La "nueva" policía mexicana

Transcripción

1 Notas de investigación EL COMERCIO DE DROGAS ILEGALES EN MÉXICO La "nueva" policía mexicana Carlos Resa Nestares Cien miembros del ejército encuentran casi cinco toneladas de marihuana y dos secuestrados en una sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en la conflictiva ciudad de Tijuana. La PGR sigue igual? Nada más lejos de la realidad. Toda utilización de un bien público para un fin privado es un acto de corrupción. El desenlace siempre es el mismo. Pero ni los procedimientos ni la organización del acto son iguales. Y es crucial, para observar cuáles han sido los cambios en la PGR, analizar detenidamente las vísceras de los casos de corrupción. Un viejo incidente que afectó también a la PGR en Tijuana, protagonizado quien ha vuelto a los reflectores después de décadas de ostracismo y un prolongado paso por la sombra de la cárcel acusado de delitos contra la salud, será útil en la comparación. En 1984, un cineasta y empresario de drogas colombiano declaró judicialmente que había llegado a un acuerdo con policías mexicanos para introducir cocaína a través de Tijuana. Su enlace en México era el entonces jefe de la oficina de Interpol en México, Miguel Aldana Ibarra, un mentiroso compulsivo que no ha perdido las costumbres, a tenor de sus últimas manifestaciones como fugaz propietario del diario capitalino Excélsior. El colombiano había contactado con Aldana por mediación de otro cineasta, David Reynoso Martínez, hijo de un histórico de la cinematografía mexicana. Cuál era el sistema operativo acordado entre el colombiano, Aldana y compañía? El jefe policial puso al extranjero en contacto con el entonces comandante de la Policía Judicial Federal (PJF) en Tijuana. El cineasta y Reynoso viajaron a la ciudad fronteriza para cerrar los términos del acuerdo. El comandante en Tijuana fue extremadamente fructífero. No sólo se avino a un acuerdo acerca del precio a pagar por la protección en el trayecto de la droga por México: dólares por kilo de cocaína, tras rebajar la petición oficial de dólares por kilo. Además, el jerifalte de Tijuana les presentó a los recién llegados a dos compradores de cocaína locales, con los que cerró un acuerdo de venta a dólares el kilo. De los dólares a pagar a la policía, la mitad iba para Aldana y la otra mitad para los agentes de la PJF en Tijuana. Casi treinta años después, en enero de 2003, unos agentes de una subdivisión, a la que se declara casualmente heredera de la fenecida PJF, de la PGR en Tijuana detienen a unos transportistas de marihuana. Es un acto accidental, sin ningún tipo de información previa. Les decomisan 4,8 toneladas de marihuana. Se llevan carga y porteadores a una sede de la PGR en Tijuana. Les solicitan 6 millones de dólares por liberarlos con la mercancía. Al final llegan a un acuerdo en 2 millones. En ninguno de los dos casos llegó a buen fin el acto de corrupción. En el primer caso porque el cineasta colombiano fue incapaz de conseguir cocaína en cantidades suficientes. En el segundo porque llegaron cien elementos del ejército, llegados según el comunicado conjunto de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) para "verificar posibles irregularidades en el armamento y condiciones de seguridad de dichas instalaciones" (sic), y se llevaron detenidos a todo el personal. Ambos incidentes pueden parecerse en la superficie. Pero en el fondo presentan profundas disonancias. El primero es la naturaleza del servicio prestado por los policías. En el trato confabulado El comercio de drogas ilegales en México - Nota de investigación 01/2003 /1

2 por Aldana, los funcionarios ofrecen un servicio holístico de protección frente a robos, expropiaciones y extorsiones a los transportistas de droga que cubre el libre tránsito por todo México de la mercancía y de sus acompañantes hasta la venta final. Pero además, incorpora una función de intermediación dentro del mercado de la cocaína para poner en contacto potenciales compradores con vendedores, facilitando así el propio desarrollo de una industria del que los policías extraen una renta al prestación de un servicio. Por lo tanto, los policías no sólo venden un servicio, el de protección al tránsito de cocaína, que además abarca todo el territorio, sino que mejoran el funcionamiento general de la industria al hacer circular la información y, en consecuencia, se aumenta la competitividad internacional de la industria mexicana de las drogas. Es una estrategia excelente para las empresas de protección: se crean nuevos clientes, se aumenta la demanda y se reciben mayores pagos con costes marginales decrecientes. Nada de eso puede decirse de la diminuta organización policial dirigida por un falso comandante en Tijuana. Este grupo novato no ofrece ningún tipo de servicio a los empresarios de droga, ni de protección ni de intermediación ni de ningún otro tipo, sino que los extorsiona directamente. Es normal que, dentro de la misma industria de la extorsión, estos policías hayan sido acusados, en la prensa y no en los juzgados, de varios secuestros en la ciudad. Es simplemente una variante de la misma actividad: el secuestro de personas o de mercancías. Por supuesto, su indeseada intromisión no promueve una mejora en la eficiencia del mercado, como ocurría en el caso de Aldana, sino más bien al contrario: destruye la competitividad de las empresas mexicanas de drogas al someter a la industria a un impuesto altísimo que, para hacer las cosas más difíciles, es aleatorio y desconocido a priori, difícilmente previsible e internalizable a la función de costes y contra el que es imposible adquirir un seguro. La actitud de los actores implicados en ambos hechos es opuesta. En el primer relato, tanto policías como transportistas de droga llegan a un acuerdo consensuado y tomado con libre voluntad en el que los vendedores del servicio de protección tienen alguna posibilidad, aunque no todas, de imponer sanciones contra la ruptura unilateral del contrato. En Tijuana 2003, no existe ni siquiera una remota igualdad entre partes contratantes, mucho menos hay libre albedrío, sino que se trata de una unilateral imposición de un contrato por parte de los policías hacia los transportistas de drogas en base a una expropiación de la mercancía. Los secuestrados no tienen la posibilidad de negociar ninguno de los términos del contrato salvo el precio y, en última instancia, la ruptura del acuerdo por su parte los somete al castigo más atroz: la pena de muerte. Los policías tienen un repertorio de estrategias mucho más amplio, al poder renegociar el acuerdo tantas veces como deseen a propia voluntad con el único limitante del tiempo y los riesgos anexos a una dilación en la finalización de la operación. De la actitud desigual de los actores ante el contrato deriva una utilización diferente del recurso a la violencia. Mientras que en 1984 no había ninguna necesidad para comportamientos violentos dado que las partes entraban libremente en el acuerdo, treinta años después la intimidación y la violencia que suponen la retención contra la voluntad de la droga y de los individuos es un factor crucial para la firma y resolución del contrato. Otra diferencia radical entre ambos hechos es territorial y temporal. Aldana y compañía no sólo proporcionaban un servicio de seguridad en la ciudad de Tijuana sino que el rango de prestación de servicios de protección incluía a todo el territorio mexicano. Los compromisos adquiridos, además, asumían las partes que se mantenían en todos sus términos para posteriores envíos hasta que alguna de las partes decidiese revocar el acuerdo. Frente a esto, los extorsionadores modernos, que no ofrecen ningún servicio, no son capaces de garantizar la conservación de las drogas y los transportistas más allá de los estrechos límites del edificio en el cual los tienen retenidos y más allá del pago del rescate. Una vez materializado éste, cualquier otro extorsionador o defraudador, incluso a las afueras de la sede policial, puede someter a esa misma mercancía a nuevos impuestos confiscatorios o robos sin que los agentes en Tijuana muevan un dedo por ellos. El comercio de drogas ilegales en México - Nota de investigación 01/2003 /2

3 Una última diferencia es el precio. Aldana y compañía solicitaban un pago por sus servicios de protección del 11,7% del precio final del producto, por supuesto sin impuestos. Un coste relativamente modesto para los servicios prestados. Frente a esto, y recurriendo a las únicas estimaciones existentes sobre precios de drogas en México, las de la SDN, los policías tijuanenses grababan la marihuana con un impuesto confiscatorio del 400% del precio final. Ese rédito sólo es posible a través de la retención de los individuos que acompañaban a la mercancía. Sin embargo, el tamaño de la rebaja desde la petición inicial fue mucho más intenso en el suceso más reciente. Y es que la extorsión tiene tiempos más breves que la protección. El riesgo marginal del secuestro aumenta exponencialmente con el tiempo y, por lo tanto, existen fuertes incentivos para reducir el beneficio a costa de minimizar la duración del secuestro. La protección, como acto consensuado, mantiene constantes los riesgos a lo largo del tiempo e incluso los reduce a medida que los actores van adquiriendo mayor confianza mutua. La corrupción en la PGR actual, por tanto, es diametralmente distinta de la que existía hace treinta años e incluso hace diez años. De cobijar a unas empresas de protección con una esencia territorial limitada, que ofrecen servicios de protección, agrupadas en torno a un poder centralizado que ejerce a manera de órgano regulador del oligopolio y que contribuyen al desarrollo de la industria al diseminar voluntariamente el bien más preciado en la industria, la información, se ha pasado en tres décadas a empresas más atomizadas sin ninguna coordinación nacional o regional, ni tan siquiera pactos de mediana duración entre empresas, con un pésimo conocimiento de los principales elementos de la industria de las drogas y que ya no ofrecen servicios de protección, inalcanzables para sus niveles de inversión y capitalización humana, sino que se dedican a realizar actividades más cortoplacistas, bastante más arriesgadas y mucho menos equilibradas para mantener la industria de las drogas, como son la extorsión o el secuestro. Pero no todo han sido cambios. Las empresas ilegales que ofrecen bienes y servicios a la industria de la droga desde el interior de la PGR han mantenido su estructura organizativa muy vertical: un jefe, no importa su grado en la estructura oficial, y múltiples ayudantes a su servicio personal cuyos salarios pueden pagar el público en general a través de los salarios que reciben de la institución o sus clientes de manera directa. Aun con la misma ordenación, se ha reducido el tamaño de las empresas a la misma velocidad que el dinero disponible. Ningún comandante podrá ya soñar con tener a su servicio a cuatrocientos auxiliares pagados de su propio bolsillo, como se le atribuían al infame fiscal de hierro Javier Coello Trejo. Pero el perfil de estos caudillos ha menguado a medida que se esfumaban los ingresos. Los históricos como el comandante José Luis Larrazolo Rubio, a quienes sus colaboradores llegaron a dedicar hagiografías impresas más propias de los regímenes comunistas, han sido sustituidos por una manada de recién llegados que desconocen buena parte de los mecanismos que hacen fluir el dinero en la industria de la droga. Pero siguen tienen un instrumento financiero que pretender capitalizar inmediatamente, su credencial, aún con todas sus carencias. Esta transformación de la naturaleza de la corrupción relacionada con las drogas en la PGR, que tiene aspectos positivos y negativos, ha tenido un origen curioso. No ha sido, como pretenden los abundantes teóricos de la narco-mafia institucional príista, el resultado de la transición política. Ni tampoco, como afirman los apologistas del poder que pueblan los diarios, es la prueba evidente de la brillantez del nuevo procurador, el general Marcial Rafael Macedo de la Concha. Nada de eso. Es la consecuencia no prevista de años de políticas policiales de corto plazo e inconsistentes entre sí. Ocho procuradores en los últimos 15 años han hecho más daño a las empresas de protección que ha albergado la PGR que las varias decenas de opíparos programas anticorrupción que este organismo ha lanzado con gran pompa y boato. Sólo por comparar, los 12 anteriores habían ocupado este sillón púrpura durante cincuenta años. El comercio de drogas ilegales en México - Nota de investigación 01/2003 /3

4 Los acuerdos como los que llegó Aldana, y que se sucedieron entonces y después, sólo fueron posibles porque existía una estabilidad a largo plazo que permitía llegar a compromisos tanto interiores como exteriores a beneficio mutuo. En el interior de la industria de la protección, el tiempo era funcional para la construcción de un organismo regulatorio de las distintas empresas de protección que se albergaban en la PGR, o incluso para la creación de nuevas empresas. La coordinación permitía ofrecer un producto de mayor calidad al garantizar los servicios más allá de una pequeña circunscripción territorial, mantener unos beneficios constantes e incluso fomentar el sofisticación de la industria de la droga al actuar como transmisores de información sobre compradores y vendedores en el mercado de las drogas. Sin competencia posible el oligopolio era beneficioso tanto para oferentes como para demandantes de protección. Desde el lado de la relación con los clientes, la estabilidad permitía la firma de acuerdos de protección de duración ilimitada y una reducción de estos costes al aumentar el tamaño total del conjunto de la droga. Una sucesión interminable de mudanzas organizativas con constantes cambios de adscripción, la rotación territorial periódica de los agentes y mandos policiales, la reducción paulatina del número de efectivos operativos, la catarata de relevos en los mandos que ha sucedido a cada procurador, las continuas destituciones de agentes y amparos judiciales contra los despidos y, sobre todo, la conflictiva e incesante llegada de militares a la procuraduría ha impedido a los empresarios que ofrecían protección a los empresarios de drogas realizar cualquier tipo de planificación a medio plazo para sostener acuerdos de protección de duración prolongada. La militarización no es que haya mejorado los patrones éticos de la fuerza policial sino que ha inhibido, por las reticiencias mutuas y el manifiesto desprecio que los militares sienten por sus colegas policías, la posibilidad de acuerdos entre empresas de protección civiles y militares. Esta desorganización estructural de la PGR ha sido instrumental en el desarrollo de las nuevas empresas ilícitas dentro de la institución. Con periodos cada vez más breves en un lugar, en un área e incluso en el empleo, se dificulta enormemente la creación de los dos principales activos de una empresa de protección, que no son físicos, sino la acumulación de información y la formación de imagen de marca. En seis meses de estancia en un territorio, por poner un ejemplo, es realmente difícil llegar a conocer las características del mercado local de la droga como para ofrecerle sus servicios de protección. Sin la información suficiente acerca los potenciales clientes, los empresarios de drogas, y sus principales características orgánicas es quimérico llegar a acuerdos, fijar el precio, llevar a cabo la recaudación, construir estrategias coherentes para obligar al cumplimiento cabal de los acuerdos, evitar el free-riding La falta de capacidad para coordinar las empresas de protección de manera centralizada desde el interior de la PGR no ha curado la corrupción, simplemente la ha transformado. Ante la posibilidad de recrear una organización capaz de ofrecer protección a la industria de las drogas en su conjunto, cada pequeña empresa por su lado ha optado por remitirse a otras áreas de la ilegalidad que les permitan capitalizar ese instrumento financiero que es la credencial de agente de la PGR. La inestabilidad en el empleo y las carencias de información acerca de la industria ha llevado a que los agentes policiales practiquen formas más primitivas de acumulación, que no requieren de grandes infraestructuras ni inversiones, como el secuestro y la extorsión. La carencia de información no sólo afecta a los oferentes sino también a los potenciales demandantes. En principio, los empresarios de drogas no pueden conocer de antemano si los policías están dispuestos a ofrecer servicios de protección, en otras palabras, si son corruptos en otras palabras. Este ignorancia implica un primer e importante gasto en adquisición de información que se incorporará a la estructura de costes. Pero, sobre todo, los potenciales clientes desconocen la calidad de los servicios prestados, es decir, no pueden llegar a saber por qué están pagando ni obtener garantías de que no van a sufrir perjuicios en su actividad empresarial. En realidad, los clientes de la El comercio de drogas ilegales en México - Nota de investigación 01/2003 /4

5 protección siempre han tenido dificultades para conocer cuál es el grado de protección que reciben, lo cual hace que estos servicios sean particularmente proclives al fraude. Por lo general, la característica que han utilizado las empresas de protección para promocionarse, para adquirir una imagen de marca y, en base a ella, conseguir que los clientes acudan a demandar sus servicios, es el historial de los servicios prestados, como ocurre con cualquier otra marca registrada en el ámbito de la legalidad. En el largo plazo es relativamente sencillo comparar la fiabilidad de una empresa de protección, pero no en el corto plazo, que es lo que ocurre en la actualidad en la PGR con los constantes cambios de destino profesional. Históricamente el ejercicio inmoderado y publicitario de la violencia ha sido un sustitutivo apropiado de una buena imagen de marca. Al fin y a la postre estas empresas ofrecen un servicio de protección frente a la violencia de ellos mismos o de otros, con lo que una exhibición de potencial violento puede aparentar una garantía de buena prestación de servicios. Pero la creciente libertad de prensa en México impide en la actualidad que las empresas de protección realicen anuncios promocionales de la guisa de los abusos de los derechos humanos que realizó el comandante Guillermo González Calderoni a finales de los años ochenta. Ante esta perspectiva, los clientes tienen dificultades para inferir a qué empresas de protección han de pagar ante la inflación de divisiones y subdivisiones dentro de la PGR. Dividida la oferta de la protección, que a menuda está segmentada en empresas en conflicto sin ninguna coordinación entre sí, las garantías de que esa protección va a ser efectiva son mínimas y ahuyentan a posibles clientes. En estas circunstancias, existen más incentivos para que las empresas de drogas o no compren protección en la PGR puesto que los costes superan a los beneficios, o opten por el freeriding, es decir, el disfrute de los servicios sin el pago porque los protectores son incapaces de obligar a sus clientes al pago, o alternativamente, pongan en marcha estrategias empresariales para internalizar la protección. Ante una protección externa difusa y débil, cara para los servicios prestados, los empresarios de la comercialización de las drogas están optando por crear sus propios departamentos de protección o, como alternativa, comprar la protección en instancias privadas alternativas que actúan, aunque de un modo más reducido, al modo del ejército privado de Pablo Escobar en la época de esplendor de la industria de las drogas en Colombia. Éstas se encargan de la tarea de resolver conflictos en el interior de las empresas de drogas, entre empresas y frente a terceros como las autoridades públicas. El tipo de servicios que normalmente prestaban desde la PGR. Sin ningún tipo de control en la protección como el que ejerció en su momento el cártel policial, el recurso a la violencia por estos organismos privados será cada vez más usual. Podría ser el paso preciso para la tan anunciada colombianización de México. Teniendo en mente estas circunstancias podría resultar que las anunciadas reformas dentro de la PGR, que incluyen la profesionalización de la fuerza policial con contratos de larga duración y la creación de un nuevo ente coordinador de las actividades de todos los agentes, podría resultar en dos escenarios completamente diferentes pero igualmente aterradores. Si la institución tiene éxito en eliminar la corrupción entre sus filas, el resultado podría ser la colombianización, el proceso de privatización de los servicios de protección a los empresarios de la droga que, en última instancia, traspasan las fronteras del mercado de las drogas y se extienden a toda la sociedad. O, alternativamente, si se mantienen altos grados de corrupción, el nueva super-estructura podría ser el camino más rápido a la aparición de grandes organización que presten protección desde el interior de la PGR del modo en que se produjo en los años ochenta y noventa.!!!!!!! El comercio de drogas ilegales en México - Nota de investigación 01/2003 /5