DICTAMEN Nº. 124/2007, de 27 de junio. *

Transcripción

1 DICTAMEN 124 DICTAMEN Nº. 124/2007, de 27 de junio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X, por los perjuicios padecidos como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Z, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES En fecha 16 de febrero de 2006, D. X presentó reclamación de responsabilidad patrimonial exponiendo que a finales del año 2003 acudió a su médico de cabecera porque presentaba sangre en la orina y éste le remitió al Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Z, donde le realizaron una serie de pruebas. En dicho Servicio el doctor que le atendió le indicó verbalmente que tenía un cáncer maligno y que debía ser intervenido. El diagnóstico para la intervención era TUMOR DE URACO (CARCINOMA) y el procedimiento quirúrgico cistectomía radical más neovejiga, firmando para ello el documento de consentimiento informado. Según relata el interesado, la operación fue programada para el día 17 de mayo y estando preparado la suspendieron por haber una urgencia. Posteriormente el 25 de mayo de 2004 le realizaron una cistoscopia bajo anestesia, informando el médico que no apreció patología. Después de realizarle diversas pruebas diagnósticas, el facultativo le comunicó que la intervención estaba programada para el 6 de septiembre de 2004 pero que era la primera vez que se enfrentaba a una intervención de este tipo, aconsejándole que hiciera una hipoteca sobre su casa para operarse en una clínica privada de M porque en Z no había medios. En una tercera y última intervención, realizada el 11 de octubre de 2004 al paciente se le extrajo un quiste de uraco con inflamación linfogranulomatosa. El reclamante consideraba que como consecuencia de los errores médicos acontecidos y la situación de estrés causada por el diagnóstico e información errónea que se le facilitó en relación a que tenía un cáncer maligno (tumor de uraco, carcinoma), por las varias intervenciones sufridas, sin que se hiciera o solucionara nada, y viendo transcurrir el tiempo sin que se erradicara la patología que erróneamente le habían diagnosticado como carcinoma, sufrió una situación de estrés emocional que dio lugar a un trastorno adaptativo con síndrome de ansiedad que tuvo que ser tratado por el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Z. Así, el interesado estuvo en tratamiento psiquiátrico y farmacológico desde el 14 de enero de 2005 al 24 de octubre de 2005, por trastorno adaptativo con síndrome de ansiedad consecuente con la situación de estrés emocional creado por los errores de diagnóstico, retrasos en el tratamiento e intervenciones realizadas sin solucionar su patología. * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Seguidamente, el reclamante consideró que existía relación de causalidad entre las defectuosas prestaciones sanitarias farmacológicas prestadas al compareciente (error de diagnóstico, retrasos y demoras en el tratamiento de una patología presuntamente grave, intervenciones quirúrgicas sin solución del problema, retraso en las intervenciones ) y el daño psicológico causado [ ] Después de solicitar la práctica de las pruebas consistentes en la aportación de su historia clínica completa, tanto del Servicio de Urología como del de Psiquiatría, el interesado terminó pidiendo el abono de una indemnización de euros por los daños provocados. Al escrito de reclamación se acompañaron los informes clínicos y pruebas que le realizaron al paciente durante su proceso patológico. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, se propuso la desestimación de la reclamación interpuesta, al entender que el daño sufrido por el reclamante no tenía el carácter de antijurídico. EXTRACTO DE LA DOCTRINA Hay que señalar que el órgano instructor, ante la solicitud de la práctica de determinadas pruebas, realizada por el reclamante en su escrito inicial, debió resolver sobre dicha solicitud en aplicación de lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según el cual el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Aun cuando la admisión o rechazo de las pruebas propuestas no se ha producido expresamente, del examen del expediente se desprende que los documentos cuya incorporación al procedimiento se solicitó forman parte del mismo, por lo que no se aprecia la existencia de indefensión alguna en la persona del interesado. El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la lex artis y ello ante la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar cuándo el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido correcto. De exigirse sólo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse ésta con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la lex artis. En este sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de mayo de 2005 (Ar. RJ 2005,9332) declaró que El hecho de que la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Para ello es preciso la existencia de relación causal entre la actuación médica y el daño recibido, y que este daño sea antijurídico, es decir, que se trate de un daño que el paciente no tenga el deber de soportar. Respecto al requisito de antijuridicidad, en el ámbito sanitario, la citada Sentencia añade que el daño debe reputarse antijurídico y por tanto no tendría el paciente el deber 2

3 DICTAMEN 124 jurídico de soportarlo si no se actuó con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc. En este supuesto, el paciente fue sometido a diversas pruebas diagnósticas con el fin de llegar a un resultado definitivo sobre el tipo de enfermedad que padecía, ajustándose en todo momento a la lex artis en cuanto al procedimiento como a los medios diagnósticos utilizados. Así puede extraerse de los informes emitidos por el Jefe de Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Z el 16 de mayo de 2006, por el Inspector actuante y por el especialista en Urología en fecha 25 de octubre de 2006, cuyo contenido consta en antecedentes. Según jurisprudencia mantenida por el Tribunal Supremo en Sentencia como la de 2 de octubre de 1997 (Ar. RJ 1997\7405), un elemento esencial de esa lex artis ad hoc es la obligación de informar al paciente, o en su caso, a los familiares del mismo, debiendo comprender tal información el diagnóstico de la enfermedad o lesión que padece, del pronóstico que de su tratamiento puede esperarse y de los riesgos del mismo (Sentencia de 25 de abril de 1994; Ar. RJ 1994\3073). Consentimiento informado que se encuentra actualmente regulado, con el carácter de norma básica, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. Desde esta perspectiva, también se actuó conforme a dicha lex artis en cuanto a la forma en la que se informó al paciente del proceso asistencial y de los diferentes diagnósticos y tratamientos a los que se podría llegar. Consta acreditado en el expediente que el interesado fue informado puntualmente de todos estos extremos, y así lo indica el Jefe de Servicio de Urología en su informe ya citado: se le informó al paciente de que existían riesgos de malignidad tanto en las citologías como en las pruebas de imagen, y que por tanto contábamos con la posibilidad de que el quiste de uraco hubiese sufrido una malignización. En este aspecto se tomaron todas las medidas oportunas para tratar el caso en el supuesto de que existiera una neoplasia. Por su parte, el inspector actuante pone de manifiesto igualmente que en esta ocasión el paciente fue informado de que existía la posibilidad de que el quiste de uraco se hubiera malignizado (carcinoma de uraco). Afortunadamente el proceso fue benigno. Es comprensible que la posibilidad de una lesión maligna genera ansiedad, pero el médico tiene la obligación de informar al paciente de tal posibilidad, cuando las pruebas que se realizan apuntan en tal dirección. La información recibida por el paciente se adecuó a la regulación contenida en los artículos 4 y 5 de la citada Ley 41/2002, de 14 de noviembre. El primero de estos preceptos, en su apartado 1 establece que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Esta información que debe darse al paciente puede limitarse en el caso contemplado en el artículo 5.4, según el cual el derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Estos requisitos no concurren en el supuesto examinado. En consecuencia, aunque el daño que sufrió el reclamante se hubiera originado como consecuencia de la información recibida sobre los posibles diagnósticos a los que se po- 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha drían llegar, el mismo no puede reputarse antijurídico, puesto que dicha información, así como la asistencia sanitaria recibida, fue suministrada de acuerdo con la lex artis ad hoc. DICTAMEN Que careciendo de carácter antijurídico el daño por el que reclama D. X como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada en el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Z, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 4

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