CAMARA DE FAMILIA DE LA SECCION DEL CENTRO, SAN SALVADOR, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS.

Transcripción

1 253-A-05 CAMARA DE FAMILIA DE LA SECCION DEL CENTRO, SAN SALVADOR, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS. Conocemos del recurso de apelación interpuesto por el Lic. ************, quien actúa en sustitución del Lic. FERNANDO RAMON JARQUIN ROMERO, como apoderado de la señora *******************, mayor de edad, empleada, del domicilio de San Salvador, quien a su vez representa a la menor ************(actualmente de cuatro años). Impugna la resolución pronunciada por la JUEZA SEGUNDO DE FAMILIA, Licda. CECILIA YANETH CAÑAS DE GARAY, en el PROCESO DE DECLARATORIA JUDICIAL DE PATERNIDAD, marcado bajo referencia SSF2-694-(148)-04/6, promovido por la impetrante contra el señor ************, mayor de edad, Ingeniero, del domicilio de la República de Italia y con residencia temporal en El Salvador, quien es representado por los Licenciados RAUL EDUARDO MIRANDA LUNA Y MARIO ORLANDO TICAS RIVERA. I- A fs. 161, con fecha cuatro de octubre de dos mil cinco, se dictó la interlocutoria impugnada, en la cual en el segundo párrafo, fue corregido el error material consignado a fs. 135 y 147 en cuanto a uno de los apellidos del Lic. ************ y se dijo además que dicho profesional actúa en representación de la menor ************. En el párrafo cuarto de dicha resolución, la Jueza a quo declaró no ha lugar a lo solicitado por el Lic. ************, de enviar oficio a la Embajada de Italia, a fin de obtener información sobre los bienes propiedad del demandado en ese país. Esta decisión la fundamentó la a quo, para no violentar uno de los principios generales de la prueba relativos al ejercicio del contradictorio, puesto que ha precluído el momento procesal oportuno para solicitar la prueba. II- Inconforme con lo anterior, el Lic. ************ interpuso recurso de apelación a fs. 167/168, manifestando en síntesis lo siguiente: -Que en la resolución impugnada se pretendió corregir el error material referente a sus apellidos (del Lic. ************), pero que por un lapsus se cayó en otro error, el de expresar que como profesional representa únicamente a la menor ************y no se dijo que también es apoderado y representante de la señora *******************. -Que el tribunal se ha negado a pedir informe a las autoridades civiles administrativas italianas, a través de la Embajada de ese país acreditada en el nuestro, respecto a bienes que pudiera tener el demandado en el extranjero, alegándose que ha precluido el término para solicitar pruebas, agregando el impetrante que tal petición se hizo en base a que fue la Jueza a quo quien precisamente en audiencia preliminar ordenó al Lic. JARQUIN ROMERO presentara pruebas sobre la titularidad de los bienes atribuidos al señor ************, como la sociedad FIMA ITALIA S.A. DE C.V., y el negocio "EL MOLINO", siendo el plazo otorgado para subsanarla de tan sólo tres días, por lo que, dada la imposibilidad de

2 cumplirlo en ese plazo, en el escrito presentado el veinticuatro de enero (dos mil cinco), pidió ampliación en razón que los bienes se encuentran en Italia. - Agrega, que si bien es cierto el momento procesal oportuno para ofrecer prueba es con la interposición de la demanda, en este caso ha ocurrido que en la demanda se pidió la realización de un estudio psico-social educativo para determinar las situaciones en que se desenvuelven tanto la menor ************como sus padres. El apelante comparte que los estudios no son prueba, pero considera que al ser cotejados con los demás elementos probatorios, adquieren cierto valor probatorio y en ese sentido, para colaborar con dichos estudios sociales a fin de acreditar la capacidad económica del demandado, pueden librarse los oficios solicitados sin violentar los principios del contradictorio, ya que, la parte contraria tendrá la oportunidad de contradecirla cuando desfile la prueba, todo con base al interés superior del menor. Arts. 348,350 y 351 C.F. Terminó su libelo pidiendo a esta Cámara revoque el párrafo cuarto de la resolución de fecha cuatro de octubre y se ordene librar el oficio respectivo, solicitando informe a las autoridades civiles administrativas italianas, a través de su Embajada acreditada en el país y se le tenga por parte como representante tanto de la señora ******************* como de su menor hija ************. Los Licenciados RAUL EDUARDO MIRANDA LUNA Y MARIO ORLANDO TICAS RIVERA a fs. 174/175, al contestar los argumentos de la apelación, en síntesis expresaron: Que la inconformidad del Lic. ************ reside en la representación que ejerce respecto de la parte demandante (la menor y su madre), y que fue un error meramente material del Tribunal el consignar mal el apellido de dicho profesional, no encontrando, ningún motivo de donde pueda deducirse algún perjuicio a la demandante y a la madre. -Que se oponen a que se conozca mediante el recurso interpuesto, la introducción de prueba sobre situaciones que no han sido planteadas oportunamente y que no reúnen las circunstancias particulares para considerarse hechos nuevos o de situaciones para mejor proveer, pues, según manifiestan los apoderados del demandado, tal petición se basó en una deformada interpretación de lo acontecido en la audiencia preliminar, pues se le concedió un plazo a la parte demandante para que documentara sobre la titularidad de la empresa "El Molino", procedimiento del cual -como parte demandada- no estuvieron de acuerdo por lo que interpusieron apelación diferida, ya que, según ellos, se subsanó una omisión de la contraparte que debió documentarse con la presentación de la demanda; más nunca se manifestó, ni en la demanda, ni en esa oportunidad sobre bienes del demandado que debieran ser indagados por el tribunal, y por el principio general de la aportación de la prueba, es la parte interesada quien debe documentar los extremos que pretende hacer valer. -Solicitan que se declare sin lugar el recurso planteado por el Lic. ************, debido a que las peticiones formuladas por este, carecen de sustento legal, ya que, si la Honorable Cámara de Familia interpreta que los literales del Art. 153 de la L.Pr.F., no son númerus cláusus, para el caso particular del literal h), sí se exige como requisito de procedencia que la prueba rechazada se haya solicitado oportunamente y en este caso consideran que no es

3 procedente, porque para apelar de la denegatoria de una prueba, se requiere que ésta haya sido ofrecida en la etapa procesal oportuna. Finalmente piden a esta Cámara que declare inadmisible el recurso de apelación interpuesto y en caso de admitirse, se declare sin lugar por las razones antes señaladas. Por su parte la Licda. SANDRA ODETH LOPEZ, Procuradora adscrita al Tribunal a quo, emitió su opinión respecto de la alzada mediante escrito de fs. 176, exponiendo lo siguiente: -Que respecto al punto impugnado, los Arts. 42, 43 y 44 de la Ley Procesal de Familia establecen en que momento procesal puede la parte demandante ofrecer o pedir que se practique algún tipo de prueba; el hecho de que el Lic. ************ esté solicitando se libren los oficios correspondientes a efecto de obtener información sobre bienes que tiene o pueda tener el demandado en el extranjero, no es pertinente en esta etapa procesal por haber precluido la oportunidad para hacerlo. Terminó su libelo pidiendo se confirme la resolución pronunciada por el tribunal a quo. III- Así las cosas, el decisorio de esta cámara se constriñe a determinar: Si procede revocar o confirmar el párrafo cuarto de la interlocutoria impugnada, que denegó librar oficio a la Embajada de Italia a fin de obtener información sobre los bienes que el demandado tiene en ese país, tal como lo había peticionado el Lic. ************. En relación al primer punto apelado de no haberse tenido al apelante como apoderado de la señora ************, (madre de la menor demandante), consideramos que es una inconformidad que no trae consecuencias jurídicas para sus representados, pues en puridad tal circunstancia puede ser suplida oficiosamente en cualquier momento procesal, siendo una omisión del Tribunal, al no tenerlo como representante tanto de la señora ******************* como de la menor ************, la primera interviene en su calidad personal y también en calidad de representante legal de su expresada hija, pues la señora ************ es parte activa en el proceso -al demandar indemnización de carácter material y moral-, por ello en dicho proceso debe considerársele representante de ambas. En lo referente al segundo punto apelado, se relaciona la prueba que se ofrece con la demanda; la que se recaba para mejor proveer y el valor probatorio que se le atribuye a los estudios practicados por el equipo multidisciplinario adscrito al tribunal. Debe tenerse claridad que el momento procesal oportuno para ofrecer los medios probatorios, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 42 lit. f), 44 y 46 inciso 2º L.Pr.F., es el escrito de interposición de la demanda y de su contestación (salvo excepciones que no encajan en el sub judice) así, las partes deben ofrecer toda la prueba que pretenden hacer valer ó solicitar la práctica de aquellas con las que no cuentan, brindando al efecto la información y los detalles del lugar donde se encuentren, todo con el objeto de demostrar la veracidad de sus argumentos las que servirán para fundamentar el fallo. No obstante lo anterior e independientemente de las excepciones expresas en cada uno de los casos, esta Cámara en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que con base en el principio

4 favor probationes y la obligación del juzgador de buscar la verdad real de los hechos controvertidos sometidos a su conocimiento y decisión, la preclusión en materia probatoria debe flexibilizarse, con la única limitante del respeto al derecho de defensa de las partes El(la) Juez(a) por su parte, como director del proceso y por ende de la investigación para establecer la verdad de los hechos sometidos a su conocimiento, vigilará que se respete siempre el derecho de defensa de las partes; al dirigir la investigación, el Juzgador(a) no aporta prueba, más bien, tiene el deber de ordenar diligencias que ayuden al mejor esclarecimiento de los hechos, tal y como lo establece el Art. 7 lit. c) L.Pr.F. De esa forma y siendo el juzgador el verdadero "director" del proceso, debe valorar el ofrecimiento de pruebas incluso en la audiencia preliminar, pues en todo caso es en ésta en donde se resolverá sobre su admisión, pertinencia o utilidad, de acuerdo a la correspondiente delimitación del thema decidendi. Y es que el derecho de ofrecer pruebas no significa que serán admitidas, pues el Juez puede desecharlas o bien ordenarlas aún de oficio. Art. 109 L. Pr. F.. El impetrante aduce en concreto, que se rechaza su petición de librar oficio a la Embajada de Italia por haber precluido el término de ofrecimiento de prueba. Al revisar la demanda encontramos, que con el objeto de demostrar que el demandado es una persona con suficiente capacidad económica, se solicitó al tribunal a quo la realización de un estudio psico-social educativo; asimismo, que se pidiera informe a la Dirección General de Impuestos Internos con el fin de conocer sobre la declaraciones de renta por parte del demandado en los ejercicios fiscales correspondientes a los años del dos mil al dos mil cuatro; también se pidió al tribunal autorizara peritaje contable en los libros correspondientes que lleva la sociedad FIMA ITALIA, S.A. DE C.V., y el Restaurante "EL MOLINO", ya que, según lo manifestado en la demanda, dichas empresas pertenecen al demandado; solicitó además, la inspección de planillas administrativas del ISSS para acreditar el ingreso real que éste percibe de su trabajo. En audiencia preliminar (fs.54/55), se admitió la prueba anteriormente descrita y se ordenó librar oficio a cada una de las Instituciones mencionadas por el demandante, pero en relación al peritaje contable solicitado, la Jueza a quo previno al demandante, que para acceder a tal prueba debía antes acreditar la titularidad de dichas empresas, es decir, comprobar que tales empresas son propiedad del demandado, concediéndole el plazo de tres días hábiles para ello, lo cual fue subsanado mediante escrito presentado por el Lic. JARQUIN ROMERO (fs. 56/57), presentando Certificación Literal de la sociedad FIMA ITALIA, S.A. DE C.V. (fs.58/62), en la que consta que el demandado es el dueño del noventa y nueve por ciento de las acciones. En cuanto al restaurante "EL MOLINO" no pudo recabar información, ya que según dijo, no se encuentra registrado como empresa ante el Ministerio de Hacienda y ni siquiera poseía facturación conforme a la ley, pero en la Alcaldía Municipal de San Salvador, en el Registro Particular de Contribuyentes, aparece que dicho negocio le pertenece al señor ************ por lo que pidió a la a quo librara oficio a la Alcaldía Municipal de San Salvador a fin de obtener dicha información, por lo que a fs. 68, se ordenó librar oficio a dicha Alcaldía.

5 El impetrante solicitó ampliación de los estudios ordenados a fin de realizar una investigación más exhaustiva y fijar una justa cuota alimenticia a favor de la menor ************; en razón de ello a fs. 147, la A quo ordenó la ampliación del informe a la trabajadora social el cual a la fecha de remisión del expediente no se había concluido-; lo que si consta es el informe educativo, ver fs. 179/180. Posteriormente, el Lic. *********, presentó un segundo escrito a fs. 155, reiterando que se ampliara dicho estudio, aduciendo que no se le había resuelto su petición del primer escrito e instó a que se indagara sobre el modo de vida de los hijos e hijas del demandado incluyendo la hija que tiene con la señora ***************, y es hasta aquí donde amplía su petición pidiendo que se investigue la existencia de otros bienes del demandado en Italia y sus condiciones de vida, en aquel país solicitando enviar oficio para tal efecto, a la Embajada de Italia. En el sub lite se advierte que en ningún momento procesal hubo un ofrecimiento de prueba, ni solicitud concreta en ese aspecto es decir la obtención de información en el extranjero respecto a empresas propiedad del demandado- sin mencionar las implicaciones prácticas que ello conlleva, pues tal petición se deriva de lo acaecido en audiencia preliminar, lo que puede considerarse como parte del desarrollo de la ampliación de la investigación basada en una prueba ofrecida en tiempo y no como la práctica de una prueba nunca solicitada, tal y como lo plantean los abogados del demandado, es decir, la observación de acreditar la titularidad de las supuestas empresas del demandado, surgió a raíz de la solicitud de la práctica de peritaje contable a dichas empresas, ya que sin la titularidad no podría llevarse a cabo la práctica de dicho peritaje, quedando a criterio del Juzgador solicitar a la parte probar dicho requisito para mejor proveer. Por otra parte, se observa que el Lic. ************ solicitó en la demanda la práctica de estudio social y posteriormente su ampliación (fs. 138), petición que le fue concedida por la Jueza a quo a fs. 147 pero, no obstante en su segundo escrito (fs.155), reiteró dicha solicitud requiriendo específicamente que en la ampliación de dicho estudio se informara sobre la forma de vivir de los demás hijos del demandado; ampliando así su petición al solicitar que para ello el tribunal librara oficios a la Embajada de Italia para que informaran sobre los bienes que posee el demandado en ese país, así como sus condiciones de vida, pues anteriormente solo se había referido a las condiciones de vida que el demandado presenta en el país ya que es aquí donde radica. Esta última petición del Lic. ************, la confunde como parte integrante de su petición previa de ampliación del informe social, acotando que efectivamente el momento procesal oportuno para ofrecer prueba es en la demanda, pero que fue precisamente en ella, que el Lic. JARQUIN ROMERO (anterior apoderado) solicitó la realización del estudio social, entendiendo que su petición se sustenta en esa solicitud, lo cual consideramos improcedente, pues se trata de introducir elementos probatorios concretos que no fueron ofrecidos en su oportunidad, es decir es en una etapa ulterior, en que se ofrecen esas pruebas; consecuentemente la prueba solicitada debe declararse sin lugar por extemporánea.

6 Asimismo, de acuerdo al Art. 9 L.Pr.F., corresponde a los especialistas que integran el equipo multidisciplinario de los tribunales realizar los estudios y dictámenes que el Juez(a), como director(a) del proceso les ordene; debiendo acotarse, que si bien es cierto el estudio social dentro de un proceso de alimentos, debe versar sobre los puntos concernientes a una mejor aplicación del principio de proporcionalidad, es al Juez(a) a quien en principio corresponde establecer si la prueba obtenida al momento es insuficiente y ordenar de manera oficiosa la que considere necesaria o pertinente. Es por ello que si bien es cierto los informes en puridad no constituyen prueba sus resultados se valoran complementariamente con las pruebas presentadas por las partes y las diligencias ordenadas por el Juez especialmente para mejor proveer- pudiendo llegarse a la convicción o certeza de los hechos alegados por las partes, resolviendo con mejor acierto y equidad. En virtud de todo lo anterior consideramos procedente confirmar la resolución impugnada. En consecuencia, de conformidad a los Arts. 7 lit. c), 9, 42 lit. f), 44, 46 inciso 2º, 55, 153, 156 y 161 L.Pr.F., esta Cámara RESUELVE: Confirmase la interlocutoria impugnada, en el párrafo cuarto, que resolvió no ha lugar a lo solicitado por el Lic. ************ de librar oficio a la Embajada de Italia a fin de obtener información sobre empresas o bienes que el demandado tiene en ese país, por haberse solicitado extemporáneamente. Notifíquese. PROVEÍDA POR LOS MAGISTRADOS: DR. JOSÉ ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA Y LICDA. RHINA ELIZABETH RAMOS GONZÁLEZ. SECRETARIO.