DICTAMEN Nº. 60/2004, de 20 de mayo. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 60/2004, de 20 de mayo. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública seguido a instancia de D. X por los daños y perjuicios que estima le fueron causados a consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital X. ANTECEDENTES Se somete a dictamen del Consejo el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración seguido a consecuencia de la reclamación planteada por D. X con fecha 23 de septiembre de 2002 en la que pone de manifiesto los graves perjuicios que se le han causado a consecuencia de la asistencia sanitaria prestada por el Hospital X, y que estima pueden ser valorados entre los y euros. Se expone en el citado escrito de reclamación que el 25 de julio de 2002, se dirigió fax al Hospital reclamando por una irregularidad hospitalaria o una negligencia médica, así como un grave incumplimiento de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dado los perjuicios ocasionados al Sr. X que hubo de volver a ser ingresado en el Hospital Y, el 23 de julio del mismo año, 13 días después de haber sido dado de alta en el Hospital X, siendo intervenido de nuevo quirúrgicamente, aquejado de la misma crisis urológica y renal por la que ya fue tratado e intervenido en el Servicio de Urología del Hospital X. Añade que en el informe que el servicio de urología del Hospital Y facilitó en el momento del ingreso del paciente, se recoge que a pesar de la operación a que fue sometido días antes en el Hospital X, se observan múltiples imágenes litiásicas, dilatación del uréter, otra imagen litiásica de 5,4 mm en el grupo calicial superior del riñón izquierdo, así como otras anormalidades que debían haber sido solucionadas en su momento. En el curso de la instrucción se ha incorporado al expediente el informe del inspector médico asignado al mismo, en el que efectúa el siguiente juicio crítico: Respecto al tratamiento dispensado al paciente en el Hospital X, tras mostrar signos de infección urinaria y de sepsis urológica, que incluye la intervención quirúrgica de nefrostomía, a la que fue sometido con fecha 5 de junio de 2002, señala que no se aprecia en esta actuación irregularidad o deficiencia en la asistencia prestada a D. X. La hematuria, los cólicos renales y la infección urológica son complicaciones habituales de la LEOC (algunas de aparición casi obligada) [...]. Es evidente que si la infección es un riesgo habitual de la LEOC, la probabilidad de que este riesgo se materialice en el caso de D. X es mucho más elevada, considerando su condición como afectado por el VIH. En resumen, la causa de la infección se debe atribuir a la enfermedad crónica que padece D. X [...] y no a una irregular actuación del personal sanitario que le atiende. Prosigue el informe señalando respecto a la segunda intervención quirúrgica a que fue sometido en el citado hospital, con fecha 29 de junio de 2002, que la misma fue inevitable, que se practicó de forma precoz en las siguientes 24 horas y que la evolución posterior, incluyendo el control en UCI, demuestran la eficacia en el control de esta complicación. Finalmente y por lo que respecta al tratamiento que recibió en el Hospital Y, el Inspector Médico lo califica de superponible al realizado previamen- * Ponente: José Sanroma Aldea 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha te, y que ante la repetición del cuadro clínico, que no puede relacionarse con deficiente actuación por parte de los facultativos que le atienden en el Hospital X, sino a las condiciones predisponentes de D. X, en el Hospital Y su manejo y su tratamiento son equivalentes a los instaurados en el primer Centro, lo que viene a reforzar lo correcto de su indicación. Sustanciado el trámite de audiencia, se ha redactado la correspondiente propuesta de resolución, de sentido desestimatorio, que ha sido informada favorablemente pro el Gabinete Jurídico del SESCAM. EXTRACTO DE LA DOCTRINA - Examinada la solicitud que ha dado origen al presente procedimiento, formalizada mediante escrito presentado el 23 de septiembre de 2002, lo primero que cabe advertir es el incumplimiento de los requisitos generales para la presentación de solicitudes, previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de los específicos regulados en el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, para las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración. Así, en el citado escrito no se acredita la representación que dice ostentar el letrado que lo suscribe, quien expresa actuar por encargo de Dª X, esposa de D. X a quien se le han ocasionado los daños invocados, sin que tampoco se aporte documento alguno acreditativo de tal relación de parentesco. Tales defectos formales debieran haber motivado que por parte de la Administración y en trámite inicial de admisión de tal solicitud, se cursase el oportuno requerimiento de subsanación, cosa que en el presente caso no tuvo lugar sino cuando la instrucción del procedimiento estaba prácticamente finalizada y a expensas únicamente de otorgar el trámite de audiencia. En el expediente se constata finalmente que pese al requerimiento extemporáneo realizado por la Administración, no se ha acreditado ni la representación del letrado actuante ni la condición de interesada de Dª X, si bien esta omisión no comporta efecto invalidante alguno respecto de las actuaciones practicadas, por cuanto en trámite de audiencia fue el propio afectado -D. X- quien se personó suscribiendo al efecto el correspondiente escrito de alegaciones. El contenido de la reclamación se concreta en una propuesta de terminación convencional pero sin que se especifique cuál haya podido ser el daño causado y el momento en que se hizo efectivo, el hecho o los hechos (actos médicos) a los que cabría imputar el mismo, y sin que se proponga la práctica de prueba alguna, circunstancias éstas que además de suponer un incumplimiento por parte del reclamante de las obligaciones que le impone el mencionado artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, limitan de forma notoria los elementos de juicio con que ha de contar este Consejo a fin de delimitar la existencia o no de responsabilidad patrimonial de la Administración. - Ninguna duda ofrece la concurrencia de la legitimación pasiva en la Administración a la que se dirige la reclamación, al encontrarnos en el presente caso ante la presencia de un instrumento jurídico articulador de una fórmula de actuación conjunta -como es el concierto- que lleva aparejada la garantía de una respuesta solidaria a que se refiere el artículo 140 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Ello ha de entenderse sin detrimento de la posibilidad de una ulterior repetición de la responsabilidad -en caso de asumirse ésta-, en función de las reglas de distribución de funciones y responsabilidades contenidas en el citado instrumento regulador de la actuación. 2

3 - El pronunciamiento de este Consejo sobre la procedencia o improcedencia de admitir la reclamación de responsabilidad patrimonial deriva en este caso directamente de la apreciación que se haga del cumplimiento efectivo de la carga de la prueba de la relación causal en el procedimiento habido hasta el presente trámite esencial de consulta. Entiende este Consejo que el cumplimiento de la carga de la prueba de dicha relación causal ha de comenzar con una clara determinación o especificación tanto de los hechos (ya sean acciones u omisiones) a los que se atribuye la causación de los daños, como de las lesiones por las que se solicita indemnización, sin que dicha obligación se pueda ver cumplida con una referencia genérica al funcionamiento del servicio público imputado y una descripción igualmente genérica de los posibles daños. Al alcance del reclamante está aportar o en su caso solicitar cuantos elementos probatorios se estimen necesarios en el curso del procedimiento para precisar los actos u omisiones señaladas como causas operantes en la producción de los daños así como la especificación y en su caso cuantificación de éstos, y es a este mismo fin al que sirven la realización de diversos trámites contemplados en el citado Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, tales como la práctica de pruebas (artículo 9), el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable (artículo 10), y la presentación de alegaciones en trámite de audiencia a la vista de todo el expediente instruido (artículo 11). En el presente caso ninguno de los dos elementos señalados han sido debidamente determinados por la parte reclamante, limitándose a denunciar, bajo la pretensión de lograr una terminación convencional, una supuesta irregularidad hospitalaria o una negligencia médica, pero sin especificar en qué puede haber consistido ésta, ni concretar los daños derivados de la misma, y no solicitándose más elemento probatorio que la aportación de la historia clínica del paciente y de los informes emitidos por el personal médico que le atendió, lo que implica objetivamente una renuncia a probar la posible relación causal. En trámite de alegaciones la parte reclamante tampoco avanza mucho más ni en precisar las causas ni en determinar los daños, y se reitera el ofrecimiento de una terminación convencional, obviando que esta vía implica un reconocimiento por la Administración de la causación del daño y de la antijuridicidad del mismo, lo cual en ningún momento se ha producido, ni tenía visos de reconocerse. - La información obrante en el informe de la Inspección Médica en contraste con los datos que arroja la historia clínica del paciente, permiten afirmar que no existe en el presente caso relación causal entre los supuestos daños alegados y el servicio público de salud, sino que tales daños derivan directamente de la patología de origen del reclamante (litiasis desde los 7 años de edad) cuya normal evolución ante el tratamiento médico dispensado se ve además interferida por su condición de afectado por el VIH. En este sentido afirma el Inspector Médico en relación con las complicaciones presentadas por el paciente tras ser sometido a tratamiento de litotricia que si la infección es un riesgo habitual de la LEOC, la probabilidad de que este riesgo se materialice en el caso de D. X es mucho más elevada, considerando su condición como afectado por el VIH. [...] la causa de la infección se debe atribuir a la enfermedad crónica que padece D. X (que como es conocido, incluso por profanos en medicina, predispone a infecciones de todo tipo) y no a una irregular actuación del personal sanitario que le atiende ; y respecto a la repetición del cuadro clínico que llevó al reclamante a acudir al Hospital Y, se señala que el mismo no puede relacionarse con deficiente actuación por parte de los facultativos que le atienden en el Hospital X, sino a las 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha condiciones presdisponentes de D. X. [...] A partir de su seguimiento posterior se indican nuevas sesiones de LEOC que se inician en enero de 2003 en el Hospital Y para tratamiento de litiasis que D. X padece desde los siete años [...] y no para solucionar problemas no tratados en su momento en el Hospital X [...]. En consecuencia aparece de todo punto acreditado en el expediente que nada indica existencia de relación causal de la que derive responsabilidad administrativa. Es más, incluso si a los meros efectos dialécticos pudiera admitirse la eventualidad de algún vínculo causal entre los daños alegados y el funcionamiento del servicio público sanitario, el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración exigiría demostrar que el reclamante no tiene el deber jurídico de soportar el daño. A este propósito aduce el reclamante en su escrito de alegaciones -sin aportar elemento probatorio alguno que lo avale- que a raíz de haber sido tratado en el Hospital Y su enfermedad ha remitido, cosa que no ocurrió al darle el alta médica en el Hospital X, puesto que ahí no me curaron, sino que fui deficientemente atendido. En el presente caso no cabe duda de que el tratamiento sanitario dispensado al reclamante se sitúa en el ámbito de la medicina curativa, y que a tenor de los elementos probatorios aportados por la Administración lo único que cabe afirmar es que el tratamiento dispensado al reclamante se llevó a cabo con la práctica de todos los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios en cada momento, adecuándose por tanto a las reglas de actuación profesional imperantes dentro del ámbito médico concernido, motivo por el cual no se advierte que, desde esta perspectiva, el daño causado revista el carácter de antijurídico. - Examinada la historia clínica del reclamante, no existe constancia de los correspondientes documentos suscritos por el paciente acreditativos de la prestación del consentimiento informado para ser sometido tanto al tratamiento de litotricia (consta la hoja de consentimiento informado sin firmar por el paciente) como a la citada intervención quirúrgica. Esta carencia debe ser igualmente valorada para ponderar el carácter eventualmente antijurídico del daño producido, pues la desatención de las obligaciones de información expresadas en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (reguladas actualmente en el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), es considerada por nuestra jurisprudencia como un incumplimiento de la lex artis ad hoc, revelándose como una manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario. La conclusión a que se llega anteriormente respecto a la inexistencia de antijuridicidad en los daños ahora alegados, no se ve enervada, sin embargo, ante la ausencia de dicho consentimiento informado escrito por dos razones principales. En primer lugar porque las declaraciones efectuadas por los facultativos que atendieron al reclamante evidencian que hubo consentimiento verbal (a tales efectos no pueden dejar de citarse, entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, o de 14 de octubre de 2002, R.J. Aranzadi, respectivamente, 7799 y 359, que señalan que tanto la información como el consentimiento pueden demostrarse por cualquier otro medio de prueba que no sea el escrito). En este sentido en el informe suscrito por el Dr. X del Servicio de Urología del Hospital X, se afirma haber planteado al paciente la posibilidad de continuar ingresado y seguir tratamiento con LEOC para intentar evitar la cirugía ya que esta le haría correr más riesgos de infección posibilidad que aquél aceptó; e incluso en la 4

5 historia clínica queda constancia de que fue el propio paciente el que dio traslado de esta información al facultativo que en el Hospital Z realiza el seguimiento de su enfermedad de base (folio 215), lo que evidencia que el paciente ha dispuesto en todo momento de la información adecuada y suficiente sobre el tratamiento que le iba a dispensar (tanto en lo referido a las sesiones de litotricia como a la posterior intervención quirúrgica) para tratar su litiasis renal derecha. En segundo lugar ha de tenerse en cuenta que el sometimiento del paciente a sesiones de litotricia se mostró, desde un principio y a tenor de la información médica obrante en el expediente como el medio más adecuado para tratar su litiasis renal, si bien ello no excluía la posibilidad de una intervención quirúrgica como también lo anunciaron los facultativos que le atendieron, intervención que finalmente se tuvo que practicar de forma precoz ante el cuadro de sepsis urológica presentado por el paciente. Por ello y siguiendo el criterio de razonabilidad al que apela la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de julio de 2002 (R.J. Aranzadi 58928), con alusión a anterior doctrina del Tribunal Supremo -Sentencias de 4 de abril de 2000 o de 27 de noviembre de 2000 (R.J. Aranzadi 3258 y 9409, respectivamente)- el carácter inevitable y urgente de la intervención quirúrgica practicada ante los signos de infección urinaria y de sepsis urológica presentados por el paciente, habría hecho prescindible la obtención de un documento de consentimiento informado que dejara constancia de los riesgos asumidos con tal actuación. DICTAMEN Que no habiéndose acreditado la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público dispensado en el Hospital X, y los daños alegados por D. X, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 5

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