DICTAMEN Nº. 127/2004, de 6 de octubre. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 127/2004, de 6 de octubre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública incoado a instancia D. X, por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital X. ANTECEDENTES Con fecha 28 de enero de 2003 D. X presenta reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por la asistencia sanitaria prestada a su esposa Dª X en el Hospital X durante el seguimiento del embarazo. El escrito de reclamación indica que en el seguimiento del embarazo de su esposa no se consideraron los antecedentes médicos de la misma, ya que había sido tratada con quimioterapia y radioterapia 18 meses antes de su gestación, con motivo de un cáncer de mama. Del mismo modo indica que de las cinco ecografías que se le realizaron sólo la ultima era de Nivel II, indicando que en la ecografía de la semana 14 no se le hicieron las mediciones precisas que se realizan para descartar posibles malformaciones y la siguiente ecografía es de la semana 21, cuando ha pasado el plazo para poder acogerse a la ley de aborto en el caso que se le hubiera detectado dichas malformaciones, indicando igualmente que no se le realizó del modo adecuado el despistaje prenatal, así como que no se utilizaron todos los medios de que disponía el Hospital para la realización de las pruebas pertinentes. Por lo expuesto solicita una indemnización por importe de euros, por los daños físicos sufridos por su hijo -padecimiento del Síndrome de Edwards- vinculados a la atención sanitaria dispensada durante el período de gestación, así como por los dos años que el niño vivió, periodo en el que necesito de un desembolso económico importante, ello unido a los daños morales sufridos. La reclamación se acompaña de la historia clínica de la paciente, suministrada por la Dirección Médica del Hospital X, así como la del hijo de los interesados, en la que se acredita que el recién nacido estaba afecto de Trisomía 18. EXTRACTO DE LA DOCTRINA En relación a la legitimación activa vinculada a la reclamación formulada, ésta deviene del parentesco que unía al menor afectado por la malformación con el reclamante, padre del mismo, relación parental que no ha sido cuestionada en fase de instrucción, pese a la no incorporación del libro de familia, ni documento alguno acreditativo de la relación familiar, Por otra parte, no se hace constar en el escrito de reclamación si ésta se formula por el reclamante exclusivamente en nombre propio, o si también se realiza en nombre de su cónyuge. Por lo que al plazo de ejercicio de la acción se refiere, los artículos de la Ley 30/1992 y 4.2 del Real Decreto 429/1993, establecen que el derecho a reclamar prescribe al * Ponente: Salvador Jiménez Ibáñez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, aclarando que, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. A tales efectos, consta en el expediente la Resolución de 7 de junio de 2001, de la Delegada Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sobre reconocimiento a X, hijo del reclamante, de un grado de minusvalía de 80 %, pudiendo considerase prescrito el derecho a reclamar las cantidades correspondientes al daño físico, puesto que la reclamación fue presentada el 28 de enero de 2003, excediendo por lo tanto del plazo fijado a estos efectos por el artículo indicado. No obstante lo anterior, tal y como ha quedado reflejado en el párrafo precedente, el afectado solicita, además, indemnización con motivo del desembolso económico realizado durante los dos años que el menor vivió afecto a la incapacidad, así como por los daños morales sufridos con motivo de la misma, daños respecto de los que no habría operado el plazo para ejercitar el derecho a su reclamación, considerando que el fallecimiento del menor se produjo en agosto de 2002, sin que a pesar de no incorporarse certificado alguno acreditativo de la defunción, esta fecha tampoco ha sido cuestionada en la fase de instrucción, y la reclamación se presentó el 28 de enero de Expuesto lo anterior es preciso atender, al examen de la posible concurrencia de nexo causal entre la prestación del servicio público sanitario y los daños producidos (falta de detección de las malformaciones genéticas del feto durante el seguimiento sanitario del embarazo de la esposa del reclamante), para lo que es necesario partir- como premisa previa- del principio de que la obligación del profesional médico es siempre de medios y no de resultados. Así lo ha venido manifestando el Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos (valga por todos la Sentencia de 25 de abril de 1994, RJ Ar. 3073) al afirmar que a lo único que se encuentra obligado el facultativo es a poner los medios para la deseable curación del paciente, atribuyéndole, por tanto, y cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una llamada obligación de medios [...] que se concreta, entre otros, en el deber de utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a disposición del médico en el lugar en que se produce el tratamiento, de manera que, como recogen entre otras las sentencias de 7 de febrero y 29 de junio de 1990 (RJ Ar y 4945), 11 de marzo de 1991 (RJ Ar. 2209) y 23 de marzo de 1993 (RJ Ar. 2545), la actuación del médico se rija por la denominada lex artis ad hoc, es decir, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y las circunstancias en que la misma se desarrolle, así como las incidencias inseparables en el normal actuar profesional, teniendo en cuenta las especiales características del autor del acto médico, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares, o de la misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica normal requerida, pero, en cualquier caso, debiendo de hacerse patente que, dada la vital trascendencia que en muchas ocasiones reviste para el enfermo la intervención médica, debe ser exigida, al menos en estos supuestos, la diligencia [...] propia de las obligaciones del mayor esfuerzo. En el supuesto analizado, el seguimiento médico del embarazo de la esposa del reclamante fue el correcto, aportando los servicios sanitarios los medios diagnósticos posibles, sin que pueda vincularse, por tanto, tal como pretenden aquél, al desarrollo de una mala técnica contraria a la «lex artis» la actuación llevada a cabo por los facultativos adscritos a aquellos, en cuanto el seguimiento del embarazo se realizó según los protocolos dictados 2

3 por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en tiempo y por personal facultativo cualificado. No existe, pues, un nexo causal directo, inmediato y exclusivo, tal como requiere la norma aplicable, entre la actuación administrativa desarrollada en este caso por los servicios médicos del Hospital X y el resultado dañoso padecido por la parte reclamante. Es preciso concluir, por tanto, afirmando que de la documentación integrante del expediente no resulta probado que los daños y perjuicios sufridos por los reclamantes a consecuencia de las malformaciones genéticas padecidas por su hijo sean consecuencia de la actuación de los servicios médicos que atendieron a la gestante, sin que consecuentemente pueda trabarse la necesaria relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público sanitario y los daños producidos, procediendo por ello desestimar la reclamación planteada. A todo ello debe añadirse que tampoco concurre en el presente supuesto la nota de antijuridicidad del daño requisito igualmente exigible para que éste desencadene la responsabilidad de la Administración. En efecto, en el estado actual los conocimientos y medios para detectar durante el embarazo malformaciones genéticas son limitados, por lo que la falta de detección de las mismas, cuando se han utilizado los medios adecuados, es un riesgo que debe ser asumido por los demandantes de la asistencia sanitaria si ésta se ha prestado -como sucede en el presente caso- respetando la lex artis ad hoc. En este sentido debe tenerse presente que la jurisprudencia declara reiteradamente que la lex artis actúa como estándar o módulo rector que permite determinar cuando el paciente tiene o no el deber jurídico de soportar el daño. En definitiva, la consolidada doctrina de la lex artis constituye el parámetro que permite deslindar aquellos casos en los que el particular no tiene el deber jurídico de soportar el daño de aquellos otros en que sí lo tiene, no pudiéndose predicar la antijuridicidad si aquella se ha respetado, ya que en tal caso existe título jurídico bastante que obliga al interesado a sufrir el daño, so pena de incurrir en un despropósito tal que determinaría que se le exija a la Administración sanitaria garantizar siempre el buen resultado de su actuación, algo que es imposible atendida la condición humana y los conocimientos y medios médicos actuales. La falta de relación de causalidad y antijuridicidad del daño son criterios igualmente sostenidos, en supuestos similares al presente, por el Consejo de Estado en su dictamen número 867/2000, de 23 de marzo, y por el Tribunal Supremo (Sala de la Civil), en su Sentencia de 4 de febrero de 1998, RJ, Ar 748/1999). Las anteriores consideraciones hacen innecesaria una mayor reflexión y pronunciamiento acerca de la cuantificación de la responsabilidad exigida por los particulares a la Administración. DICTAMEN Que no habiéndose acreditado el nexo causal existente entre el funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria, de titularidad autonómica, y las lesiones con las que nació el hijo de D X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada. 3

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