DICTAMEN Nº. 240/2006, de 27 de diciembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN 240 DICTAMEN Nº. 240/2006, de 27 de diciembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, como consecuencia de las lesiones sufridas en el Colegio Público A de Albacete. ANTECEDENTES El procedimiento objeto de consulta deriva de una reclamación dirigida a la Consejería de Educación y Ciencia por D. X como consecuencia de las lesiones sufridas en el Colegio Público (C.P.) A de Albacete, cifrando la indemnización en la cuantía de euros, que desglosa del siguiente modo: por días de baja impeditivos euros; por lesiones y secuelas euros; por incapacidad euros; y por el 10 % de factor de corrección euros. En concreto, refiere el interesado en su escrito que, con fecha 8 de noviembre de 2002, estando en la Secretaría del Centro donde presta sus servicios como funcionario, según él debido a las inadecuadas condiciones de trabajo, al pasar cerca de la mesa del Secretario éste abrió un cajón de forma sorpresiva recibiendo un fuerte golpe en su rodilla al chocar con el mismo. Con motivo de dicho accidente le fue diagnosticada una condropatía rotuliana, calificada como lesión derivada de accidente de servicio por parte de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado por resolución de 12 de marzo de Añade el reclamante, que sus lesiones son de una patología compleja y muy invalidante, señalando los diversos diagnósticos y tratamientos que durante este tiempo se le han hecho; así, entre otros, refiere que en abril de 2005 se le ha practicado un tratamiento encaminado a paliar los síntomas de la distrofia simpática refleja de la rodilla izquierda, que en junio de ese mismo año se le ha diagnosticado dolor neuropático y que el 3 de octubre de 2005 un doctor en Psiquiatría le diagnostica un Trastorno Adaptativo iniciado a raíz del traumatismo en rodilla izquierda. Sustanciado el trámite de audiencia se ha redactado la propuesta de resolución, suscrita con fecha 10 de octubre de 2006 por el instructor del expediente, de sentido desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial por entender que el daño no es antijurídico y no existir relación de causalidad entre los daños alegados y el servicio público de educación, que ha sido informada favorablemente por el Gabinete Jurídico. EXTRACTO DE LA DOCTRINA - Dado que el perjudicado está vinculado con el centro educativo en el que aconteció el hecho lesivo mediante una relación de empleo de carácter funcionarial, debe, en consecuencia, ponderarse la eventual operatividad del instituto de la responsabilidad patrimonial como instrumento indemnizatorio compatible con la consideración del percance * Ponente: Lucía Ruano Rodríguez

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha como accidente de trabajo, teniendo presente que de dicha calificación ya ha derivado el reconocimiento y pago de las correspondientes prestaciones a través de los mecanismos de cobertura del régimen de MUFACE aplicables al lesionado. La admisibilidad de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial efectuadas por empleados de la propia Administración imputada es cuestión que ha sido tratada en anteriores dictámenes de este Consejo tales como el 28/2000, de 18 de abril; 52/2002, de 9 de abril; 32/2004, de 30 de marzo, 52/2005, de 13 de abril, o de 92/2006, de 14 de junio-, aceptándose que dentro del concepto particulares utilizado para la configuración normativa de dicho instituto jurídico artículo 106 de la Constitución y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- cabe encuadrar a los propios empleados de la Administración ante la que se reclama que han sufrido daños con ocasión de su prestación de servicios. - Sentada, por tanto, la compatibilidad de las dos vías de reparación indicadas, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha avanzado también en la determinación del grado de interconexión de ambos institutos, decantándose por afirmar su complementariedad, como proclaman numerosos fallos recaídos ante exigencias de responsabilidad patrimonial ligadas a daños producidos en actos de servicio del personal militar o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por accidentes laborales o enfermedades profesionales de empleados de la Administración. En este sentido, cabe hacer referencia a la reciente y constante doctrina enunciada por el Alto Tribunal que aboga nítidamente por la complementariedad de las compensaciones señaladas a través de los instrumentos de reparación analizados según lo expuesto en Sentencias de 5 de febrero de 2000 (Ar. RJ 2000,2171), 2 de marzo de 2000 (Ar. RJ 2000,2455), 17 de noviembre de 2000 (Ar. RJ 2000,9122), 29 de junio de 2002 (Ar. RJ 2002,8799), 23 de octubre de 2002 (Ar. 2003,259), 29 de enero de 2004 (Ar. RJ 2004,572) o 2 de julio de 2004 (Ar. RJ 2004,6035)-, de las que cabe extraer como criterio consolidado de modulación de la indemnización de responsabilidad patrimonial que en los supuestos en que concurran ambas [...] no cabe hacer abstracción de las cantidades percibidas por las diferentes vías, sin perjuicio del carácter compatible de unas y otras, dado el principio que rige este instituto de la plena indemnidad o de la reparación integral. - Por lo que se refiere al nexo causal que deberá acreditarse entre las lesiones alegadas por el reclamante y el funcionamiento del servicio público educativo, de los hechos constatados en el expediente se concluye que cuando se produjo el accidente el reclamante estaba en su lugar de trabajo y realizando la funciones correspondientes a su puesto de trabajo, cuando al ir a pasar cerca de un armario se golpeo con un cajón en la rodilla izquierda, de manera casual. Por lo tanto, los daños alegados son consecuencia directa del funcionamiento del servicio educativo mencionado, si bien este funcionamiento debe calificarse como normal por ser normal el desarrollo de las tareas propias de un funcionario. Aceptar la existencia de responsabilidad en el presente supuesto sería tanto como admitir que lo acaecido en las dependencias de la Administración supone un título universal de imputación a la misma del resultado lesivo. - Ningún dato entre los contenidos en el expediente, evidencian circunstancias contrarias a la normativa de prevención de riesgos laborales. El trabajador, que no debe asumir la carga de la prueba en torno a la posible concurrencia de circunstancias contrarias a la normativa de prevención, sí que debería al menos haber manifestado a lo largo del

3 DICTAMEN 240 expediente algún tipo de indicio o sospecha sobre un presunto incumplimiento, como podrían ser denuncias previas, conocimiento de la existencia de expedientes pasados abiertos por el estado de esas dependencias o apelación a casos similares, que en base a la normativa aplicable se pudiera estimar la aparición en las dependencias del riesgo para el trabajador. Como conclusión, este Consejo ha de partir de la base de un funcionamiento correcto de las dependencias donde se produce el accidente. - Tratándose, como se ha dicho, de un funcionamiento normal del servicio público de educación, y aplicando la doctrina jurisprudencial citada anteriormente y contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2003, el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación funcionarial, pues de lo actuado se desprende que el funcionario afectado por el accidente se encontraba en la realización de sus funciones ordinarias y cotidianas como tal y en el lugar destinado para esta función, sin que por ello la Administración venga obligada a prever todas y cada una de las situaciones que puedan producirse o prever resultados insospechados; por tanto, al caso contemplado le es de aplicación también la jurisprudencia que establece que para que el daño soportado por el ciudadano sea antijurídico basta que el riesgo inherente al funcionamiento del servicio público "haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social, no existiendo entonces deber del perjudicado de soportar el menoscabo y consiguientemente la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable" -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998 (Ar. RJ 8928); de 6 de noviembre de 1998 (Ar. RJ 9020); o de 28 de enero de 1999 (Ar. RJ 1126). En consecuencia y a contrario sensu no habiéndose constatado que en el desarrollo de la actividad del funcionario se hayan rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles o actuado contra los socialmente admitidos, cumple que no se pueda apreciar la antijuridicidad del daño sufrido. DICTAMEN Que no revistiendo carácter antijurídico el daño irrogado a D. X a consecuencia del accidente laboral sufrido por éste en el Colegio Público A de Albacete, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

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