DICTAMEN Nº. 75/2008, de 16 de abril. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 75/2008, de 16 de abril. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de Dª. Z, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de D. X, por los daños ocasionados a su vehículo en la carretera CM ANTECEDENTES El 17 de octubre de 2007 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda en Guadalajara la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Dª. Z, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de D. X, en la que exponía que El pasado día 26 de mayo de 2007 sobre las 14:00 horas el dicente circulaba a bordo de su vehículo por la CM 1101, dirección a Sigüenza. Al llegar a la altura aproximada del Km 19,000 de la citada carretera, esta se encontraba llena de barro, por lo que circulaba despacio dado que tenía que pasar por encima del barro, y en un momento determinado, notó un fuerte golpe en la dirección, y que el coche no respondía bien. Al bajar pudo comprobar que debido a las piedras que se encontraban envueltas en el barro, y que no se apreciaban por estar mezcladas con el barro, le habían dado un golpe y se habían desinflado las dos ruedas del lado derecho, y la llanta delantera derecha estaba dañada. A causa de estos hechos, se sigue diciendo, D. X, que es el propietario del vehículo marca Lexus IS 200, matrícula M, tuvo que llamar a la grúa, no pudiendo seguir con su viaje, presentando una denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil de Sigüenza. Como consecuencia del accidente, añade, el vehículo de su representado sufrió daños cuya reparación asciende a 617,11 euros, que es la cantidad que solicita como indemnización. EXTRACTO DE LA DOCTRINA El reclamante configura la causa de su petición sobre la base del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, por lo que, tras alegar que la causa eficiente del accidente fue la existencia de piedras envueltas en barro en la calzada, debe de responder la Administración de los daños producidos como titular de la vía pública, con independencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público. Tal planteamiento es erróneo en dos sentidos. En primer lugar porque presupone el reclamante que no debe de probar que la causa del accidente fue el vertido que alega existía en la vía. En segundo lugar porque el hecho de que el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas haya sido calificado como objetivo, no supone que la Administración deba de responder de cualquier riesgo que suceda en las vías públicas de su titularidad, sino que sólo debe responder de los riesgos creados por el funcionamiento normal o anormal del servicio público correspondiente, que en el presente supuesto es el de vigilancia y mantenimiento de carreteras. * Ponente: Inmaculada González de Lara y Ponte 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Dentro de los posibles factores de riesgo en una carretera cabe distinguir aquellos inherentes al propio servicio de conservación y mantenimiento, como el trazado y la señalización de las vías o la existencia de riesgos dentro del propio dominio público de la carretera, de aquellos, como el presente, derivados de actuaciones de terceros, que en el caso son los constructores del polígono o de sucesos de carácter fortuito. En los supuestos de daños producidos con ocasión de accidentes de tráfico en los que la situación de peligro inminente en la circulación se origina a causa de la acción directa de terceros sobre la calzada y, en concreto, en los supuestos de que dicho peligro se produce por la presencia en la calzada de piedras y tierra proveniente de otros vehículos, como sucede en el presente supuesto en el que, según el atestado de la Guardia Civil, dichos restos posiblemente provenían de los camiones que transitaban por dicho lugar con destino a las obras de construcción de un polígono industrial en las inmediaciones del lugar, es necesario, para que se produzca la imputabilidad de la responsabilidad a la Administración, que en la prestación del servicio público de conservación y mantenimiento de las carreteras opere un nexo causal eficiente que puede consistir, o bien, en una situación de inactividad por omisión de la Administración titular de la explotación del servicio en el cumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento en garantía de la seguridad del tráfico, o bien, con una situación de ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de seguridad alteradas mediante la eliminación de la fuente de riesgo. Por lo tanto, el examen de la relación de causalidad entre el daño y la inactividad de la Administración en la prevención de situaciones de riesgo, ha de dirigirse a dilucidar, como se señala en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997 (Ar. RJ 1997\7393), si, dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo, aportándose en la propia Sentencia, el siguiente criterio metodológico: Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícitas o implícitamente impuestas a la Administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del rendimiento exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución Española a la actuación administrativa. En el presente supuesto, el interesado no ha aportado ninguna prueba que acredite la deficiente actuación de la Administración en su obligación de vigilancia y conservación de la carretera. En cambio, según se deduce de los informes del servicio encargado de la vigilancia de la carretera, así como del atestado de la Guardia Civil, la vigilancia del estado de carretera CM-1101, se ajustaba a los estándares de eficiencia que son exigibles cuando sucedió el hecho por el que se reclama. Por otra parte, el interesado tampoco ha acreditado fehacientemente que los daños que dice haber sufrido su vehículo se hubieran producido como consecuencia de las circunstancias en que se encontraba la carretera. En la reclamación se alega que como consecuencia de la existencia de barro y piedras existentes a la altura del kilómetro 19 de la carretera CM-1101, se habían desinflado las dos ruedas del lado derecho y la llanta delantera derecha estaba dañada, añadiendo que por esta causa tuvo que llamar a la grúa al no poder seguir con su viaje. A fin de acreditar los hechos por los que reclama, adjunta una denuncia ante la Guardia Civil de Sigüenza, en cuyo atestado se manifiesta por los agentes que realizaron la inspección ocular que el vehículo se encontraba estacionado junto a la gasolinera de T sita en 2

3 el cruce de las carreteras CM-1101 y CM-101, presentando el turismo del denunciante las dos ruedas del lado derecho desinfladas, relacionando que no se encuentran otros indicios de interés, como pudiera ser que las ruedas estuvieran cubiertas de barro o con señales de impactos de piedras, tan solo añade el atestado que en el kilómetro 19 de la carretera CM- 1101, y durante aproximadamente 500 metros, había restos de barro y piedra en la calzada, añadiendo en su posterior informe que dichos restos podían tener su origen en el tránsito de caminos que se estaban trabajando en un polígono industrial en las inmediaciones del lugar. Igualmente se señala que las piedras eran de pequeño tamaño y del mismo color que el barro, no teniendo conocimiento de que se hubieran producido más accidentes ni quejas por las circunstancias en las que se encontraba la vía. De las actuaciones que obran en el expediente, puede considerarse acreditado la existencia de barro y pequeñas piedras en la carretera, así como que las dos ruedas del lado derecho del vehículo con matrícula M se encontraban desinfladas cuando fue examinado por agentes de la Guardia Civil en la gasolinera de T, que se encuentra a la entrada de Sigüenza. Ahora bien, la acreditación de estas dos circunstancias no son por sí solas suficientes para acreditar que los daños que presentaba el vehículo se debieran exclusivamente al estado en el que se encontraba la vía. Se alega en la reclamación que el vehículo fue retirado por una grúa, pero ninguna constatación de este hecho figura en el expediente, cuando ello pudiera ser un elemento en orden a admitir la veracidad de los hechos al poder determinar el punto desde el que fue retirado y las circunstancias por las que no pudo ser reparado in situ. Finalmente, en la factura emitida el día 29 de mayo de 2007 por W, Especialista del Automóvil, figura la cantidad de 3 215/45 R17 91W TL SPORTCONTACT 2, que tampoco se corresponden con la alegación de que el accidente dio lugar al desinflado de 2 ruedas. En consecuencia, este Consejo Consultivo estima que no ha quedado acreditado la relación de causalidad entre el daño sufrido por el vehículo propiedad de D. X y el funcionamiento del servicio público de vigilancia y conservación de carreteras por lo que no procede declarar su responsabilidad patrimonial por el accidente sufrido por el reclamante, al no concurrir la necesaria relación de causalidad entre el accidente y el funcionamiento del servicio público de vigilancia del estado de la carretera. DICTAMEN Que no habiéndose acreditado la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de conservación de carreteras, de titularidad autonómica, y los perjuicios económicos reclamados por Dª. Z, en nombre y representación de D. X, por daños derivados de un accidente de circulación acaecido el día 26 de mayo de 2007 en el punto kilométrico 19 de la carretera CM-1101 procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 3

4 4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha

5 5