Cuenta Pública 2013 Rendida por el Contralor General de la República Ramiro A. Mendoza Zúñiga Lunes, 26 de mayo de 2014

Transcripción

1 Cuenta Pública 2013 Rendida por el Contralor General de la República Ramiro A. Mendoza Zúñiga Lunes, 26 de mayo de 2014 Consideraciones Generales El 17 de mayo del año pasado volvimos a Rendir Cuenta en nuestra Casa. Lo hicimos en el Hall Central de nuestro Edificio Principal, hoy lo hacemos en el lugar tradicional en el que esta Institución ha hecho esta rendición y creemos que esta actividad es el broche de oro para darlo por inaugurado. Esta nueva Sala Multiuso, completamente renovada, va cerrando el círculo de mejoras que comenzaron el año 2007 en la infraestructura de nuestra Entidad, en su sede central y en casi todas las instalaciones regionales y es puesta a disposición de todo Servicio Público y de organizaciones de la sociedad civil que la requieran, como toda nuestra infraestructura. En esa actividad nos acompañó el entonces Presidente de la República, a quien agradecimos por su presencia y le deseamos éxito en los caminos que decidiera emprender a partir del 11 de marzo de este año fue quizás la primera despedida al ex Presidente y algunos dirían que demasiado anticipada-. Hoy volvemos a agradecer, esta vez a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que nos vuelve acompañar ya por tercera vez y le deseamos éxito en su rol de Jefe del Estado, que nuevamente ha asumido desde hace 77 días, y le manifestamos que, sin disminuir ni opacar nuestro rol de Entidad Superior de Control, estamos empeñados en abrir una vertiente esencial de colaboración en las mejoras que puedan llevarse a cabo por los Gobiernos, pues por nuestra actividad, somos los testigos fundamentales de las mejores experiencias de la Administración y también, los detectores de las peores prácticas que allí pueden realizarse. Esta información debidamente disponibilizada nos convierte en socios principales de las mejoras en el buen gobierno y en las prácticas de buena gobernanza. Nos interesa que a la Administración, cualquiera sea su sello, le vaya bien. A eso encaminamos nuestros principales esfuerzos. Quiero asimismo expresar mi agradecimiento por la asistencia de todos ustedes a este ejercicio democrático, social, legal y necesariamente participativo en su consecuencia. Decíamos el año pasado que las cuentas públicas son el ejercicio principal de rendición de cuentas, pero advertíamos también que no siempre tenemos clara la trilogía de contenido, utilidad y destinatario. Todas resultan diferentes en su contenido, no siempre vislumbramos la utilidad del ejercicio y, por cierto, aún no hemos advertido quien es destinatario último del ejercicio, si quienes conformamos lo público o si son para el público, el ciudadano, quien tiene el derecho de escudriñar el ejercicio de nuestras competencias y que requiere con urgencia la necesaria preparación para el correcto ejercicio del mismo. No tenemos duda que el destinatario es el ciudadano, así lo expresa con absoluta claridad el artículo 72 de la Ley en cuanto señala que Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo 70. En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada anteriormente. Las cuentas que suponen información relevante, completa, oportuna y accesible puesta con anterioridad a disposición del público debiesen ser el resultado de las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos del Ente y, por lo mismo abarcar tanto los éxitos como los fracasos de aquellas actividades, siempre de cara a los presupuestos respectivos, única manera que sean rendiciones de cuentas y no panegíricos de buena administración. 1

2 Ello lleva a un desafío distinto del rol de nuestra fiscalización, las Cuentas Públicas deben auditarse. Ha de verificarse lo que los servicios dicen en sus Cuentas, escrutarse del lado de ciudadano, de tal manera de que estas sean confiables y ciertas en su contenido. En ese sentido, el legislador debe cooperar en el restablecimiento de la confianza del ciudadano en el Estado y, en el mismo espíritu con el cual se está tramitando la Ley de Probidad en la función pública, que unifica y aclara la legislación dispersa acerca de las declaraciones de interés y patrimonio, debería instarse por unificar la disgregada legislación que se refiere a las cuentas públicas de la Administración en cualquiera de sus manifestaciones incluyendo ciertamente al mundo municipal y regional-, estableciendo un contenido mínimo, un espacio temporal máximo y contemplando un régimen adecuado de fiscalización y sanciones para el cuentadante temerario. Las cuentas como herramientas de rendición son para el ciudadano, a quien debemos convocar y facilitar en su participación y a quien debemos responder lo que aquel nos requiera una vez que se rinda. Hasta ahora sólo he visto estrenado el cumplimiento de este deber, a cabalidad, en la última Cuenta que rindió el Consejo para la Transparencia. Esta Cuenta también se disponibilizará para sus comentarios y participación ciudadana en nuestra página web, sometiéndonos voluntariamente al cumplimiento de esta obligación. Esta Cuenta que rindo, está ya subida en nuestro Portal Institucional ( y en esta presentación quiero referirme principalmente a aspectos esenciales que pueden deducirse o extraerse de las cifras e información que contiene ese documento y prometo no abrumarlos de datos que sin el contexto de su génesis, suelen ser poco amables en su inteligencia y promueven el desaliento y la mirada frecuente a sus relojes. Quienes vienen a esta actividad tienen como derecho humano esencial no ser agredidos de números. Así lo he hecho en ocasiones anteriores y así espero parcialmente cumplirlo hoy. Algunos datos relevantes En la función jurídica: se emitieron pronunciamientos jurídicos; Se tomó razón de documentos analizados, de los cuales corresponden a materias de personal; se registraron documentos electrónicamente y 346 entidades fueron validadas en el correcto registro de los actos administrativos exentos. Se ha consolidado el uso del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), con el aumento de un 149,2% de documentación registrada electrónicamente y se ha dado inicio al SIAPER Registro Electrónico en municipalidades con 24 pilotos a nivel nacional. En la función de auditoría: hubo 939 entidades fiscalizadas, correspondiente al 30,7% del universo fiscalizable; se fiscalizaron obras, que corresponde a un universo de 21,0% de muestra fiscalizada sobre un universo de M$ ; 616 investigaciones especiales finalizadas; denuncias y sugerencias de fiscalización ingresadas por el Portal Contraloría y Ciudadano, de las cuales un 57,5% derivó en actividades de fiscalización, lo que viene a significar la consolidación de este Portal que considera un aumento de un 138,9% de requerimientos de fiscalización de ciudadanos; se han realizado alrededor de 300 procedimientos disciplinarios. Y quizás lo que resulta más significativo es que los servicios públicos han subsanado más de observaciones que en fiscalizaciones ha formulado Contraloría, lo que hoy es posible medir a través de las acciones sistemáticas de seguimiento. Hay voluntad de corregir y no vocación de corrupción. La complejidad que amarra cada nueva decisión legislativa tiene un costo de ilegalidad que implican las crecientes brechas de capacidades en nuestra Administración, hoy es posible intervenir en ello, si no lo hacemos estaremos generando un espacio amplio para prácticas contrarias a la probidad. En la función contable: se emitieron 116 instrucciones contables para la Administración del Estado; se han realizado 69 actividades de capacitación en materia contable, con un total de funcionarios públicos capacitados; se ha avanzado y está en proceso de consolidación el desarrollo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, con el concurso y participación activa de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, las Entidades que se verán impactadas y la capacitación del 2

3 personal de finanzas de la Administración, con un 78,3% de avance en su implementación, alineándonos de este modo con las recomendaciones de la OECD y con los principales centros presupuestarios de las mejores economías del mundo. Ya hay 13 entidades piloto en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP); en el orden municipal, al año 2013, el 71,6% de los municipios estaba con su Información Contable y Presupuestaria al día y disponibilizada en nuestra página, esto debido, principalmente por la implantación del Indicador Presupuestario Municipal (conocido como Semáforo Municipal), que registra un sostenido y permanente cumplimiento de los municipios, a quienes se les ha colaborado in situ para su mejor desarrollo (y en lugares tan remotos como Tirúa, Timaukel e Isla Juan Fernández). A lo anterior se suma una serie de Informes Analíticos emitidos en materia de fondos públicos gastados en el sistema universitario chileno, y estudios analíticos presupuestarios respecto de algunas universidades estatales en particular. Ha existido una profusa colaboración con las Universidades Estatales y se intensificó fuertemente nuestro vínculo con las empresas públicas, las sociedades del Estado e Institutos Corfo, aportando calidad y oportunidad de la información financiera y presupuestaria de estas Entidades. En la función Jurisdiccional: en el seno de esta Entidad Superior de Control y por razones que van de la mano con su origen, existe una jurisdicción especializada que recae en el Tribunal de Primera Instancia, que ejerce la Subcontralora General de la República y el Tribunal de Segunda Instancia, órgano colegiado que integra el Contralor o alguno de sus representantes y dos jueces integrantes externos de la Institución. Este Tribunal está sujeto a la Superintendencia directiva, correccional y económica de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en cuya virtud aquella conoce los recursos de queja que se formulen en contra de sus decisiones. Como expresión de autonomía, funcionalidad, de ausencia de conflictos de interés y sustantivo debido proceso, este Contralor ha declinado la integración periódica del mismo y existe un Acuerdo del Tribunal de Segunda Instancia que reconoce anticipadamente quiénes son mis representantes, ninguno de los cuales ejerce funciones de control externo. En el ejercicio de esta función el año 2013, las unidades que realizan Control Externo han presentado reparos por UTM al Juzgado de Cuentas, persiguiendo la responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios o ex funcionarios que hayan causado daño al patrimonio público, lo que representa un aumento del 9,0% de reparos ingresados, y de un 8,1% de Juicios de Cuentas iniciados. Agradezco a todos quienes realizan esta función por su desinteresado y valioso compromiso, especialmente a los integrantes externos del Tribunal de Segunda Instancia, todos destacados académicos de Derecho, que nos dan un valioso aporte externo. En materia de Gestión Interna y de nuestras relaciones con terceros, creo que es pertinente dar cuenta de cifras relevantes para nuestra Institución: personas ingresaron sus datos para trabajar en Contraloría General de la República, y fueron contratados 179 nuevos funcionarios, siendo un 75,4% profesional, lo que representa un incremento de 11,3% de profesionales respecto de Huelga destacar que estos profesionales, provenientes de las mejores promociones de sus universidades, han asumido mayoritariamente el desafío y compromiso de trabajar en Regiones. Se han realizado 125 actividades de colaboración y cooperación con entidades internacionales, manteniendo en la actualidad 6 convenios vigentes de colaboración con otras Entidades Superiores de Control, con la República de Bolivia, del Paraguay, del Perú, Francia, Argentina (con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires) y con la República de Colombia. De estos países, cuatro de ellos han suscrito convenios con nosotros para adquirir la implantación y capacitación en la metodología sistematizada de auditoría de la Contraloría General de la República (SICA). Existen tres Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales (BID, GIZ y BANCO MUNDIAL), a quienes agradecemos muy especialmente por la colaboración que ha dado el espacio para la implantación de nuevas modalidades de trabajo en la Contraloría. Se han realizado por Contraloría General 183 actividades externas, con un total de funcionarios públicos capacitados. La mayoría de estas actividades desarrolladas en nuestros auditorios institucionales, que, además, se facilitan gratuitamente a los servicios que los requieren, y que abriremos en su uso a las entidades de la sociedad civil que los demanden, en Santiago y en cada una de nuestras nuevas sedes regionales. 3

4 Hubo de accesos al Portal Institucional, más que en En este orden de ideas también destacamos que las solicitudes de acceso a la información han aumentado en un 21,5% respecto del año anterior. Hemos tenido un avance de 69,4 % en el proyecto de mejoramiento de infraestructura institucional, siendo un 68,1% a nivel regional y un 70,3% en nivel central. Actualmente, se encuentran en construcción la sede regional de Los Ríos y la sede regional de Arica y Parinacota, obras que finalizarán durante el año Por otro lado, se adquirió el terreno donde se construirá la sede regional de Antofagasta, la que ya cuenta con anteproyecto aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, y se licitará el primer semestre de este año. Durante el año 2013, finalizaron las obras de remodelación de la División de Auditoría Administrativa y del Tribunal de Cuentas, incorporando mejores condiciones laborales para cerca de 208 funcionarios y, adicionalmente, se iniciaron las obras de remodelación del Archivo General, en el segundo subterráneo de Teatinos N 56, y del Hall de Acceso y Salón Multiuso, en el primer piso de Teatinos N 78, obras que ya están terminadas. En materia de tecnologías de la información, se ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos fijados hace cuatro años. Esto es potenciar el uso intensivo de sistemas computacionales por parte de los funcionarios de la Institución, permitiendo el trabajo en línea en programas informáticos nacionales y reduciendo los tiempos de respuestas a la ciudadanía, además de mejorar la gestión interna de la Institución. Es por lo anterior que este organismo ha creado distintos sistemas informáticos para el cumplimento de la misión institucional, entre los que podemos destacar: SIAPER, SISTRADOC, SICA, Cariátides (GEO-CGR), Hermes, Themis y Hefestos 2.0 y ha fomentado el desarrollo de sistemas interoperables que permitan el desarrollo analítico de información de todos los productos de la entidad para la mejor toma de decisiones (DELFOS) en el ámbito regional y central. El establecimiento de ejes relevantes y las actividades principales que se han desplegado En nuestra anterior cuenta pasamos revista a ejes esenciales de nuestra actividad, marcados por nuestro fortalecimiento institucional, el fomento de la probidad, la transparencia y la participación ciudadana. Ellos hoy se han encarnado en el desarrollo participativo con que nació nuestro Plan Estratégico, que nos ha facilitado alinear el trabajo de nuestros funcionarios, con resultados útiles para la sociedad y con conciencia clara de nuestra Visión, Misión y Objetivos Estratégicos comprendidos y compartidos por cada uno de nosotros el año Nos hemos dado cuenta de la necesaria calidad y urgencia u oportunidad de nuestra intervención. Ni el control, ni la intervención jurídica que nos corresponde deben ser mirados como una barrera impeditiva, dificultosa, entrabante. No es la mirada que debe tener el funcionario, ni el ciudadano. Para el primero debemos ser garantía de trabajo bien hecho y para el segundo somos el depósito de confianza de que los recursos gastados son los que corresponden. Nuestro valor principal debe estar en la colaboración oportuna a la Administración, la protección al ciudadano, y el resguardo en la aplicación de un derecho público unitario por todos los entes del Estado, en todos los lugares de Chile. A todos estos propósitos están orientados los múltiples productos que se han disponibilizado en nuestro Portal web (banner de Unidades de Control Interno; banner de Asociativismo Regional y Municipal; banner de SIAPER; banner de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP-; y, los servicios puestos a disposición por ese medio como Contraloría y Ciudadano (que permite denuncias y sugerencias de fiscalización en línea); la Consulta de Trámite en Línea; el servicio de capacitación a Instituciones Públicas; el portal de Ley de Transparencia; los Estudios Remuneratorios y la provisión de Escalas de remuneraciones; el banner de opinión respecto de nuestro servicio, instalado como resultas de nuestro compromiso ante la OEA-Mesecic; y, por supuesto, el Portal de Anticorrupción esfuerzo conjunto de coordinación interinstitucional que llevamos a cabo con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo-) y que queremos expandir a la Unidad de Análisis Financiero y a la Fiscalía Nacional Económica. Agradecemos a las Entidades señaladas por las labores conjuntas desplegadas). 4

5 Este diagnóstico y sus productos tienen una génesis principal que culminó el año pasado: la evaluación OECD, los pasos que se dieron para llevarla a cabo y los caminos que se han comenzado a recorrer al mérito de sus recomendaciones. También son resultado de consolidaciones que se producen por actividades anteriores que han supuesto largos desarrollos (como SIAPER). Y están en camino desarrollos pendientes, anunciados y que aún no podemos poner a disposición del ciudadano. Pero también es necesario tener a la vista situaciones que pueden dificultar nuestra actividad y que deben ser expuestas en esta única instancia. En estos tópicos nos detendremos en las líneas que siguen. El Informe OECD y su impacto en la Contraloría General Que nos vean! Que nos cuestionen! Que nos ayuden a mejorar! Así rezaba un parágrafo de la cuenta pasada. Y nos referíamos al inicio de la revisión OECD. Materializando los conceptos de transparencia y rendición de cuentas plasmados en el Plan Estratégico institucional, en septiembre de 2012 la Contraloría General firmó un acuerdo en virtud del cual se sometió a una revisión por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. Este acuerdo surgió en un momento en que diversos estudios internacionales, entre ellos los de la propia organización revisora, advierten que uno de los mayores problemas que están enfrentando las democracias del mundo es la pérdida de confianza de los ciudadanos y que, en ese contexto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores -como la Contraloría-, deben jugar un rol clave para las democracias y la buena gobernanza en los países, ya que su independencia les permite tener una mirada objetiva y servir como punta de lanza para las mejoras, así como una alarma frente al surgimiento de riesgos que puedan afectar la gobernabilidad. En efecto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en general, y la Contraloría en el caso chileno, tienen un rol central en la recuperación de la confianza en los gobiernos e instituciones, por medio de acciones tales como asegurar la accesibilidad y usabilidad de los datos, perseguir las responsabilidades administrativas de las acciones contrarias a la ley y servir de fuente primaria para la rendición de cuentas, la capacitación y la preparación técnica de las autoridades. Para cumplir adecuadamente con esas tareas estas entidades han de estar dispuestas a adaptarse a los nuevos estándares de transparencia, exigibilidad y responsabilidad que los ciudadanos reclaman. Es en ese contexto que la Contraloría decidió someterse a una evaluación amplia, en la que un tercero imparcial pudiera mirar desde afuera y analizar objetivamente nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, desde un punto de vista estratégico. Esta mirada fue necesaria y hoy, una vez que hemos comenzado a ver los frutos del trabajo realizado, ha demostrado su utilidad como guía en la etapa que se abre con la entrega de los resultados obtenidos. El año 2013 fue el momento en que el acuerdo con la OECD entró en etapa de implementación, de modo que fueron múltiples las actividades desarrolladas y los productos obtenidos. El trabajo se inició con un amplio estudio de la literatura relacionada con el trabajo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, así como de las bases de datos que contienen información sobre estas entidades, lo que fue complementado con la recopilación de información comparativa del trabajo de 13 Entidades Fiscalizadoras Superiores que aceptaron participar de este estudio, a saber: Australia, Brasil, Corea, Costa Rica, Dinamarca, España, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, Sudáfrica y la Corte Europea de Cuentas. Con esto, la OECD pudo definir el estado del arte en materia de control gubernamental a nivel mundial, todo lo cual sirvió como insumo y parámetro para la evaluación realizada. A continuación, se procedió a una revisión de antecedentes específicos sobre la Contraloría libros y tesis, artículos académicos, legislación, cuentas públicas, entre otros que permitieron efectuar un mapeo institucional y habilitó a la OECD para conocer adecuadamente la posición, rol y funciones de la CGR en el contexto chileno. Paralelamente, la Organización realizó una nueva visita al país en el mes de abril, oportunidad en la que entrevistó a diversos actores relacionados con el quehacer de la CGR, tanto en Santiago como en Punta Arenas. Así también aprovechó para conversar con directivos y funcionarios de la Contraloría, a nivel central y regional. Como resultado de estas actividades se entrevistó a 66 actores externos (del Gobierno, del Congreso, de Tribunales, de Organismos autónomos, de Gobiernos Locales, de la Sociedad Civil, de la Prensa y del mundo académico). Entre el 8 y 9 de julio del año pasado, se desarrolló junto a la OECD un taller que contó con la participación de 29 invitados nacionales y extranjeros. Participaron en dicha instancia los titulares de las 5

6 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Colombia, Sudáfrica y Perú, además de funcionarios directivos de Brasil, Corea, Italia, México y la Corte Europea de Cuentas. Durante las jornadas de trabajo, que contemplaron ponencias y rondas de análisis de los distintos participantes, se reflexionó y debatió sobre la importancia de establecer vínculos de cooperación entre los organismos de control gubernamental y con otras entidades, así como también el fomentar lazos con los usuarios para elaborar en conjunto estrategias de control eficientes y oportunas, el mejoramiento de la capacidad de comunicar la labor que se realiza y la definición de mecanismos que promuevan buenas prácticas y permitan evaluar la gestión organizacional. Entre las conclusiones del encuentro se destacaron cuatro puntos centrales: i. Los nuevos desafíos de las EFS en cuanto a la necesidad de ser claros, oportunos y tener una adecuada capacidad de reacción ante eventos imprevistos; ii. Las EFS actúan como un insumo que permite a los ciudadanos controlar el actuar del gobierno; iii. La necesidad de las EFS de ser ágiles, de modo que puedan construir capacidades y competencias que permitan usar esa información y el conocimiento que surja del mismo para un buen trabajo; iv. La necesidad de medir el propio desempeño y buenas rendiciones son elementos centrales para la nueva relación con la ciudadanía. Todo este trabajo dio lugar al Informe: Mejorando la Agilidad Estratégica y la Confianza Pública. Este documento que en carácter de preliminar fue lanzado en la XXIII Asamblea Anual de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), efectuado en Santiago, en Diciembre pasado, contiene un análisis detallado y acucioso donde se destacan nuestras fortalezas, pero además detalla posibles áreas de mejora de nuestras debilidades, entre las que se destacan las siguientes: - Usar la toma de razón como herramienta para incentivar al gobierno a mejorar sus controles internos e implementación de buenas prácticas; - Apoyar la consolidación de un sistema de control interno en el sector público chileno; - Emplear las auditorías como instrumento para optimizar el uso de recursos y la confiabilidad de la información pública, a fin de incrementar el uso de esa información en la rendición de cuentas gubernamentales y el proceso de toma de decisión; - Entregar productos con valor agregado, mediante la presentación de los hallazgos de auditoría en nuevos formatos que la hagan más atractiva. En cuanto a las mejoras de nuestra Agilidad Estratégica, nos indica que debemos: - Afinar la sensibilidad estratégica, de modo que permita detectar oportunamente los elementos o asuntos que puedan afectar la buena gobernanza y usar esa mirada como un elemento dentro del proceso de planificación estratégica; - Desarrollar la agilidad operacional, por medio de una estrategia de recursos humanos que permita a la CGR responder ante los desafíos en materia de gobernanza y expectativas sociales. En cuanto a las mejoras en transparencia y gestión: - Nos recomienda aprovechar los canales de comunicación y la política de transparencia existentes para facilitar la comprensión del trabajo de la CGR y de ese modo, allanar su uso por parte de los terceros relacionados; - Optimizar el sistema de gestión por desempeño, entregándole una visión más omnicomprensiva al modelo actual. En cuanto a mejoras en nuestra relación con terceros: - Perfeccionar la relación con las entidades auditadas para desarrollar una relación de trabajo constructiva; - Mejorar la coordinación y cooperación con los auditores internos, para ayudar a un eficiente y efectivo trabajo de auditoría; 6

7 - Mejorar la comunicación con los demás terceros relacionados, en especial con el Congreso; - Requerir y facilitar la participación de estos terceros. En cuanto a la determinación de prioridades y calidad de nuestros productos: - Priorizar el desarrollo de conocimiento sobre los entes auditados para asegurar la calidad de los hallazgos; - Asegurarse que los términos de referencia de una auditoría sean claros y debidamente comunicados, a fin de asegurar su comprensión por parte de los auditores y auditados; - Consolidar el modelo de control de calidad y el proceso de seguimiento/supervisión/monitoreo de aseguramiento de la calidad; - Apoyar la implementación del Código de Conducta para asegurar un actuar funcionario más allá de cualquier reproche y promover la confianza. Publicado este informe preliminar, fue puesto a disposición de diversos actores con quienes la CGR se relaciona en su trabajo diario, a nivel nacional e internacional, a fin de recopilar opiniones y puntos de vista que pudieran agregar valor al trabajo. Las respuestas obtenidas fueron puestas a disposición de la OECD, la que consideró dichos elementos para la emisión del informe final que se produjo el 22 de abril pasado, evento que contó con la participación de Ministros de Estado (el Ministro Secretario General de Gobierno, el Ministro de Defensa, la Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Subsecretario de Bienes Nacionales), la Auditora General de Gobierno, diversas autoridades de Gobierno, de la OECD y otras autoridades y ciudadanos invitados. Acciones a seguir A partir de las diversas observaciones preliminares ya se definió una ruta a seguir para los próximos años y a finales de 2013 ya se estaba trabajando en las siguientes áreas: Elaboración de informes consolidados que sistematizan las observaciones de auditoría más importantes agrupándolas por áreas de interés (salud, educación, municipalidades, etc.). Esta iniciativa tendrá un doble objetivo, por una parte servir de apoyo para la gestión y trabajo diario de la Administración Pública, que podrá revisar en un documento sintético las principales infracciones normativas o falencias detectadas en su trabajo y le permitirá buscar soluciones desde una óptica general, facilitando un mejoramiento estándar en todo el aparato estatal; además, habilitará a la ciudadanía para conocer el trabajo de la Administración y de ese modo se facilitará el acceso ciudadano a la información pública, lo que contribuye al fortalecimiento de la democracia, puesto que favorece la existencia de una sociedad conocedora de sus derechos, capaz de aportar y al mismo tiempo exigir a sus autoridades. Profundización de la comunicación y coordinación con la sociedad civil y con los Poderes del Estado. Se busca impulsar redes de trabajo e intercambio de información con órganos de gobierno y ciudadanos, a fin de facilitar el desarrollo del trabajo de la CGR y por esa vía concretar el concepto de accountability en nuestro país; Continuar con los avances en la disponibilidad de los sistemas de aprobación on line, que fueron reconocidos como positivos por el informe. El Sistema de Administración del Personal (SIAPER) y la toma de razón automática seguirán impulsando la digitalización de los trámites de la Administración hasta llegar a un trabajo con un mínimo uso de papel. Esto no sólo hará más rápido y limpio el trabajo, sino también nos permitirá facilitar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía; Se ha continuado con el Proyecto de Estimación del Valor Económico del Control Fiscal Superior que es una nueva mirada externa para dimensionar el aporte de la organización. Se trata de medir el valor y los beneficios de su accionar. Se trata de buscar indicadores en cada uno de los dominios o ámbitos relevantes en los cuales la Contraloría incide para lograr que la Administración del Estado cumpla sus mandatos legales, y que lo haga con eficacia, eficiencia, transparencia y probidad. Sin embargo, desde la lógica del beneficio cuantificable de la Contraloría, surgen diversas preguntas relevantes: Cuál es efectivamente el valor económico que aporta una entidad de control fiscal?, Hasta dónde es posible determinar tal valor económico? Muchas de nuestras actuaciones se traducen en un retorno directo (por ejemplo, ahorro o recuperación de recursos públicos). En otros casos, sin embargo, el valor económico es más bien indirecto, ya que el efecto del control genera fórmulas menos visibles de cumplimiento (por 7

8 ejemplo, un agente que se ve disuadido de una inconducta con fondos públicos ante la probabilidad de ser descubierto y sancionado). Este segundo efecto económico podría ser mucho mayor que el primero y a su vez, más difícil cuantificar; Los desarrollos económicos en el campo del cumplimiento fiscal ofrecen, entre otras aplicaciones, la posibilidad de someter a criterios objetivos la valorización de los beneficios que reditúa el gasto público en control. La Contraloría es una entidad pública y, en consecuencia, cuenta con una determinada asignación de presupuesto, de personal, de facultades legales y otras herramientas y recursos para cumplir con su labor. En ese sentido, está también llamada al escrutinio público en términos de la evaluación de valor o retorno neto que aporta con la ejecución de los recursos asignados para cumplir con su función de control. Para intentar dar respuesta a las inquietudes mencionadas, la Contraloría inició en agosto de 2012 un trabajo, junto a un grupo de prestigiosos economistas nacionales dirigidos por Eduardo Engel y Andrea Repetto, con el fin de estimar el valor económico del aporte que representan para el país algunos de los productos más representativos del accionar de este Organismo de Control. Cabe mencionar que este proyecto cuenta con financiamiento de la propia Contraloría, así como con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, y en él participan equipos transversales dependientes de las distintas Divisiones de esta Entidad de Control. El interés del mundo académico por participar en este estudio tiene relación con la posibilidad de abordar una temática que, incluso a nivel internacional, se encuentra escasamente tratada por la doctrina y la academia. El universo de las posibles acciones a evaluar económicamente comprende auditorías, toma de razón, dictámenes, juicios de cuentas y normativa contable, entre otros. También, se espera que sea posible estimar el efecto positivo de establecer una relación de tipo colaborativo con la Administración, que se expresa a través de acciones tales como la realización de visitas a los servicios, el incentivo en el uso del SIAPER y la promoción del establecimiento de bases tipo. Con este proyecto no se pretende, en ningún caso, otorgar un valor económico a todos los productos de este Organismo de Control, sino que realizar una selección en la primera fase, priorizando aquéllos productos más representativos y que posibiliten una captura eficiente de datos, a fin de hacer la estimación económica de su valor. Luego de este análisis, a diciembre de 2013, se ha podido concluir que finalmente la consultora se abocará a estimar el valor económico de las Instrucciones Contables; la toma de razón en materia de beneficio previsionales y en materias de adquisición y licitaciones; las denuncias en el Portal Contraloría y Ciudadano; la disuasión generada por la implementación de un Programa de Fiscalización ejecutado en municipalidades del país; el seguimiento de las observaciones de auditoría; y de específicas actividades de capacitación en el Sector Municipal. Esperamos que al término del proyecto, como un ejercicio de transparencia al país y a la ciudadanía, poder conocer el valor económico neto, es decir, tanto sus beneficios como sus costos, de las actividades e iniciativas realizadas por la CGR que fueron consideradas en este estudio. Por otra parte, esperamos que Contraloría pueda, en el futuro, integrar la creación de valor económico directo e indirecto en el diseño e implementación de sus actividades e iniciativas, como una variable adicional dentro de su quehacer habitual, de modo de transparentar desde otra óptica su gestión y potenciar el impacto que generan sus acciones y con ello situarse en la vanguardia mundial en esta materia de rendición de cuentas a la ciudadanía. Gran parte de este conjunto de cambios, generados por este conjunto de actividades revisoras externas, se ha reunido en un ejercicio consolidador interno que se denomina Proyecto Integrado de Mejora de la función de Control Externo y que agrupa todos aquellos componentes relativos al perfeccionamiento de los procesos y sistemas mediante los cuales la Contraloría General ejerce la fiscalización que la Constitución y la ley le han encomendado y que es uno de los principales objetivos del plan estratégico institucional. En esa constante búsqueda del fortalecimiento institucional, se han desarrollado e implementado una serie de cambios que han dado origen a avances en las distintas modalidades de auditoría que ejecuta la CGR. Dichas mejoras se encuentran principalmente clasificadas en cinco ejes principales: a) La mejora e informatización de los procesos de planificación, ejecución y seguimiento a través del sistema integrado de información y control de auditorías, SICA. b) La creación y reestructuración de unidades organizacionales con el fin de responder de mejor forma a los desafíos del control. 8

9 c) El desarrollo de programas de capacitación y certificación para todos los fiscalizadores, destacando las certificaciones en el uso de SICA y técnicas de muestreo estadístico. d) El diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana y transparencia a través del Portal Contraloría y Ciudadano y la publicación de informes de control externo. e) La transferencia de capacidades a otras EFS de la región, destacando la exitosa implementación de SICA en la Contraloría General de Colombia y el Tribunal de Cuentas de Uruguay, junto a los avances logrados, en ese mismo ámbito, en las Contralorías de Perú y Paraguay. En esta misma línea hemos avanzado en la construcción del Portal Geo-CGR, el que anunciamos en la Cuenta anterior. Nos hemos demorado por la magnitud del proyecto, que cuenta con el apoyo del BID. Con el propósito de estrechar la relación de colaboración con la ciudadanía y la Administración en su conjunto, surge este proyecto que busca contribuir a la transformación del funcionamiento del sector público, adoptando un enfoque innovador y ágil, capaz de adecuarse a las exigencias de la sociedad de forma objetiva y concreta. Se espera de esta forma concurrir a la construcción de un Estado más cercano, con una oferta de servicios de fácil y rápido acceso, con múltiples canales y en un lenguaje comprensible para el ciudadano. Un Estado abierto, más transparente y participativo, capaz de rendir cuenta de las acciones impulsadas para resolver problemas de interés público, permitiendo así una continua evaluación, revisión y mejora de los servicios que se entregan y del buen uso de los recursos asociados a estas acciones. Geo-CGR es una herramienta informática que articula e integra información de todas las obras públicas que se construyan en el país, fortaleciendo la capacidad institucional de control, fiscalización, rendición de cuentas y control de las propias entidades, que además promueve el control ciudadano, mediante la entrega de instrumentos para el análisis y monitoreo de información confiable, oportuna y con contexto territorial, incluyendo los estados de avance tanto físico como financiero de las obras públicas finalizadas o en ejecución a lo largo del país. Al ser este Portal un complemento a los canales de participación existentes en Contraloría, se ha definido que toda la información que se disponga, ya sea a nivel de obra o a nivel de servicio, pueda recibir una denuncia o sugerencia de fiscalización, lo cual será ingresado directamente en el Portal Contraloría y Ciudadano, de manera de integrar las capacidades disponibles y actuar de manera coordinada y así dar una respuesta más oportuna a la ciudadanía y la Administración en los requerimientos que se puedan recibir. Adicionalmente, se ha definido que los usuarios puedan generar comentarios y subir fotografías de las obras, de manera de aportar con una visión ciudadana al control de las obras públicas, incorporando el interés de la sociedad como elemento crucial para el perfeccionamiento de las herramientas de participación con que cuente la institución. De esta forma, el ciudadano dispondrá de una vía expedita de acceso a la información referida a las obras públicas, lo que se espera se vea reflejado en una mayor capacidad de éstos para convertirse en activos fiscalizadores en terreno de las obras públicas que se construyan en su entorno más cercano o que sean de su interés, ayudando de esta manera, a un mejor control respecto al uso de los recursos públicos y a una mayor transparencia de los actos de la Administración en materias de obras públicas. Es necesario precisar que Contraloría tendrá el rol de articular y almacenar la información que se obtendrá directamente desde la fuente de origen, sea ésta construida por una entidad pública, municipalidad o por sistemas nacionales de información existentes, es decir, Contraloría no construirá ni manipulará la información que se mostrará en su Portal. Una de las características principales de este proyecto, es que a través del Portal Web se mostrará información georreferenciada, es decir, el ciudadano podrá situar la información de las obras públicas en un contexto territorial, lo que permite agregar valor a los datos que se encuentran disponibles. Adicionalmente, se dispondrá de filtros de búsqueda múltiples, ya sea por comuna, por obra, por clasificación de cada obra, por distribución geográfica o por contratista, permitiendo a los usuarios conocer la información que sea de su interés y entregando también herramientas de reportabilidad que permitan cruzar variables y obtener todos los datos que se consideren pertinentes en diversos formatos. Institucionalmente, el desarrollo de Geo-CGR permitirá administrar la información correspondiente a obras públicas, mediante el desarrollo de un modelo territorial, integrándola para el efectivo cumplimiento de las funciones propias de esta Entidad de Fiscalización Superior, fomentando así la interacción, la eficiencia y la oportunidad en el ejercicio de las tareas que le son 9

10 propias, y que a su vez alimenten los distintos procesos jurídicos y de planificación, ejecución y seguimiento de auditorías. Se espera, además que el portal se constituya en una herramienta de gestión institucional y rendición de cuentas para todas las entidades públicas que ejecutan obras en el país, a través del monitoreo de los proyectos y contratos. A los logros de este instrumento, se han sumado los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y la Dirección de Compras y Contratación Pública, a quienes agradecemos la colaboración. Hoy estamos haciendo esfuerzos para contar también con el Ministerio de Bienes Nacionales y esperamos sumar también al Ministerio del Interior, cuyo Subsecretario hace ya largos años ha trabajado en una herramienta como ésta. Debemos también agradecer tanto a la Cooperación Alemana (GIZ) que nos ha pavimentado un camino de colaboración recíproca, como a la Contraloría General del Perú, puesto que han desarrollado un portal denominado InfoObras que nos ha servido de plataforma eficiente y que nos ha ahorrado ciertamente mucho tiempo de investigación y preparación, se trata concreta y activamente de la mejor especie de Cooperación Sur-Sur que podamos ejemplificar. Estos son algunos de los cambios que se han comenzado a impulsar y a sistematizar a partir de esta evaluación, los que posteriormente deberán ir materializándose en nuevos proyectos que incorpore una mirada de cambios continuos, conforme a la magnitud y crecimiento de nuestra Administración. Se trata, como ustedes ven de una permanente transformación del estado del control, que excluya definitivamente la odiosa frase que tanto daño nos ha causado: el siempre se ha hecho así, sustituyéndola por el cómo hacerlo mejor! Y en quée van los avances del SIAPER? Aunque su instalación y desarrollo es de antigua data en un esfuerzo conjunto desarrollado inicialmente por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y Contraloría, la entonces y actual Presidenta, con el Director de Presupuestos de la época (2009) y actual Ministro de Hacienda, permitieron y autorizaron que esta plataforma se continuara desarrollando autónomamente por Contraloría, en el entendido lógico que la información se disponibilizara íntegramente a DIPRES y a todos los servicios que operarían en ella. Pensando en el gran volumen de documentos que en materias de personal remiten los Servicios Públicos a Contraloría, y lo costoso que resulta para ambos la tramitación de éstos, se ha impulsado un conjunto de soluciones tecnológicas dentro de las que se enmarcan SIAPER Registro Electrónico y SIAPER Toma de Razón Automática ; sistemas que logran interoperar entre sí, facilitando el acceso a toda la información en materias de personal de manera centralizada y en línea, además de disminuir los tiempos de tramitación y estandarizar los procesos, mejorando la disposición y calidad de la información. SIAPER Registro Electrónico (SIAPER RE). Este proyecto surge, en el contexto del alto número de documentos exentos de toma de razón y sujetos a registro, en materias de personal, que conllevaban a un extenso periodo de tramitación. En vista de ello, se ha puesto a disposición de los Servicios Públicos, una plataforma que permite sustituir el envío en papel de sus actos administrativos a la Contraloría y su posterior codificación, por el registro electrónico de los mismos, quedando los correspondientes documentos originales en soporte papel en cada Institución, para validaciones posteriores de este Órgano de Control. La incorporación de este sistema busca, además de resolver un problema existente, fijar un conjunto ordenado de información relativa a la administración de personal, generando una base de datos consistentes, homogéneos y coherentes, y que incorpore aspectos relevantes hasta ahora no considerados, tales como permisos, licencias médicas, feriados, entre otros. Los principales beneficios que busca generar este sistema, son: disponer de bases de datos actualizadas, disminuir los tiempos de espera para el registro, entregar mayor cobertura de información en materias que antes no se registraban, y otorgar certeza jurídica inmediata, ya que al quedar registrados los actos administrativos en forma instantánea en la plataforma SIAPER RE, es posible conocer el estado de registro y tramitación de sus documentos. Cabe destacar que, SIAPER RE partió el 16 de agosto del año 2011 con 31 servicios, luego durante el año 2012, se sumaron 88 nuevas entidades, y ya en 2013, casi toda la Administración del Estado se encuentra 10

11 trabajando con este sistema, a excepción de los Servicios de Salud y algunas facultades de la Universidad de Chile, que se esperan incorporar próximamente. Respecto al Sector Municipal, desde el 1 de agosto de 2013, existen 24 municipios trabajando con el sistema, y en 2014 se incorporará al resto de los municipios del país. SIAPER Tramitación Electrónica (SIAPER TRA). Este sistema busca que los propios Servicios Públicos tramiten sus actos administrativos en materias de personal a través de la plataforma web de Contraloría, en tanto que ésta, efectuará a su vez, el control de juridicidad en línea. SIAPER estará abierto y disponible para que los servicios públicos ingresen directamente información a la plataforma, respondiendo a una serie de preguntas destinadas a verificar el cumplimiento de los requisitos legales que cada acto administrativo necesita observar. El Sistema contiene una serie de validadores para cada acto administrativo, según el Servicio Público y el cargo de que se trate, conforme a los cuales la Contraloría, mediante la plataforma, realizará el control de legalidad de cada acto administrativo que se ingrese y tramite a través de la plataforma SIAPER, a fin de establecer si el acto administrativo se ajusta a la legalidad vigente o si carece de algunos de los requisitos exigibles para ser tomado razón. De esta forma, el sistema puede generar una respuesta inmediata al Servicio Público en cuestión, que se traduce en la inmediata toma de razón, en caso que el acto cumpla con todas las reglas contenidas en el validador correspondiente, o bien, en la representación del acto administrativo, en caso que el acto no cumpla con una o más reglas. Es importante considerar que la puesta en marcha del sistema es paulatina, puesto que los servicios públicos para poder incorporarse al sistema deben necesariamente cumplir con una serie de condiciones previas, como la existencia del respectivo Catálogo del Servicio Público cargado en el sistema, es decir, el conjunto de requisitos legales generales y específicos aplicables a cada acto administrativo aplicable al Servicio en cuestión, entre otras. Se estima que considerando un universo de 250 servicios públicos, que representan a su vez, por lo menos, dependencias, al finalizar la implementación de SIAPER existirán usuarios externos en línea, lo que equivale a 5 usuarios por cada servicio y/o dependencia. Como beneficios esperados de este sistema, tanto para Contraloría como para los Servicios Públicos, están los siguientes: Disminución de los tiempos de tramitación, reduciendo el tiempo actual que legalmente es de hasta 15 días, a sólo minutos. Liberación de recursos humanos, pues significará para Contraloría reducir el número de personas abocadas actualmente al estudio de los actos administrativos, pudiendo enfocarse en otras tareas, como la fiscalización. De la misma forma, para los propios servicios significará liberación de recursos físicos y humanos, ya que el documento se creará en línea y no en papel, permitiéndoles focalizar sus esfuerzos en otras funciones, con el consiguiente impacto en su productividad global. Bases de datos actualizadas y mejoras notables en la calidad de la información, permitiendo también que los servicios públicos puedan revisar las hojas de vida de sus funcionarios y validar los datos. Mejorar la confiabilidad y transparencia de la información del Personal del Estado. Permitiendo el acceso de la información disponible para cada funcionario. Interoperabilidad de datos con otras plataformas de la Administración del Estado, lo que permitirá contar con documentación que actualmente es requerida para la realización del acto administrativo, y que es solicitada por los interesados a otras instituciones en soporte papel; además de permitir verificar antecedentes en línea, entre otras necesidades. Masificación del uso de firma digital avanzada, concretando con ello un paso importante en la Agenda de Modernización del Estado, ya que para la tramitación de los actos administrativos en línea los servicios públicos y Contraloría deberán contar con dicho elemento. 11

12 Mejorar la gestión de recursos humanos, de nuestros funcionarios, puesto que ofrecerá un módulo de reportes mediante el cual se podrán obtener diversos indicadores, tales como número de personas contratadas a honorarios, número de personas titulares, edad de los funcionarios, cantidad de profesionales en el servicio, entre otros. Pero todo lo que se ha podido hacer sin ley lo hemos hecho. En el final de este camino era necesaria la intervención del legislador, siempre lo hemos sabido. En ese contexto se requirió del Supremo Gobierno el envío de una iniciativa legal que se hiciera cargo de las adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Ello fue recogido en el Boletín , de 3 de diciembre de 2013, y que Ingresa por iniciativa del ejecutivo a la Cámara de Diputados. Con las perfecciones necesarias surgidas en la tramitación del Proyecto y el impulso dado por la actual Ministra Secretaria General de la Presidencia y los Presidentes de ambas Cámaras, ha concluido su tramitación en el Congreso, con la total aprobación del mismo y, en la actualidad ha sido comunicado a la señora Presidenta, a los efectos del artículo 73 de la Carta. Señora Presidenta, SIAPER requiere este texto legal. Nos comprometimos con usted hace años a efectos de generar este catalizador en la gestión de las personas en la Administración. Ahora sólo falta el cumplimiento de este trámite a los efectos de que, previa la decisión del Tribunal Constitucional, podamos cerrar un ciclo de modernidad en que usted nos confió una tarea y que se ha iniciado hace ya tantos años. Agradecemos la decisión que adopte. Algunas dificultades y preocupaciones que sugiere la aplicación y dictación de textos legales El artículo 143, letra c), de la ley N , dispone que el Contralor General debe elaborar una reseña de las principales dudas y dificultades que se hayan suscitado con motivo de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, pudiendo sugerir modificaciones para el mejor y más expedito funcionamiento de la Administración. En cumplimiento de la referida disposición, nuestra Cuenta hace esas sugerencias, pero estimo pertinente detenerme en algunas de ellas: Se observa una insuficiente regulación de las declaratorias de utilidad pública relativas a vías y parques -prevista en el artículo 59 de Ley General de Urbanismo y Construcciones-, en aspectos tales como el plazo de caducidad de las declaratorias referidas a vías locales y de servicio, lo que ha generado numerosos conflictos de interpretación y elusión de cumplimiento de la ley vigente por parte de los municipios. Se aprecia la ausencia de un marco legal de carácter general en materia de ejecución de obras públicas, cuya regulación se encuentra actualmente establecida, principalmente, en diversos textos reglamentarios. Debemos avanzar en la desafiante modificación pendiente a la Ley de Compras Públicas que incluya estas materias. No se encuentra establecido el procedimiento tendiente a la aprobación de subdivisiones de terrenos rurales ubicados al interior de los límites de los planes reguladores metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción, para fines diversos a los del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el decreto con fuerza de ley N 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la Provincia de Santiago no ha sido creada la respectiva gobernación ni el cargo de gobernador, por lo que el ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a quienes desempeñan dicha función ha generado dificultades en su aplicación en esa unidad territorial, con sentencias adversa y confirmada por la Excma. Corte Suprema. Se advierte la importancia de establecer un marco legal suficiente acerca de las prerrogativas que el Presidente de la República puede otorgar a la autoridad sanitaria, conforme al artículo 36 del Código Sanitario, si una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o un aumento notable de alguna enfermedad, o 12

13 cuando se produjeren emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes. Las entidades de Educación Superior del Estado, conforme a lo establecido en la ley N , deben presentar sus estados financieros en base a lo contenido en el artículo 76 de la ley N Sobre Sociedades Anónimas-, normativa dirigida a instituciones del sector privado con fines de lucro y, además, por su naturaleza, están sometidas al Sistema de Contabilidad General de la Nación. La aplicación de dos sistemas contables afecta, por una parte, la eficiente e idónea administración de los medios públicos destinados a un mismo fin y, por otra, desvirtúa la naturaleza de los destinatarios de una y otra. El artículo 34 de la ley N señala que el organismo competente para administrar y supervigilar las áreas silvestres protegidas por el Estado es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el que aún no ha sido creado por ley. En este mismo sentido aún no se ha dictado la ley que transforma la Corporación Nacional Forestal en un servicio público, de acuerdo a lo previsto en el artículo octavo transitorio de la ley N Las plantas municipales no han tenido modificaciones desde la adecuación practicada en el año 1994, en virtud de la ley N , lo que atendidas las nuevas funciones que desde ese entonces se han encomendado a las entidades edilicias ha traído como consecuencia un exceso en la contratación de personal a honorarios para desempeñarse en programas comunitarios, con cargo a la imputación presupuestaria , permitiendo que esa entidades contraten violentando límites y eludan la participación de sus propios concejos. Existe una ausencia de regulación reglamentaria del sistema de salud de las Fuerzas Armadas, por cuanto no se ha dictado el reglamento de la ley N , ni el señalado en el artículo 6 de la misma. Las modificaciones introducidas a la ley N , sobre Subvención Escolar Preferencial, por la ley N , en relación con la rendición de gastos para la primera renovación del convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, desnaturalizan el propósito de la correspondiente subvención, al rebajar el porcentaje de gastos que deben ser rendidos respecto del total que debiera haberse invertido en el respectivo cuadrienio y permitir gastos ajenos a la subvención, interfiriendo con ello, además, en la labor fiscalizadora de esta Contraloría General y las labores de defensa judicial que caben al Consejo de Defensa del Estado. En cuanto a los horarios de los funcionarios de Juzgados de Policía Local, se observa la necesidad de armonizar sus jornadas de trabajo con aquellas reguladas en la ley N Se sugiere una modificación legal para solucionar la situación de los docentes que opten por finalizar su relación laboral sujetándose a lo establecido en el artículo 72, letra k), de la ley N , quienes cesan por el solo ministerio de la ley al momento de tener la edad de jubilación, lo que les impide reunir los requisitos que se exigen para acceder al beneficio de la ley N , esto es, solicitarlo y desvincularse dentro de los 12 meses de cumplirse los 60 o 65 años, según se trate de mujeres u hombres, ya que la prerrogativa para impetrarlo nace el mismo día de expiración de sus actividades. Se advierte dificultad en la aplicación de lo previsto en el artículo 1 de las disposiciones transitorias de la ley N , que introdujo modificaciones a la ley N , sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, atendido que esa norma no determina a qué entidad le corresponde calificar que los interesados no hayan podido acceder a la prestación por motivos no imputables a ellos. Tampoco se precisa qué clase de situaciones podrían ser consideradas como no imputables a los funcionarios. No existe claridad sobre la aplicación del artículo 12 de la ley N , esto es, hacer efectiva la garantía de cumplimiento e inhabilidad de los profesionales funcionarios en comisión de estudios para cursar una especialización, dado que al tenor de la norma ello acontecería cuando se incumpla el periodo asistencial obligatorio que debe iniciarse al término de la beca, quedando sin sanción alguna aquellos que reprueben, o abandonen los estudios, criterio diverso al aplicado a quienes acceden a tales programas como becarios de la ley N y con menores beneficios que los primeros. 13

14 Se sugiere que se incorpore en los Estatutos del Personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile una norma que permita aplicar, en forma supletoria, el artículo 99 de la ley N para determinar el plazo que los funcionarios tienen para cobrar remuneraciones que se le adeuden, y el artículo 158 de la ley N , para el caso de la prescripción de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de Carabineros de Chile. Ausencia de normas sobre convalidación y reconocimiento, en nuestro país, de títulos técnicos otorgados en el extranjero, por cuanto la escasa normativa que existe se limita a los tratados o convenios que sobre la materia ha celebrado Chile con algunos países. Chile se ha convertido en un lugar de arribo de inmigrantes. Existe la necesidad de adecuar el sistema de reconocimiento de títulos. Las dificultades que ha supuesto la incorporación de profesionales médicos extranjeros y la lenta disponibilidad de procesos múltiples de medición de competencias como EUNACOM, son una demostración palmaria de esta dificultad. Para la mejor ejecución de importantes leyes que regulan la función administrativa del Estado y que han sido objeto de reiteradas y sustantivas modificaciones, es propicio sugerir a usted señora Presidenta, la conveniencia y necesidad de que se dicten -en conformidad con la autorización contemplada en el artículo 64, inciso 5, de la Constitución- los decretos con fuerza de ley que refundan, coordinen y sistematicen los textos legales que a continuación se indican : 1. Ley O.C.B.G.A.E, último texto refundido, coordinado y sistematizado: DFL N 1/19.653, del año Ha sido modificada por 6 leyes. 2. Ley O.C.MUN., último texto refundido, coordinado y sistematizado: DFL N 1, del año Ha sido modificada por 16 leyes. 3. Ley Estatuto Administrativo, último texto refundido, coordinado y sistematizado: DFL N 29 del año Ha sido modificada por 7 leyes. 4. Ley Estatuto Administrativo Municipal. Sin texto refundido. Ha sido modificada por 19 leyes. 5. D.F.L. N 458/75. Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ha sido modificada por 2 Decretos Leyes y 32 leyes. Pero quizás nuestra principal preocupación está centrada en la neoexclusión del control, un fenómeno que tiende a expandirse y que está de la mano del mal entendimiento de las autonomías administrativas. Que se asila en una situación mítica que pretende contraponer control con eficiencia, y que termina permitiendo que funcionarios quieran actuar como dueños, con el contenido de decisión del propietario y no con la rendición de cuentas y fiscalización de quien administra lo ajeno en servicio de los demás. Es la propia Constitución la que determina el ámbito natural dentro del cual le corresponde actuar a la Contraloría, puesto que al señalar que el control de legalidad se ejercerá respecto de los actos de la Administración, refiere ese control a las entidades creadas para el cumplimiento de la función administrativa (art. 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado), por lo que excluye del mismo tanto a los órganos estatales no administrativos, como a las entidades no estatales. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que existan fondos públicos comprometidos, con igual fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política, también le corresponde fiscalizar el ingreso y la inversión de tales fondos, aún cuando se administren por entidades privadas. No obstante el claro tenor de la Carta, se ha venido construyendo una arquitectura de elusión del régimen propio de la Administración del Estado en general, y del control en particular, que comenzó ciertamente en algunos decretos leyes dictados en el período y que con vaivenes ha disminuido o crecido, bajo la mirada atenta del Tribunal Constitucional y en ocasiones con evidente omisión del pronunciamiento de éste, por la sola forma de construcción de las leyes. Veamos como ha sucedido esto, que desde luego entendemos como insostenible en un Estado Democrático Social y Controlado de Derecho. 14

15 Diversas argucias jurídicas han vuelto a traer, en plena democracia, la pretensión de exclusión del Control que constitucionalmente le corresponde a esta Entidad con la pretensión de reducir el control o derechamente excluirse del mismo. Las fórmulas son variadas, en ocasiones acotando el control al examen de las cuentas de entradas y gastos, con el énfasis de que ello será, además, exclusivamente; en otras, sin adverbios, limitándolo al examen y juzgamiento de los mismos. El Tribunal Constitucional ha tenido sumo cuidado en el análisis de estos proyectos y podríamos señalar que a partir del año 1990 en cuanto a esta drástica expresión, el exclusivamente lo ha reprochado en su constitucionalidad y racionalidad (rol 92) o bien no le ha dado la exclusividad que termine por abatir las demás funciones de esta Entidad (rol 178): Que el artículo 63 del proyecto es constitucional en el entendido que la auditoría contable a la que estará sometido el Fondo, por parte de la Contraloría General de la República, es sin perjuicio de las demás atribuciones que posee dicha Contraloría en relación con la fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 de la Carta Fundamental (c. 11 ). La misma línea se expresa el año 2008, en el rol 1.032, al examinar las atribuciones de Contraloría respecto de la Superintendencia de Pensiones, declarando que dicho precepto se ajusta a la Constitución Política ha dicho que: en el entendido que no excluye el ejercicio del control de legalidad de los actos de la administración, en lo que fuere procedente, con sujeción a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 99 de la misma Constitución Política, criterio que sostiene siguiendo el principio de buscar la interpretación de las normas que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constitución (c. 17 ). Con posterioridad, en el rol 1.051, en relación al Consejo para la Transparencia, ley de acceso a la información pública, en cuanto la norma del artículo 43 de la que luego sería la Ley de Transparencia, conforme al cual, el Consejo para la Transparencia estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas., el Tribunal declarará que dicho precepto es constitucional en el entendido de que esta limitación a las facultades que se confieren a la Contraloría General de la República, en la norma transcrita, deja a salvo el control amplio de legalidad que confiere a este órgano el artículo 98, inciso primero, de la Carta Fundamental, en lo que fuere procedente (c. 34 ). Lo que preocupa a esta Entidad, es que ya transcurridos 24 años desde el regreso a la democracia, debamos seguir estando atentos a estos gérmenes de descontrol, la neoexclusión del control, como aconteció muy recientemente con la ley N (sobre televisión digital terrestre), que modificó el art. 1 de la ley y dispuso: Al Consejo Nacional de Televisión no le serán aplicables las normas generales o especiales, dictadas o que se dicten para regular a la Administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, salvo lo dispuesto en el decreto ley N 1.263, de 1975, y en la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N , y en el Título VI de la presente ley., tal como en pleno gobierno militar apuntaba la Junta de Gobierno con las entidades que fueron reformuladas en dicha época y sin que siquiera se haya pedido por el Parlamento una opinión de esta Entidad. Agradecemos nuevamente el Tribunal Constitucional que ha debido dejar a salvo la naturaleza esencial de la Administración del Estado y del control que respecto de ella la Constitución Política le encarga a la Contraloría (así lo establece en su Sentencia de 6 de mayo pasado (rol 2.645), señalando que entenderá que dicha norma es ley simple, común u ordinaria, y no una ley orgánica constitucional, además porque, en opinión de esta Magistratura, ella no tiene aptitud para modificar disposiciones contenidas en leyes orgánicas constitucionales vigentes o futuras (consid. 16 ). Más grave aún resulta la anomalía, varias veces repetida, de preceptos legales que eximen de toma de razón a determinados actos administrativos, sin haber sido sometidos a los trámites de una Ley Orgánica Constitucional en su aprobación, ni enviados al Tribunal Constitucional para su control preventivo, de acuerdo al art. 93 N 1 de la Constitución Política, a veces siguiendo un criterio orgánico (como ocurre en el caso del art. 12 de la ley N , que crea el Instituto de Derechos Humanos ), y otras, de acuerdo a un criterio singular (por ejemplo, el art. 19 de la ley N , sobre protección de refugiados, y el art. 2 de la ley N , que establece categoría de habitantes de zonas fronterizas). Igualmente, la misma infracción a las normas sobre tramitación de las leyes, se encuentra en casos de ejecución anticipada de determinados actos administrativos, antes de su toma de razón, como ocurre con el art. 1 de la ley N , y en una larga serie de leyes de presupuestos, cuyas glosas pavimentan esta misma exclusión de control. 15

16 Solo pedimos que la Carta Fundamental sea tenida en cuenta en los emprendimientos legales orgánicos que se formulen, y que la mínima relación institucional entre los diversos órganos del Estado, sugiere al menos oír al otro, es la exigencia mínima del debido proceso al que todos tienen derecho y pensamos que es la exigencia mínima de la debida democracia cuando se trata de involucramientos de potestades o exclusión de aquellas. Palabras finales Presidenta, escuchamos con atención su Mensaje Presidencial el 21 de mayo pasado. Expresó allí una oración que sintetiza nuestras preocupaciones, dijo Enfrentamos una amplia diversidad de necesidades y demandas sociales. Como país, no podemos satisfacerlas todas al mismo tiempo. Es imprescindible priorizar, y para ello debemos crear certidumbres y confianzas con la sociedad y con los actores sociales. Agregó enseguida Pero la confianza es un bien colectivo que sólo puede crearse si todos hacemos nuestra parte. Esa es la clave de nuestra preocupación. Es la motivación de cada una de las actividades que he reseñado. Lo dijimos con fuerza el año pasado, no queremos que el control estorbe, demore. Solo queremos que cada ciudadano tenga certeza de que los recursos que él aporta lleguen al destinatario que corresponda y, respetando el derecho, satisfagan el fin previsto. Pensamos que de este modo se puede restablecer la confianza en el servicio público. Lo decía con total crudeza el capellán de un Techo Para Chile y hoy Superior de los Jesuitas en Chile (Cristián del Campo): Hemos perdido demasiada densidad ética, diluyendo el capital de confianza que asegura la calidad de nuestra política y de nuestras instituciones. El daño ya está hecho y solo se recupera con gente dispuesta a pagar los costos de actuar en base a un imperativo moral que no se mueve por la conveniencia. Este desafío supone tensiones distintas y no acomodaticias, son como decía Norbert Lechner, las tensiones de la modernidad, donde juega un rol clave que debe ser reflexionado profundamente una expresión a la que todos acudimos y que muy poco reflexionamos, que es la Reforma del Estado. Debemos tener sumo cuidado en la necesaria complementariedad de subjetividad (lo que los ciudadanos requieren) y modernización, que tiende a elevarse como elemento sustantivo que disminuye el delicado equilibrio de este binomio y que hace de ella un banquete de tecnócratas e impulsores de modelos sin la adecuada sustentación de lo que necesitamos. No se trata solo de coordinar o proveer con eficiencia, se trata de atender con cuidado las transformaciones que nuestra sociedad ha experimentado. Estamos conscientes de todo ello, y estamos ciertos de que ello no se agota como expresaba Lechner- en un retorno a formas anteriores del Estado, ha pasado ya mucha agua bajo el puente de nuestra sociedad. Su Mensaje dio cuenta de su preocupación en este sentido. El manejo de ello hoy se cifra en varias comisiones que alientan esta reflexión, de Descentralización, de Modernización del Estado, etc. Esta Contraloría es testigo privilegiado de las dificultades que al menos se producen en los problemas de coordinación y articulación del Estado. Testigo de aquellas prácticas que por razones de brechas, desidia, abuso o incompetencia parecen ser práctica común de muchas instituciones. Ese testimonio que aparece en muchos de nuestros Informes está disponible. Esa cercanía en cada lugar donde se produce la fisura del buen gobierno municipal o de la desnutrición de la potencia de nuestras regiones, es experiencia diaria de cada Contralor Regional y de cada División especializada de nuestra entidad y ha engrosado un capital que está disponible para los desafíos que usted quiere emprender. Esa colaboración que hoy le ofrezco debe articularse especialmente considerando nuestra fortaleza capacitadora- sin mermar nuestra autonomía, estamos disponibles para participar en las reformas del Estado de segunda generación, que tiene nuevos centros esenciales, donde el ciudadano está en el centro del modelo a construir. La trampa está en la literatura, en el Gatopardo de Lampedusa, el Estado no puede seguir igual. Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Probidad, no son contenidos vacíos, son las células esenciales de las transformaciones que deben concretarse en el camino de la recuperación de la confianza del ciudadano en sus Instituciones. 16

17 Lo reiteramos una vez más, estamos convencidos de que sólo mejorando nuestra gobernanza alcanzaremos el verdadero desarrollo. Agradezco a todos y cada uno de los funcionarios de la entidad de todo el país, el arduo compromiso y esfuerzo desplegado en este año cuya cuenta rindo. Muchas gracias. 17