CÓDIGO DE VACANTE: PANT CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA TECNICA EN PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS AL MINISTERIO PUBLICO DE PANAMÁ

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1 CÓDIGO DE VACANTE: PANT CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA TECNICA EN PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS AL MINISTERIO PUBLICO DE PANAMÁ ORGANIZACIÓN: PROYECTO: UBICACIÓN: DURACIÓN: PRODUCTOS A ENTREGAR: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC PANT41: Fortaleciendo la Reforma de Justicia Penal en Panamá Ministerio Público de Panamá 3 meses (ver tabla de forma de pago) FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 4 de Junio, 2011 ANTECEDENTES GENERALES En Panamá, se ha llevado adelante un proceso de modernización del Sistema de Justicia, que se desprenden de los esfuerzos llevados adelante por las instituciones integrantes del Pacto de Estado por la Justicia y la Mesa de Concertación Nacional. En la actualidad, se está en proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que pone de manifiesto retos institucionales en distintas áreas como capacitación, gestión, infraestructura, tecnología, recursos humanos, modificaciones normativas, descongestión, estadística y divulgación, para lo cual se creó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio y se crearon distintas subcomisiones técnicas interinstitucionales para atender las áreas requeridas para la implementación. En este contexto, el tratamiento eficaz y digno de víctimas y testigos se presenta sin duda como uno de los mayores retos para el Ministerio Público. Este desafío tiene varias proyecciones para la institución. En particular queremos subrayar la dimensión procesal pero también la que afecta al modelo de gestión del Ministerio Público panameño. El establecimiento de un programa de protección para víctimas, familiares, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal encuentra asidero legal en la Ley No.48 de 2004, la cual se adicionó al Código Judicial desarrollando la figura del testigo de identidad reservada tratando de otorgar, a través de este mecanismo, un grado mínimo de protección a las personas, que siendo testigos del hecho, podrían correr un inminente peligro. En este sentido, el nuevo Código de Procedimiento Penal establece dentro de su ordenamiento el deber del Ministerio Público de establecer un programa de protección para tales efectos. La propuesta de una Unidad para la asistencia a víctimas encuentra su justificación legal en la Ley No. 31 de 1998 sobre Protección de Víctimas y la Ley No.38 de 2001 sobre Violencia Doméstica.

2 En la actualidad, en materia asistencial, el Ministerio Público cuenta únicamente con el Centro de Asistencia a Víctimas, creado mediante Resolución No.12 de 2000 y la línea de ayuda , creada mediante Resolución No.77 de 2005, donde se brinda apoyo emocional y orientación legal a los afectados (as) de violencia doméstica, maltrato al niño, niña y adolescente y delitos sexuales, y se disponen las medidas de protección contenidas en la referida Ley No.38. Respecto a la dimensión procesal, el proceso penal no puede ser contemplado exclusivamente desde la perspectiva de la necesaria tutela de los intereses de la sociedad y de las garantías del acusado, sino también y de modo relevante, como instrumento de reparación del daño moral y patrimonial que la víctima ha recibido por el hecho delictivo. Reparación que no puede ser fuente de más daños para la víctima, tratando de evitar una victimización secundaria, vulnerando su derecho de acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho que permite hacer efectivos otros derechos que han sido vulnerados o que deben ser reconocidos a quienes acuden ante el sistema de justicia para solucionar sus conflictos jurídicos, suponiendo una garantía de igualdad de oportunidades sin discriminación alguna de por medio, en la medida que supone que los Estados deben asegurar dichos derechos. En este sentido, el derecho de acceso a la justicia se configura como una garantía fundamental con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito regional y universal. Este ha sido reconocido en la convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8 y 25 y en el artículo XVII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como también en las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que forman parte de la Declaración de Brasilia, corolario de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 4 al 6 de marzo de 2008, documentos fundamentales que permiten a los fiscales disponer de criterios orientativos para tutelar los derechos de las víctimas y por extensión de los testigos que participan en el procedimiento penal, así como los adelantos recientes que en esta materia se han dado en la República de Panamá con la nueva legislación procesal penal y el proceso de implementación del sistema acusatorio. La víctima, en el no siempre fácil camino para lograr la reparación del daño inferido por el hecho delictivo, tiene que sentirse amparada. Protección y atención con respeto a su dignidad, a su derecho a declarar y ser informada, a comprender y a ser comprendida, a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones. El nuevo Código Procesal Penal contiene distintas disposiciones encaminadas a dar amparo a víctimas y testigos, durante la fase de investigación, bajo los arts.331 y ss (Medidas cautelares, Capítulo V: medidas de protección a víctimas, testigos y colaboradores ), así como en el acto de Juicio Oral (art.404 protección de testigos víctimas y colaboradores ), disposiciones que exigen un protocolo o guía de actuación para los fiscales de manera que éstos apliquen efectivamente su contenido y, en última instancia, garanticen la protección del ciudadano en el proceso penal. No obstante, junto a esta proyección de víctimas y testigos en el proceso penal que inexcusablemente demanda a los fiscales actuar de conformidad con los preceptos legales mencionados, la implantación del sistema acusatorio en Panamá ha traído consigo la necesidad de reestructurar la organización del Ministerio Público a través de un nuevo modelo de gestión. Este modelo de gestión toma como punto de partida el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y se desarrolla a través de una estructura basada en un sistema de

3 servicios (fiscales de turno, litigación temprana, conciliación y asistencia a juicios) y de especialidades (familia, corrupción, drogas, homicidios o adolescentes). Bajo este nuevo modelo de gestión se ha consensuado la necesidad de contar con una Unidad de Víctimas y Testigos en el organigrama del Ministerio Público de forma que, a partir del 2 de septiembre de 2011 (fecha de comienzo de la implementación del sistema acusatorio en el segundo distrito judicial de Veraguas y Coclé), es preciso contar con esta Unidad claramente definida tanto en su composición como en su funcionamiento en la medida en que sin duda se trata de uno de los pilares de actuación bajo el sistema acusatorio. Es en este momento cuando se evidencia la necesidad de contar con un protocolo de actuación que guíe y oriente a los fiscales de Panamá en esta tarea crucial por su proyección de la institución ante la sociedad coherente con: - El nuevo Código Procesal Penal, a través de las medidas cautelares de protección de víctimas y testigos y del tratamiento de su testimonio en el juicio oral. - El organigrama y estructura del Ministerio Público encaminado al cumplimiento de las funciones que la propia Constitución establece en el art El nuevo modelo de gestión que pivota sobre la unidad de actuación del Ministerio Público y la dependencia jerárquica. - Y el desarrollo del Ministerio Público en el contexto de implementación progresiva del sistema acusatorio en todo el país, de forma que la configuración de esta unidad deberá tomar en cuenta no sólo el contexto y estructura del Ministerio Público en el segundo distrito judicial, sino las previsiones relativas a otros distritos que sin duda exigirán una redefinición del modelo de gestión, y por extensión, de la unidad de víctimas y testigos OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA Tomando como presupuesto los antecedentes señalados así como la experiencia de UNODC y su valor añadido en actividades de reforma y modernización del proceso penal y las instituciones involucradas en la persecución de la delincuencia y protección de los derechos de los ciudadanos, se propone la contratación de un/a experto/a que asesore a la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Ministerio Público, y que realice: (i) Evaluación de las necesidades de víctimas y testigos en el contexto del nuevo proceso penal (ii) Diseño de protocolo de actuación de los fiscales en el tratamiento pre-procesal y procesal de víctimas y testigos, y (iii) Proyección de la Unidad de víctimas y testigos en el Ministerio Público (segundo distrito judicial y en todo el territorio) SUPERVISIÓN Y TIPO DE CONSULTORÍA Bajo la supervisión directa del Experto en Sistema Acusatorio del Proyecto PANT41, del Coordinador del Proyecto PANT41, la supervisión general del Representante Regional de UNODC, y en coordinación con las instancias correspondientes de la Institución, el especialista se integrará en el equipo de trabajo conformado por la oficina de UNODC y el proyecto PANT41, así como

4 colaborará estrechamente con la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, donde tendrá un espacio físico para desarrollar sus funciones de asistencia técnica. Deberá, de ser necesario, analizar el despacho Superior y fiscalías especializadas, además de viajar al Segundo Distrito Judicial (provincias de Coclé y Veraguas) para realizar reuniones con el personal del área donde iniciará la implementación del sistema acusatorio, para lo cual el Proyecto proveerá los viáticos correspondientes. ACTIVIDADES 1. Desarrollo del plan de trabajo y cronograma a desarrollarse en los primeros días del inicio formal de actividades. 2. Análisis y evaluación de las necesidades de víctimas y testigos a la luz de las disposiciones del Código Procesal Penal y la estructura actual del Ministerio Público. 3. Desarrollo de un taller de trabajo con el objeto de discutir y exponer en torno a las necesidades de víctimas y testigos en el contexto del nuevo proceso penal. 4. Diseño del protocolo de actuación de los fiscales en el tratamiento pre-procesal y procesal de víctimas y testigos, que permita conocer qué medidas debe adoptar el Ministerio Público antes del inicio del proceso (información sobre derechos y asistencia que puede facilitar la Unidad de Víctimas y Testigos) y que oriente al fiscal, de la manera más práctica posible acerca de qué iniciativas deben desarrollarse en el curso del mismo (formulación de denuncia, medidas de protección, asistencia profesional especializada, declaración en el acto de juicio oral, información sobre el resultado del mismo). Este protocolo debe confeccionarse aprovechando la experiencia de los actores y dependencias involucradas (despachos de instrucción penal y sus servicios de apoyo, en el despacho superior, fiscalías especializadas y en los despachos de Coclé y Veraguas). 5. Asesorar a la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Modelo de Gestión, de Recursos Humanos, Administración y de Desarrollo Tecnológico en el diseño de la Unidad de Víctimas y Testigos, tomando en cuenta el modelo de gestión de los despachos de instrucción y de apoyo administrativo. 6. Presentación de resultados del diseño de protocolo de actuación pre-procesal y procesal de víctimas y testigos en un taller con participación de la contraparte técnica institucional y sus autoridades. 7. Desarrollo del informe proyección de la Unidad de víctimas y testigos en el Ministerio Público (segundo distrito judicial y en todo el territorio). Realizar un análisis de prospectiva del desarrollo de la unidad de Víctimas y Testigos en los próximos años en el marco de la implementación del sistema acusatorio en todo el país. 8. Presentación de resultados del informe proyección de la Unidad de víctimas y testigos en el Ministerio Público (segundo distrito judicial y en todo el territorio), en un taller con participación de la contraparte técnica institucional y sus autoridades. 9. Elaborar un plan de comunicación a través de recomendaciones que permitan la difusión de la información relativa a la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público y acerque la institución al ciudadano.

5 10. Elaboración de informe final de consultoría PRODUCTOS A ENTREGAR 1. Plan de trabajo y cronograma 2. Primer informe de avance comprendiendo: a. Documento de análisis y evaluación de necesidades de víctimas y testigos en el marco del nuevo proceso penal y estructura del Ministerio Público (máximo 15 páginas) b. Documento de Protocolo crítico de atención a víctimas y testigos para fiscales, que les permita seguir unas guías de asistencia desde que el ciudadano toma el primer contacto con el proceso penal hasta que concluye el mismo (documento de no más de 30 páginas que se configure como un instrumento para la acción) c. Presentación de evidencias del proceso de elaboración y validación del documento y presentación ppt) d. Diseño de la Unidad de Víctimas y Testigos (documento de 15 páginas como máximo) e. Análisis de las perspectivas de desarrollo de la Unidad de Víctimas y Testigos (documento de no más de 25 páginas y presentación ppt) f. Recomendaciones para un plan de comunicación que permita informar eficazmente acerca de las acciones del Ministerio Público con el objetivo de adecuar la institución al nuevo sistema procesal y acercarla al ciudadano 3. Informe final de consultoría FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Los productos de la consultoría deberán ser entregados en un original y tres copias impresas así como con su correspondiente respaldo en CD o DVD para ser distribuidas a la coordinación del proyecto, a la Coordinación de Proyectos Especiales y a la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) del Ministerio Publico. El desarrollo general y la aprobación de los productos de la misión estarán a cargo de la Oficina Regional de Programa de UNODC Panamá, y, en particular, del coordinador del proyecto PANT41. Asimismo, el desarrollo sustantivo de la misión estará bajo la supervisión directa del coordinador de este proyecto. El Coordinador del proyecto PANT41 tendrá 5 días para revisar/aprobar los informes entregados por el consultor.

6 FORMA DE PAGO POR PRODUCTO Descripción Porcentaje de Pago a la entrega de los productos: 1. Plan de trabajo y cronograma 15% Fecha Aproximada de Entrega 24/06/11 2. Primer informe de avance 45% 15/07/11 3. Informe final 40% 19/08/11 CALIFICACIONES Educación Profesional del derecho con Licenciatura en Derecho, con buenos conocimientos del proceso de reforma procesal penal (sistema acusatorio), posgrado en derecho procesal penal y conocimientos prácticos demostrables Experiencia laboral Entre 5 y 10 años de experiencia en proyectos o iniciativas de transformación institucional en el sistema de justicia y procesos de implementación de reformas en países de la región latinoamericana. Se valorará positivamente que el candidato haya trabajado como fiscal así como la experiencia profesional en actividades relacionadas con la institución del Ministerio Público. Se valorará asimismo la participación en cursos especializados en sistema acusatorio y en particular en asistencia a víctimas y testigos. Experiencia laboral en organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas u otras similares. Habilidad de trabajar de una manera armónica, eficaz y confiable con oficiales de organizaciones internacionales, altos representantes de los Gobiernos, profesionales y especialistas de alto nivel, así como gozar del respeto y credibilidad de la sociedad civil. Capacidad de trabajar bajo presión. Idiomas Dominio del español y deseable conocimientos de inglés.

7 Otros conocimientos deseables Experiencia en investigación y desarrollo de políticas públicas. Conocimiento de las instituciones operadoras del sistema de administración de justicia de Panamá. COMPETENCIAS INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad personal COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, creencias, etc. ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la retroalimentación TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos EVALUACION DE LA PROPUESTA Se utilizará un criterio de selección sobre la base de la hoja de vida y revisando las propuestas de cada consultor, habilitando a los que alcancen un puntaje mínimo de 70 puntos para la fase de entrevista. Los criterios de evaluación serán los siguientes: Item Criterios de Selección Valoración 1 Formación Académica 25 a Licenciatura en Derecho 10 b Cursos Especializados y publicaciones en materia de asistencia a 15 víctimas y testigos 2 Experiencia General 20 a b Experiencia de trabajo en instituciones operadoras de justicia. Experiencia laboral en organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas u otras similares Experiencia Específica 55 a Experiencia en actividades relacionadas con el tratamiento de víctimas y testigos 30 b Experiencia en trabajo con/para el Ministerio Público 15

8 c Experiencia en la región de la que se desprenda un conocimiento de los requerimientos y necesidades en materia de víctimas y testigos 10 Gran Total 100 INFORMACIÓN REQUERIDA: 1. Carta de interés o propuesta en la que se explique porqué se considera el candidato más indicado para la asignación y en caso de ser necesario, una breve metodología sobre cómo enfocarán y ejecutarán la asignación; 2. CV personal, que incluya experiencias previas en proyectos similares y datos de contacto para referencias; 3. Propuesta financiera y 4. Formulario P11 (puede encontrar el formato en la página web) APLICACIONES Los interesados deberán enviar su CV, así como copia de los documentos que se solicitan en esta convocatoria, al correo electrónico: aplicaciones.romex@unodc.org Favor de indicar en el título del correo el Código de la Vacante Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo de ninguna vía. Se contactará únicamente a los candidatos preseleccionados en la entrevista Fecha límite de aplicación: 4 de Junio Sobre UNODC: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue establecida para abordar los aspectos interrelacionados del control de drogas, la prevención del crimen y el terrorismo internacional en el contexto del desarrollo sustentable y la seguridad humana. Establecida en 1997, la UNODC se financia principalmente a través de contribuciones voluntarias, especialmente gubernamentales. Su función primordial es promover la ratificación e implementación de los tratados internacionales, reformas legislativas e institucionales y llevar a cabo proyectos de cooperación técnica para monitorear, prevenir y contrarrestar la producción, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas así como la delincuencia organizada Para más información, favor de consultar la página: