DICTAMEN Nº. 139/2004, de 26 de octubre. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 139/2004, de 26 de octubre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública incoado a instancias de D. X, a consecuencia de los daños y perjuicios que se le irrogaron con ocasión de la asistencia sanitaria dispensada en el Complejo Hospitalario X. ANTECEDENTES Con fecha 12 de agosto de 2003, D. X, médico de profesión, presenta reclamación de responsabilidad patrimonial, invocando una deficiente asistencia sanitaria prestada en el Complejo Hospitalario X. El escrito de reclamación indica que el interesado ingresó en el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario X, con fecha 5 de octubre de 2002, con motivo de un fuerte dolor en el hipocondrio derecho de tres a cuatro días de evolución, siendo diagnosticado de cólico biliar, sin realizarse ninguna analítica, por lo que fue dado de alta, aunque presentaba en la ecografía realizada síntomas que podían suponer una mayor gravedad de la dolencia. Ese mismo día hubo de ingresar nuevamente en el Servicio de Urgencias donde quedó en observación ante la posibilidad de hallarnos ante una colecistitis, pues, según indica el reclamante, al ser médico era consciente de la gravedad de los dolores y síntomas que padecía. En este segundo ingreso se le realizó una analítica que, siempre según el reclamante, evidenció claramente el diagnóstico de colecistitis, pese a lo cual el único tratamiento dispensado fue de tipo farmacológico, colocándole una sonda nasogástrica ante sus manifestaciones, siendo diagnosticado de Dolor abdominal de características inespecíficas, sin ser atendido, pese a su insistencia a ser atendido por el cirujano de guardia. Continúa la reclamación indicando que ante la mejoría aparente de los síntomas fue dado de alta el día 6 de octubre de 2002; el día 8 siguiente fui llevado nuevamente a urgencias, aquejado con la misma sintomatología (dolores, vómitos y mal estado general) con que había ingresado en el Hospital X... pero esta vez lo hice al Sanatorio Y debido al deficiente diagnóstico que se me estaba realizando en el Hospital X, siendo diagnosticado de colecistitis aguda gangrenosa con acceso perivesicular, practicándosele una colecistectomía, y permaneciendo ingresado en la Clínica cinco días. Por lo expuesto, el reclamante considera que se ha producido un anormal funcionamiento de los Servicios de Urgencias que no diagnosticaron la dolencia que padecía, por lo que reclama la indemnización de los daños originados por cuantía de 5.225,81 euros, cantidad que descompone en daños físicos y personales (3.000 euros), por haber estado más de dos días sufriendo fuertes dolores y no realizarse la oportuna operación quirúrgica, desencadenando el inicio de una peritonitis, así como lo daños morales que conllevó conocer la causa de la dolencia (colecistitis) y obtener un diagnóstico erróneo (cólico biliar), y por otro lado se solicita el abono de los perjuicios económicos (2.225,81 euros) por los gastos médicos, quirúrgicos, asistenciales y farmacéuticos derivados del ingreso en el Sanatorio Privado Y, adjuntando facturas emitidas al efecto. * Ponente: José Sanroma Aldea 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha EXTRACTO DE LA DOCTRINA El examen de la concurrencia de relación causal -cuya existencia es requisito para la admisión de responsabilidad patrimonial- ha de comenzar por valorar si hubo o no anormal funcionamiento en la prestación del servicio sanitario de urgencias al ahora reclamante. Éste funda su demanda en la afirmación de que le fue realizado un diagnóstico erróneo en el servicio de urgencias el día 5 de octubre, por no aplicar todos los medios necesarios, y que tal error hubiera sido evitado si se hubiera procedido a su examen por un cirujano de guardia. Los informes médicos aportados al expediente fundamentan que la atención que le fue prestada fue conforme a la lex artis. Así indican que al paciente se le realizaron exploraciones físicas, ecografía abdominal, radiografías de tórax y abdomen, analíticas de sangre y orina, así como pruebas complementarias para hacer un diagnóstico diferencial, y se obtuvieron por los facultativos que examinaron al paciente datos clínicos suficientes para afirmar que el diagnóstico era el propio de un cólico biliar como indica el informe de la Inspección sanitaria, el paciente se mantuvo afebril, el Murphy pasando de +++ a +/--, la leucocitosis era discreta y ecográficamente no había signos claros y evidentes de colecistitis aguda. Del mismo modo, se indica por la Inspección Sanitaria que ante estos síntomas el tratamiento dispensado se adecuó a la literatura médica revisada, mejorando su cuadro clínico en el intervalo que medió entre el primer y el segundo ingreso en urgencias, no presentado síntomas sugerentes de agravamiento (clínicos, analíticos y ecográficos) y por tanto indicadores de intervención quirúrgica de urgencia, siendo diagnosticado de dolor abdominal inespecífico, probable poliposis biliar. De lo expuesto puede concluirse razonablemente que al paciente se le realizaron las exploraciones y análisis pertinentes, en relación con la proporcionalidad de sus síntomas, y que las alegaciones efectuadas en trámite de audiencia por el reclamante no desvirtúan lo esencial de estos informes médicos. Ciertamente no se consideró necesario requerir la presencia de un cirujano para formular diagnóstico; decisión que ha de entenderse vinculada al hecho de que se descartaba la necesidad de proceder a una intervención quirúrgica de urgencia, y a la mejoría que experimentó el paciente que permitió darle de alta. En el presente caso, los síntomas presentados por el paciente, no excluían un posible empeoramiento de su salud; se le pautó acudir a urgencias a fin de realizar una nueva revisión si empeoraba clínicamente, puesto que tal y como indica en su informe la Inspección Médica un cólico biliar simple se puede complicar cuando la obstrucción se prolonga, apareciendo complicaciones vasculares, inflamatorias o sépticas, que se acompañan de alteraciones en la exploración y pruebas complementarias, básicamente analíticas y ecográficas. Mantiene, no obstante lo anterior, el reclamante que la colecistitis por la que fue intervenido el día 8 de octubre ya la padecía y era perfectamente diagnosticable el día 5 anterior, apoyándose en sus propios conocimientos médicos -que tampoco son los de un especialista-. Mas su creencia de que si hubiera sido examinado por un cirujano éste hubiera diagnosticado colecistitis, y se hubiera procedido a una intervención de urgencia, está desprovista de fundamento probatorio; que el día 8 referido presentase una colecistitis no

3 equivale a que ya existiera y se manifestara en grado incontrovertible que demandase practicarle cirugía inmediata el día 5 de octubre anterior; y su afirmación de que la sintomatología que presentaba (en sus ingresos del día 5 y del día 8) era la misma carece también de un fundamento probatorio, cuya aportación está perfectamente a su alcance, cual sería la descripción pormenorizada de los síntomas con los que ingresó ese día 8 en la Clínica de su elección, al objeto de contrastarlos con los descritos en su historial clínico del Servicio de Urgencias del Hospital X. Su afirmación obvia además el hecho, advertido diagnósticamente, de la posible evolución negativa de su dolencia. Ha de concluirse afirmando que el hoy reclamante fue atendido de acuerdo a la lex artis, que no ha quedado acreditado que el diagnóstico que se le hizo fuera erróneo; el cual, por demás, incluía nueva revisión en el mismo servicio de urgencias ante un posible empeoramiento, y además estaba en sintonía con la evolución que siguió la enfermedad. Bastaría con lo dicho para que quedara descartada la procedencia de atender la reclamación puesto que para imputar responsabilidad sanitaria se requiere que haya mediado negligencia o impericia, con vulneración de la lex artis conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 12 de febrero de 1990 Ar, RJ 677, y de 1 de marzo de 1999 Ar, RJ 2317), y no hubo impericia en el diagnóstico, ni negligencia en no hacer concurrir al cirujano, pues aunque no hubiera estado de más su presencia en teoría (es decir desconociendo las circunstancias del momento), tampoco se estimó estrictamente necesaria, ante la mejora del estado del paciente que permitió el alta. Sin embargo no bastaría para generar responsabilidad patrimonial, que el diagnóstico hubiera sido erróneo o insuficiente. Una vez acreditado éste, debe fundarse que tal diagnóstico es causa de los daños por los que se reclama y acreditar la efectividad de los mismos. Pues bien, en cuanto a los daños físicos que el reclamante alega, concretados en el agravamiento de la colecistitis que supuso un inicio de peritonitis, ha de observarse que estamos ante una evolución previsible de su enfermedad, y no ante una consecuencia del diagnóstico; y que la intervención quirúrgica que le fue practicada en el sanatorio privado no atendió a ningún inicio de peritonitis, cuya existencia invoca sin fundamento alguno el reclamante. Igualmente, tampoco ha resultado acreditado que la intervención quirúrgica haya sido más complicada y el proceso de recuperación más doloroso, y sí por el contrario que el reclamante fue intervenido con cirugía laparoscópica -técnica menos agresiva que la cirugía abierta- y que proporciona un postoperatorio mucho menos doloroso y por tanto más confortable, sin que la circunstancia de que se le interviniese de una colecistitis aguda, en lugar de una simple colecistitis se traduzca en un mayor daño para su salud, con independencia de que haga más complicada la labor del cirujano que realice la intervención, circunstancia que no repercute en su integridad física, ni se traduce en perjuicio alguno susceptible de indemnización. En este punto, y dada la falta de actividad probatoria sobre estos extremos, no puede desconocerse, como ha señalado de forma reiterada la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo -Sentencias de 22 de julio de 1988, Ar. 6095; 15 de febrero de 1994, Ar. 890; o 30 de septiembre de 1999, Ar y ha recordado insistentemente este Consejo -entre otros 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha muchos en sus dictámenes nº 23/1997, de 22 de abril; 67/1999, de 28 de septiembre; 76/1999, de 26 de octubre; 24/2001, de 15 de febrero; 56/2001, de 15 de abril; ó 49/2003, de 24 de abril- que la carga de la prueba sobre la realidad y cuantía del daño alegado, los hechos en que se base la reclamación y su vinculación causal con el funcionamiento del servicio imputado recae sobre el reclamante. En cuanto al daño personal, que concreta en los dos días de dolores que padeció, su efectividad no es cuestionable, pero no puede establecerse su relación causal con el diagnóstico realizado el día 5, sino con la evolución de su enfermedad; sólo podría atribuirse responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria si ésta no le hubiere atendido en el momento en que se produjo un nuevo empeoramiento manifestado a través del dolor, lo cual no tuvo lugar, puesto que el paciente, hoy reclamante, no acudió al servicio de urgencias público conforme tenía prescrito. Finalmente, tampoco puede establecerse relación causal entre el diagnóstico que se le hizo en el servicio de urgencias del Hospital X, con los gastos satisfechos en el Centro Privado donde se le intervino de colecistitis, por importe de 2.225,81 euros, puesto que es claro que se dirigió de modo voluntario al centro privado y no al público, pese a que en éste se le había prescrito de modo expreso la petición de cita preferente en consulta externa de digestivo, así como volver a Urgencias si empeoraban sus síntomas. A tales efectos y en un supuesto similar, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2003, Ar, RJCA 309/2004, indicó igualmente que el acto de sometimiento voluntario a la sanidad privada impedía admitir la alegación del reclamante respecto a su indemnización de los gastos satisfechos en un centro privado, donde se le dispenso asistencia sanitaria. DICTAMEN Que no habiéndose acreditado el nexo causal existente entre el funcionamiento del servicio público de asistencia sanitaria, de titularidad autonómica, y la producción de daños en la persona de D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada. 4

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