DICTAMEN Nº. 191/2006, de 8 de noviembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN 191 DICTAMEN Nº. 191/2006, de 8 de noviembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X por los daños y perjuicios que estima le fueron causados a consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Complejo Hospitalario Universitario de A. ANTECEDENTES Se somete a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de D. X por los daños y perjuicios que estima le fueron causados a consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Complejo Hospitalario Universitario de A, en el que pide al SESCAM cumplir con su responsabilidad ante la negligencia que le ha costado la pérdida de visión del ojo izquierdo, así como hacer frente a la factura originada por la asistencia recibida con motivo de la intervención quirúrgica que le fue practicada en la Clínica B. Sostiene el reclamante en su escrito que el día 27 de mayo de 2004 fue intervenido en el Centro del P por la Dra. I tras haberle diagnosticado desprendimiento de retina en el ojo izquierdo y que al día siguiente de la intervención quirúrgica, tras destapar el ojo, la doctora aprecia un derrame. Que el 29 de mayo, comprobando que el derrame iba en aumento, que la tensión del ojo había subido y tenía dolores de cabeza se le dio el alta hospitalaria y se le citó para acudir a revisiones diarias al Hospital General. La tensión ocular no se controlaba con la medicación, los dolores de cabeza no remitían y el derrame empeoraba, por lo que el día 2 de junio de 2004, deciden ingresarle en el Hospital, pero la Doctora le manifiesta que no puede hacer nada, que hay que esperar, ya que no puede tocar el ojo por peligro de derrame cerebral. Que ante esta situación, sus familiares deciden pedir el alta voluntaria y trasladar al enfermo a la Clínica Oftalmológica B (aconsejados incluso por la propia doctora). Continúa manifestando que es intervenido en esta última clínica el día 3 de junio de 2004 donde se le extraen coágulos dañinos que empezaban a crear una infección interna y que tras la intervención la tensión fue bajando, remitieron los dolores de cabeza y su estado mejoró. Añade que en esta intervención no se extrajo toda la sangre del ojo debido a la magnitud de la hemorragia, por lo que hubo que esperar unos días hasta comprobar, mediante una ecografía, que la retina estaba desprendida en su totalidad. Tuvo que ser intervenido de nuevo en la Clínica B el día 9 de junio para salvar el globo ocular. Se incorpora al expediente el informe suscrito por las doctoras P, Médico Adjunto, y M, Jefa de Sección, del Complejo Hospitalario Universitario de A informando de las actuaciones médicas practicadas al paciente D. X. En este informe se señala que el paciente fue dado de alta hospitalaria el presentando leve hipema en cámara anterior (secundario a la postura) y tensión ocular ligeramente elevada (25 mmhg) para lo que se * Ponente: José Sanroma Aldea

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha inició tratamiento tópico (betabloqueantes) En la revisión realizadaposteriormente presentó un incremento del hipema en cámara anterior con cifras tensionales controladas y fondo de ojo no valorable decidiendo tratamiento conservador, tras decisión consensuada con otros oftalmólogos de la Sección Retina-Vítreo, ante el mal resultado funcional y el altísimo riesgo para la integridad ocular (siempre y cuando la paciente fuera controlable), esta decisión no fue bien aceptada por el familiar quien solicita una segunda opinión. Después solicitó el alta voluntaria para ser traslado a la Clínica B como así consta en el informe realizado. No se tiene conocimiento actual de la situación clínica del paciente hasta la fecha del informe. Sustanciado el trámite de audiencia se incorpora al procedimiento la propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación interpuesta, al entender que no concurren los requisitos que determinan la aparición de la responsabilidad de la Administración. EXTRACTO DE LA DOCTRINA - Es de notar que la propuesta de resolución no se formula por el instructor del procedimiento sino por el Secretario General del SESCAM, lo que no parece ajustarse a lo establecido en los artículos 7 a 12 (especialmente el apartado 1 de este último precepto) del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, con relación a las funciones que corresponden a los instructores en los expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración. Si bien ello viene realizándose en la práctica conforme a lo previsto en el punto quinto apartado 8 de la Resolución de 9 de febrero de 2006, de delegación de competencias del Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es preciso señalar, tal como ya se indicó en la Memoria de 2004, que no se alcanza a comprender el sentido de tal delegación, en cuanto la competencia que corresponde al Director Gerente conforme al artículo 76.7 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria en la Comunidad Autónoma es la de aprobar la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial y, por tanto, no la de formular su propuesta. Es más, si tal delegación fuese posible, nos hallaríamos con el contrasentido de que la propuesta y la resolución las hace el mismo órgano, ya que -según el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. - Es necesario analizar si, en el presente supuesto, se ha producido una defectuosa prestación de la asistencia sanitaria que pueda dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, teniendo presente que, como dijo el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de noviembre de 2002 (Ar. RJ 2003\61), se hace necesario, cuando se está ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria fijar un parámetro que permita determinar el grado de corrección de la actividad administrativa a la que se imputa el daño; es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos en que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad administrativa (es decir, al tratamiento o a la falta del mismo) y aquellos otros casos en que el resultado se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos, siendo el criterio básico utilizado por la jurisprudencia para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial el de la lex artis, el cual se basa en el

3 DICTAMEN 191 principio sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. - A partir del momento de ser dado de alta, a solicitud de los propios familiares, en el Complejo Hospitalario Universitario de A el 2 de junio de 2004, sin que el seguimiento de la enfermedad hubiera finalizado, consta que el reclamante no volvió a este hospital, optando el día siguiente- por acudir voluntariamente a la Clínica B, lo que supuso que el servicio público no pudiera continuar con el tratamiento, o en su caso, haber practicado la intervención quirúrgica, imposibilitando de este modo una adecuada asistencia sanitaria por la sanidad pública. Del expediente se deduce que el tratamiento médico prestado al paciente en el Complejo Hospitalario Universitario de A fue en todo momento correcto y adecuado, en este sentido el informe facultativo de la Inspección Médica avala la corrección de la asistencia médica dispensada. Estos informes en ningún momento han sido cuestionados por la parte reclamante como lo evidencia su pasividad mostrada en trámite de audiencia. Este tipo de lesiones, según la ciencia médica, deben ser tratadas, en un primer momento, con actitudes terapéuticas conservadoras, es decir con un tratamiento no quirúrgico o conservador, ya que el tratamiento quirúrgico precoz está desaconsejado al ser sus probabilidades de éxito muy bajas; recomendándose este tratamiento quirúrgico sólo en determinados supuestos que no se daban en el reclamante. Es decir, al paciente le fue practicado, en un primer momento, un tratamiento no quirúrgico de conformidad con la lex artis y el aconsejado por las publicaciones oftalmológicas para este tipo de lesiones, según indican las Doctoras R y M. - En determinados procesos médicos, para supuestos en que es necesario contrastar el diagnóstico, el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha, mediante el Decreto 180/2005, de 2 de noviembre, del derecho a la segunda opinión médica, ha previsto la posibilidad de que los usuarios puedan ejercer el derecho a una segunda opinión médica. Sin embargo, hay que señalar que el proceso médico referido en el presente expediente no se encuentra entre los establecidos en la citada norma, por lo que ha de manifestarse que no ha sido vulnerado derecho alguno del reclamante. A pesar de todo lo dicho, al reclamante se le ofreció la posibilidad de una segunda opinión médica, que los familiares descartaron. - Aunque en el este supuesto no existe ninguna duda de la corrección del tratamiento dispensado, aun admitiendo dudas sobre la bondad del mismo a efectos dialécticos, hay que señalar que el paciente abandonó, bajo su responsabilidad, la sanidad pública sin que hubiera finalizado el tratamiento, por lo que no es posible conocer cuál hubiera sido la decisión final de los médicos del Hospital Universitario de A. El paciente no dio opción a la sanidad pública para controlar la evolución de la lesión padecida y de la actitud terapéutica inicialmente adoptada por los facultativos del Complejo Hospitalario Universitario de A. - Como ya ha quedado dicho, el reclamante sólo cuantifica de entre los daños que alega haber padecido como consecuencia del negligente actuar médico del Servicio Público de Salud, los correspondientes a la intervención quirúrgica en la clínica privada. Sin embargo, esto no implica que estemos ante una solicitud de reintegro de gastos, que conlleva un procedimiento y una normativa aplicable distintos a la reclamación de responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, tampoco concurren ni han sido invocados por aquél- los

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha presupuestos exigidos por la legislación vigente para proceder al reintegro de tales gastos que se concretan en que se trate de casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital (según dispone el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud). Ante estas circunstancias, el gasto ocasionado por la intervención quirúrgica realizada en un centro privado es consecuencia única y exclusivamente de la voluntad del reclamante, que optó por ser tratado por otros especialistas al margen del sistema público de salud, sin que tal elección tuviera como causa un erróneo diagnóstico o deficiente atención sanitaria por parte del SESCAM, o bien una urgencia vital. DICTAMEN Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público dispensado en el Complejo Hospitalario Universitario de A y los perjuicios económicos alegados por D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.

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