MEMORIA ESTATAL DEL DEFENSOR DEL PROFESOR

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1 MEMORIA ESTATAL DEL DEFENSOR DEL PROFESOR (Curso )

2 Redacción del informe: INMACULADA SUÁREZ VALDÉS Colaboradora: GUADALUPE PÉREZ PÉREZ Informantes: DEFENSORES DEL PROFESOR DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES

3 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN... 3 II. FORMA DE CONTACTO... 8 III. ÁMBITO DE ACTUACIÓN... 8 IV. PROFESORES QUE HAN UTILIZADO NUESTRO SERVICIO V. DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS POR NIVELES VI. PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA EL DOCENTE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS Problemas para dar clase (25%) Conductas agresivas que llevan a cabo alumnos de forma generalizada hacia alumnos y profesores (14%) Faltas de respeto (27%) e insultos (14%) Agresiones de alumnos a profesores (7%) Acoso y amenazas de alumnos (16%) Grabaciones, fotos, internet (7%) Daños causados a propiedades o pertenencias (6%) PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS PADRES Agresiones de padres o familiares (1%) Acoso y amenazas de padres (28%) Denuncias de los padres (19%), falsas acusaciones (22%) ACOSO LABORAL (MOBBING) Mobbing en departamentos y ciclos (11%) PROBLEMAS CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS: ADMINISTRATIVOS (12%) Y DERIVADOS DE OTRAS SITUACIONES (18%) PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 9% FALTA DE RESPALDO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA (14%) PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS (24%) VII. INCIDENCIA DE LA PROBLEMÁTICA EN EL ESTADO ANÍMICO DEL PROFESORADO VIII. CONCLUSIONES... 63

4 3 I. INTRODUCCIÓN El balance del curso muestra inequívocamente que la educación sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. La escasa consideración que tanto la sociedad como la Administración tienen hacia sus profesionales, la falta de inversión educativa, las decisiones administrativas unilaterales ignorando la opinión de los profesionales de la enseñanza junto con otras medidas adversas han vuelto a marcar este curso académico. Como consecuencia de la sucesiva reducción de recursos, la educación se ha visto perjudicada un año más de forma general pero muy particularmente en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Las recomendaciones hechas desde Bruselas alertando de que los recortes en educación amenazan gravemente el crecimiento y la competitividad, vuelven a no tenerse en cuenta generando un descontento generalizado Con la aprobación de la LOMCE se da luz verde a una nueva ley de educación, ley que se pone en marcha sin unos consensos políticos y sociales mínimos. No cabe duda de que en España era necesaria una reforma del sistema educativo, que mejorara los rendimientos, disminuyera los altos índices de fracaso y abandono escolar y devolviera la confianza y la motivación al profesorado. Sin embargo, la LOMCE dista mucho de ser la solución a estas cuestiones. Además, esta Ley se ha gestado en un escenario de recortes en educación. Incluso sus mejores medidas planes de apoyo, idiomas y TICS, autonomía de los centros, FP dual- implican el aumento de efectivos y recursos que necesitarían una memoria económica suficiente. Ambas cuestiones se han obviado: no han revertido los recortes y por consiguiente tampoco se ha aumentado el gasto público destinado a la educación. La inversión en la educación española sigue estando por debajo de la media de la OCDE. A esta situación se une la falta de una postura clara de la administración educativa a favor del profesorado, con un aumento de la valoración social de la tarea docente, con la verdadera renovación de su formación inicial y continua y con el diseño de una carrera profesional en un nuevo marco jurídico que regule la situación del profesorado y atraiga a los mejores universitarios hacia la docencia. Que el sistema educativo español necesita una mayor atención por parte de nuestros políticos vuelve a quedar patente en el último informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los alumnos 2012). En él se vuelve a poner en evidencia la

5 4 necesidad de replantearse un cambio efectivo y racional de medidas en el sistema educativo español: los resultados en matemáticas, comprensión lectora y ciencias están por debajo de la media de la OCDE, aunque hemos experimentado una ligera mejoría con respecto al último informe (algunas comunidades superan la media). Asimismo, el responsable de este informe incide en la importancia del apoyo al profesorado para mejorar los resultados educativos, aspecto que desde ANPE y el Defensor del Profesor se viene reivindicando desde hace tiempo. La escasa sensibilización que la Administración demuestra hacia la educación y los profesionales de la enseñanza en sus actuaciones, las medidas de ajuste que tan negativamente han repercutido en la calidad de la enseñanza pública y en las condiciones laborales del profesorado, el mensaje de descrédito hacia la profesión docente, han provocado en los docentes un descontento que se materializa en diversas quejas formales en defensa de sus derechos y por la calidad de la enseñanza pública y que van a influir, a lo largo del curso , junto con otros problemas de convivencia en los centros - padres y alumnos - en la actividad que desde el Defensor del Profesor se ha venido desarrollando. Las múltiples llamadas recibidas a lo largo del curso en el Defensor del Profesor, siguen dejando patente la necesidad de este servicio. Han sido muchas las denuncias recibidas sobre distintos problemas tanto de convivencia- donde toman parte padres y alumnos- como los relacionados, de una forma u otra, con la Administración y que se han ido secuenciando en el tiempo. Los inicios de curso, año tras año, adolecen de los mismos errores administrativos. Así nos encontramos en el primer trimestre que el mayor número de quejas formuladas han tenido relación con cuestiones administrativas falta de profesorado en los centros, horarios, tutorías, asignación de vacantes, contratación de interinos, aumento de ratio, reducción significativa de grupos, atención a la diversidad, supresión de puestos de trabajo, etc.- y aunque estas denuncias han continuado efectuándose en mayor o menor grado a lo largo del año escolar, han tenido sus puntos álgidos al comienzo del mismo. Asimismo hemos atendido otras cuestiones administrativas: expedientes disciplinarios, incumplimiento de los decretos de convivencia, desconsideración de la inspección con los administrados, incumplimiento de la normativa cuestiones todas ellas sobre las que hemos tenido que asesorar, recurrir ante distintos organismos y la propia administración y denunciar.

6 5 En cuanto a las actuaciones contrarias al respeto y a la convivencia que protagonizan tanto padres como alumnos, se han venido denunciando a lo largo de todo el curso escolar por profesores pertenecientes a distintos niveles educativos. Podría pensarse que los problemas de convivencia con los miembros de la comunidad educativa surgen después de un tiempo y a medida que va avanzando el curso, pero lo cierto es que nos encontramos ya desde su inicio con casos de violencia verbal, agresiones físicas o denuncias injustificadas. Casos que o bien han quedado en suspenso durante el periodo vacacional y se vuelven a retomar o nuevos conflictos que surgen sin que apenas la familia del alumno conozca al profesor que se le ha asignado a su hijo/a. Los datos obtenidos en este curso sobre los problemas de convivencia a los que se enfrenta el profesor nos vuelven a alertar sobre el hecho de que cada vez con más frecuencia son los padres o familiares los causantes de crear un clima poco adecuado para que el hecho educativo se pueda llevar a cabo sin interferencias, amenazas o coacciones. Así nos encontramos con que las denuncias en primaria con un 40% superan a las de secundaria (39%); dato sin duda relevante teniendo en cuenta que en los cursos inferiores los principales protagonistas que no los únicos- son los padres que mantienen actitudes de enfrentamiento, amenazas, desconsideración, denuncias, falsas acusaciones, injurias y falta de respeto hacia el profesorado. Todos estos problemas de convivencia están ligados a varios aspectos: la poca consideración social que se tiene a los docentes y que se ha visto agravada, según manifiestan los propios profesores, por las declaraciones desafortunadas llevadas a cabo desde la Administración, donde se cuestionaba ante la sociedad su formación y preparación, por la impunidad que perciben los agresores ante el incumplimiento parcial o total de la normativa establecida o ante la imposibilidad de actuar administrativamente contra ellos y por la actitud que, ante padres conflictivos, mantienen en ocasiones algunos equipos directivos y/o algunos responsables de la administración, al dejar desamparado al profesor aunque se demuestre que los hechos que se denuncian no son ciertos. Esta última situación es la que propicia la mayoría de las quejas y el mayor número de llamadas. Los datos obtenidos en este curso al respecto hablan por sí solos: los porcentajes de estas denuncias se sitúan por encima de los del año anterior. Porque si bien es cierto que existen leyes (Ley de Autoridad), decretos de convivencia y distintas normativas que suponen un avance significativo que ayuda a

7 6 dignificar la figura del docente y a un mejor desempeño de su trabajo, no es menos cierto que si la ley no se aplica en toda su dimensión, esta deja de tener sentido, ya que vuelve a dejar al profesor inerme ante cualquier situación y todavía, si cabe, mucho más confundido e indefenso. Esta situación, por desgracia, se da con más frecuencia de la deseada cuando, ante cualquier denuncia, por irracional que sea, no se aplica el principio de presunción de veracidad que establece la Ley, obligando al profesor a demostrar su inocencia y no al denunciante a presentar pruebas que verifiquen que realmente es culpable de los hechos que supuestamente se le imputan. Aún así, cada vez con más frecuencia -aunque con más lentitud de la deseada - tanto desde la administración como desde las instancias judiciales se empieza a considerar seriamente que cualquier agresión física que se lleve a cabo hacia un profesor sea considerado delito de atentado contra la autoridad. De hecho, a lo largo del curso , hemos visto con satisfacción que la agresión a un profesor, al margen de la capacidad interpretativa de los tribunales de justicia, era juzgada en muchos casos teniendo en cuenta la Ley de Autoridad. En estos casos las sanciones que se impusieron estuvieron más acordes con el delito cometido: se aumentó la cuantía de las multas, hasta llegar a euros, e incluso, en caso de reincidencia, se llegaba a contemplar la pena de cárcel. Tomando como ejemplo dos de las sentencias emitidas en este curso nos encontramos con que a los padres agresores se les condena en un caso a un año de cárcel, indemnización de 900 euros y 150 euros de multa; y en el otro a dos años y cuatro meses de cárcel y a una indemnización de 1800 euros No cabe duda de que estas decisiones judiciales, junto con otras medidas de concienciación social, ayudan a mejorar el clima de convivencia y respeto en los centros educativos. Las consecuencias penales y económicas que se derivan de estos hechos servirán para acabar con la sensación de impunidad que tienen estas personas agresivas, al comprobar que sus actos pueden traerles graves consecuencias. Si bien a nivel judicial se ha dado un gran paso en este aspecto no se puede decir lo mismo de la administración educativa. El profesorado sigue denunciando en este curso la falta de apoyo explícito de sus responsables inmediatos; se echa de menos una normativa que, en casos flagrantes contrarios a la convivencia cometidos por los padres contra el profesorado ampare y proteja sus derechos y su dignidad. A la inexistencia de una normativa que se pueda aplicar se le suma la actitud de la inspección educativa, que en algunos casos y con más frecuencia de la deseada se olvida de aplicar el principio de

8 7 presunción de veracidad que la Ley de Autoridad y la LOMCE han reconocido al docente. Desde este organismo- cuentan los profesores afectados- se acude al centro no a escuchar la otra versión de los hechos sino a recriminar, buscar defectos de forma y retorcer la normativa cambiando su significado y amenazar con apertura de expediente al eslabón más débil : el profesor. Así, mientras que ante cualquier problema de convivencia con el alumnado el profesor dispone de las herramientas necesarias para actuar y restablecer el clima de convivencia (decretos y normas convivencia y disciplina) las actuaciones que el profesor puede llevar a cabo con ciertos padres conflictivos es nula, lo cual propicia que cualquier problema puntual de convivencia se vea agravado por la postura irrespetuosa, agresiva e intransigente que adoptan ante cualquier docente o miembro del equipo directivo estas personas al considerarse impunes. En relación con el alumnado, seguimos constatando cómo en algunos centros educativos, especialmente en los institutos, el incumplimiento de la normativa sobre convivencia propicia que se deteriore el clima de respeto y se agudicen los problemas. Esta situación ha sido denunciada en este curso con frecuencia, no solo por el profesorado que ve en estas actuaciones del equipo directivo la raíz de muchos problemas escolares y la imposibilidad de atajarlos sino por algunos padres que ven cómo sus hijos salen perjudicados por estas actuaciones. Y es que cuando un alumno comprueba una y otra vez que haga lo que haga sus actos solo tienen consecuencias para el profesor, puesto que desde la dirección del centro no se aplica la normativa establecida y además se ve apoyado por sus padres, se vuelve más osado en sus actuaciones y puede llegar al acoso sistemático e incluso a la agresión física tanto de compañeros como de profesores. Así nos encontramos con un repunte en las denuncias en relación con alumnos agresivos, incluso en los cursos de primaria, donde al aumento del número de alumnos por aula, la pasividad de los responsables del centro y la actitud de la inspección educativa se une la actuación de unos padres que intentan eliminar del entorno de su hijo a todo aquel que le impida ser el centro de atención o actuar a su libre albedrío, sin importarles recurrir, para conseguir sus objetivos, a falsear hechos, calumniar o denunciar injustamente. No cabe duda de que ante todas estas actuaciones queda patente la poca consideración social que de forma generalizada se tiene hacia el docente como profesional y como persona. Y es que desde el entorno educativo se está olvidando que el profesor tiene

9 8 encomendada una función que lleva implícito garantizar a todos el derecho a la educación y que cualquier actuación contraria a la convivencia contra un profesor la están alterando; por otra parte sin el reconocimiento de la autoridad del profesor no podrá desarrollarse plenamente el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar. Desde el Servicio del Defensor del Profesor tenemos la convicción, a través de las llamadas que recibimos, de que profesores, padres, alumnos y administración son elementos claves en este proceso educativo y de que nada se puede conseguir en educación si no se trabaja conjuntamente. Por esta razón, si queremos conseguir un objetivo común, debemos todos nosotros ser capaces de confiar en nuestros profesionales, analizar los problemas, reconocer los errores, aprender de ellos y actuar para mejorar las cosas. Cualquier sociedad que no confía en sus educadores, que no les respeta ni les valora, que no reconoce su autoridad en el ejercicio de su función educadora, tanto en valores como en conocimiento, estará abocada al fracaso. II. FORMA DE CONTACTO Han sido profesores -un número ligeramente superior al curso anterior los que a lo largo del curso han utilizado distintos medios para ponerse en contacto con nuestro servicio. De forma mayoritaria mediante contacto telefónico (65%), por correo electrónico (25%) y mediante entrevista personal (10%). III. ÁMBITO DE ACTUACIÓN El trabajo que hemos desarrollado en equipo desde el Defensor del Profesor ha tenido como objetivo tres puntos de actuación: profesores, administración y sociedad. a) En relación con el profesor La ayuda directa al profesorado es uno de los primeros objetivos que nos marcamos en este servicio y para cumplir con el mismo hemos llevado a cabo una serie de actuaciones: proporcionar apoyo tanto psicológico como jurídico, orientar en las actuaciones a seguir en cada caso, cursar reclamaciones y denuncias, informar al profesorado de sus derechos y actuaciones ante determinados conflictos, proporcionarle los recursos y estrategias adecuadas para hacer frente a esas situaciones, realizar

10 9 gestiones ante las personas o los órganos competentes con el objetivo de solucionar los problemas. La ayuda que desde el Sindicato ANPE se ha ofrecido al profesorado ha contado con diversos profesionales: psicólogos, asesoría jurídica, delegados sindicales. Todo ello encaminado a ofrecer a cualquier profesor que necesitase ayuda todo el apoyo psicológico, humano, moral, sindical, jurídico y administrativo que estaba a nuestro alcance. Esta ayuda, por nuestra parte, requiere una actuación diversa y diferenciada. Cada caso es diferente y también lo es el estado anímico con que el profesor afronta el problema, un estado de ánimo que dependerá en gran medida, además de sus características personales, de circunstancias ajenas a él, pero que van a determinar de forma significativa la posible resolución del conflicto: apoyo que recibe de la administración, inspección educativa, equipo directivo y compañeros; el que se haga cumplir o no la normativa establecida en el centro, postura que adopten los padres, la gravedad de las acusaciones Todos estos factores diferenciales van a determinar que el contenido de nuestras actuaciones se lleve a cabo de forma personalizada y para ello contamos con personal especializado, que ponemos a disposición del docente: psicólogos, abogados, delegados sindicales b) En relación con la sociedad y la administración Somos conscientes de que sin el apoyo de los padres, de la sociedad y de la administración y sin el reconocimiento del papel primordial que el profesor desempeña en todo el proceso educativo, será difícil conseguir cambiar la situación actual por la que atraviesa la educación en España y la de su profesorado, ya que como bien dice el profesor José Antonio Marina: para educar a un niño se necesita a toda la tribu. Por esta razón habrá que contar con dos factores importantes que refuercen la tarea docente: la sociedad en general y la administración en particular. Todos sabemos que ningún problema al que realmente se quiera dar solución se debe tratar de forma aislada. Si lo cierto es que lo que no se conoce no existe, entenderemos fácilmente el porqué de nuestro empeño en dar a conocer los problemas que aquejan a la educación así como las dificultades a las que se enfrentan los profesores y alumnos en el día a día; y aunque ciertamente nuestro objetivo primordial

11 10 es ayudar al profesorado a que desempeñe su labor educativa con dignidad y de forma efectiva, consideramos condición sine qua non que se conozca la problemática que se vive en los centros educativos para actuar en consecuencia, buscando soluciones y así poder mejorar no solo nuestro sistema educativo sino también la formación tanto en conocimientos como en valores de nuestros jóvenes y adolescentes. Este es el objetivo último que nos planteamos dentro de nuestro servicio: ser portavoces ante la administración y la sociedad de las demandas y necesidades del profesorado, analizar y dar a conocer los datos que directamente nos proporcionan los profesores que contactan con nosotros, valorar la causa de los conflictos, buscar distintas posibilidades de prevenir estas situaciones y formular propuestas que ayuden al profesorado en el desempeño de su labor educadora e influyan en la mejora de nuestro sistema educativo. Nuestras propuestas, llamadas de atención e insistencia dieron sus frutos. Desde la Administración se dio luz verde a distintos decretos de convivencia, vigentes a día de hoy en todos los centros educativos y que marcaron un antes y un después en el desempeño de la función docente y la aprobación en prácticamente todas las comunidades autónomas de la Ley de Autoridad. Es cierto que, además de existir una ley que hay que cumplir y hacer cumplir, es imprescindible que la sociedad de una vez por todas tome conciencia y asuma que el respeto mutuo es un valor necesario para desarrollar una buena convivencia, donde todos saldremos beneficiados y más en los centros, pues estamos hablando de instituciones donde se está educando a personas que están en proceso de formación. Para formar a niños y adolescentes es imprescindible partir de unos valores éticos básicos. Los padres y educadores tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia para que hijos y alumnos los interioricen con el fin de formarles como personas y garantizar de este modo el que todos puedan ejercer el derecho a la educación en un clima de respeto mutuo. El deseo de que nuestro sistema educativo funcione debe considerarse también desde la Administración como un objetivo primordial, por lo que no se entiende y desde aquí denunciamos que no se tenga en cuenta al profesorado en la toma de decisiones fundamentales como es la confección y puesta en marcha de la (LOMCE), que se desautorice y cuestione de forma gratuita al profesorado, que sea en educación donde se produce los mayores recortes y sea la profesión docente una de las más castigadas por

12 11 la crisis económica: pues a la reducción en las retribuciones se suma la desaparición de efectivos y la pérdida de derechos laborales y sociales consolidados. IV. PROFESORES QUE HAN UTILIZADO NUESTRO SERVICIO A lo largo del curso , el número de docentes que se han puesto en contacto con nosotros asciende a un total de El total de profesores que han acudido al Servicio desde que este se puso en marcha en noviembre del 2005 asciende a Ciertamente, aunque el número de llamadas es considerable, somos conscientes de que solo nos llega una parte de la problemática que el profesor sufre en el desempeño de su labor docente. Sabemos que no todos los profesores que tienen problemas contactan con nosotros, bien porque los resuelven directamente aplicando la normativa vigente, bien por considerar que denunciar una situación ante cualquier organismo les puede traer algún problema, porque se resignan con su suerte, aunque esta situación llegue a provocarles situaciones de estrés o ansiedad con las consiguientes repercusiones en su salud física y mental ( no se puede hacer nada ), o porque adoptan la postura de profesor plastilina (pasar de todo y adaptarse a todo) para que los problemas no se agraven con denuncias o enfrentamientos con padres alumnos o administración. Por otra parte, algunas comunidades en cumplimiento de su normativa sobre la Ley de Autoridad ponen en marcha el Servicio de Atención al Profesorado (SAP), que asume funciones de asesoramiento y defensa jurídica de los docentes por parte de los abogados de la Consejería de Educación, con lo cual en ocasiones el docente contacta directamente con estos servicios. También es cierto, según manifestaciones del propio profesorado, que en la actualidad el profesor se siente más amparado legalmente gracias a una normativa que establece claramente las competencias y actuaciones a seguir, mediante los decretos de convivencia vigentes en los centros educativos de las distintas autonomías. Gracias a ellos el docente no necesita recurrir más que a la legislación establecida para aplicar la norma y restablecer un clima de convivencia y de normalidad tanto en el aula como en el centro educativo. El problema surge - de aquí la mayor parte de las llamadas- cuando es la propia administración la que, con sus decisiones y normas, vulnera los derechos del profesorado o cuando en temas de convivencia desde los propios centros, algunos equipos directivos, o desde la Administración pretenden que no se aplique la ley o que esta no se aplique en su totalidad, haciendo, a sabiendas, una interpretación errónea de

13 12 la misma. Estos hechos repetidos en el tiempo conllevan un aprendizaje del alumno que influye negativamente en la convivencia del centro: y así nos encontramos con la paradoja de que, a pesar de existir la ley, su incumplimiento propicia que aumenten las actuaciones contrarias a la convivencia. Los datos recogidos en este curso corroboran este aspecto. Si para evitarse conflictos con los padres se deja desamparado al profesor, se le penaliza injustamente, se le desautoriza, se le culpabiliza y se le desprestigia ante toda la comunidad educativa, le será prácticamente imposible desempeñar la función educadora que le ha sido encomendada. V. DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS POR NIVELES Año tras año comprobamos cómo la conflictividad en el ámbito escolar sigue siendo diversa y viene diferenciada por niveles educativos. Cada uno de los niveles posee unas connotaciones particulares que, analizadas, nos permitirán tener un conocimiento más exacto de la problemática que se vive en los centros. De forma paulatina se viene percibiendo un cambio en los niveles educativos a los que pertenecen los distintos profesores que contactan con nosotros. Si bien en el inicio del Servicio ( año 2005) eran profesores de secundaria mayoritariamente los que requerían nuestra ayuda, la tendencia ha ido cambiando y en la actualidad el porcentaje de primaria (40%) se sitúa por encima del de secundaria(39%) y la diferencia se hace mayor si a ese porcentaje sumamos el de educación infantil (7%). La problemática en ambos niveles tiene una doble vertiente, por una parte la administrativa, generada por la reducción de recursos humanos llevada a cabo en el ámbito educativo como consecuencia de los recortes sufridos y reflejados en los presupuestos de educación y por otra la relacionada con los miembros más directos de la comunidad educativa: padres y alumnos. Otro de los aspectos importantes denunciados por el profesorado a lo largo del curso y que inciden más directamente en su estado anímico, son los problemas de convivencia que surgen en el día a día dentro de su entorno educativo En relación con el alumnado la mayor problemática se sigue dando en secundaria y dentro de la misma en los niveles educativos de la ESO, donde resulta más difícil dar clase, y por lo tanto, donde se acusan los problemas de mayor gravedad. En este sentido, es lógico pensar que la inmadurez del alumno, ser una enseñanza

14 13 obligatoria, hasta cuarto de la ESO, donde en ocasiones los intereses de algunos alumnos nada tienen que ver con los contenidos que se imparten, influyan en la problemática escolar. Aún así no deja de llamarnos la atención el incremento del número de llamadas recibidas en este curso y que nos alertan sobre la conflictividad que se está produciendo en algunos cursos de bachillerato, donde se supone que el alumno es más maduro y tiene más claros sus objetivos. En ambos casos el aumento de la ratio por aula no cabe duda de que es un aspecto más a tener en cuenta y que podría incidir en estas conductas disruptivas. Los grupos de apoyo de Compensación educativa (7%) suelen ser también una fuente de conflicto. Las denuncias en este sentido han sufrido un aumento porcentual significativo. Hay varios factores que podrían explicar, aunque no disculpar, la raíz de esta situación: entre ellos la decisión administrativa de prescindir de profesores generalistas (maestros) y asignar estos puestos docentes a profesores especializados en una determinada materia cuando lo que aquí se requiere impartir son conocimientos generales. A esta situación se le suman las características especiales de un alumnado poco o nada motivado que no tiene claros sus intereses y percibe la enseñanza no como formación sino como algo que se le impone de forma obligatoria; la ausencia de expectativas de algunos de estos alumnos, la actitud en exceso permisiva y sobreprotectora de algunos padres, el desinterés y falta de claridad respecto a sus objetivos Todo ello les lleva a adoptar una actitud desafiante hacia el profesor y como consecuencia cada vez es más difícil impartir contenidos y mantener la convivencia en estos niveles. Aunque en primaria, debido a las edades, la problemática con el alumnado no es tan acusada, lo cierto es que las denuncias a lo largo del curso en este sentido se han visto incrementadas. Los profesores perciben cómo, progresivamente y cada vez en cursos más bajos, algunos alumnos amparados por sus padres, protagonizan conductas disruptivas y antisociales que afectan no solo al profesorado sino también a sus propios compañeros. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia del influjo de las familias en relación con la postura de respeto y confianza hacia el profesorado, ya que suele coincidir generalmente la actitud que adopta el alumno en el centro educativo con la que adoptan sus padres en relación al profesor. No debemos olvidar que el niño aprende por imitación y reproduce generalmente los esquemas familiares.

15 14 Así, observamos, en educación infantil y primaria, cómo un excesivo proteccionismo de algunas familias y su afán de controlar la vida del centro en beneficio de sus hijos les lleva a protagonizar conductas antisociales y violentas. En estos casos los progenitores no dudan en enfrentarse al profesor, denunciarle o injuriarle si con ello consiguen que su hijo saque partido de la situación aunque sea a costa de infringir las normas, de pisotear los derechos de sus propios compañeros o de difamar al profesor. Por otra parte las redes sociales juegan cada vez más un papel más activo a la hora de fomentar la calumnia y el desprestigio del profesorado en general y del equipo directivo convirtiendo así un problema particular en algo general con el consiguiente linchamiento público profesional: difama que algo queda Estas actitudes contrarias a la convivencia que adoptan los padres y que aprenden sus hijos, han propiciado que a lo largo del curso las denuncias recibidas en primaria se sitúen en un 40%, superando a las recibidas en secundaría (39%) donde, a la problemática que surge de las conductas antisociales del alumnado, que suelen ser las más numerosas, se aplica la normativa que permite garantizar al resto de los alumnos el derecho a la educación. La situación en educación infantil, tiene unas connotaciones muy similares a las de primaria, donde el porcentaje de profesores que denuncian se sitúa en un 7% del total. Estos profesores dicen sentirse continuamente cuestionados ante cualquier decisión que se adopte en la organización de las clases o el funcionamiento general del curso: propiciar la convivencia en el aula implantando unas normas, la recomendación - que no imposición- de sustituir la bollería por la fruta en la hora del recreo, el recordar que la puntualidad es un valor exigible dentro de las normas del centro, impedir -por el bien de los alumnos- que los padres se introduzcan en el centro en horarios de entradas o salidas o en las clases en horario escolar, etc., generan críticas, oposición y enfrentamiento. Por otra parte, ya en edades tan tempranas, los profesores comprueban cómo son desautorizados, recriminados delante de los niños de forma violenta e incluso agredidos, por unos padres sobreprotectores que ante cualquier contratiempo, límite o norma de convivencia que se quiera aplicar a su hijo/a acuden al centro en actitud impositiva y agresiva sin importarles las normas de funcionamiento o convivencia establecidas en el centro, sin tener en cuenta que la actitud egoísta, agresiva y de falta de respeto que adopta su hijo hacia sus compañeros carece de justificación alguna, sin querer entender que educar también significa saber decir no. No se dan cuenta, con estas

16 15 actitudes, del perjuicio que ocasionan a profesores y alumnos pero también a su propio hijo. A lo largo del curso se han seguido denunciando las actitudes de algunos padres que pretenden que el profesor siga las pautas de actuación que ellos marcan en la organización de sus clases; quieren imponer sus criterios de total permisividad hacia las actuaciones de sus hijos. En ocasiones, una determinada recomendación, una llamada de atención, hechos cotidianos que no revisten ninguna gravedad, como las habituales disputas infantiles entre compañeros o simplemente una caída fortuita en el patio desencadena una acción agresiva de los padres hacia el profesor, unas veces con intimidaciones, otras con amenazas, violencia verbal, difamaciones, anuncio de interposición de denuncias, incluso, en algunos casos, con agresiones físicas. Intentar culpabilizar al profesor de actuaciones que en ningún momento este ha llevado a cabo o levantar infundios hacia el profesor buscando el descrédito delante del resto de padres, son progenitores otras de las actitudes que con frecuencia mantienen estos A estos datos le siguen porcentajes menos significativos, aunque no por ello los hechos denunciados son menos importantes: ciclos formativos, donde las denuncias se sitúan en un (6%) frente al (7%) del curso anterior. En estos casos es incomprensible que entre las quejas recibidas se encuentren las relativas a alumnos/as mayores de edad que mantienen actitudes propias de adolescentes: enfrentamiento, faltas de respeto, acoso, agresiones Educación de Adultos, Escuela Oficial de Idiomas, Artes Escénicas, Conservatorio (1%). VI. PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA EL DOCENTE Mantener un buen clima de convivencia en el centro es requisito imprescindible para poder llevar a cabo el acto educativo y garantizar al alumno su bienestar. No cabe duda de que las relaciones personales en ocasiones pueden resultar complicadas y más cuando se intenta salvaguardar por encima de egoísmos personales el derecho que tiene el alumno a aprender y el profesor a enseñar sin interferencias negativas y en un clima de respeto. Aplicar esta máxima en el día a día hace que los problemas a los que se enfrenta el docente vengan motivados por diversas causas y tengan una relación directa

17 16 con los miembros que conforman la comunidad educativa y sus responsables inmediatos: alumnos, padres, equipos directivos y administración. 1. CONFLICTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS 1.1. Problemas para dar clase (25%) Así como en cursos anteriores se percibía un descenso porcentual de las conductas disruptivas que imposibilitaban al profesor dar clase en algunos grupos, en este curso los datos recopilados reflejan una ligero inversión en esta tendencia del 23% se pasa 25%. Dos son las principales causas a las que el profesorado atribuye esta tendencia. Por una parte la masificación de alumnos por aula que se produce en algunos casos por el aumento de la ratio y por otra el incumplimiento sistemático de las normas de convivencia que en algunos centros se lleva a cabo. La realidad del día a día en las aulas nos enseña que los problemas para dar clase, si no se actúa con determinación desde el primer momento y se toman medidas, van en aumento a lo largo del curso escolar. Una vez que en algún grupo se ha desencadenado la problemática es muy difícil, casi imposible controlarla. Cuando los alumnos comprueban que a pesar de existir un decreto de convivencia, en el centro no se aplica y que sus actuaciones quedan sin sanción alguna, que sus padres defienden y disculpan sus conductas antisociales o que la dirección del centro deja indefenso al profesor, se sentirán reforzados y tenderán a repetir sus actuaciones para dejar claro quién es el que controla al grupo. Por otra parte, al desautorizar al profesor, se propiciará que el resto del alumnado, poco a poco, vaya traspasando la línea roja del respeto, haciendo las clases ingobernables. Esta situación tiene connotaciones negativas no solo para el profesor sino también para el resto de los alumnos que sufre las consecuencias: el clima que se establece en las aulas en estos casos dificulta la convivencia, el estudio, el trabajo y el aprendizaje. El porcentaje -como vemos- sigue siendo todavía elevado y es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el profesorado de todos los niveles, principalmente en los cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Compensatoria y PCPI, pero también existen denuncias al respecto, aunque en menor

18 17 grado, en Infantil, Primaria y ciclos formativos. Llama la atención que esta mala práctica esté tan extendida sobre todo, si, como en los tres últimos casos, estamos hablando, por un lado de niños de muy corta edad, y por otro, de personas adultas que actúan como adolescentes. La crisis económica se hace también presente en los problemas de convivencia. La ausencia de salidas laborales está incidiendo en las características de cierto tipo de alumnado, que, sin interés alguno, se matricula en enseñanzas de ciclos formativos y proyecta su malestar, frustración y falta de expectativas hacia el profesorado, manifestando, a pesar de ser mayores de edad, una actitud hostil y de enfrentamiento continuo. Esta situación de desobediencia, enfrentamiento y falta de respeto, además de conculcar el derecho a la educación del resto del alumnado, es el origen de muchos otros conflictos donde tomarán parte alumnos, padres y administración. El profesor con frecuencia, por el mero hecho de intentar mantener un clima de convivencia adecuado en la clase, de procurar como educador que sus alumnos cumplan con unas obligaciones que redunda en beneficio de todos: mantenimiento de una actitud correcta en clase, trato correcto hacia sus compañeros y hacia el profesor, ser puntual, realizar los trabajos encomendados por el profesor dentro y fuera de clase, cuidado de las instalaciones y materiales del centro llega a sufrir actos violentos, bien sea de palabra, en forma de insultos y amenazas o de obra, con falsas denuncias, daños en su propiedad y, en casos extremos, agresiones físicas. CASO 1 Imparto clases en un IES. Realmente me lo estoy pasando mal y no sé muy bien cómo enfrentar la situación. Uno de los grupos que tengo asignados de segundo de la ESO se me ha ido de las manos. Lo que comenzó con malas contestaciones y faltas de respeto de dos alumnos se ha convertido en algo habitual dentro del grupo: pies encima de la mesa, salidas de tono, insultos entre los alumnos en voz alta, comentarios hirientes hacia mi persona con el consiguiente alboroto y risotadas. Pues bien, esta mañana se ha dado un paso más: uno de estos alumnos, me ha llamado hijo de puta y me ha lanzado una silla y su mochila. Esta reacción tuvo lugar cuando yo, ya harto de aguantar los fuertes golpes que estaba dando en la mesa con una regla a modo de tambor y después de decirle varias veces que se callara le dije que saliese de clase. El, en actitud desafiante, me contestó que no se iba y a continuación han tenido lugar los

19 18 hechos que te he descrito. Al alumno le he puesto un parte, pero mi duda es si desde la dirección van a tomar cartas en el asunto ya que no es la primera vez que pongo en su conocimiento actuaciones vejatorias de los alumnos y no se ha aplicado ninguna sanción y eso que figuran como faltas graves en nuestras normas de convivencia. Como resultado de esta situación he sufrido una crisis de ansiedad y he tenido que acudir al médico. Los datos recopilados al respecto a lo largo de este curso podrían inducirnos a un error de bulto y conducirnos a cuestionar la efectividad de una normativa que no consigue erradicar de los centros educativos este tipo de actuaciones que tanto perjudican al profesor y al conjunto del alumnado; pero lo cierto es, y así lo corroboran las manifestaciones que nos hacen los profesores, que gracias a la nueva normativa de convivencia, se pueden atajar situaciones concretas. Cuando ante las actuaciones de un alumno insolente, agresivo, que amenaza, falta al respeto o intenta boicotear la clase, se adoptan inmediatamente medidas sancionadoras, como expulsión inmediata de la sesión de clase, se consigue seguir la clase con normalidad algo que beneficiará al resto. También es cierto que al establecer la normativa claramente las competencias y las actuaciones a seguir por el profesorado, este no necesita recurrir más que a la ley para aplicar la norma. El problema, y de aquí surgen la mayoría de las denuncias, se suele plantear cuando por comodidad, dejación de funciones o por miedo a tener problemas con los padres, desde la dirección o administración educativa no se aplica o se aplica parcialmente la normativa en vigor. Estas actuaciones causan al profesor un perjuicio irreparable: ante la desautorización que recibe de padres y superiores, acaba intentando sobrellevar lo mejor posible la situación soportando situaciones que para nada benefician al proceso educativo, a él o a los propios alumnos. Los responsables de la educación no son conscientes de que con estos comportamientos al final consiguen que el alumno, al percibir su impunidad, incorpore dicha conducta a su forma habitual de actuar, con la seguridad de que la repetición de la misma no va a acarrearle ninguna consecuencia negativa. Al final lo único que se ha conseguido es perjudicar a todos los alumnos, a la vez que desacreditar y desautorizar al profesor. Por lo tanto resulta del todo contraproducente que la norma exista y que esta no se cumpla. Como solución a esta situación seguimos reclamando la necesidad de especialistas en los centros - orientadores, PTSC - que trabajen mano a mano con profesores y padres con el objetivo de hacer efectiva una modificación de conducta en este grupo de

20 19 alumnos, que aunque minoritario, causan un efecto altamente negativo en sus compañeros e impiden que se lleve con normalidad la enseñanza en las aulas. Por otra parte, se vuelve a echar en falta una verdadera reforma educativa que contemple la posibilidad de abrir caminos y expectativas donde se tengan presentes las aptitudes y los intereses de los alumnos. Este aspecto, además de beneficiar al conjunto del alumnado, serviría en cierta medida para evitar una situación muy común en nuestras aulas: falta de atención, desinterés, esfuerzo nulo, ausencia de claridad respecto a sus objetivos en los estudios Es cierto que tanto el niño como el adolescente tienden a buscar la gratificación inmediata y los logros fáciles y esta concepción de la vida es la que plasman en su forma de actuar, tanto en su entorno social como en el centro escolar y más concretamente en el aula; pero como educadores -y la sociedad así lo debe de entender- si realmente queremos obtener en un futuro personas responsables y formadas, tenemos la obligación de educarles en la cultura del esfuerzo, del respeto, la autodisciplina y el trabajo bien hecho y exigirles el cumplimiento de unas normas de convivencia imprescindibles en toda relación humana Conductas agresivas que llevan a cabo alumnos de forma generalizada hacia alumnos y profesores (14%) A pesar de las campañas de concienciación y de los esfuerzos que se llevan a cabo para erradicar de los centros educativos el acoso escolar, a lo largo de este curso hemos recibido un 14% de llamadas frente al 12% del curso anterior que denuncian en mayor o menor grado estas malas prácticas. No debemos pasar por alto el hecho de que existe un grupo de alumnos y alumnas que presentan conductas disruptivas, que agreden, amenazan, intimidan o acosan, a veces a sus profesores, pero también a sus compañeros. Lo cierto es, por desgracia, que algunos alumnos tienen que soportar estas conductas intimidatorias de sus compañeros, haciéndoles en muchas ocasiones sentir miedo de acudir al centro. Ante estas situaciones, provocadas generalmente por los mismos alumnos que mantienen también ese comportamiento de enfrentamiento con el profesor, hay que actuar con celeridad y contundencia, abriendo una investigación y poniendo en marcha de forma escrupulosa los protocolos de convivencia que están establecidos en el centro al respecto.