Recurso N CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA ACTOR: DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCEAN CIA LTDA. DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (RECURRENTE) Quito, lunes 31 de agosto del 2015, las 08h47.- VISTOS.- Composición del Tribunal: Las doctoras Maritza Tatiana Pérez Valencia y Ana María Crespo Santos; y, el doctor José Luis Terán Suárez, Juezas y Juez Nacionales, conocemos de la presente causa, en virtud de las Resoluciones N os de 25 de enero de 2012 y de 17 de diciembre de 2014, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura; Resoluciones N os y de 28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia I. ANTECEDENTES Identificación del legitimario y de la sentencia recurrida: El Dr. Rodrigo Godoy Garzón, debidamente designado y legitimado por la Directora Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 20 de septiembre de 2013, a las 12h03, expedida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Página 1 de 14

2 Tributario N 1, con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de impugnación N , en la que se: acepta parcialmente las pretensiones expuestas en la demanda deducida por el. Sr. HELMUT ALFONSO RECALDE CAPELO, en su calidad de representante legal de la compañía DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCEAN CIA LTDA, en el sentido expuesto en el considerando SEXTO del presente fallo, sin perjuicio de lo resuelto en el considerando SEPTIMO que antecede, en función del análisis jurídico y de la motivación expuesta Argumentación casacional del recurrente: El recurrente fundamenta su recurso en la causal quinta, del art. 3 de la Ley de Casación señalando que: CONSIDERANDOS (SEXTO Y SÉPTIMO) contradictorios totalmente ya que en el uno analiza y concluye respecto de la nulidad del acto impugnado, mientras que en el otro hace una confrontación y análisis jurídico atinente al derecho a una exoneración total o parcial a la que tendría derecho el actor, concluyendo en este punto, que el actor no tiene derecho a una exoneración total del pago del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio 2008, a lo que se debería suponer entonces que tendría derecho a una exoneración parcial, lo que no tienen llamado a congruencia o pertinencia. Por todo lo expuesto el sentido parcial de la sentencia recurrida supone que se le ha concedido parcialmente a las pretensiones de la demanda del actor, y, en estricta lógica, lo que le es desfavorable en algún punto de sus requerimientos. En este sentido, será obvio que ha operado lo mismo para los intereses de la Administración Tributaria, sin que quede claro cuál es la parte favorable a la demandada y cuál la desfavorable, confirmando la contradicción existente entre la parte resolutiva de la sentencia recurrida y los considerandos en que consta la motivación de la misma. De los hechos relatados tenemos que la sentencia recurrida es nula, ya que no contiene una correcta motivación que justifique el sentido del fallo. Ante lo cual es imposible que la Administración Tributaria pueda ejercitar su derecho a la defensa al no quedar claro qué parte le es favorable y cual no. Página 2 de 14

3 Lo que ocasiona que la sentencia no tenga expresamente un sentido favorable o en contra a ninguna de las partes, lo que deja de manifiesto la contradicción a la que nos hemos referido entre la parte resolutiva y la motivación que consta en los considerandos de la sentencia recurrida. [ ] La parte resolutiva de la sentencia recurrida no es coherente con las pretensiones de las partes, pues no puede anular el acto impugnado en una resolución con sentido parcial, lo cual contraría el principio de congruencia, por el cual el juzgador debió resolver en conformidad con las pretensiones deducidas en la demanda y aquellos puntos en los cuales se trabó la Litis, que no eran sino las de confirmar el acto impugnado o darlo de baja, ya sea total o parcialmente... En virtud de los argumentos expuestos en su recurso de casación, el Servicio de Rentas Internas solicita se case la sentencia Auto de admisión del recurso de casación: Mediante auto de 26 de junio de 2015, a las 16h25, el Conjuez ponente de Admisión de la causa de la Sala de lo Contencioso Tributario admite el recurso planteado, en base a la causal quinta, y dispuso correr traslado a las partes por el término de cinco días Contestación al recurso: En fecha 6 de julio de 2015, la parte actora presentó un escrito que contiene la contestación al recurso, pero al haber sido presentado extemporáneamente no será tomada en cuenta para la resolución de la presente causa, puesto que el término de cinco días dispuesto por el Conjuez de sustanciación para realizar la referida contestación feneció el día 3 de julio de Pedidos los autos para resolver se considera: II.- CUESTIONES PROCEDIMENTALES PREVIAS E IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER Página 3 de 14

4 2.1.- Competencia: Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de casación en conformidad con los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución, 1 de la Codificación de la Ley de Casación y 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación Validez: Esta Sala Especializada considera que en la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar Determinación del problema jurídico a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia sujeta al análisis casacional por el legitimario tiene sustento legal y para ello es necesario determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso: a) En La sentencia de instancia se configura el vicio previsto en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, por cuanto supuestamente el edicto recurrido contiene contradicción entre sus partes considerativa y resolutiva? III.- ARGUMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO La Casación: Previo a analizar el vicio denunciado a la luz de la causal quinta planteado por la parte actora, es menester iniciar estableciendo ciertos hitos necesarios para conceptualizar las características generales de la casación planteándonos la siguiente pregunta: Que es la casación? Dentro de la doctrina autorizada, Hernando Devis Echandía en su obra Nociones Generales de Derecho Procesal Civil pág. 797, al referirse al recurso de casación manifiesta que: Página 4 de 14

5 Se trata de un recurso extraordinario, razón por la cual está limitado a los casos en que la importancia del litigio por su valor o su naturaleza lo justifica. Por él se enjuicia la sentencia del tribunal, que es su objeto, sin que implique una revisión del juicio. ; así mismo, Luis Armando Tolosa Villabona en su obra Teoría y Técnica de la Casación pág. 39, señala que: [ ] el recurso de Casación es un medio de impugnación extraordinario por motivos específicamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento está atribuido a un órgano judicial supremo (Corte Suprema de Justicia en Colombia, o Tribunal de Casación o Corte de Casación en otros ordenamientos) con el fin de anular, quebrar o dejar sin valor, por razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho objetivo, y que contienen errores in iudicando, errores facti in iudicando o errores procesales.. Partiendo de estas citas doctrinarias, es claro que la casación tiene la característica de un recurso extraordinario en virtud de que únicamente puede ser propuesto por los motivos expresamente establecidos en la Ley, así pues en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se establece taxativamente en el artículo 3 de la Ley de Casación, cinco causales sobre las que se puede proponer el recurso de casación, fuera de las cuales no se puede aceptar la existencia de alguna adicional. En materia tributaria, el recurso de casación fue introducido en el título III del Libro Tercero del Código Tributario publicado en el Registro Oficial 958 de 23 de diciembre de 1975, en donde se establecía que el recurso sería interpuesto ante un Tribunal de Casación constituido por Magistrados de las Salas que no hubiesen conocido la causa. La competencia para conocer la Casación por parte de los Tribunales Distritales tuvo vigencia hasta el 5 de mayo de 1993, cuando se expidió la Codificación de la Constitución Política de la República, en cuyo Disposición Transitoria Décima Séptima dispuso que El recurso de casación previsto en el Título III, del Libro Tercero, del Código Tributario (artículos 328 a 335) será interpuesto, a partir de la fecha de la vigencia de estas reformas constitucionales, para ante la Página 5 de 14

6 Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.. Así mismo el artículo 21 de la Ley de Casación publicada el Registro Oficial 192 de 18 de mayo de 1993, derogó en forma total el Título Tercero del Código Tributario, estableciéndose de este modo la casación que se encuentra vigente hasta nuestros días. Finalmente hay que también considerar que el recurso de casación tiene como uno de sus objetivos la correcta aplicación e interpretación de las normas de Derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior es decir el control de legalidad de las decisiones judiciales. Sobre el tema, Calamandrei pregonaba la naturaleza del medio extraordinario de impugnación y de estar encerrado en las cuestiones y revisión del derecho, cuando comentaba del recurso de casación. (Ver. Citado por A. MORELLO, en La Casación, Un modelo Intermedio Eficiente, Segunda edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 71) Consideraciones casacionales generales: El problema jurídico planteado en el punto 2.3 de la presente sentencia guarda relación con la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación que en su tenor literal señala: Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles Cuando se invoca un supuesto vicio de una sentencia, al amparo de la causal quinta, se debe entender que este cargo se refiere a la transgresión de normas relacionadas con la estructura, contenido y forma de la sentencia o auto, la que se configuraría de dos formas: Por defectos en la estructura del fallo que se dan por la falta de requisitos exigidos por la ley para la sentencia o auto; y, por incongruencia en la parte dispositiva del fallo, en cuanto se adoptan resoluciones contradictorias o incompatibles. En lo relativo a la falta de requisitos exigidos por la Ley; constituye una omisión que afecta a la sentencia en cuanto acto escrito, o sea en su estructura formal, como por ejemplo el que se omita la identificación de las personas a quien el fallo se refiere, en Página 6 de 14

7 la enunciación de las pretensiones, en la motivación que se funda en los hechos y en el derecho (que habitualmente se consigna en los considerandos), o en la parte resolutiva, en cuanto al lugar, fecha y firma de quien lo expide. Frente a las decisiones contradictorias o incompatibles dispuestas en la causal quinta, esta Sala Especializada considera que debe entenderse que estos vicios emanan del simple análisis de la sentencia recurrida y no de la confrontación entre ésta, la pretensión plasmada en la demanda y la contestación de la misma, ya que este análisis debería ser recurrido a la luz de la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. En el presente caso el recurrente sostiene que en la sentencia existe el vicio de contradicción, sobre la cual Luis Armando Tolosa señala que Tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen que para que exista la causal, las contradicciones deben existir en la parte resolutiva del fallo recurrido. Y no se trata de contradicciones de diferentes fallos, porque ello engendraría un problema de cosa juzgada, sino de las contradicciones de diferentes fallos, porque ello engendraría un problema de cosa juzgada, sino de las contradicciones existentes en el mismo fallo, como por ejemplo, decreta la resolución del contrato y el cumplimiento del contrato, decreta la prescripción adquisitiva para el poseedor y l reivindicación para el titular del dominio Una vez establecidos los hitos que delimitan el ámbito de estudio de la causal quinta relacionado a la contradicción, a continuación se realizará el respectivo análisis de la sentencia recurrida con el propósito de verificar si se en el presente caso se configura el vicio alegado por el Servicio de Rentas Internas, para lo cual se realizan las siguientes consideraciones: i) La sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 delimita el estudio del caso puesto en su conocimiento de la siguiente forma: a) Que en virtud de los argumentos expuestos (en la demanda el actor) solicita: 1).- La baja y archivo de la Resolución administrativa No RREC de fecha 14 de noviembre de 2008 y; 2).- Se disponga la exoneración del anticipo del Página 7 de 14

8 impuesto a la Renta del periodo fiscal ii) En el edicto recurrido se indica que las excepciones planteadas por la administración tributarias son las siguientes: A).- Que hace suyos los argumentos que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado; B).- Que la declaración efectuada por el actor es definitiva y vinculante de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno; C).- Que el artículo 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno para el año 2007 establecía la obligación de calcular el anticipo del Impuesto a la Renta del siguiente año, con el valor de $ 1.375,22. D).- Que el artículo 41 en el literal b del numeral 2 indica el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, así también el artículo 72 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno contiene el cálculo que deberá ser aplicado el mayor de los dos que señala la norma y que de acuerdo a los valores de ingresos y gastos declarados y el análisis efectuado por la Administración que consta en la Resolución impugnada, el actor no puede hacerse beneficiario de la exoneración solicitada. E).- Que la Resolución impugnada goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. G).- Que en el actor recae la carga de la prueba. H).- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. iii) Posteriormente el Tribunal de instancia realiza un análisis de la normativa aplicable al presente caso (considerando Cuarto), de las pruebas aportadas en el proceso y su valoración (considerando Quinto). iv) En el considerando sexto, el Tribunal procede a analizar el contenido del acto impugnado, señalando lo siguiente: DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA No RREC DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2008: En apego al control de legalidad previsto en el artículo 273 del Código Tributario la Sala considera oportuno referirse a la motivación del acto administrativo respecto del cual se observa que si bien se relatan los hechos y las normas de derecho, no se ha explicado la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, ni se ha indicado cuales son los Página 8 de 14

9 razonamientos, ni precisado cuál ha sido el análisis que ha realizado la Administración Tributaria al que se hace referencia en el literal n) de la Resolución impugnada, ya que el hecho de que el actor no haya pagado ninguna de las dos cuotas del Anticipo de Impuesto a la Renta del año 2008, justamente constituye la pretensión de la petición de exoneración. Por otra parte, revisado el contenido del acto impugnado tan solo se observa que se han transcrito los hechos y normas tributarias sin que se haya apreciado ni pronunciado respecto de la documentación proporcionada por el contribuyente, lo cual se contrapone a la obligación de motivar los actos administrativos, conforme lo establecen los artículos 69, 81 y numeral 5 del artículo 103 del Código Tributario, lo cual acarrea la nulidad del acto impugnado según lo dispone el literal l), del numeral 7), del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador (El subrayado nos pertenece). v) En el considerando Séptimo de la sentencia recurrida el Tribunal de instancia realiza el análisis de la exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de la siguiente forma: 7.1).- De las normas citadas en el considerando CUARTO se observa que el Código Tributario prevé la posibilidad de que una exoneración pueda ser total o parcial, lo cual hace necesario contrastarlo con el contenido de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento vigentes en el ejercicio económico 2008 al momento de la presentación de la solicitud de exoneración, en el cual se regulaba tanto al anticipo, así como al anticipo mínimo de Impuesto a la Renta, a fin de comprender el alcance de la reducción y exoneración a la que se refiere el literal i) del Artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y para ello la Sala manifiesta que, en el referido Artículo 41 ibídem, se regula por un lado la exoneración parcial o reducción del anticipo, la cual aplica en los supuestos y con los límites contemplados tanto en la Ley en concordancia con lo previsto en el Artículo 74 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno es decir, cuando se demuestre que se generará pérdidas en ese año o que las rentas gravables serán significativamente inferiores a Página 9 de 14

10 las obtenidas en el año anterior o que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio. En estos casos, la reducción opera únicamente sobre el excedente del anticipo mínimo. 7.2).- Por otra parte prospera la exoneración total del pago del anticipo de Impuesto a la Renta para: 7.2.1).- Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas que estarán sujetas al pago de este anticipo después del segundo año de operación efectiva, que podrá ser ampliado, previa autorización del Director General del Servicio de Rentas Internas, en el caso de que el proceso productivo así lo requiera ).- Las empresas urbanizadoras o constructoras que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas de corta duración que logren su objeto en un período menor a dos años, las cuales comenzará a pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que inicien sus operaciones ).- Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución ).- Las sociedades cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos ).- Finalmente existe también una dispensa total respecto del pago del anticipo mínimo, que opera cuando el anticipo mínimo sea igual o menor al impuesto a la renta causado obtenido de la proyección anual de los resultados que presente el contribuyente elaborada al 30 de junio del año en el que debe realizar el pago de las cuotas del anticipo, según lo establece el Artículo 75 del Reglamento para la Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno vigente al ejercicio fiscal ).- De lo expuesto, correspondía a la Administración Tributaria establecer si los presupuestos fácticos expuestos por el contribuyente en su petición, se subsumían en lo previsto en el Artículo 74 o en el Artículo 75 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Página 10 de 14

11 de Régimen Tributario Interno, normativa reglamentaria que regula la aplicación del Artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno que de ninguna manera puede considerarse que opera de manera aislada, y que han sido citados en el considerando CUARTO. En la especie la Sala manifiesta: 1.- Se hace notar que respecto del convenio de pago al que hace referencia el actor en su demanda no existe evidencia procesal de la existencia de este hecho. 2.- De las pruebas solicitadas por el actor y que fueran remitidas por la Administración Tributaria obran a fojas 69 y vuelta la declaración sustitutiva del período fiscal 2007, en el cual se refleja en los casilleros 600 a 699 que la empresa actora no tuvo ingresos gravables en el referido ejercicio económico. 3.- A fojas 76 a 82 vta., constan las declaraciones debidamente certificadas del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a julio de 2008 en las cuales se evidencian que no han existido ventas. 3.- De fojas 155 vta. y 156 se muestra debidamente certificado por la Administración Tributaria, el documento denominado SEGUIMIENTO ESTADO TRIBUTARIO ; Estado Tributario: Obligaciones Pendientes Permiso de Facturación: NINGUNO del Proceso: MASIVO 11/07/ :00:46 ; y Proceso: DIARIO 27/02/ :48:25 con Permiso de Facturación: NINGUNO, documentos que prueban que las rentas gravables serían significativamente inferiores a las obtenidas en el año 2007 por lo que la situación fáctica del contribuyente no se encuadraba en ninguno de los presupuestos señalados para la exoneración total previsto en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno analizado en el numeral 7.2) del presente fallo, y por tanto no prospera la exoneración total del pago del anticipo de Impuesto a la Renta con cargo al ejercicio económico 2008 como lo solicitó el actor, sin perjuicio de que si no existiese impuesto a la renta causado, el actor debía proceder conforme a lo dispuesto en el literal e) del numeral 2 del Artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en base al razonamiento jurídico realizado. (El subrayado nos pertenece). vi) Finalmente, en la parte resolutiva la sentencia dice: acepta Página 11 de 14

12 parcialmente las pretensiones expuestas en la demanda deducida por el Sr. Sr. HELMUT ALFONSO RECALDE CAPELO, en su calidad de representante legal de la compañía DISTRIBUIDORA TEXTIL OCEAN PACIFIC DEL ECUADOR INTEROCEAN CIA LTDA, en el sentido expuesto en el considerando SEXTO del presente fallo, sin perjuicio de lo resuelto en el considerando SEPTIMO que antecede, en función del análisis jurídico y de la motivación expuesta Análisis casacional.- Partiendo de las consideraciones y antecedentes expuestas en el numeral que anteceden, esta Sala Especializada realiza el siguiente análisis: i) Del fallo recurrido se observa en prima facie que el acto administrativo impugnado ha sido declarado nulo por parte del Tribunal de instancia, lo cual tiene como efecto inmediato la inexistencia de la resolución de la administración Tributaria. ii) Por otra parte en el fallo se analiza la pertinencia de la pretensión de exoneración del anticipo del impuesto a la renta del año 2008, y termina concluyendo que el contribuyente no tenía derecho a la exoneración sino que debía actuar conforme lo establece el artículo 41 numeral 2 literal e) de la Ley de Régimen Tributario Interno. iii) Ahora bien, las dos decisiones tomadas por parte del Tribunal de instancia a primera vista pueden resultar contradictorias, por cuanto si un acto administrativo que niega un derecho es declarado nulo, se entiende que la pretensión del administrado, en este caso contribuyente debe ser entendida como aceptada. Este ejercicio jurisdiccional, de declaratoria de nulidad de las decisiones de la administración, tiene como fundamento principal el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, el cual forma parte de las garantías que contempla el derecho a la defensa de las personas y es una garantía prima facie que los juzgadores de instancia debe realizarlo inclusive de oficio. Partiendo de lo señalado, es claro que cuando se declara la nulidad completa de un acto administrativo, como ha ocurrido en el presente caso, el análisis de las demás pretensiones Página 12 de 14

13 expuestas en la demanda son irrelevantes de ser analizadas por cuanto la oportunidad que tuvo la administración para pronunciarse respecto al caso en particular de una forma motivada, conforme a Derecho y bajo su particular competencia ha expirado, por lo tanto se entiende que, como se ha indicado ut supra, la pretensión del contribuyente ha sido aceptada en su totalidad, por cuanto la inexistencia del acto impugnado está subordinado a la garantía de un derecho de protección constitucional. Es importante señalar que a diferencia del caso de las acciones por silencio administrativo, en donde una vez que se verifica que se ha cumplido con el presupuesto del transcurso del tiempo sin respuesta alguna por parte de la administración el Tribunal juzgador debe realizar un examen de legalidad del acto consecuencia del silencio, la falta de motivación total de un acto administrativo opera de jure, sin que sea necesario realizar ningún tipo de consideración adicional. Sin embargo de lo señalado hasta aquí el Tribunal de instancia, además de declarar la nulidad del acto impugnado, realiza un análisis de la correspondencia de la pretensión del actor, lo cual como se ha indicado no es pertinente. iv) Por las razones expuestas esta Sala Especializada concluye que en la sentencia recurrida efectivamente existe una contradicción que podría llevar a las partes a erradas conclusiones, lo cual evidentemente afecta a la certeza de su alcance y con ello que la sentencia dictada pueda ser considerada inejecutable, por lo que esta Sala Especializada considera que en efecto se configura el vicio de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, de tal modo que se configura el vicio contenido en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación. Este análisis no implica que el actor en Derecho haya tenido el derecho a beneficiarse de la exoneración del pago del impuesto a la renta, pero debido a la falta de prolijidad de la administración Tributaria, conforme se indica en sentencia, la falta de motivación del acto administrativo hace que el mismo devenga en inexistente. Esta Sala Especializada no puede suplir las omisiones que la Página 13 de 14

14 administración tributaria ha incurrido en la interposición de su recurso por cuanto, si la administración no estaba conforme con la decisión que el Tribunal de instancia tomó en lo relacionado a la falta de motivación del acto impugnado, se debió alegar este particular al amparo de las causales dispuestas en el artículo 3 de la Ley de Casación. Sin que sea necesario realizar ningún tipo de consideración adicional, toma la siguiente decisión IV.- DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: SENTENCIA Se casa la sentencia, se declara la nulidad del acto administrativo impugnado y por lo tanto se acepta la demanda. Notifíquese, devuélvase y publíquese. F) Dr. José Luis Terán Suárez. JUEZ PRESIDENTE. Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. JUEZA NACIONAL. Dra. Ana María Crespo Santos. JUEZA NACIONAL. Certifico.- f) Ab. Alejandra Morales Navarrete. SECRETARIA RELATORA. Página 14 de 14