CASACION PENAL S.P. No.180=2010 CERTIFICACION

Transcripción

1 CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil doce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con cede en Juticalpa, mediante la cual Absolvió al señor J. Y. A. F., como autor responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de S. G. A. M.. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada W. M. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. ES PARTE: La abogada K. M. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS: PRIMERO: En horas de la noche del día treinta y uno de julio del año dos mil ocho, la menor S. G. A. M. se encontraba en su casa de habitación que comparte con sus padres, ubicada en la aldea el Pedregal del municipio de San Francisco de La Paz, Olancho; en el lugar también funciona un negocio de pulpería, allí se hizo presente el joven J. Y. A. F., con quien la menor mantenía relación de noviazgo, luego de platicar ambos decidieron abandonar el lugar con el propósito de unirse maritalmente y formar un hogar. SEGUNDO: Cuando los padres de la menor se enteraron de la ausencia de ésta, decidieron interponer denuncia con el propósito de recuperar a su menor hija de trece años, con esto se procedió por el delito de violación especial, en debate se determinó entre otras cosas que los jóvenes efectivamente a la fecha han conformado un hogar del cual ha surgido un hijo se encuentran 1

2 unidos en matrimonio por lo que se aplica la figura jurisprudencial del error de prohibición con lo que se le absuelva de responsabilidad criminal. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". En relación con el párrafo primero del artículo 336 del 9.P.P. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia; analizando inicialmente el contenido de las deposiciones de los testigos de cargo, lo cual se efectúa a continuación: La ofendida S. G. A. M., declaró: Que se fue con J. por su gusto, que sus padres tenían conocimiento de ese noviazgo, que el encausado llegaba a su casa ya que en el lugar opera un negocio, tenían dos años de relación y que J. sabía que edad tenía ella al momento de comenzar el noviazgo. La señora M. del C. M., refirió que del noviazgo de su hija con el imputado no tenía mucho conocimiento, que éste ha sido responsable con ella y que ahora si esta de acuerdo con la relación que tienen. De igual manera fue allegada al debate del Juicio Oral y Público el Acta de Nacimiento de la víctima, con la que se establece que esta contaba con trece años de edad cuando ocurrió el hecho, y el Dictamen Médico Legal el que concluye que la menor presentaba himen con ruptura antigua, Una vez analizadas las declaraciones de los testigos antes referidos, la prueba documental y la pericial, nos adentramos a la 2

3 valoración del elenco probatorio que ha efectuado el Tribunal; específicamente en el numeral tercero de la valoración de la prueba, en el cual el A quo establece: que si bien es cierto el Tribunal da por probado, con la declaración de la ofendida, hubo una relación sexual entre la menor S. G. A. M. y el joven J. Y., pero por un lado este Tribunal determina que el imputado desconocía que la menor tenía sólo trece años al momento del hecho, se confirmó con la presencia de la menor en debate, lo revelado por el imputado en el sentido de que esta por su aspecto físico aparenta mas de catorce años, se incorporó al debate Acta de Nacimiento de la menor ofendida, se constató que es cierto que entre estos dos jóvenes había una relación de noviazgo y que esa relación llevaba como propósito principal formar un hogar o familia, por ello entendemos que la conducta del imputado se encuentra enmarcada en lo doctrinalmente se conoce como Error de Prohibición, lo que se fundamenta de la siguiente manera: El Derecho Penal, es un derecho protector de bienes jurídicos y para que a una persona se le pueda deducir responsabilidad penal por una determinada acción que haya cometido, esa acción, debe lesionar un determinado bien jurídico protegido, en este caso si bien es cierto existe una norma que sanciona a quien tenga una relación sexual con una persona menor, aun cuando haya habido voluntad de la víctima, pero también es cierto, que la ofendida por un lado aparentaba más de la edad que realmente tenía y por otro, la intención del joven imputado era formar una familia, no actuó con la simple intención de satisfacer un apetito sexual de momento, ni aprovechándose de la edad de la menor pues se determinó que el imputado al momento del hecho también tenía la edad de 24 años, lo cual excluye el elemento subjetivo del dolo, que es básico para qué se pueda configurar el tipo penal denunciado. Por otra parte, el sentenciador ha tenido también muy en cuenta la cultura y procedencia del joven acusado; quien se ha desarrollado en una comunidad rural, en la cual es común en los habitantes de estas comunidades de nuestro país que los jóvenes a 3

4 temprana edad se unen como pareja, con el único fin de formar un hogar o hacer vida en común, sin importar la edad; asimismo, manejan un desconocimiento de las normas jurídicas que sancionan este tipo de actos...". La Fiscalía considera, que la postura supraindicada del Juzgador vulnera la logicidad de la sentencia, específicamente el postulado de Derivación en su apartado de Razón Suficiente y, a su vez en su característica de veracidad, pues con el andamiaje probatorio de cargo se ha establecido que cuando el encausado mantuvo relación sexual con la ofendida, ésta contaba con trece años de edad, por lo que estimamos que el Juzgador quebrantó la Sana Crítica en los renglones supraferidos al no valor en apego a aquella, la prueba evacuada en el debate al haber absuelto al encausado fundamentándose en que este no actuó con el propósito de satisfacer un apetito sexual, sino que realizó la acción con la intención de formar una familia por estar unidos en matrimonio, circunstancia que no se pudo establecer, debido a que no fue allegada al juicio el acta de matrimonio; de igual forma, ha aseverado que el imputado desconocía que esta acción era penada por ley, debido a su cultura y procedencia, circunstancia que de igual forma no fue establecida durante el proceso, pues el Juzgador debió relacionar en su fallo, lo atinente a lo distanciado que se encuentra el lugar en donde tiene su domicilio el encausado de la civilización para determinar el total desconocimiento de la norma; además es de hacer notar que el imputado en su declaración refirió que comenzó su noviazgo con la ofendida al venir de los Estados Unidos, lo que nos indica que es una persona que no solo ha vivido en ese lugar, sino que ha tenido la posibilidad de ampliar sus conocimientos y experiencias culturales en todo los aspectos. El Ministerio Público considera, que de la plataforma fáctica se deduce claramente que el encausado es el autor de los hechos que se le imputan, por lo que se hace patente que el Tribunal ha valorado las pruebas violentando como antes se indicó las reglas de la Sana Crítica, infringiendo el Tribunal Sentenciador el postulado ya referido de la Lógica a la vez, 4

5 y el postulado de coherencia, concretamente la regla de la Ley de Tercero Excluido, ya que esta se viola cuando los hechos que el Juzgador estima como probados no son congruentes con la prueba vertida en juicio oral, resultando ilógico la sentencia en donde se afirma que el encausado no incurre en la comisión del ilícito penal que se le imputa, ya que los elementos de prueba en los cuales se sustenta establecen con claridad que el mismo es culpable de tal acción, pese a que de la prueba de cargo se desprende como resultado que el enjuiciado efectivamente perpetró el hecho delictivo, y que tales pruebas fueron incorporados al juicio de manera legal y que las mismas están dotadas de la suficiencia o de la aptitud para producir en el juzgador el convencimiento de culpabilidad del acusado. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. SEGUNDO MOTIVO: Que la sentencia contenga motivaciones jurídicas contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el numeral anterior si bien es cierto, la conducta del joven imputado se subsume en el tipo penal denunciado, pero por las circunstancias ya explicadas (error de prohibición) no es procedente condenar al imputado". (Lo agregado entre paréntesis es nuestro). Asimismo, el Juzgador al fundamentar su fallo expone: QUINTO: La aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia a la que como Tribunal estamos sometidos según lo que regulan los artículos 26 párrafo primero de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la República de Honduras y 2 del Código Procesal Penal, tiene como efecto, en primer lugar, el desplazamiento de la carga probatoria sobre la acusación. Son las partes acusadoras quienes han de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos, los hechos que conforman el tipo penal. Sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria alguna. Es por ello, que después de lo 5

6 analizado anteriormente en la presente sentencia, al no haber acreditado el Ministerio Público, los extremos en que fundaron su acusación, ya que su actividad probatoria resultó insuficiente para enervar la presunción de inocencia; procede entonces dictar un fallo absolutorio de la responsabilidad del señor J. Y. A. F.." Es evidente que los dos razonamientos colisionan con la congruencia que debe imperar en un fallo, pues por un lado confirma que el encausado cometió la acción delictiva pero que no se da el requisito del dolo que forma parte de los elementos subjetivos del tipo, por estar cubierto por el Error de Prohibición, y por otro lo exime de la misma fundamentando su decisión en insuficiencia probatoria, esto es ausencia de acreditación fáctica del ilícito penal. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. I. El recurrente alega vulneración de las reglas de la sana crítica, en la sentencia absolutoria dictada a favor del señor J. Y. A. F. a quien se le siguió proceso por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de S. G. A. M.; en síntesis considera el recurrente, que el Tribunal sentenciador con sus razonamientos infringió la lógica y dentro de la misma el postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, pues no existen inferencias razonables en la valoración de las pruebas, que la ofendida al momento del hecho contaba con trece años de edad, equivocándose el Tribunal al razonar que el acusado no actuó con el propósito de satisfacer su apetito sexual, sino de formar una familia. II. Es importante mencionar, que el A-quo fundamenta su fallo en el llamado error de prohibición. La doctrina 1 entiende que: existe un error de prohibición cuando el autor cree que un hecho no 1 Véase, Castillo González, Francisco, El error de Prohibición, Editorial Juritexto, San Jose Costa Rica, 2001, Pág

7 esta sujeto a pena, es decir, falta el conocimiento del autor de lo injusto del hecho. Al respecto, debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no regula dicho error, tal como lo hacen otras legislaciones aceptando únicamente el Código Penal dos casos de error, como lo son el Error en la persona regulado en el artículo 20 y la legítima defensa putativa del artículo 25 del mismo cuerpo legal; en consecuencia, la referida figura, no ha sido incorporada en el orden jurídico penal vigente de nuestro país. III. Dicho lo anterior y, siendo el Recurso invocado por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo violación a las reglas de la sana crítica, la Sala encuentra que, efectivamente, como lo viene alegando el recurrente, el A-quo ha violentado las reglas de la sana crítica, pues se evidencia que el Tribunal pudo llegar a conclusiones diferentes a las que arribó equívocamente y carentes de derivación sucesiva y lógica de la prueba aportada, dado que ciertamente se acreditó con la respectiva acta de nacimiento la edad que la víctima (quien al momento de los hechos contaba con 13 años de edad), resultando intrascendente si la relación sexual se dio con la venia de la víctima, pues no es un requisito normativo del tipo penal, ya que la circunstancia especial es determinada justamente por la edad de la víctima. Habiendo establecido el legislador una presunción absoluta de falta de madurez psíquica en los menores de 14 años para consentir relaciones carnales, protegiéndose así su indemnidad sexual. IV. El A- quo busca sustentar su conclusión, aduciendo que la víctima aparentaba mayor edad y que la intención del imputado era formar una familia, partiendo de que el acusado es de un área rural donde los jóvenes a temprana edad se unen como pareja para formar un hogar o hacer vida en común, lo cual no se extrae de manera lógica de las declaraciones rendidas, así, puede verse que el acusado manifiesta que mantuvo noviazgo con la ofendida durante 7 meses (folio 72 v), la madre de la ofendida por su parte manifiesta que no se dio cuenta mucho del noviazgo que mantenían su hija y el acusado (folio 73v). La ofendida S. A. a la pregunta hecha en juicio 7

8 de si sus padres tenían conocimiento de la relación de noviazgo que existía entre usted y don J.? contesta que NO (folio 73), dejando claro además que le manifestó al acusado la edad que tenía al momento de iniciar la relación; de lo cual, se infiere que no es razonable la inferencia del Tribunal de que, la intención previa del acusado era la de formar una familia, por otro lado, es claro que el hecho acaecido no se puede ajustar al error de prohibición culturalmente condicionado que en la doctrina se ilustra con el caso de las comunidades étnicas. Nótese que en el caso examiné, según la propia declaración del acusado fue cuando regreso de Estados Unidos que inicio su relación con S., lo cual lo aleja de un contexto cultural reducido para pretender asimilar un error de prohibición. El conocimiento de la prohibición de la norma, no debe ser un conocimiento exacto, es suficiente con tener motivos para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y que es contrario a las normas elementales que rigen la convivencia social. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que la incorrecta apreciación de las probanzas ha quebrantado las reglas de la sana crítica racional que buscan asegurar en el sistema de enjuiciamiento criminal que el juzgador no llegue a juicios de valor de forma arbitraria, subjetiva o antojadiza; sino que base sus conclusiones en parámetros objetivos, claramente identificables tal como lo son los principios de la lógica, la psicológica y la experiencia común, siendo procedente declarar Con Lugar el Recurso por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo invocado por el recurrente. V. No se resuelve el segundo motivo invocado, por haber sido declarado con lugar el primer motivo del Recurso presentado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 8

9 Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, invocado por la Abogada W. M. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa seguida contra el señor J. Y. A. F., por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de S. G. A. M.. SEGUNDO: Declara la nulidad del fallo de fecha cuatro de diciembre del año dos mil nueve, dictado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho y del debate en que se pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita otro debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL. Extendida a solicitud de la Abogada T. J. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil doce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP LUCILA CRUZ MENENDEZ SECRETARIA GENERAL 9