Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Un año en implementación

Transcripción

1 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Un año en implementación

2 Presidencia de la República de Colombia Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República Angelino Garzón Vicepresidente de la República Juan Meza Zuleta Secretario General Francisco José Lloreda Mera Alto Consejero Presidencial Estrategias Nacionales Tatiana Parra Salazar Ángela Barragán Cerquera Diana Consuelo Pérez Barón Gerentes Regionales Liana Andrea Pulido Riaño María Lucía Upegui Mejía Natalia Rodríguez Martínez Morelca Giraldo Mambie Diana Urbano Castro Seguridad y Derechos Humanos María Elvira Calero Comunicaciones Laura Ochoa Foschini Manuela Salazar Herrera Administrativo María del Pilar Gómez Trejos Martha Duffay Rodríguez Silva La Alta Consejería contó en el primer año con al apoyo y asesoría invaluables de: Carolina Tenorio Garcés Karen Andrea Aparicio Mora Luz Stella Páez Cañón Juliana Bazzani Botero Norma Cecilia Arias Diseño Gabriel J. Sánchez J. Secretaría de Prensa Oficina de Publicaciones Diagramación Andrés Felipe Rodríguez R ISBN: Impresión Imprenta Nacional Segunda edición. Octubre de 2012

3 Tabla de contenido Índice 3 Índice de Tablas 4 Índice de Cuadros 5 Índice de Recuadros 5 Índice de Acrónimos y Siglas 6 1. Introducción 8 2. La Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Duros con el crimen, Duros con las causas del crimen Resultados en seguridad y convivencia ciudadana a agosto de Avances en la implementación de acciones nacionales Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares Tecnologías para la seguridad ciudadana Asignación principal de nuevos policías Fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes Revisión de requisitos para ser más estrictos con la tenencia y el porte de armas Bloqueo al uso de celulares en las penitenciarías mas importantes Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Fiscalía y la Policía 36

4 5.9 Estructuración de un nuevo Código de Policía y de Convivencia Ciudadana Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 (victimización en hogares) Promoción de buenas prácticas en seguridad y derechos humanos en el sector empresarial Resultados de la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las ciudades priorizadas Implementación en 20 municipios priorizados Implementación en municipios de Zonas de Consolidación Implementación en municipios con apoyo de gobernaciones Auto-implementación local por parte de los municipios Perspectivas y retos del segundo año 50 Créditos fotográficos 51 Índice de Tablas Tabla 1. Ejes estratégicos de la PNSCC y líneas de acción priorizadas en la implementación 16 Tabla 2. Junta Directiva de Seguridad Ciudadana 17 Tabla 3. Comportamiento nacional de los delitos foco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Tabla 4. Comportamiento de los delitos foco en los 20 municipios priorizados en la PNSCC a agosto de Tabla 5. Total recursos desembolsados por Fonsecon a nivel nacional entre 2010 y Tabla 6. Asignación general de nuevos policías

5 Tabla 7. Llegada del pie de fuerza adicional en Tabla 8. Resumen de fases de implementación del PNVCC en las policías metropolitanas 30 Tabla 9. Asignación de nuevos fiscales para 17 de los 20 municipios priorizados 37 Tabla 10. Ciudades capitales y municipios aledaños seleccionados en la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 (victimización en hogares) 40 Tabla 11. Ejemplos de los acuerdos Barranquilla-Nación 47 Índice de Cuadros Cuadro 1. Objetivos generales y metas de la PNSCC 13 Cuadro 2. Priorización de municipios de acuerdo al aporte a la criminalidad nacional en Cuadro 3. Objetivos específicos y ejes estratégicos de la PNSCC 15 Cuadro 4. Puntos claves para el fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 35 Índice de Recuadros Recuadro 1. Junta Directiva de Seguridad Ciudadana: Control efectivo a las entidades nacionales 17 Recuadro 2. Cali, ciudad piloto para la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 43 Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 5

6 Índice de Acrónimos y Siglas ACR: Agencia Colombiana para la Reintegración ACPCSC: Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana BACRIM: Bandas criminales BID: Banco Interamericano de Desarrollo CCTV: Circuito Cerrado de Televisión CME: Comité Minero Energético CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DAPS: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DICAR: Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional DISEC: Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional DNP: Departamento Nacional de Planeación ECSC: Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 (victimización en hogares) FES: Fundación para la Educación y el Desarrollo Social FGN: Fiscalía General de la Nación FIP: Fundación Ideas para la Paz ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar INMLCF: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses PNSCC: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana PNVCC: Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes PV: Principios Voluntarios

7 SENA: SIEDCO: SMMLV: SNID: SPA: SRPA: STRA: TIC: Unasur: Servicio Nacional de Aprendizaje Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Actividad Operativa de la Policía Nacional Salario Mínimo Mensual Legal Vigente Sistema Nacional de Información del Delito Sustancias Psicoactivas Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Seccional de Tránsito y Transporte Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unión de Naciones Suramericanas Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 7

8 1. Introducción Colombia, similar a otros países del mundo, presenta importantes desafíos en materia de seguridad y convivencia en sus principales centros urbanos. El crecimiento económico y poblacional en las últimas décadas y los cambios en las características del conflicto interno y en el nivel de sofisticación y adaptabilidad de las organizaciones delincuenciales, han generado cambios en el comportamiento de las personas y en la criminalidad urbana. Factores como la expansión del mercado de bienes y servicios; una mayor interconectividad entre ciudades y mercados; la presencia de redes criminales y de narcotráfico con jerarquías descentralizadas en los centros urbanos; una baja inserción al mercado escolar y laboral por parte de jóvenes; fenómenos de violencia intrafamiliar y prostitución; y una mayor presión sobre los gobiernos locales para ejercer mayor control en materia de prevención y comisión de delitos, para citar algunos, hacen de la seguridad y la convivencia un desafío multidimensional y complejo, que va más allá de una labor netamente policiva y que demanda un especial énfasis en la población vulnerable y en especial en la juvenil.

9 En la última década el país ha logrado una importante reducción en materia de homicidios. De casos en 2002 se pasó a un total de en 2011, y de una tasa de 69,8 homicidios por cada habitantes en el 2002, a una de 34 en el 2010, y de 32 en 2011, mostrando una clara tendencia positiva a la baja, así mismo entre enero y agosto del 2012, esta tendencia continúa con una reducción general del 7% con respecto al mismo período en Por otra parte los registros de policía muestran que la comisión del delito en Colombia está altamente concentrada en un grupo reducido de municipios del total de los existentes en nuestro país. Es así, que el 80% de los homicidios en el 2010, se concentraron en el 13% de los municipios a nivel nacional. Tan sólo cuatro ciudades explican el 30% de la tasa nacional de homicidios para el mismo período. Un caso similar sucede con los hurtos comunes reportados, de los cuales, el 80% ocurren en el 3% de los municipios del país. Esto significa que 32 municipios explican casi la totalidad de este fenómeno criminal registrado por la policía. Ahora, es necesario reconocer que en algunas modalidades de hurto, entre otros delitos, existe un subregistro importante, en especial en los municipios con poca presencia del estado y por ende, con una baja tasa de denuncias. Algo similar sucede al interior de las ciudades. La criminalidad también suele estar concentrada en algunas localidades, comunas o corregimientos, y dentro de éstas, en ciertos barrios o veredas. Por ejemplo, en el caso de Cali, sólo 7 comunas de las 22 que comprenden este territorio explican el 54% de los homicidios en Similar ocurre en Bogotá, Medellín, Barranquilla, y las demás grandes ciudades, en donde el delito está concentrado con algunas excepciones. Dada la alta concentración de los delitos en pocos municipios y al interior de cada uno de estos en determinadas localidades y barrios, se hace imperativo enfocar al máximo los esfuerzos integrales de los gobiernos departamentales y municipales con apoyo de la Nación, allí donde los ciudadanos más necesitan la presencia integral del Estado. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 9

10 2. La Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana En noviembre de 2010, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, con la misión de definir una política integral para combatir los delitos que más afectan a los colombianos en las principales ciudades, y que atentan contra su vida y su patrimonio, y para señalar las acciones que nos permitan avanzar en la construcción de una mejor convivencia ciudadana, lo que reclama esfuerzos concretos y sostenidos. Así mismo, por primera vez los asuntos de seguridad y convivencia ciudadana no son un apéndice de las políticas de seguridad nacional. El Presidente Santos determinó que el país requería una política especializada para la seguridad ciudadana y que debía ser única en la materia, confiando la responsabilidad de definir y articular la ejecución de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a la Alta Consejería Presidencial con el concurso decidido de las entidades del orden nacional y territorial. La Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana es parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y su función principal es la de asesorar al Presidente de la República en materia de seguridad y convivencia ciudadana. En el ámbito nacional, la función de la Alta Consejería, es la de gestionar el compromiso de las entidades nacionales -que son los ejecutores de la políticapara que trabajen de manera armónica y conjunta hacia las metas propuestas. Así mismo, se procura el involucramiento de las ramas legislativa y el poder judicial en lo que respecta a reformas de ley y la administración de la justicia. En el ámbito territorial, se propicia el trabajo en equipo entre la nación y las entidades territoriales, 10

11 y en especial los alcaldes, asumiendo cada cual roles y compromisos. De igual forma, la Alta Consejería promueve la ejecución local de los esfuerzos provenientes del sector fundacional y el sector privado. Actualmente el equipo de la Alta Consejería está compuesta por cuatro asesoras quienes se encargan de coordinar las estrategias nacionales y el esfuerzo de las entidades del Estado que ejecutan la PNSCC; cinco gerentes regionales quienes se encargan de asesorar a los entes territoriales en la implementación de la PNSCC a nivel local, además de ser enlace entre estos y la oferta nacional de programas; y dos asesores en comunicaciones y prensa. La Alta Consejería es liderada por Francisco José Lloreda Mera, abogado de la Universidad Javeriana, con dos maestrías, una en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York con concentración en desarrollo urbano, y otra en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en donde realizó una investigación sobre educación y violencia juvenil. Finalmente, es Doctor en Política de la Universidad de Oxford, con tesis doctoral sobre políticas públicas para la reducción de la criminalidad violenta con una referencia a la violencia juvenil. El Alto Consejero ha sido Secretario Privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, gestor y primer Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Secretario General de la Alcaldía de Cali, Director del Departamento Administrativo de Planeación de Cali, Ministro de Educación Nacional, Ministro de Desarrollo Económico Adhoc, y Embajador de Colombia en La Haya, donde llevó la interlocución de Colombia ante la Corte Penal Internacional, y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. En la actualidad es miembro del equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 11

12 3. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Duros con el crimen, Duros con las causas del crimen La seguridad es uno de los principales desafíos del país, una prioridad del Gobierno Nacional, y uno de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo, incluida la seguridad y convivencia en las principales ciudades. Para luchar contra el crimen urbano y sus causas, inmediatas y estructurales, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana PNSCC-. Bajo la coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, la PNSCC articula el trabajo integral y conjunto de las entidades del orden nacional y territorial, concentrando las acciones y programas en las ciudades que más aportan al crimen y en ellas, en las zonas y barrios más críticos, convencidos de que sí es posible tener más seguridad y mejor convivencia. La PNSCC, desarrollada a partir de un esfuerzo interinstitucional, está basada en experiencias nacionales e internacionales, que han probado ser exitosas o promisorias en abordar el problema de la criminalidad en las ciudades. Es así que en el Plan de Desarrollo y en la política se establecieron 5 objetivos generales con sus metas: 12

13 Cuadro 1. Objetivos generales y metas de la PNSCC Así mismo y dado que la comisión del crimen está concentrada, el Gobierno Nacional ha decidido tomar la iniciativa en aquellos 20 municipios que más aportan a cuatro delitos foco (homicidios, hurtos, lesiones personales, muertes en accidentes de tránsito). En 2010 los municipios que más aportaban a dicha criminalidad, ponderando su tasa y población eran: Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga, Soacha, Palmira, Pereira, Santa Marta, Tuluá, Soledad, Manizales, Buenaventura, Popayán, Valledupar y Neiva. No obstante, el gobierno inicia un trabajo con aquellos municipios donde la criminalidad se ha incrementado en 2011 y 2012, y en especial tratándose de ciudades capitales. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 13

14 Cuadro 2. Priorización de municipios de acuerdo al aporte a la criminalidad nacional en 2010 La clave del éxito de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es su modelo integral de intervención y su implementación focalizada. Son siete (7) ejes estratégicos (cinco centrales y dos transversales), que se desarrollan a través de más de 70 Líneas de Acción, la mayoría muy concretas, sobre qué hacer en cada estrategia. Algunas de las Líneas de Acción le corresponde desarrollarlas a las entidades nacionales, otras a los gobiernos departamentales o municipales, dependiendo de sus competencias y necesidades puntuales, como si se tratara de una caja de herramientas. 14

15 Cuadro 3. Objetivos específicos y ejes estratégicos de la PNSCC Las más de 17 entidades del Gobierno Nacional, responsables de ejecutar la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, seleccionaron 15 Líneas de Acción de las más de 70, en los cinco ejes estratégicos centrales, por considerarlas prioritarias en la implementación de la Política a nivel nacional y territorial y que abarcan las principales áreas de gestión y necesidades a suplir: Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 15

16 16 Tabla 1. Ejes estratégicos de la PNSCC y líneas de acción priorizadas en la implementación

17 Recuadro 1: Junta Directiva de Seguridad Ciudadana: Control efectivo a las entidades nacionales Dado a que la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana responde a un modelo integral, ello ha requerido la coordinación de 17 entidades del orden nacional por parte de la Alta Consejería, con el apoyo de la Secretaría General de la Presidencia de la República. El principal instrumento de esa coordinación nacional es la llamada Mesa Transversal, que opera como una Junta Directiva de carácter técnico y político. Cada mes se reúne la Mesa Transversal de carácter técnico, con funcionarios de alto nivel de las entidades responsables de la ejecución de la Política en el Ejecutivo, y cada tres meses esa mesa la integran los ministros y directores de agencia o institutos claves, con presencia del Presidente de la República, para revisar el estado de avance de los compromisos en la implementación de la Política. Al interior del Gobierno Nacional hay sólo tres juntas directivas que preside el Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón: una de Pobreza, una de Empleo, y la de Seguridad Ciudadana. Tabla 2. Junta Directiva de Seguridad Ciudadana Principales Entidades Ejecutoras de la PNSCC* Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Educación Nacional Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio de Cultura Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones Departamento Nacional de Planeación Agencia Colombiana para la Reintegración Departamento Administrativo Nacional de Estadística Coldeportes Servicio Nacional de Aprendizaje Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Departamento Administrativo para la Prosperidad Social *Otras entidades nacionales participan en su ejecución dependiendo del programa. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 17

18 4. Resultados en seguridad y convivencia ciudadana a agosto de 2012 Hoy en día Colombia vive importantes desafíos en materia de seguridad y convivencia en sus principales ciudades. Sin embargo, a agosto de 2012 se han venido reportado promisorios avances en la mayoría de los delitos de alto impacto comparado con el año anterior. Cabe aclarar que actualmente existen dos fuentes oficiales de información para el seguimiento del comportamiento delictivo en las ciudades, las cifras reportadas por el SIEDCO de la Policía Nacional, y las cifras reportadas por Medicina Legal. Algunas ciudades concilian las cifras provenientes de estas dos fuentes. Para el seguimiento y medición de resultados de la PNSCC se utilizan ambas fuentes dependiendo del delito. De enero a agosto de 2012, la tasa de homicidios a nivel nacional cayó en un 7% con respecto al mismo periodo del año 2011, el hurto común se redujo en un 6%, seguido de una reducción del 7% en los casos de hurto a vehículos. Caso contrario se puede observar, el comportamiento del hurto a motocicletas que aumentó en 12%. Del mismo modo, en relación a los resultados de enero a agosto de 2011, durante este mismo periodo, este año las lesiones personales han presentado una reducción de 6%. No obstante los avances que muestran las cifras, cabe señalar que en Colombia existe un importante subregistro en algunos de estos datos, debido a los bajos índices de denuncia en delitos como el hurto y la extorsión. Al examinar el comportamiento de las 20 ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se puede observar que del 1 enero de 2012 a 31 de agosto de 2012, 6 de los delitos priorizados presentaron una reducción significativa, en comparación al mismo período del año Es así como se evidencia que el homicidio disminuyó un 12%, las lesiones personales un 11%, el hurto común disminuyó 9%, el hurto a residencias en un 17%, el hurto a vehículos un 8% y la extorsión un 11%; por el contrario se observa que el hurto a motocicletas aumentó un 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 18

19 Examinando el comportamiento delictivo a nivel nacional en relación con las metas trazadas para 2011 para llegar a las tasas previstas en 2014, se puede observar en cuanto al homicidio, que se cumplió y que se logró un avance adicional del 1%, situándose en 32 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. En general, las ciudades que más aportan a este delito son Bogotá con un 10%, y Medellín y Cali cada una con un 9% aproximadamente. Respecto a las otras ciudades, Santa Marta y Palmira reflejaron un aumento en su tasa de homicidio cercano al 22% frente a la meta trazada para el Por el contrario, Ibagué y Bucaramanga reportaron una disminución del 19% y 17% respectivamente. Con respecto al hurto, la tasa de hurto común por cada 100 mil habitantes disminuyó un 3% respecto a la meta planteada para el 2011, y un 4% respecto al número de hurtos reportados durante el En general, las ciudades que más aportan a hurto común son Bogotá, con un 17%, Cali y Medellín con un 5% cada una, y Barranquilla con un 3%. Respecto a los avances de los municipios, Cartagena y Cúcuta reportaron un incremento frente a la meta para el 2011 en este delito, del 26% y 36% respectivamente, ubicando a estas dos ciudades en rojo. Por otro lado, Soacha reportó una disminución del 33% en este delito, así como Palmira, con una reducción del 28% frente a las metas planteadas para ambos municipios. En general, la extorsión pareciera ser uno de los delitos con mayor subregistro debido a las pocas de- nuncias que se registran, aunque es factible advertir que este no es un delito generalizado que se presenta en algunas ciudades, y dentro de estas en sitios específicos, como plazas de mercados entre otros. Sin embargo, las ciudades en las que se presenta un mayor incremento de este delito parecieran ser Soacha, Villavicencio y Soledad, reflejando un aumento en este flagelo de 410%, 177% y 154% respectivamente, frente a la meta de la PNSCC para el Respecto a las ciudades que muestran mejoría en este delito se encuentran Buenaventura, Manizales y Neiva con una reducción promedio al 60%. Respecto a la meta propuesta para el 2011, la tasa de lesiones personales disminuyó tan solo en un 0.1%. Cúcuta, Cartagena y Santa Marta son las ciudades que reportan un mayor aumento en la tasa de este delito respecto a la meta para el Se destaca Cúcuta con un incremento cercano al 69% respecto a la línea base. Valledupar, Soacha e Ibagué reportaron una disminución en este delito del 66%, 24% y 22% respectivamente. Leyenda para cuadros y tablas Variación mayor al 3% Variación entre -3% y 3% Variación menor al 3% Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 19

20 20 Tabla 3. Comportamiento nacional de los delitos foco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2012

21 Tabla 4. Comportamiento de los delitos foco en los 20 municipios priorizados en la PNSCC a agosto 31 de 2012 Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 21

22 5. Avances en la implementación de acciones nacionales 5.1 Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares En el marco del primer eje estratégico, sobre Prevención Social y Situacional, de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establece como línea de acción prioritaria, reducir el riesgo del delito y el beneficio económico del hurto de bienes de uso masivo, incluidos celulares, vehículos y residencias, entre otros de frecuente ocurrencia y alto impacto social. Bajo esta premisa, se desarrolló en el año 2011 una Estrategia Nacional contra el Hurto de Celulares. Con el liderazgo de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la mano de la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC- y la Policía Nacional, el Gobierno Nacional y la industria celular conformaron una alianza estratégica para frenar el robo de celulares en Colombia. Para ello, se tomaron medidas de control a la importación de equipos y repuestos, a la venta y comercialización, y a la activación de los celulares, en ejecución. 22

23 El propósito de estas medidas es reducir el hurto de equipos móviles en el país, desincentivando la demanda de equipos celulares hurtados, al no permitir la activación y uso de estos equipos. A partir de octubre, las compañias operadoras de celulares harán efectivo dos filtros al activar los equipos y exigirán prueba de la adquisición legal, tanto para equipos nuevos, como usados. De esta manera se busca combatir las mafias detrás de este delito, que ha cobrado ya muchas vidas, y que es transnacional. Dentro de las medidas en desarrollo se destacan: (1) Mayor control a la importación de equipos. Registro de los IMEI 1 de los equipos que ingresan legalmente al país en la Base de Datos Administrativa Positiva -BDA Positiva- de todos los equipos legales en Colombia, con el fin de verificar dicha información en el momento de la venta y activación. Al ligar la venta y en especial la activación de equipos a esa base de datos (alimentada por las importaciones legales), se impedirá la activación de los equipos que ingresan de contrabando o sean reprogramados. En el caso de las personas que compren un equipo en el exterior, deberán declararlo y registrarlo en su primer ingreso al país. Min-TIC, DIAN y operadores están definiendo dichos controles. (2) Mayor control a la comercialización de celulares. Se estableció que sólo podrán vender equipos celulares quienes cumplan una serie de requisitos fijados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones del Ministerio de las TIC. Además de contribuir a la formalización del sector permitirá a la policía identificar mejor a quienes están autorizados y verificar que los equipos en venta sean legales. A la fecha se han recibido más de solicitudes de autorizaciones para la venta. Esta medida no reemplazará el control en la activación por parte de la compañía operadora celular. Hasta el 1 de octubre de 2012 hay plazo para contar con la debida autorización. (3) Mayor control a la activación de los celulares por parte de las compañías. Desde el 1 de octubre de 2012 se inició la utilización de dos procesos o filtros- de verificación por parte de las compañías operadoras al momento de activar un equipo celular, pese a que se establecieron plazos entre noviembre y marzo para el registro de celulares en prepago. a. Cada celular, con su respectivo IMEI 1, se verificará frente a la llamada Base de Datos Negativa o de equipos reportados como hurtados (ya se logró establecer una sola base de datos compartida por todas las compañías y administrada por un tercero) para ver si aparece como hurtado o no. Si aparece como hurtado, no será activado. b. Si no aparece como hurtado se verificará segundo filtro- frente a la BDA Positiva, la cual está compuesta por los IMEI de los equipos legales existentes en el país. Ello evitará la activación de equipos con IMEI repetido, inventado, o de otro país (salvo que 1- IMEI es el número de identificación de un celular, el cual será asociado a un sólo número de identificación de una persona natural o jurídica, Decreto 1630 de 2011 Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 23

24 esté en servicio de Roaming). A medida que pase el tiempo esa base de datos responderá únicamente a los equipos que fueron registrados como importados de manera legal al país. Ello dificultará la activación de los equipos que ingresan de contrabando. En relación con los equipos que actualmente tienen las personas, a través de la página web de cada uno de los operadores, los usuarios de equipos prepago pueden acceder a realizar el registro o actualización de los datos asociados a su equipo celular. Esta información alimentará la Base de Datos Positiva. En el caso de los postpago la información ya está actualizada. El fin de la medida es relacionar cada equipo celular con su dueño. De la misma manera, se acordó con las compañías operadoras, que al recibir el reporte de un equipo hurtado, estas van a ampliar el campo de información de quien realiza el reporte, a fin de que reúna un mínimo de información de la persona y el hecho, para que: a) sea útil a las autoridades para la investigación de la modalidad delictiva (dónde fue hurtado, día, hora, etc.) lo que permitirá el desmantelamiento de las estructuras criminales, y b) que dicho reporte se convierta en denuncia formal para efectos judiciales. La Policía Nacional y los operadores acordaron que a inicios de julio esta medida sería puesta en práctica. (4) Sanción penal a la reprogramación de equipos celulares. La manera como a veces se evade el bloqueo de los equipos hurtados, es a través de la reprogramación de su número de identificación (IMEI). Para contrarestar la reprogramación la BDA Positiva o de equipos legales, impedirá la activación de equipos con numeración repetida o que no esté registrada previamente. Además, se estableció como delito la reprogramación de equipos (en la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el año pasado) lo que ha permitido judicializar redes completas de criminales. (5) Focalización de la acción policial. Además de la obligación policial frente a la venta irregular de equipos, se decidió especializar a un grupo de policiales (en particular de investigación e inteligencia policial) para que se focalicen en desmantelar las estructuras criminales, además del fortalecimiento de su presencia en las vías nacionales y fronterizas, portuarias y aeroportuarias. La Policía Nacional creó 43 Grupos Especiales Seccionales contra el hurto de celulares, estos equipos tienen como misión investigar y desarticular las organizaciones criminales, a nivel nacional, detrás de este delito. Los grupos están integrados por 183 policiales dedicados a la materia. Así mismo se creó un observatorio especializado del delito de hurto a celulares A corte mayo 2012, y de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, se han capturado personas por hurto de celulares, se han intervenido lugares de acopio y comercialización, se han recuperado equipos terminales móviles, y se encuentran 24

25 en proceso 37 investigaciones judiciales contra organizaciones delincuenciales en el país. (6) Prohibición de exportación de equipos y partes de segunda. Un porcentaje importante de los equipos robados en Colombia salen hacia Ecuador y otros países de la región como exportación de equipos de segunda. La Comisión Triple AAA, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, autorizó prohibir la exportación de equipos y partes de segunda para contrarrestar esta modalidad. Ello facilitará el control de la policía aduanera para evitar la exportación simulada. (7) Intercambio de bases de datos entre países de la región y a nivel mundial. En los comités consultivos de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), organismo de la OEA, Colombia propuso y logró el consenso de todos los Estados Miembro para adoptar medidas contra el problema de hurto de celulares, dentro de las cuales se encuentra la conexión a la base de datos de la GSMA (Asociación mundial de los operadores) para compartir internacionalmente las bases de datos negativas o de equipos hurtados. Posterior a esto, los Estados Miembro deben proceder internamente a la reglamentación y regulación sobre las diferentes medidas y la prioridad, por la criticidad del problema, es diferente según sea el impacto del hurto. El Ministerio de TIC se encuentra gestionando la firma de acuerdos bilaterales, teniendo ya en funcionamiento el intercambio de bases de datos con Ecuador y otros países en curso. Dado el nivel de prioridad en los países y los tiempos para legislación o regulación, el proceso y su materialización puede tomar más de 12 meses. Así mismo se autorizó la conexión de la BDA para conectarse directamente con las bases de la GSMA. De manera complementaria a las siete medidas señaladas, el Gobierno Nacional y las compañías operadoras del servicio de telefonía móvil, estudian sistemas y tecnologías más seguras para los equipos móviles, una labor informativa sobre las medidas que quedarán en firme en octubre, y una campaña para desincentivar la compra de equipos hurtados a través de la cultura ciudadana. 5.2 Tecnologías para la seguridad ciudadana El primer eje o Línea de Acción, sobre prevención social y situacional de la PNSCC establece: promover, en el marco del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (Sies), el uso de CCTV sostenibles con grabación, monitoreo y análisis en lugares estratégicos de centros urbanos priorizados, con fines preventivos, disuasivos, de control y judicialización. Actualmente, el uso de la tecnología se ha convertido en pieza clave para apoyar y fortalecer el trabajo policial de vigilancia e identificación criminal en puntos neurálgicos de las ciudades. En todo el mundo existen cámaras de seguridad, privadas o públicas, las cuales, usadas de manera estratégica (con un propósito definido y asegurando un ade- Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 25

26 Tabla 5. Total recursos desembolsados por Fonsecon a nivel nacional entre 2010 y 2012 Año Total proyectos Partida Fonsecon Contrapartida ente territorial 2010 $ $ $ $ $ $ * $ $ $ Fuente Ministerio del Interior - Dirección de Infraestructura Fecha de corte: 25 de Mayo 2012 cuado monitoreo y mantenimiento) resultan una herramienta de gran utilidad para el trabajo policial y judicial. Con ese propósito en mente, el Gobierno Nacional, ha dispuesto la utilización de los recursos del Fonsecon (Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia) bajo la administración del Ministerio del Interior, para financiar proyectos orientados a mejorar la tecnología y equipamiento de policía en el marco de la PNSCC y su estrategia de implementación en la que se priorizan 20 ciudades del país. Es así que en el año 2011, FONSECON aprobó proyectos en 7 de las 20 ciudades priorizadas por un total de $ , de los cuales la nación aportó recursos por $ , mientras que los municipios aportaron $ como contrapartida de los proyectos. Dichos planes, en su mayoría, fueron presentados para la ampliación de los Circuitos Cerrados de Televisión CCTV- en los municipios. Así mismo, a mayo de 2012, el ministerio ha aprobado proyectos en esta misma línea en 9 de los 20 municipios priorizados por un valor total de $ , donde el FONSECON aporta recursos por $ , y los municipios aportan cofinanciación por un monto total de $ Desde el mes de mayo de 2012, el ministerio del Interior, con la asesoría de la Alta Consejería, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y de acuerdo al decreto 399 de 2011, está revisando los criterios de selección de los proyectos para que apunten al uso cada vez más efectivo y sostenible de esa tecnología en aquellas ciudades donde ocurren el grueso de los delitos que aquejan a los colombianos, garantizando el mantenimiento y reposición de las cámaras y equipos y un monitoreo y uso cada vez más estratégico por parte de la policía, para garantizar una mayor efectividad en materia de seguridad. De igual manera se impulsa un piloto en el uso de tecnologías para la seguridad, en las ciudades de 26

27 Cali, Medellín y Bogotá, las cuales contribuyen al 30% de los delitos reportados priorizados por la política. 5.3 Asignación principal de nuevos policías En el marco del segundo eje estratégico, sobre Presencia y Control Policial, de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establece como línea de acción prioritaria, fortalecer en los municipios priorizados el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes -PNVCC-, con la flexibilidad requerida en razón de la especificidad de cada ciudad. En este sentido, en el año 2011, el señor Presidente de la República anunció un incremento del pie de fuerza policial de nuevos uniformados para toda Colombia. Bajo el liderazgo de la Policía Nacional y de común acuerdo con la Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, se realizó un exhaustivo examen de las necesidades de pie de fuerza policial, por especialidad y por municipio, determinando la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 27

28 Tabla 6. Asignación general de nuevos policías Especialidad de policía Total % PNVCC SIJIN SIPOL DICAR STRA Especiales Total Fuente: Policía Nacional Tabla 7. Llegada del pie de fuerza adicional en 2011 Municipio Incremento del pie de fuerza en 2011 Bogotá Cartagena 420 Pereira 180 Ibagué 444 Villavicencio 398 Tuluá 89 Dosquebradas 18 Total Fuente: Policía Nacional 28

29 asignación inicial de los uniformados adicionales. Dicho examen, determinó que el 60% de los nuevos policías serían asignados en principio a 16 de las 20 ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las demás ciudades han sido beneficiadas con incrementos de pie de fuerza recientes o han contado con un número mayor de policiales en el marco de la conversión de sus policías a metropolitanas. En cuanto a su distribución por especialidades, la mayoría de los nuevos policías van a fortalecer el PNVCC. El 40% restante ha sido designado entre las demás especialidades de la siguiente forma: 8% para la Seccional de Investigación Criminal - SIJIN-; 4% para la Seccional de Inteligencia Policial SIPOL-; 20% para reforzar las áreas rurales; un 2% para la Subdirección de Tránsito y Transporte; y un 4% para proyectos especiales. No obstante esta distribución, se mantiene el criterio de flexibilidad en la asignación, en caso de surgir cambios en las prioridades de orden público durante el cuatrienio. Los nuevos uniformados iniciaron su ingreso a las distintas ciudades y zonas del país a partir de 2011, con policías adicionales. Para diciembre de 2012 se espera el ingreso de nuevos policiales, los cuales en encuentran en formación actualmente. 5.4 Fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes En el marco del segundo eje estratégico, sobre Presencia y Control Policial, de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establece como línea de acción prioritaria, el fortalecimiento del PNVCC en ciudades y sitios críticos. La Policía Nacional crea el PNVCC en 2010 como un componente esencial, a nivel operativo, de la estrategia institucional de seguridad ciudadana. El proceso de implementación del PNVCC, ha traído consigo una reformulación en la dinámica del servicio de policía, mediante la redistribución de las capacidades (talento humano y medios logísticos), la concientización del trabajo fundamentado en solución a problemas y el cambio de la cultura institucional. Bajo este contexto el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes PNVCC ha promovido importantes cambios en el ámbito institucional y social, permitiendo: Fortalecer el modelo de vigilancia comunitaria. El mejoramiento continuo de los servicios a la comunidad. El fortalecimiento de las relaciones policiales y la promoción de la participación de la comunidad en su seguridad. Respuestas más oportunas a las necesidades de seguridad de los ciudadanos. El trabajo en equipo y mejoramiento de las comunicaciones con diversas entidades y entes del orden local, departamental y nacional. Facilitar los esfuerzos públicos y privados, evitando la dispersión de los mismos. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 29

30 Tabla 8. Resumen fases de implementación del PNVCC en las policías metropolitanas Unidad Cuadrantes Personal Radios MEBAR MEBOG MEBUC MECAR MECAL MECUC MEPER MEVAL METIB MEVIL TOTAL Unidad Avanteles Vehículos Motos MEBAR MEBOG MEBUC MECAR MECAL MECUC MEPER MEVAL METIB MEVIL TOTAL Fuente: DISEC mayo de

31 Una respuesta integral del Estado, y no solamente policial, a los factores generadores de la inseguridad. Desarrollar soluciones innovadoras y creativas que promuevan la calidad y la excelencia en la institución policial. Prevalecer la prevención, sin renunciar al control con equilibrio social. La implementación del PNVCC ha obedecido a una planeación metódica y progresiva. En el año 2010 se inició con las ocho Policías Metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta), respondiendo al reconocimiento de las jurisdicciones, el diseño, la clasificación y la distribución de los cuadrantes, la capacitación del personal y la asignación de medios tecnológicos y logísticos. En el año 2011 se extendió la metodología a las nuevas Policías Metropolitanas de Villavicencio e Ibagué, a 10 distritos especiales y 50 municipios priorizados de policía. Para el 2012 se adelanta la implementación en los 10 municipios priorizados por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre los que ya se encuentra Santa Marta y las siguientes ciudades próximas a convertirse en Policías Metropolitanas: Neiva, Pasto, Popayán. Así como se contempla la creación de nuevas Policías Metropolitanas bajo el esquema del PNVCC, también se ha buscado el fortalecimiento de este esquema en las ciudades, que por sus condiciones delictivas, así lo requieran. Sobre este punto, la Alta Consejería, a través de la asesoría local a los 20 municipios priorizados, ha identificado en ciudades como Cali, la necesidad de desdoblar algunos cuadrantes, para crear nuevos en razón del comportamiento de la criminalidad en la ciudad. Es así que cómo en el Acuerdo de Seguridad y Convivencia establecido en febrero de 2012 entre la Nación y el Municipio de Cali, se acordó el incremento inicial del pie de fuerza policial en 820 policías en 2012, equivalente a una inversión de $6.300 millones, lo que permitirá crear 131 cuadrantes adicionales. 5.5 Revisión de requisitos para ser más estrictos con la tenencia y el porte de armas Dentro de las líneas de acción contempladas en el segundo eje estratégico, sobre Presencia y Control Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 31

32 Policial, de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno Nacional, se establece la revisión de los requisitos y procedimientos para la expedición de permisos para la tenencia y porte de armas y su identificación balística, entre otras indicaciones sobre la materia. Siendo cierto que la tenencia y porte de armas es de por sí excepcional, dado que se requiere una autorización del Ministerio de Defensa Nacional, cumplidos unos requisitos, y siendo conscientes de la necesidad de muchos colombianos de contribuir a su propia seguridad, en especial en algunas regiones y ciudades, el Estado debe cerciorarse que quienes tengan armas amparadas sean personas idóneas y que realmente requieran de esa excepcionalidad, lo que llevó al Gobierno Nacional a revisar la legislación actual. La propuesta busca fortalecer el carácter excepcional de la tenencia y porte de armas en Colombia, incorporar el patrón balístico de manera obligatoria en la identificación de las mismas, y en general modernizar las leyes actuales de tal forma que correspondan con las condiciones de seguridad garantizadas a los colombianos actualmente. Por consiguiente la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Defensa Nacional, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada trabajan una propuesta normativa, sin perjuicio de haber incluido en la Ley Antitrámites unas disposiciones transitorias para superar un vacio legal. Actualmente el proyecto de ley está siendo enriquecido y concertado por las entidades participantes y en especial por el Ministerio de Defensa Nacional, para precisar su alcance y sus contenidos. 5.6 Bloqueo al uso de celulares en las penitenciarías más importantes El tercer eje estratégico, sobre Justicia, Víctimas y Resocialización, de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señala dentro de sus líneas de acción, Evitar que desde los sitios de reclusión se cometan delitos, prohibiendo, entre otros, el uso personal de equipos móviles de comunicación y de internet por todos los internos, sin perjuicio del bloqueo de celdas y la utilización de controles complementarios. En este sentido, y con el propósito de reducir la extorsión desde las cárceles, la Alta Consejería ha venido realizando el seguimiento al cumplimiento de las tareas impuestas en la Junta Directiva de Seguridad Ciudadana, relacionadas con la priorización de los centros penitenciarios a bloquear, los criterios para dicha priorización, el presupuesto para cada uno de los centros determinados y el cronograma de ejecución. Para esto se ha mantenido un diálogo con el Ministerio de Justicia y el Derecho, y a través suyo, con el INPEC, con el fin de verificar la implementación de las acciones pertinentes para hacer efectivo lo señalado en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 32

33 Durante este proceso de seguimiento, se logró que el Ministerio de Justicia y del Derecho expidiera el 14 de diciembre del 2011, el decreto No 4768, en el cual se decreta que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá autorizar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPECpara inhibir o bloquear las señales de transmisión, recepción y control de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en los establecimientos carcelarios y penitenciarios definidos por el Instituto, y a ordenar a los respectivos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, la eliminación total o la restricción de sus señales, entre otras. Para ello, el INPEC tiene tres proyectos. El primero, para bloquear cinco penitenciarías, empezando por La Picota y Picaleña. El segundo, llamado Orión (bajo estudio por parte del Ministerio de las TIC y DNP) prioriza 17 penitenciarías. Finalmente, el instituto suscribió con los prestadores de los servicios de telefonía fija de los centros carcelarios, un acuerdo que busca que estos últimos asuman el costo total de la implementación, instalación, mantenimiento y actualización tecnológica de los inhibidores de señal de telefonía móvil, para un total de 33 centros. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 33

34 5.7 Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Dentro de las líneas de acción incluidas en el tercer eje estratégico, sobre Justicia, Víctimas y Resocialización, de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno Nacional, se establece el fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA-, que pese al compromiso de entidades como el ICBF, requieren de un apoyo integral y decidido a fin de que cumpla su labor sancionatoria y de protección y resocialización de los menores de edad que incurren en actividad delictiva. Es así como en el año 2011 se constituyó un comité al interior del Gobierno Nacional para el fortalecimiento institucional del Sistema, liderado por la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de un proceso de construcción colectiva al interior del Gobierno Nacional y con los demás actores del sistema, incluidos la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría. Durante el año 2011 se realizaron dos estudios del Sistema y la necesidad de establecer un ente rector y precisar las responsabilidades de las entidades públicas, sin perjuicio de las evaluaciones al mismo por parte del DNP y el ICBF, entre otras, lo cual arrojó siete puntos clave, de otros, que son parte del proceso de fortalecimiento del SRPA en 2012 y

35 Cuadro 4. Siete puntos claves para el fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Actualmente, el comité, bajo el liderazgo del ICBF, trabaja en la estructuración de un plan integral que incluya las medidas necesarias para atender los siete puntos mencionados, entre otros. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana 35