DICTAMEN Nº. 121/2008, de 11 de junio. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 121/2008, de 11 de junio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, por daños derivados de un accidente sufrido al recibir el impacto de la puerta automática de entrada al edificio de la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. ANTECEDENTES Se somete a dictamen del Consejo un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración Regional, iniciado por reclamación de tal índole presentada por D. X, en virtud de la cual insta el reconocimiento de una indemnización por valor de 650 euros, que le compense de los perjuicios sufridos como consecuencia de un percance padecido al atravesar la puerta automática de acceso a la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, donde el reclamante desempeña su actividad funcionarial. Refiere el interesado como fundamento de su pretensión, que en la fecha mencionada sufrió el golpeo sorpresivo de las hojas del referido dispositivo automático de apertura cuando se adentraba en el vestíbulo del edificio, por el mal funcionamiento o inadecuada disposición de las células fotoeléctricas que rigen sus movimientos, lo que le ocasionó la caída de las gafas y su rotura contra el suelo. Las actuaciones conformadoras del procedimiento concluyen con la redacción de una segunda propuesta de resolución por parte de su instructor, que ahora es partidaria de la estimación de la reclamación, en la que se considera acreditada la realidad del accidente y el mal funcionamiento de la puerta automática causante del mismo, el cual se estima imputable a la entidad adjudicataria del servicio integral de mantenimiento del edificio, toda vez que la actividad contratada implica necesariamente realizar las correspondientes revisiones de oficio, inspecciones y controles periodos por parte de la empresa, que no se han llevado a cabo de forma plena. EXTRACTO DE LA DOCTRINA La condición de empleado público del damnificado suscita la habitual problemática derivada de la incidencia de una relación de empleo con el sujeto perjudicado, cuando la causación del daño surge dentro de dicho ámbito. Ésta es una cuestión que ha sido objeto de amplio análisis por parte de nuestra jurisprudencia y doctrina, al plantearse en determinados supuestos si el término particulares utilizado en los artículos de la Constitución y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es susceptible de comprender a los servidores públicos vinculados a la Administración imputada mediante una relación funcionarial, estatutaria o laboral que incorpora sus específicos mecanismos de reparación para aquellos perjuicios derivados de la propia prestación profesional de servicios. En relación con ello, es criterio sentado por el Consejo de Estado, reflejado de forma sintética en su Memoria Anual de 1998, y seguido reiteradamente por este Consejo, que la utilización de la * Ponente: Inmaculada González de Lara y Ponte 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha vía del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo resultaría procedente cuando no exista una regulación específica para compensar los daños reclamados por el empleado público o cuando, existiendo ésta, su aplicación no proporcione una plena reparación de los perjuicios padecidos. Así, puede estimarse acreditado que el perjuicio patrimonial objeto de análisis -la mencionada rotura de gafas- ha sido soportado por quien formula la reclamación y que no existe una regulación específica dentro del régimen funcionarial que le es aplicable para la compensación de tal clase de perjuicio. Lo averiguado en el curso de la instrucción suscita, como cuestión conexa a la legitimación pasiva analizada, la incidencia que sobre la misma pudiera tener la interposición de la figura de un contratista, que, en este caso, y por virtud de contrato suscrito el día 15 de enero de 2004 con el Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, tenía asumidos los cometidos correspondientes al mantenimiento integral del conjunto de las instalaciones del edificio sede de los servicios provinciales de las dos referidas Consejerías. Siendo ésta una cuestión ya abordada en numerosas ocasiones por el Consejo, a las que se ha dado respuesta en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, viene al caso para posicionarse sobre la misma, por su similitud con el supuesto ahora planteado, la doctrina enunciada por este órgano en su cercano dictamen 41/2008, de 12 de marzo, en el que se dilucidaba la posible imputación de responsabilidad por actos atribuibles al adjudicatario de un servicio de transporte escolar, y donde se manifestó: La responsabilidad administrativa por daños causados por contratistas y concesionarios tras la entrada en vigor del artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y después de la aprobación del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que derogó el artículo 134 del anterior reglamento, ha dado lugar a una línea doctrinal y jurisprudencial acerca de la legitimación pasiva de la Administración que avalaría la tesis que se sustenta por parte del Gabinete Jurídico que trata de fundamentar la exoneración de responsabilidad de la Administración y declarar su falta de legitimación pasiva. Sin embargo, este Consejo, consciente de la falta de uniformidad doctrinal sobre la cuestión, ha fijado su posición en el dictamen 6/2008, de 16 de enero, que, si bien se refiere a la actuación de un concesionario, resulta plenamente aplicable a los restantes contratos administrativos. En dicho dictamen, entre otras consideraciones, se ha afirmado que: «La previsión para el caso de los daños derivados de la actuación de concesionarios se contempla expresamente en nuestra legislación en el artículo 123 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, precepto que no ha sido objeto de derogación expresa y que, a juicio de este Consejo, se encuentra vigente. Su tenor literal expresa: Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo 2 del artículo 122, la cual resolverá tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 121. Esta resolución dejará abierta la vía contenciosoadministrativa, que podrá utilizar el particular o el concesionario, en su caso. Los datos consignados en la declaración recabada de D. W, funcionario de la Delegación Provincial imputada, que dice ocupar un puesto de trabajo entre cuyos cometidos está la comunicación de incidencias al servicio de mantenimiento prestado por Z, SA, aportan datos suficientes para aceptar la realidad del percance aducido y su conexión causal con los daños materiales mencionados; toda vez que en ella se reconoce por el deponente que 2

3 tuvo noticia del accidente tras su producción y que bajó a la entrada del edificio, donde pudo comprobar en presencia del afectado la cédula inferior de la puerta eléctrica y que dicha instalación de apertura automática no funcionaba correctamente, así como que las gafas de D. X presentaban la rotura de una patilla, no pudiendo recordar cuál era el estado de sus cristales. Igualmente, tanto la declaración de la testigo Dª. T, como lo reseñado en el informe y alegaciones efectuadas finalmente por la empresa Z, SA, despejan cualquier duda sobre la realidad del mal funcionamiento continuado de la puerta denunciado por el reclamante. Es particularmente determinante en este aspecto lo manifestado por el personal técnico de la referida sociedad adjudicataria en su informe de 20 de septiembre de 2007, en el que se desdice de sus anteriores afirmaciones, reconociendo, no sólo la existencia del incorrecto funcionamiento de la puerta por inoperancia de una de sus dos células de detección de movimiento, sino que esta anomalía databa de antes de la asunción de sus obligaciones contractuales en materia de mantenimiento de las instalaciones en enero de 2004, lo que constituye el principal argumento exoneratorio aducido después por el representante de la sociedad en el escrito de alegaciones formulado en uso del trámite de audiencia. En conclusión, cabe estimar acreditado que la mencionada puerta automática de acceso al edificio tenía averiada una de las dos células fotoeléctricas instaladas para lograr el correcto funcionamiento de su mecanismo electrónico de apertura, y que esta deficiencia se mantuvo durante un dilatado periodo de tiempo, sin que ni el personal encargado de la Delegación Provincial comunicara la misma a la empresa contratista, ni el personal de ésta la detectara y reparara en el periodo de casi dos años transcurrido desde el inicio de la vigencia de su contrato, el día 1 de enero de Los datos extraíbles de las actuaciones desarrolladas durante la instrucción permiten considerar que el accidente acaecido es consecuencia de un visible incumplimiento de las condiciones contractuales impuestas al adjudicatario, toda vez que el Pliego de Prescripciones Técnicas rector del contrato es claro en la imposición al adjudicatario de todas las obligaciones inherentes a los cometidos de puesta en marcha, vigilancia, ajuste y realización de todas la manipulaciones requeridas para un correcto funcionamiento de todas las instalaciones eléctricas del edificio, así como las funciones de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de las mismas - Conducción y Mantenimiento (apartado 3)-. Igualmente, éste asumió en relación con el conjunto de instalaciones del edificio -apartado A.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas- un deber de inspeccionarlas antes de formular sus ofertas, comprobado el buen estado de las mismas y su idoneidad para cumplir con todas la exigencias, de suerte que todos los oferentes conocen y dan su conformidad a las instalaciones, no pudiendo alegar posteriormente limitaciones o defectos de las mismas como causa del mal funcionamiento. A tenor de lo expuesto, no pueden ser aceptadas las excusas formuladas por la representación del adjudicatario con el fin de exonerarse de su responsabilidad, fundadas en la preexistencia de la deficiencia o en su falta de comunicación por parte del personal de la Administración, toda vez que con el contrato se asumió una obligación previa de comprobación de su estado y detección de irregularidades, unida a los subsiguientes deberes de constatar continuadamente el adecuado grado de funcionamiento y de efectuar las reparaciones necesarias para lograr su correcta operatividad. 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Así, siendo la responsabilidad del hecho lesivo imputable al contratista encargado del mantenimiento del inmueble procede que la Administración declare la misma, así como la obligación de indemnizar al afectado; solución ésta no sólo plenamente garantista de los derechos del usuario del servicio público -en este caso, un servidor de la Administración-, sino también respetuosa de los derechos del adjudicatario del servicio y garantizadora del mejor cumplimiento del contrato. En definitiva, en el presente supuesto la responsabilidad patrimonial existente es atribuible a la empresa adjudicataria del contrato de prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones en el tan citado edificio, procediendo que la Administración declare la misma y la obligación de Z de indemnizar al perjudicado, debiendo velar la Administración por el cumplimiento y pronto pago de la cantidad señalada por parte de la adjudicataria. DICTAMEN Que, existiendo relación de causalidad entre el daño sufrido por D. X, generado por el impacto de la puerta automática de entrada al edificio de la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, y el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de dicho edificio prestado por la empresa Z, SA, procede dictar resolución estimatoria, reconociendo el derecho del interesado a la percepción de una indemnización de 650 euros y declarando la obligación de pago de la citada sociedad contratista, con notificación de la resolución a ésta y al reclamante. 4

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