DICTAMEN N.º 148/2011, de 22 de junio. *

Transcripción

1 DICTAMEN N.º 148/2011, de 22 de junio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial tramitado a instancia de D. X por los daños y perjuicios sufridos en el vehículo de su propiedad al colisionar con un zorro en la autovía CM-42. ANTECEDENTES Primero. Reclamación.- Mediante escrito fechado el día 15 de diciembre de 2010, D. X, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, en la que solicitaba el abono de 911,09 euros por los daños causados en el vehículo de su propiedad, marca Citroen Xsara, matrícula M, como consecuencia del accidente de circulación sufrido el día 1 de diciembre de 2010 en la Autovía de los Viñedos (CM-42), punto kilométrico 12 a 10 en sentido Toledo. Según el reclamante, el accidente tuvo lugar cuando, junto con otras tres personas, se dirigía en su coche desde Ciudad Real a Toledo. A las 7:15 horas del referido día, con visibilidad reducida por ser de noche, en el tramo de la Autovía comprendido entre Almonacid de Toledo y Nambroca le saltó un animal de pelaje claro desde debajo del quitamiedos izquierdo de la mediana de la autovía. Al circular en ese momento entre otros dos vehículos no tuvo tiempo ni hueco para evitar al animal, cuyo cuerpo golpeó con la parte delantera del automóvil y a continuación con los bajos del coche. Añade que, tras aminorar la velocidad y comprobar que no se había encendido ningún testigo de alerta del coche ni hacer ruidos extraños ni tener un comportamiento anómalo, continuó hasta su destino en la ciudad de Toledo, donde una vez que había aparcado pudo observar que se había encendido la luz que indicaba bajo líquido de refrigeración, sin poder observar más daños por ser de noche. Hacia las 10 de la mañana pudo comprobar que el daño era mayor de lo que parecía, por lo que solicitó la asistencia de su compañía de seguros, quien con una grúa trasladó el vehículo a un taller de Ciudad Real. Según dice, los daños producidos en el coche fueron los siguientes: Paragolpes rajado en lado delantero izquierdo. [ ] Radiador de Climatizador dañado con rotura y pérdida de líquido. [ ] Radiador de refrigeración del motor dañado con rotura y pérdida de líquido. [ ] Electroventilador roto. [ ] Pérdida completa del líquido refrigerante y gas del climatizador. También manifiesta que el mismo día 1 de diciembre contactó telefónicamente con la empresa de conservación de la autovía a quienes les relató el anterior suceso, creyendo que había chocado con un perro. Al día siguiente, según dice, desde la entidad concesionaria le comunican que el animal atropellado era un zorro, pero que no le pueden facilitar el informe por ser interno. A su escrito de reclamación adjunta la siguiente documentación: Fotocopia del DNI y del permiso de conducir. Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. Ficha técnica del vehículo. Fotocopia del recibo de la Compañía de Seguros S. Fotocopia de la solicitud de atestado-denuncia de la Guardia Civil. Según manifiesta, el informe con las fotografías de los daños lo remiten al Juzgado n.º 2 de Ciudad Real. Fotocopia de la factura del taller. Segundo. Admisión a trámite.- Con fecha 23 de diciembre de 2010, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda dictó acuerdo por el cual se admite a trámite la reclamación y se designa instructor del mismo. Este acuerdo fue notificado al instructor del procedimiento, quién, posteriormente, lo comunicó al reclamante, informándole del órgano competente para resolver el procedimiento, el plazo máximo para hacerlo y los efectos de la falta de resolución en dicho plazo. Tercero. Informes y atestado.- A petición del instructor, el Jefe de Servicio Regional de Carreteras remitió el informe elaborado por la mercantil V, consistente en un escrito de alegaciones en el que muestra su rotunda disconformidad con los hechos narrados en la reclamación, toda vez que esta entidad concesionaria de la autovía en ningún momento tuvo conocimiento de la existencia de tales hechos, recibiendo la primera noticia a través de la solicitud de emisión del presente informe. También alega que el conductor siguió circulando durante más de 20 kilómetros, por lo que los daños se pudieron producir en cualquier otro lugar, ya que Resulta inverosímil que una persona que tiene un incidente de este tipo no detenga su vehículo en el arcén de la propia autovía en el primer momento que le sea posible y haga unas fotografías del animal que presuntamente ha atropellado. También se impugna la valoración de los daños, al no conocer la existencia de ninguna factura, añadiendo, además, que su importe pudo ser abonado por la compañía de seguros. * Ponente: Salvador Jiménez Ibáñez 1

2 En el atestado-denuncia efectuado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Subsector de Ciudad Real consta la comparecencia efectuada por el interesado el día 9 de diciembre de 2010, así como la manifestación del denunciante, la cual resulta coincidente con el contenido de la reclamación. En el apartado de Comprobaciones realizadas no consta ninguna anotación. Cuarto. Trámite de audiencia.- Finalizada la instrucción, mediante escrito de 28 de marzo de 2011 el instructor comunicó al reclamante y al representante de V la apertura del trámite de audiencia por un plazo de diez días, adjuntando a los correspondientes escritos la relación de documentos que obraban en el expediente. Dentro del plazo conferido para ello, el representante de V presentó un escrito de alegaciones en el que, dando por reproducido su anterior escrito, solicita el archivo de las actuaciones. En el expediente consta que el reclamante recibió la notificación de concesión de la audiencia el día 29 de marzo de 2011, sin que durante el plazo concedido para ello haya efectuado alegaciones. Quinto. Propuesta de resolución.- El día 3 de mayo de 2011 el instructor formuló propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación presentada por entender que no existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de carreteras y los daños alegados. Sexto. Informe del Gabinete Jurídico.- Obra en el expediente un informe del Gabinete Jurídico de la Administración Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, emitido el día 12 de mayo de 2011, en el que se informa favorablemente la propuesta de resolución. En tal estado de tramitación V.E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con fecha 23 de mayo de A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes CONSIDERACIONES I Carácter del dictamen.- El artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, establece que este órgano deberá ser consultado en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades que versen sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros. Por su parte, el artículo 12.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, dispone que, concluida la instrucción del procedimiento, el instructor propondrá que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el dictamen de este órgano consultivo o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. En el supuesto sometido a consulta, el reclamante solicita 911,09 euros, por lo que, en aplicación de los preceptos citados, se emite el presente dictamen con carácter preceptivo. II Examen del procedimiento tramitado.- Las normas reguladoras del procedimiento general aplicable a la tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración se hallan contenidas en los artículos 4 al 13, ambos inclusive, del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, disposición mediante la que se ha operado el desarrollo reglamentario previsto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El expediente tramitado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda se ha ajustado, en lo esencial, a lo establecido en la normativa que resulta de aplicación, lo que ha propiciado su normal examen y conocimiento. En la reclamación se dice que el informe de la Guardia Civil junto con fotografías de los daños fue remitido al Juzgado n.º 2 de Ciudad Real. En la instrucción del procedimiento no se ha recabado informe del Juzgado ni actuaciones de la Guardia Civil. No obstante, ha de tenerse en cuenta que la agrupación de la Guardia Civil donde se efectuó la denuncia corresponde a Ciudad Real y el accidente tuvo lugar en Almonacid de Toledo, a 20 km. de la capital. Por otra parte, la denuncia se presentó nueve días después de producirse el accidente, por lo que aunque fuese cierto el atropello del zorro - que el representante de la mercantil desmiente- el animal ya habría sido retirado y sería imposible reconstruir los hechos. También ha de tenerse en cuenta el poco interés mostrado por el reclamante que dice que iban cuatro en el coche y no propone testifical de sus acompañantes. A la vista de lo anterior, se considera que, en este caso, no procede ordenar la retroacción del procedimiento para que se requiera del Juzgado y de la Guardia Civil documentación referente a la reclamación. 2

3 III Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y de la Constitución, el último de los cuales establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido. El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad -Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ 1998\9967)-. Sin embargo, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de junio de 1999, este carácter objetivo, tal y como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan solo en el caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular, sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización. En idéntica línea el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de abril de 2000 declaró que el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es la de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no siempre puede quedar asegurado, añadiendo en otra Sentencia de 25 de abril de 2002 que prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la enfermedad o padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas. Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico de lesión, entendida ésta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados 3

4 por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración. La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y 80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000 (Ar. RJ 2000\4049)-. También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos. El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio de 1994 (Ar. RJ 1994\4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255) o de 4 de mayo de 1999 (Ar. RJ 1999\4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente. Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: Se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]. 4 IV Requisitos para el ejercicio de la acción.- Con carácter previo al análisis pormenorizado de los requisitos de fondo exigidos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración antes mencionados, debe examinarse la concurrencia de las legitimaciones activa y pasiva ligadas a la pretensión indemnizatoria planteada por el reclamante y el plazo de ejercicio de la acción. En cuanto a la primera de las cuestiones apuntadas, la documentación obrante en el procedimiento permite atribuir al reclamante dicha legitimación, toda vez que ha quedado suficientemente acreditado que es el titular del vehículo en el que se han producido los daños. En el plano opuesto, el de la legitimación pasiva, en el supuesto examinado, el evento dañoso se produjo en una autovía de titularidad autonómica, y cuya vigilancia y mantenimiento correspondía a una empresa contratada por la Administración, por lo que ésta se encuentra legitimada pasivamente, pues el supuesto examinado se incardina dentro del grupo de los derivados de reclamaciones dirigidas contra actuaciones ejecutadas por contratistas o concesionarios de la Administración. Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre supuestos similares al ahora analizado, admitiendo la legitimación pasiva de la Administración autonómica cuando se entabla reclamación de responsabilidad por actos u omisiones de sus concesionarios o contratistas. Ello, sin perjuicio de que la Administración, en su resolución, indique si es a ésta o a la empresa contratista -de forma directa o bien cuando la Administración autonómica le repita la suma previamente abonada por ella a la reclamante- a quien corresponde, en su caso, el cumplimiento de la obligación. Por lo que al plazo de ejercicio de la acción se refiere, hay que poner de manifiesto que el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece el plazo de un año, debiéndose computar dicho plazo desde la fecha en que acaece

5 el hecho que motive la indemnización o desde la curación o la determinación de las secuelas en caso de daños de carácter físico o psíquico. En este supuesto, existiendo tan sólo daños materiales, la fecha de inicio del cómputo del plazo es la de producción del accidente, esto es, el 1 de diciembre de En consecuencia, al haberse presentado la reclamación a los quince días de producirse el accidente, la reclamación se encuentra en plazo. V Requisitos sustantivos: daño, relación de causalidad y antijuricidad de aquél.- La reclamación de responsabilidad patrimonial se origina a consecuencia del accidente sufrido por el Sr. X mientras conducía su vehículo por la Autovía de los Viñedos, CM-42, y supuestamente colisionó con un zorro que irrumpió inesperadamente en la vía en el punto kilométrico 12 a 10 sentido Toledo. En el expediente está acreditada la realidad de los daños por los que se reclama, consistentes en los desperfectos producidos en el vehículo propiedad del interesado, los cuales han sido debidamente acreditados mediante la correspondiente factura de los gastos de reparación abonada al taller. La existencia de los daños en el vehículo es compatible con la producción de un siniestro como el descrito al colisionar con un animal que irrumpiera inesperadamente en la vía; sin que se haga cuestión de la realidad de la producción del evento, que correspondería acreditar al reclamante, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley 1/2000, 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, porque, aunque éste no ha desplegado actividad probatoria tendente a acreditar la colisión y tampoco las circunstancias concretas, no es preciso negar la realidad del accidente para fundamentar la ausencia de responsabilidad patrimonial de la Administración ni de la concesionaria por las razones de fondo que, a la vista de lo actuado, se obtienen del expediente. Admitiendo la compatibilidad de los daños que presenta el vehículo con la causa a la que los mismos se atribuyen, tal como se han descrito en el escrito de reclamación y adentrándonos en el análisis de la eventual existencia de relación de causalidad entre los daños alegados y la actuación de la Administración, el único informe ajeno a la versión presentada por el reclamante es el elaborado por el representante de V, en el que dice que esta entidad concesionaria de la autovía en ningún momento tuvo conocimiento de la existencia de tales hechos (el accidente por el que se reclama), recibiendo la primera noticia a través de la solicitud de emisión de informe. A la vista de este informe, y ante la ausencia de otros elementos de juicio, que no han sido aportados por el reclamante sobre otras circunstancias de hecho distintas de las que se relatan en el escrito inicial, que al interesado correspondería haber alegado y, en su caso probado, que hubieran podido tener alguna relación con el incidente, aun sin negar la realidad del atropello de un zorro y admitidos los daños en el vehículo, no es posible imputar responsabilidad ni al contratista del servicio de mantenimiento y conservación de la autovía, ni a la Administración titular de la misma. Para ello, basta recordar lo ya indicado por este Consejo en supuestos similares planteados ante la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Así, en el dictamen 18/2008, de 30 de enero, reiterando lo manifestado en el 106/2003, de 18 de septiembre, se dijo lo siguiente: Los datos que se acaban de reseñar evidencian que la existencia del animal canino en la calzada se revela como una situación prácticamente inevitable, sin que del citado atestado ni del resto de la documentación obrante en el expediente se deriven elementos probatorios suficientes como para apreciar que el siniestro hubiera podido evitarse mediante una actuación administrativa desarrollada dentro del nivel de eficiencia que le es exigible al servicio de carreteras dependiente de la Administración imputada. En este sentido y conforme afirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 6 de mayo de 2002 (R.J. Aranzadi ), no cabe duda que la presencia de un perro en la calzada es un elemento de peligro procedente de un fenómeno difícilmente evitable a priori y desde luego no hay servicio regular y obligado que prevenga de una forma absoluta la aparición de un perro en la calzada de los automóviles, que no pueden constituirse en recintos estancos, máxime cuando como afirma el actor la presencia fue súbita e inmediatamente anterior al accidente lo que impidió poder esquivarlo. [ ] A lo expuesto hasta ahora cabe añadir la doctrina elaborada por el Consejo de Estado en relación con los daños producidos en autopistas por animales, habiendo afirmado al efecto que la presencia incontrolada de los mismos ha de considerarse no como una anomalía en la prestación del servicio sino como un supuesto que enerva la relación de causalidad exigible para generar la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que su acceso a la vía puede resultar inevitable, atendiendo a las diferentes formas en que pueden irrumpir en la calzada (entre otros dictámenes, los números 1968/1998, de 14 de mayo, 566/2000, de 13 de abril, o 3258/2001, de 17 de enero). Si ello es así para las autopistas, ninguna duda puede haber de que la misma doctrina también es de aplicación a las autovías, como ya dijo este Consejo en su dictamen 158/2007, de 19 de septiembre, al ser vías que aunque también tienen limitados los accesos a las propiedades colindantes, según se dice en el artículo 2.3.b) de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, no reúnen todos los requisitos exigidos a las autopistas, y ello con independencia de que los anteriores supuestos se refirieran a un perro y ahora estemos en presencia de un zorro. En sentido concordante se expresan los Tribunales de Justicia, pudiéndose citar, entre otras sentencias, la de 20 de enero de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ar. JUR 2005,187448), que rechaza una pretensión indemnizatoria similar a la presente argumentado que la presencia de un can en la calzada resulta absolutamente incontrolable por la Administración ya que la vía rápida no dispone de mecanismos que puedan garantizar que ello no se 5

6 produzca o para detectarlo inmediatamente de producido, y de ello deben ser conscientes los conductores que la utilicen; es decir, que dicha presencia no es indicativa de un funcionamiento, ni normal ni anormal, de los servicios públicos en la medida en que no interfiere en ellos, lo que determina que no estamos en presencia de un supuesto incardinable en los artículos de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley 30 /1992. En similares términos se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares quien, en su sentencia de 7 de octubre de 2005 (Ar JUR 2005,241617), dijo que se entiende que la entrada del perro a la autopista por uno de los accesos previstos para los vehículos y sin mayores datos sobre la forma en que se produjo dicha entrada, constituye un suceso inevitable, de imposible previsión y con imposible adopción de medidas paliativas ya que el deber de vigilancia de la Administración no se puede extender a la obligación de colocar un agente o barreras en cada acceso de vehículos a las autopistas. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, en su sentencia de 19 de mayo de 2006 (Ar. JUR 2006,242987), dijo que la sola irrupción de un perro en la vía, no puede hacer responder a la Administración de las consecuencias de dicha irrupción ya que no puede llevarse el deber de conservación o policía, en su más amplio sentido, de la Administración hasta el extremo de que pueda responder de las consecuencias derivadas de la posible presencia en la vía pública de animales como el expresado, u otros análogos, pues nunca en base al deber de cuidado exigible a la Administración [...] se puede pretender tan amplia obligación sobre las vías públicas, que harían a la Administración garante de condiciones de seguridad de imposible cumplimiento. Como de forma reiterada ha manifestado el Tribunal Supremo, la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento que pueda suceder en las carreteras, convirtiendo a las Administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos, sino sólo aquellos en los que ha quedado acreditada la existencia de deficiencias en el mantenimiento o conservación de las vías públicas. Consecuencia de todo lo anterior es la inexistencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de carreteras y los daños alegados, por lo que no se puede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. VI Sobre la indemnización solicitada.- El reclamante solicita una indemnización de 911,09 euros, siendo esta cantidad a la que asciende la factura emitida por el taller T, por la reparación del vehículo marca Citroen Xsara, matrícula M, a nombre de D. X. Sin perjuicio de que no procede su abono, cabe afirmar que la factura aportada se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes. En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: Que, no existiendo relación de causalidad entre el servicio público de carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los daños y perjuicios alegados por D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 6