Tijuana, Baja California, a diecisiete de Noviembre de dos mil quince.

Transcripción

1 1 ********** VS. OFICIAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA EXPEDIENTE: 361/2015 SS Tijuana, Baja California, a diecisiete de Noviembre de dos mil quince. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del Juicio Contencioso Administrativo número 361/2015 SS, promovido por **********, en contra del Oficial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California que emitió la infracción **********, y R E S U L T A N D O 1.- Que mediante escrito presentado en fecha dieciséis de junio del año dos mil quince, compareció ante esta Sala ********** instaurando demanda en contra del Oficial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California que emitió la infracción **********, señalando como actos impugnados: Boleta de infracción con número de folio **********, de fecha 28 de mayo de 2015, emitida por el oficial **********, con número de patrulla **********, adscrito a la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal del Municipio de Tijuana, Baja California, mismo que aparece en la boleta de infracción entregada al suscrito. 2.- La parte actora señaló como hechos constitutivos de su demanda los siguientes: 1. El jueves 28 de mayo del año en curso y siendo aproximadamente las 12:00 de la noche, circulaba por el Blvd. **********, cuando fui inspeccionado por un filtro de alcoholímetro, y en ese momento fui detenido por un oficial de policía dependiente de la Dirección de Policía y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California. 2. El oficial ********** (según nombre estampado en la parte inferior izquierda de la boleta de infracción) me manifestó que el motivo de la detención fue por revisar si estaba conduciendo en estado de ebriedad a lo que le contesté que no venía en ese estado, solo era aliento alcohólico (a lo que él mismo reconoció estampando de su puño y letra en la boleta de infracción y dice: conduciendo vehículo de motor en estado de ebriedad incompleta detectado en filtro de alcoholímetro ). 3. Es preciso aclarar que al suscrito nunca se identificó el oficial que detuvo la marcha del vehículo, omitiendo el oficial aplicar el procedimiento que exige el artículo ********** del Reglamento de Tránsito del Municipio de Tijuana, además pedí me demostraran el supuesto estado de ebriedad y dijeron que con solo soplar un aparato alcoholímetro se determinó mi estado de ebriedad, por lo que le mencioné que se había equivocado en dicho aparato, ya que me encontraba sobrio, por lo que se limitó a pedirme bajar del carro que conducía para remolcarlo al corralón municipal. 4. El oficial procedió a levantar la boleta de infracción, manifestando lo siguiente:

2 2 SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE INFRACCION CON BASE EN LOS ARTICULO 105 Y 106 DEL REGLAMENTO DE TRANSITO Y CONTROL VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS. Conducir vehículo de motor en estado de ebriedad incompleta detectado en filtro de alcoholímetro. VIOLANDO CON ELLO LOS ARTICULOS 5 fracc. IV, 107, 110 y La parte actora señala los motivos de inconformidad que por economía procesal se tienen como si a la letra se insertasen en el presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por reiteración de tesis. VI.2º.J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la pagina 5989 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho:, Novena Epoca, de rubro y textos siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 4.- La parte actora ofreció como pruebas las siguientes: A). DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia de la boleta de infracción con número de folio **********de fecha, veintiocho de mayo del dos mil quince, emitido por el **********, con número de matrícula **********, perteneciente a la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional Tijuana, Baja California. B). DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original del Recibo Oficial No. **********de fecha seis de junio del dos mil quince, por concepto de pago de Multas Transito en Rezagos por un valor de $3, (tres mil veintiocho pesos 00/100 m.n.) C). DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original del Recibo Oficial No. **********de fecha seis de junio del dos mil quince, por concepto de certificado médico urgente por un valor de $2, (dos mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) D). DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original del Recibo Oficial No. **********de fecha de salida treinta de mayo de dos mil quince, por concepto de pago por remolque vehicular por un valor de $ (ochocientos cuatro pesos 00/100 m.n.) E). PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto, Legal y Humana, por lo que favorezca a los intereses del suscrito. F). INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En cuanto a beneficie a mis intereses. 5.- Por auto de fecha veintidós de junio se admitió la demanda, ordenándose emplazar a la autoridad demandada, quien dio contestación a la demanda instaurada en su contra mediante promoción de fecha once de agosto. 6.- Con fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, citándose a las partes para sentencia. C O N S I D E R A N D O S

3 3 I.- Competencia.- Esta Sala es competente por materia para conocer del presente juicio en virtud de promoverse en contra de actos atribuidos a autoridades municipales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de aquí en adelante referida como Ley del Tribunal; asimismo es competente por territorio en virtud de que se promueve por un particular, quien señala domicilio en la ciudad de Tijuana, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de esta Sala, que fue fijada por Acuerdo del Pleno de este Tribunal, en Sesión de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, de conformidad con lo dispuesto por los diversos artículos 17 fracción VI, 18 fracción II, 21 y 23 de la citada ley. II.- De la existencia de los actos impugnados.- La existencia del acto impugnado, consistente en la boleta de infracción **********de fecha 28 de mayo de 2015 emitida por el Oficial **********, quedó debidamente probada en autos con la copia certificada que de la misma exhibió la autoridad demandada, consultable en la foja 23 de autos, de valor probatorio pleno en los términos de los artículos 322 fracción V, 323 y 405 del Código de Procedimientos vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en la materia por disposición del artículo 79 de la Ley del Tribunal. III.- Procedencia. Las partes no plantearon causal de improcedencia alguna, y esta Sala de manera oficiosa no advierte que se actualice ninguno de los supuestos a que se refiere n los artículos 40 y 41 de la Ley del Tribunal. IV.- Análisis. En el escrito inicial de demanda, la parte actora manifiesta que la autoridad demandada no fundó la competencia territorial, toda vez que no señala los preceptos legales que funden dicha competencia. La obligación de fundar los actos administrativos incluye por supuesto la obligación ineludible de fundar debidamente la competencia tanto material como territorial del funcionario que emite el acto de que se trata. Así lo ha sostenido la siguiente tesis de jurisprudencia: COMPETENCIA. FUNDAMENTACION DE LA. Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer

4 4 el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. I.2o.A. J/6 Amparo directo 1932/89. Sistemas Hidráulicos Almont, S.A. 29 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José. Amparo directo 842/90. Autoseat, S.A. de C.V. 7 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Gamaliel Olivares Juárez. Amparo en revisión 2422/90. Centro de Estudios de las Ciencias de la Comunicación, S.C. 7 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. Amparo directo 2182/93. Leopoldo Alejandro Gutiérrez Arroyo. 20 de enero de Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García. Amparo directo 1102/95. Sofía Adela Guadarrama Zamora. 13 de julio de Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo II, Noviembre de Pág Tesis de Jurisprudencia. Del contenido de la boleta de infracción que se impugna, visible en la foja 23 de autos, se advierte que el oficial de policía es omiso en señalar el precepto legal que le otorgue competencia territorial como Agente de Policía adscrito a la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana para levantar la boleta de infracción que se impugna, es decir no se señala el precepto legal que le otorgue competencia territorial para emitir el acto de que se trata. No es óbice a lo anterior que en la boleta de infracción impugnada se señalen los artículos 105 y 106 Reglamento de Tránsito y Control Vehicular de Municipio de Tijuana, toda vez que estos preceptos no establecen la competencia material y territorial que se atribuye la autoridad, y son los artículos 5 y 7 de este último ordenamiento los que en su caso establecen las competencias en materia de tránsito y control vehicular, sin embargo, el acto impugnado debe ser estudiado tal como fue emitido y de conformidad con el artículo 54 de la Ley del Tribunal, en la contestación de demandada no se podrán expresar o cambiar los fundamentos del mismo. Por lo tanto, al no cumplirse el requisito esencial de todo acto de autoridad, (fundamentación de la competencia), garantía que se asegura a todos los ciudadanos por los artículos 16 de la Constitución Federal y 7 de la Constitución Local, es procedente

5 5 decretar la nulidad de la boleta impugnada, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 83 fracción II de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, debiéndose condenar a la autoridad demandada a ordenar la cancelación de la boleta de infracción con número de folio **********de sus archivos y sistemas de cómputo, así como a hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes el resultado de este fallo, a efecto de que se haga devolución inmediata a la parte actora de todas y cada una de las cantidades de dinero que, en su caso haya enterado, y que se deriven de la boleta de infracción que se declara nula. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCION IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICION, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que este puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de estos en su integridad pues que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad esta efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate pueda, subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto solo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el articulo 16 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de Tesis 92/2000 SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero, Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrano Castañeda. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Noviembre de Página: 32. Tesis: 2a./J. 52/2001. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 81, 82 fracciones I, II y III, 83 fracción II y 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se R E S U E L V E

6 6 PRIMERO.- Atento a los razonamientos expuestos en el considerando IV de este fallo, de conformidad con lo previsto por el artículo 83 fracción II de la Ley que rige a este Tribunal, se declara la nulidad del acto impugnado consistente en la boleta de infracción ********** emitida por el Oficial de Policía **********, de fecha 28 de Mayo de SEGUNDO.- Se condena a la autoridad demandada a emitir una resolución por la que deje sin efectos la boleta de infracción declarada nula, con todas sus consecuencias legales. Asimismo deberá hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes el resultado de este fallo, a efecto de que se haga devolución inmediata a la parte actora de todas y cada una de las cantidades de dinero que en su caso haya enterado, y que se deriven de las boleta de infracción que se declara nula. TERCERO.- Notifíquese personalmente a la parte actora, y por oficio a la autoridad demandada. Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada Supernumeraria Titular de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; y firmó ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos Licenciada Norma Patricia Bravo Castro, quien da fe.

7 7 LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CERTIFICA: QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION PUBLICA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 361/2015 S.S., EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ ASTERISCOS; VERSION QUE VA EN SEIS FOJAS UTILES. LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEITINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. DOY FE.