto y confirmar la sentencia pronunciada por la Sala Juzgadora. En el mismo escrito, contesta el recurso presentado por el Procurador Judicial del Alcalde y del Procurador, representantes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, considera que presenta las mismas falencias que el interpuesto por el Director Metropolitano Financiero Tributario, por cuanto es una fiel copia del recurso anterior, tampoco cumple con los requisitos determinados en el Art. 6 numeral de la Ley de Casación, por lo que solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, confirmar la sentencia dictada por la Sala Juzgadora QUINTO.- El recurso de casación, dado su carácter extraordinario, corrige errores en la concepción del derecho (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas jurídicas) que pudiera darse en una sentencia, es sin duda una verdadera demanda a la

6 validez de la misma y es estrictamente formalista. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia debe analizar si la sentencia de mayoría dictada el 7 de marzo de 20, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N, ha cometido las deficiencias que el recurrente manifiesta, por lo que es pertinente realizar las siguientes consideraciones: 5..- Lo primero que debe afrontarse es, lo referente a la falta de motivación, porque de ser cierto la aseveración hecha por el recurrente, dicha omisión produciría la nulidad de la sentencia al tenor de lo ordenado en el Art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República, que ha sido esgrimida como motivo del recurso y enmarcada en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, conforme trata de sostenerlo en su escrito de casación que es un tanto obscuro. Dicha norma establece que: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (el subrayado pertenece a la Sala); A su vez, el segundo inciso del Art. 273 del Código Orgánico Tributario, en la parte pertinente establece que: La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o actos impugnados ; de la norma constitucional y legal transcritas se evidencia la trascendencia que tiene la motivación de las resoluciones en general y de las sentencias en particular; es una operación lógica en la que se confronta los hechos probados por las partes en el proceso, con el derecho, esto es la normativa constitucional legal y de menor jerarquía aplicable, que sirve de base para una decisión acertada del Juzgador. En la especie, el Tribunal ha hecho una recopilación del texto de la demanda y de la contestación, se valoran las pruebas y posteriormente se realizan varias consideraciones para la toma de la

7 decisión, que resulta coherente y lógica, aunque no siempre acertada, en consecuencia, no porque la sentencia sea contraria a los intereses de la demandada puede argumentarse que no está debidamente motivada, por tanto se inadmite esta causal (5ta.) argumentada por el recurrente SEXTO.- Sobre la impugnación principal a la sentencia, que atañe al fondo mismo del asunto y que la Administración recurrente ha esgrimido como errónea aplicación de los artículos 4 de la Ley de Compañías y el 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal aplicables a los ejercicios 2006 y 2007 (causal ª.), se hacen las siguientes consideraciones: 6..- La Empresa actora con los argumentos que obran de la demanda, impugna la Resolución N 209 emitida por la Directora Financiera de Rentas del Distrito Metropolitano de Quito y el principal argumento de impugnación de la compañía es que la determinación realizada por parte del Municipio de Quito respecto al Impuesto a la Patente Municipal 2006 y 2007, no podía hacerse sobre el patrimonio de la Empresa, pues la Compañía INMOBILIARIA PARLADE S.A., tiene un capital social de USD $ ,00 y solamente sobre dicho valor puede cobrarse la patente al tenor de lo dispuesto en el Art. 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que faculta para que el Concejo mediante Ordenanza establezca la tarifa del impuesto anual en función del capital de los sujetos pasivos, limitándose al capital con que operen dentro del cantón ; sobre el tema, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia en casos similares ( , 9-20, entre otros) ha sostenido que la Ordenanza Metropolitana N 035 que regula este tributo, al amparo de lo dispuesto por Art. 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal que le faculta a ello, en su ª Disposición General señala: Para la aplicación de la siguiente Ordenanza se considerará el capital con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón, al resultado de la diferencia entre el total de activos y el total de pasivos.. Concluye en la Disposición General 2ª: Para el cálculo del impuesto de patente, el capital operacional que servirá de base imponible para determinar el monto del tributo, será el año inmediato anterior

8 del período por el cual se cobra Por tanto, el capital con el que operen que señala la norma transcrita o el capital operacional en los términos empleados por la Autoridad Tributaria Municipal, no es el mismo, igual o equivalente al capital social previsto en otros cuerpos legales como la Ley de Compañías o el Código de Comercio. Es facultativo y pertinente entonces, que los Concejos Municipales en uso de su atribución constitucional y legal de expedir Ordenanzas, definan el alcance de la frase capital con el que operen previsto en la ley Para el caso concreto, la Resolución N 209 de 30 de noviembre de 2007, emitida por la Dirección Financiera de Rentas, aplica la Ordenanza 35 y calcula las patentes de los años 2006 y 2007 en disputa, en base al patrimonio neto de USD $ ,9 y USD $ ,29 obtenidos de los estados financieros de los años 2005 y 2006 respectivamente. Por lo expuesto se concluye que la Sala Juzgadora incumplió las normas jurídicas argüidas por la Autoridad Tributaria Municipal, por lo que se confirma la causal ª. del Art. 3 de la Ley de Casación por la falta de aplicación que la Sala Juzgadora ha hecho del Art. 365 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y de la Ordenanza Municipal N 35 que la regula Como consecuencia de lo anotado, esta Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta el recurso de casación y confirma la validez de la Resolución N 209 de 30 de noviembre de 2007, emitida por la Dirección Financiera de Rentas del Distrito Metropolitano de Quito. Notifíquese, publíquese, devuélvase. ff) Señores: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua JUEZ NACIONAL; y, Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.

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