SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO

Transcripción

1 i. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO JUICIO PENAL NO RESOLUCIÓN NO PROCESADO: CARDENAS OLIVO SANDRA CAROLINA Y OTRO OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO RECURSO: CASACIÓN POR: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

2 ét. CORTE / 1 NACIONALD~ N>~er JUSTICIA JUEZ PONENTE DOCTOR MERCK BENAVIDES CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO. Quito, 23 de septiembre de 2013; a las 14h30.- VISTOS: ( ) En virtud al sorteo realizado, corresponde el conocimiento de esta causa al Dr. Merck Benavides Benalcázar como Juez Ponente, y; al Dr. Wilson Merino Sánchez y Dr. Johnny Ayluardo Salcedo como Jueces Nacionales integrantes de este Tribunal; de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 141 y 183 del Código Orgánico de la Función Judicial. PRIMERO: COMPETENCIA: Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el recurso de casación, conforme lo disponen los Arts y 76.7.k, de la Constitución de la República; Arts. 183 y 184 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL: El recurso de casación, ha sido tramitado conforme la norma procesal del Art. 352 del Código de Procedimiento Penal, en relación al Art. 345 del mismo cuerpo legal, y lo dispuesto en el Art de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se declara su validez. TERCERO: ANTECEDENTES DE LA CAUSA: Por la investigación en torno a la indagación previa No DFL, a cargo de la Dra. Diana Fernández León, Fiscal de Pichincha, se pudo observar que aproximadamente a las 07h00, del domicilio ubicado en la calle Río Cumunbi No. S27-66 y Las Lajas, salió Sandra Carolina Cárdenas Olivos, tomó un taxi y 1

3 é& CORTE / Y a NACI0NALO~ \?er JUSTICIA se dirigió al sector de la Mariscal, contactándose con un ciudadano en la esquina de las avenidas Amazonas y Patria, específicamente en el Hotel Colón, para posteriormente dirigirse ambas personas caminando hacia el norte por la Av. Amazonas, es así que a la altura de esta avenida y calle Jorge Washington, se acercaron miembros policiales antinarcóticos, indicándoles que tenían una orden de allanamiento para el domicilio en el cual habitaban, para en compañía de la fiscal de turno FEDOTI, se hiciera efectiva dicha orden judicial. De igual manera los equipos de vigilancia pudieron determinar que Juan Carlos Jiménez Cañas, aproximadamente a las 06h30, salió de su domicilio ubicado en las calles Bartolomé Rubio y Aurelio Guerrero, a 200 metros del puente de Guajaló, ingresando al interior de la fábrica Aymesa, aproximadamente a las 17h30, salió de la fábrica con varios sujetos, los mismos que proceden a libar en una tienda, y aproximadamente a las 19h15, al momento de que los equipos se encontraban en el norte, arribaron al sector de Guajaló con Sandra Carolina Cárdenas Olivos, se acercaron al sitio donde se encontraba Juan Carlos Jiménez Cañas, identificándose como agentes antinarcóticos. En primera instancia a las 19h30, se procedió al allanamiento del domicilio ubicado en las calles Bartolomé Rubio E 2-47 y Arellano Guerrero a 200 metros del puente Guajaló, en presencia de la Dra. Fanny Altamirano, fiscal de turno FEDOTI, con colaboración del personal del OIT, al mando del Cbop. Raúl Coello Sánchez y personal del GEMA, al mando del Teniente de Policía Gabriel Alvear, en donde habitaba Juan Carlos Jiménez Cañas, el mismo que procedió a abrir las puertas con su llavero, en el interior de este domicilio se pudo ubicar en el piso un bloque cubierto desde el exterior al interior con plástico color negro, cinta de embalaje de color beige y papel periódico dentro del cual se localizó una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente droga, de igual manera en la cómoda de madera de color beige, una funda plástica de halar de color negro, se halló otra funda plástica transparente que contenía una sustancia vegetal verdosa presumiblemente droga. A las 20h30 se procedió al allanamiento del domicilio ubicado en el sur de Quito, sector Turubamba, calles Río Cumumbi No y Las Lajas, 2

4 ~~ma / 1 NACIONAL CORTE OS JUSTiCIA donde vivía Sandra Carolina Cárdenas Olivos, acción que se realizó en presencia de la Dra. Fanny Altamirano Cárdenas, fiscal de turno FEDOTI, con colaboración del personal de lot al mando del Cbop. Raúl Coello Sánchez, y personal del GEMA, al mando del Teniente de Policía Gabriel Alvear, cuyas puertas fueron abiertas por la ahora detenida, donde se encontró en el interior, específicamente en el dormitorio, dentro de un cajón del armario de madera color caté 21 cédulas de ciudadanía de varios sujetos, de igual manera en un aparador de madera color café 6 cédulas de ciudadanía de varios sujetos, a más de las evidencias descritas en el acta de evidencia. El Juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, con fecha 08 de noviembre de 2012, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Juan Carlos Jiménez Cañar y Sandra Carolina Cárdenas Olivos, en calidad de presuntos autores del delito tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El Cuarto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, con fecha 11 de abril de 2012, declara la culpabilidad de Sandra Carolina Cárdenas Olivos y Juan Carlos Jiménez Cañar, en calidad de autores, del delito tipificado y sancionado en el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que se les impone la pena de doce años de reclusión mayor ordinaria La Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha 07 de febrero de 2013, reforma la sentencia venida en grado y declara a Sandra Carolina Cárdenas Olivos y Juan Carlos Jiménez Cañar, autores del delito tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con el Art. 42 del Código Penal, y les impone la pena modificada de ocho años de reclusión mayor ordinaria, queda en estos términos resuelta la consulta. 3

5 é& CORTE / r a NACICNAtOE N~>yr JUSTICIA De este pronunciamiento Sandra Carolina Cárdenas Olivos, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, para ante la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. CUARTO: ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACION EN LA AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y CONTRADICTORIA: Según lo dispuesto en el Art. 352 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el Art. 345 ibídem, se llevó a cabo la audiencia oral, pública y contradictoria, en la que los sujetos procesales expresaron: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE SANDRA CAROLINA CÁRDENAS OLIVO: El doctor Wilson Camino, abogado defensor de la recurrente Sandra Carolina Cárdenas Olivo, manifiesta que: La Defensoría Pública interpuso el recurso de casación de la sentencia emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, en la que se condena a su defendida a ocho años de reclusión mayor, por haber incurrido en el delito tipificado en el Art. 62 la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, esto es el delito de tenencia de drogas, indica que hay un voto salvado dictado por el Presidente del Tribunal de instancia, Dr. Renato Vásquez, quien indica que no se ha incurrido ni en el Art. 62 ni en el Art. 60 de la mencionada ley, por lo tanto confirma la inocencia. Señala que se cumple lo estipulado en el Art. 349 dei Código de Procedimiento Penal, porque se ha violado el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ya que evidencia un error de tipificación, por cuanto el Juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, dicta auto de llamamiento a juicio por el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; en la audiencia de juzgamiento el fiscal acusó por el Art. 60 por tráfico de droga y en base a este artículo el tribunal de 4

6 C~et 1 ~ 4~éa / r CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ~%~9V garantías penales dicta sentencia condenatoria, de esta sentencia se interpuso recurso de apelación, llegó a la Corte Provincial de Justicia, donde nuevamente se cambia la figura de tráfico a tenencia, y el señor juez doctor Renato Vásquez emite un voto salvado indicando que, de acuerdo al testimonio rendido por el subteniente Egas Tobar, a su defendida no se le encontró con droga, por lo que no se ha configurado el delito de tenencia, ni de tráfico, por lo tanto correspondería dictar sentencia absolutoria. La Corte Provincial de Justicia, viola la ley en la sentencia, incluso el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal, porque consta de esta sentencia el testimonio de los policías Marco Egas Tobar y Raúl Alfonso Coello Sánchez y ninguno de estos señalan que se haya encontrado en posesión de su defendida alguna sustancia, e inclusive el señor Juan Jiménez señala en su testimonio que con Sandra Cárdenas únicamente mantenían una relación amorosa y ella desconocía de las actividades que este realizaba. Que se ha violentado el Art. 88 Código de Procedimiento Penal, relativo al nexo causal, y también el 304-A ibídem, relativo a la certeza, porque la Corte Provincial de Justicia en su sentencia habla sobre los testimonios a los que anteriormente se hizo referencia y en el considerando séptimo por lo que señala que si ya no adecua su conducta al Art. 62 de Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sino a la tenencia tipificada en el Art. 60 ibídem, recalcando que la sala erróneamente señala que Sandra Cárdenas se encontraba en posesión de un paquete, cuando de acuerdo a la prueba presentada eso no se comprobó, por lo tanto esto es una equivocación de la Corte Provincial, en consecuencia la conducta se encuentra mal adecuada al delito tipificado en el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando correspondía el tipo penal del Art. 62 de mencionada ley; el voto salvado en cambio señala que no es ninguno de los dos, pues de la sentencia no hay constancia probatoria de que los sentenciados hayan comprado, vendido y distribuido sustancias sujetas a fiscalización. Al no establecer claramente el tipo penal se ha vulnerado el derecho a la defensa, por cuanto se acusa por el Art. 60 y se sanciona por el 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; se violenta lo 5

7 ~t~aa CORTE Y S NACIONALOE ~~er JUSTICIA establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República, relativo a la seguridad jurídica, porque no se puede tener a su defendida a la deriva, al no saber el delito acusado, y afecta su derecho a la defensa; se violenta el Art. 259 de la Constitución de la República, pues se conoce que el sistema procesal es para la realización de la justicia, pero existe justicia cuando no se adecua correctamente el tipo, esta debía ser argumentada como así lo hace voto salvado; se ha vulnerado el Art de la Constitución, relativo a la motivación, es decir a la motivación de la Corte Provincial de Justicia para condenar a Sandra Cárdenas Olivo por el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando en los testimonio se indican que no se encontró ninguna sustancia en poder de su defendida, por lo que no se puede adecuar su conducta al tipo penal de tenencia establecido en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no se cumple con el Art. 304-A, del Código de Procedimiento Penal y el Art. 4 del Código Penal, pues se ha violentado el principio de in dubio pro reo y de la duda razonable; se violenta la ley en ese sentido porque la sentencia no guarda relación a la sana crítica y al violentar estas normas se afecta, la situación jurídica de su defendida, ya que se debió haber dictado sentencia absolutoria, al no haberse comprobado la existencia del delito y la responsabilidad, conforme lo establecen los Ms. 250 y 252 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita que se ratifique el estado de inocencia, ya que esta fundamentación se dirige a que se corrija la sentencia que afecta a su defendida, en atención también al voto salvado del doctor Renato Vásquez CONTESTACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: El doctor Marco Navas, delegado del señor Fiscal General del Estado, manifiesta que: La Fiscalía no está de acuerdo con la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Provincial, que le impone ocho años de reclusión, a Sandra Carolina Cárdenas y Juan Carlos Jiménez Cañar, señala estar de 6

8 U4ckj cj tva-t $~?aa CORTE 1 S NACJQNPLDE JUSTiCIA acuerdo con el fallo dictado por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales. Indica que concuerda con lo alegado por el abogado defensor de que se ha violentado el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, desde el punto de vista de que, anteriormente, se le impuso una pena de 12 años, la sentencia del Tribunal es la que señala de manera correcta la pena que debió imponerse a los dos señores, por cuanto la señora Carolina concurrió a la parroquia de Calacalí a retirar un paquete el cual entregó al señor Juan Jiménez, y cuyo contenido eran gramos de marihuana; el momento que se hizo el allanamiento y en la casa de la Señora Carolina se encontraron 30 cédulas de diferentes ciudadanos y una balanza; se comprueba así el vínculo entre el señor Jiménez y la señora Carolina Cárdenas, por lo tanto la Fiscalía no está de acuerdo con la sentencia dictada anteriormente, se violentó el Art del Código Penal, porque se presenta un certificado de comportamiento por parte de la señora, y no se debió atenuar la pena, la Sala y el Tribunal han dictado sentencia de conformidad con el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Se ratifica en el sentido de que el defensor público no ha fundamentado la impugnación de conformidad al Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita que se rechace el recurso de casación, se revise la sentencia y se observe la dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales y se remita el expediente para la ejecución del tallo SANDRA CAROLINA CÁRDENAS OLIVOS: Señala que desea que se considere su situación, que tenía una relación con el señor Juan Carlos Jiménez Cañar, no sabía sus actividades, porque él trabajaba en una empresa denominada AIM ESA y ella en un restaurante cerca a la empresa, que paseó con él por la Mitad del Mundo; que habían cosas de él dentro de una maleta, como una máquina de tatuar, insiste en su inocencia, que nunca se ha dedicado a este tipo de cosas. 7

9 ~é& CORTE / Y lib N4C~DNALOE ~ JUSTICIA QUINTO: ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL: 5.1. Del recurso de casación: El Art. 76 de la Constitución de la República, consagra el derecho al debido proceso y sus garantías básicas, como la obligación de toda autoridad administrativa o judicial de garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de los sujetos procesales; el derecho de defensa incluye, entre otros, el derecho a no ser privado de éste, en ninguna etapa del procedimiento, contar con el tiempo suficiente para prepararla y ser escuchado oportunamente y en igualdad de condiciones La casación es un recurso o medio de impugnación que se concede a las partes para quienes resulte gravosa una resolución impugnable por este medio (FENECH, Miguel, Derecho Procesal Penal, pág. 354). El recurso de casación, tiene como objeto velar por la seguridad jurídica, establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República, que se fundamenta en el respeto a la Carta Magna y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; se resuelve en función de aquellas normas que el casacionista considera que han sido violadas dentro de la sentencia recurrida; por lo tanto, es importante que el casacionista, al interponer el recurso, lo haga con claridad y precisión, siendo categórico al determinar que la sentencia emitida por el tribunal ad quem viola la ley, por cualquiera de las causales determinadas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta manera, el Tribunal de Casación, sobre la argumentación y fundamentación vertidas en la audiencia oral pública y contradictoria, se forme un juicio de valor para poder pronunciarse sobre el caso concreto, puesto a su conocimiento y resolución; por lo que el papel del recurrente es de trascendental importancia, considerando que el recurso de 8

10 1 ~ 4~á~ CORTE 1 NACTONN.DE JUSTICIA ~W9V casación es de carácter extraordinario, limitado y excepcional que busca corregir los errores de derecho en la sentencia impugnada Normas infringidas según la fundamentación de la recurrente: La casacionista Sandra Carolina Cárdenas Olivos, al fundamentar su recurso, indica que se ha violado el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, los Art. 86, 88, 250, 252 y 304-A del Código de Procedimiento Penal, el Art. 4 del Código Penal, los Art. 82 y de la Constitución de la República; disposiciones jurídicas que refieren a la sanción para la tenencia y posesión ilícitas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, apreciación de la prueba, presunción del nexo causal, finalidad de la etapa de juicio, existencia de delito y culpabilidad, motivación de la sentencia, interpretación extensiva y al derecho a la seguridad jurídica. Al respecto, con la argumentación realizada por la recurrente no se específica de qué manera se ha producido la violación de la ley en la sentencia conforme lo que establece el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, ni se explica cómo tales violaciones a las normas jurídicas indicadas han influido en la decisión de la causa. Si nos referimos a la apreciación de la prueba, en el sentido de que el juez o tribunal la valorará conforme a las reglas de la sana crítica, que consiste en conocimiento y experiencia del juzgador a quien se le pone en conocimiento un hecho que constituye delito, que en este caso concreto es el Tribunal de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que luego de un proceso valorativo determina que se encuentran cumplidos la presunción del nexo causal, la existencia de delito y culpabilidad, según consta de la sentencia recurrida, donde se determina la responsabilidad en calidad de autora de Sandra Carolina Cárdenas Olivos, en el ilícito materia de esta causa. El Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, prohíbe a este Tribunal de Casación, volver a valorar la prueba, ya que esta es practicada y valorada en la 9

11 CORTE / Y NACIONAL L1~ JUSTICIA audiencia de juicio, ante el tribunal de garantías penales, en virtud de los principios de concentración, inmediación, dispositivo, eficiencia, eficacia y contradicción, donde deben probarse los actos planteados por los sujetos procesales, por lo que lo fundamentado por el abogado de la recurrente carece de todo sustento jurídico; es así, que como consta de la sentencia dictada por el tribunal ad quem, el Cuarto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, tuvo la certeza al determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad de la hoy recurrente, por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes tipificado en el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no existiendo duda al sentenciar a Sandra Carolina Cárdenas Olivos. Hay que anotar que la sentencia sujeta análisis en virtud al recurso extraordinario de casación es la dictada por el Tribunal ad quem, que en el caso concreto es la emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, determinándose que ésta incurre en un error en derecho, al calificarle, a la hoy recurrente, como autora del delito tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena modificada de ocho años de reclusión mayor ordinaria, ya que el hecho fáctico se ajusta al tipificado y sancionado en el Art. 60 de la mencionada ley. El Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipifica la tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o esté bajo su dependencia o control, que según el criterio de mayoría de la Corte Provincial es el tipo penal que se ajusta a los acontecimientos fácticos, ya que considera el hecho de que Sandra Carolina Cárdenas Olivos, mantenía una relación sentimental con Juan Carlos Jiménez Cañar, que la sentenciada llevó consigo un paquete, mismo que lo dejó en el domicilio de Jiménez, paquete que fue abierto en el allanamiento realizado al inmueble donde habitaba Juan Jiménez Cañar, estableciéndose que contenía lo

12 .R cqaz~ sa CORTE / 7 NACIONAl. DE JUSTICIA una sustancia vegetal verdosa que dio positivo para marihuana, considerándose que Sandra Carolina Cárdenas, se encontraba en posesión del paquete que fue encontrado en el allanamiento referido. Al respecto, este Tribunal de Casación, considera que según los acontecimientos fácticos, el tipo penal que se ajusta es el tipificado en el Art. 60 de la mencionada ley, ya que la sentenciada no se encontraba en posesión de la sustancia estupefaciente, sino que más bien ajusta su conducta al tráfico del alcaloide, por lo se colige que existe una violación por indebida aplicación del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la sentencia dictada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; y, en virtud al espíritu del recurso extraordinario de casación que tiene por objeto velar por el imperio de la ley y de la seguridad jurídica, es decir, permite corregir los errores de derecho en la sentencia recurrida, y sobre la base del Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, que establece: El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación. No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba ; este Tribunal de Casación, determina que existe indebida aplicación del Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ya que el artículo que tipifica y sanciona la conducta de la recurrente es el Art. 60 de la Ley antes indicada, consecuentemente se corrige el error de derecho cometido en la sentencia dictada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. RESOLUCIÓN: Este Tribunal de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, de conformidad con el Art. 358 del Código 11

13 ~aa CORTE / Y fl NACIONAL QE N~er JUSTiCIA de Procedimiento Penal, casa la sentencia, y declara a Sandra Carolina Cárdenas Olivos, responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la misma pena aplicada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justícia de Pichincha, esto es de ocho años de reclusión mayor ordinaria. Devuélvase el proceso al tribunal de origen para los fines legales pertinentes. Actué la doctora Martha Villarroel Villegas, en calidad de Secretaria Relatora encargada.- NOTIFÍQUESE.- ~ D ra~~avilla el SECRETARIA (E) 12