Centrales Receptoras de Alarmas

Transcripción

1 Centrales receptoras de alarmas Un reto de adaptación al cambio En los últimos años, las centrales receptoras de alarmas han realizado grandes esfuerzos para adaptarse a la regulación y a los avances tecnológicos que han surgido. Ahora, con la nueva Ley de Seguridad Privada en ciernes, dichas empresas tendrán que hacer frente a importantes cambios que redefinirán el concepto de este negocio. Para analizar los principales retos, Seguritecnia y la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES) organizaron en septiembre un desayuno de trabajo en el que quedaron patentes las necesidades de esta especialidad. Alter Technology Tüv Nord SAU y Security Cloud Services patrocinaron el encuentro. Por Enrique González Herrero Durante años, el principal caballo de batalla de las centrales receptoras de alarmas (CRA) ha sido la reducción del número de alertas falsas comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE). Aunque hoy en día el problema persiste, la entrada en vigor de la Orden Ministerial sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en 2011, unida a los esfuerzos realizados por los propios centros para mejorar sus protocolos y tecnologías, ha permitido que remita significativamente. Lo que antes era una obsesión que copaba toda la atención de las CRA, ahora deja margen para que otros temas compartan ese protagonismo. El Proyecto de Ley de Seguridad Privada es, sin duda, el más sensible en este momento dado que el futuro inmediato de estos centros estará marcado por la nueva norma, en tres sentidos de manera especial. Por un lado, en lo que se refiere al personal encargado de las alarmas, las CRA podrían pasar de contar con operadores a tener que contratar a vigilantes de seguridad si la ley se queda tal y como el Gobierno la presentó al Parlamento. En segundo lugar, las compañías que se dedican a la gestión de las alarmas consideran que el régimen sancionador de la nueva ley es desproporcionado en comparación con el volumen de mercado que mueve esta actividad. Además, se quejan de que la Administración les haga responsables tanto de sus obligaciones, como de las de usuarios o instaladores de sistemas. Por último, la ampliación de las actividades que podrán desarrollar las CRA, como la atención de alarmas de tipo técnico o asistencial, ha sido muy bien recibidas como cabía esperar porque aumentará el mercado al que podrán dirigirse, pero, eso sí, supondrá para ellas un importante reto de adaptación en diferentes vertientes. En definitiva, las CRA se encuentran en un momento crucial en el que el resultado final del texto de la nueva Ley de Seguridad Privada podría redefinir tanto el concepto de negocio de este servicio como la estructura de las compañías que lo prestan. Esta idea abarcó gran parte del desayuno de trabajo organizado el 26 de septiembre por Seguritecnia y la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES), que reunió en una misma mesa a representantes de CRA, fabricantes de tecnologías, instaladores y miembros de las FCSE. El resultado fue un diálogo en el que no sólo se habló de las incertidumbres que desprende la reforma de la ley, sino también de otros aspectos importantes para estos centros, como la certificación de los productos y sistemas de alarma o las nuevas tecnologías que se incorporan a este sector. La mesa estuvo compuesta por el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Luis González Pernía, de la Unidad Central Seguridad Privada (UCSP); el teniente coronel José Antonio Montero, miembro del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil; Antonio Ávila, presidente de AES; Juan Jerez, director de Sistemas 46 PATROCINADO POR:

2 Luis González Pernía Inspector jefe de la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía. José A. Montero Teniente coronel del SEPROSE de la Guardia Civil. Juan Jerez Director de Sistemas de Seguridad y Consultoría de Eulen Seguridad. de Seguridad y Consultoría de Eulen Seguridad; Antonio Escamilla, director general de Bosch Security Systems y vicepresidente de AES; Jesús Alonso, director del Área de Particulares de Segur Control; Javier Lorente, director general de ADI Global Distribution; José Ramón Becerra, jefe de Televigilancia de la CRA de Gunnebo España; Pedro Ibarrondo, presidente de Security Cloud Services (SCS); Javier Badiola, gerente de IBS Iberia y partner tecnológico de SCS; José A. Montori; director de Operaciones en Europa de Bold Technologies; Alejandro Guerra, socio director de Corporate Compliance Abogados y asesor jurídico de SCS; y Julián Gallego, Testing & Certification Commercial Manager de Alter Technology Tüv Nord SAU. Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES, y Ana Borredá, directora de Seguritecnia, moderaron el debate. Retos normativos Como preludio al debate, Antonio Ávila informó de la reunión que AES ha mantenido recientemente con los ponentes del Partido Popular para el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, en la que los representantes políticos se mostraron receptivos a sus propuestas. En el encuentro, se abordaron cuestiones relacionadas con los operadores de las CRA, servicios de verificación personal de alarmas, la certificación de productos o el conflicto que existe entre la nueva norma y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). El inspector jefe Luis González apuntó que el CNP ya está trabajando sobre algunas ideas para el Reglamento de Seguridad Privada que podrían matizar las cuestiones relacionadas con el servicio de acuda de vigilantes con armas. Sin embargo, consideró que si no se produce ninguna modificación respecto a los operadores en el Parlamento será difícil variar en ese sentido la nueva ley con posterioridad. Antonio Escamilla explicó que ese asunto es especialmente delicado porque las CRA emplean en la actualidad a personas con discapacidad que en el futuro no podrían trabajar como vigilantes de seguridad. Ante esta tesitura, AES ha propuesto como alternativa a las disposiciones del proyecto de ley que se incluya a los operadores entre el personal de seguridad privada. José Ramón Becerra, por otro lado, opina que el perfil profesional del gestor de las CRA viene definido por las funciones que tiene que desempeñar en su puesto y los conocimientos especializados que posea, más cuando la norma va a permitir prestar atención a las alarmas técnicas o asistenciales. Por ello, defendió: dependiendo del tipo de servicio, tenemos que seleccionar a la persona más capacitada, que no necesariamente tiene que ser un vigilante. Además, el representante de Gunnebo declaró no cree que exista valor añadido en el hecho de que sean vigilantes de seguridad quienes atiendan las alarmas en una CRA. Pedro Ibarrondo añadió que las centrales tienen una alta especialización en su materia, lo que requiere que exista flexibilidad a la hora de contratar al perfil más adecuado. En esa línea, Jesús Alonso indicó que el tratamiento de las alarmas está ahora más tecnificado que hace años y se utilizan herramientas cada vez más complejas. Lo adecuado para este profesional sería dotar al puesto de operador de más dignidad y crear un fondo de formación. Antonio Ávila defendió que las empresas sean libres de escoger al personal que quieran. El presidente de AES criticó el excesivo control que existe sobre las empresas de seguridad privada cuando otros sectores igualmente delicados no se encuentran sometidos a tantos requisitos legales. Le dio la razón el asesor jurídico Alejandro Guerra, para quien la Seguridad Privada es un sector jurídicamente muy regulado porque es un PATROCINADO POR: 47

3 Antonio Escamilla, Director general de Bosch Security Systems. tema muy sensible. El asesor jurídico apuntó la necesidad de hacer cambiar de mentalidad al legislador y a la propia UCSP para que exista mayor flexibilidad. Protección de datos Otro de los temas en torno al Proyecto de Ley de Seguridad Privada en los que coinciden las CRA es la desproporción del régimen sancionador. Sin embargo, las multas derivadas de la aplicación de esa norma no son las únicas que afectan a sus bolsillos. Las centrales están sometidas también a la estrecha supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos para que cumplan la LOPD, una ley que genera muchas dudas para estas compañías, especialmente en lo relacionado con la videovigilancia. Como solución al problema de la protección de datos, AES propone que la nueva Ley de Seguridad Privada delimite de manera particular los espacios hacia los que tienen que estar orientadas las cámaras, para que así no se infrinja la LOPD en ningún supuesto. El inspector jefe Luis González se mostró partidario de que se regule en ese sentido. Para el teniente coronel José Antonio Montero, la cesión de imágenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no genera ningún problema relacionado con la protección de datos, puesto que la LOPD contempla esa posibilidad. Y además, añadió que el Proyecto de Ley de Seguridad Privada ya recoge cuáles son los límites para la videovigilancia. Juan Jerez, por el contrario, afirmó que la norma queda a la libre interpretación, lo que en la práctica hace dudar a las empresas y, finalmente, se producen sanciones. El representante de Eulen Seguridad plantea la conveniencia de que la normativa defina de manera específica términos como proporcional o idoneidad, entre otros. Jesús Alonso, por otra parte, criticó que se haga responsable a las CRA de algunos aspectos que escapan a su control, como por ejemplo el nivel de Ana Borredá, directora de Seguritecnia, y Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES. Jesús Alonso, Director del Área de Particulares de Segur Control. calidad de la tecnología que instala el usuario para proteger su establecimiento. Por ello, solicitó por que se mejore la regulación sobre las características que deben reunir los sistemas y dispositivos de videovigilancia conectados a las centrales. Sobre este punto, José A. Montori apostó por que se regule de tal manera que según el grado con el que esté homologada una CRA pueda o no gestionar distintos perfiles de instalaciones en función del riesgo. El responsable de Bold Technologies opina que con este criterio se evitarían conflictos con aquellas CRA que cuentan con pocos recursos, pero en conjunto abarcan una parte significativa de la cuota de mercado. Para Javier Lorente otro problema relacionado con ese tema es que, a pesar de que se exige a los fabricantes que certifiquen sus desarrollos, a la hora de la verdad la Administración no controla si los productos que se instalan reúnen los requisitos. La ley sólo se aplica cuando ocurre un suceso importante, pero no en el momento de la instalación, lamentó el director general de ADI Global Distribution. Antonio Escamilla se mostró de acuerdo, y añadió que AES ha impulsado en instancias europeas la normalización de productos. Un ejemplo palmario de ese esfuerzo se produjo 48 PATROCINADO POR:

4 Javier Lorente Director general de ADI Global Distribution. durante la gestación de la Directiva Europea de Servicios, conocida como Ley Ómnibus, cuando la asociación promovió que se exigiera la normalización dentro de esa ley, con el objetivo de defender a las empresas que certifican sus productos frente a las que ofrecen menos calidad a bajo coste. Para los instaladores era positivo en el sentido de que obligaba a utilizar un estándar de producto y de servicio que ponía unas mismas normas para todos, argumentó. A pesar de ello, desde su punto de vista, queda camino por recorrer. Según Alejandro Guerra, este tipo de casos se dan con frecuencia debido al modelo legislativo español. Europa nos obliga a trasponer leyes, pero el problema muchas veces es que no tenemos el músculo para asumirlas, explicó. El abogado calificó estas normas de leyes pantalla dado que contentan a Europa, pero luego no pueden aplicarse realmente en España. Por otro lado, Julian Gallego estableció una comparación entre el control al que están sujetas las CRA y las instalaciones de protección contra incendios. Según especificó el representante de Alter Technology Tüv Nord SAU, en este último sector hay una tradición de productos orientados a la normalización, pero no hay una exigencia para las instalaciones. En lo que se refiere a la especialidad de intrusión, ha- bría que ir a algo parecido. Que dentro de la Unión Europea haya unas normas que digan cómo tienen que ser los equipos, que haya una libre circulación de esos equipos, que estén etiquetarlos de forma que esté garantizado su correcto funcionamiento y que haya organismos que certifiquen las instalaciones. José Ramón Becerra solicitó que la nueva ley sea flexible y que acompañe a las posibilidades tecnológicas y de servicios de las compañías. Para este invitado, las CRA cuentan cada vez con mayores oportunidades de desarrollo de su negocio, sin embargo, si el Proyecto de Ley de Seguridad Privada no se modifica en lo concerniente al personal se van a limitar mucho las posibilidades de que estas empresas puedan profesionalizarse y especializarse. Becerra propuso también que existan modelos colaborativos para que las empresas no sólo compitan por el mercado, sino colaboren en aquellos nichos en los que no se hagan competencia. De esa forma, las compañías pueden hacer una labor de seguridad mucho más evolucionada que la que hay ahora mismo. José Ramón Becerra Jefe de Televigilancia de la CRA de Gunnebo España. Colaboración con FCSE La colaboración entre las CRA y las FCSE es inestimable a la hora de esclarecer muchos delitos, gracias a las imágenes que ceden las primeras a los cuerpos policiales. Sin embargo, esa relación ha estado marcada en gran parte también por las falsas alarmas, cuyos índices llegaron a ser insostenibles para la Administración. Para tratar de solucionar el problema, el Gobierno aprobó en 2011 la Orden Ministerial sobre funcionamiento de los sistemas de alarma, con la que trató de solucionar esa situación. Después de dos años, los primeros resultados son satisfactorios, como señaló en el desayuno el teniente coronel José Antonio Montero. Este profesional desgranó algunas de las principales conclusiones del seguimiento realizado por la Guardia Civil a la orden ministerial dentro de su demarcación. Según los datos del informe elaborado respecto a este asunto, entre 2011 y 2112, el número de alarmas comunicadas a las FCSE descendió un 51 por ciento. De ellas, las alertas reales se han incrementado un 2,72 por ciento, mientras que las falsas han disminuido un 57 por ciento. Por otro lado, señaló que el total de las alarmas no comunicadas a las FCSE aumentó en 111, pasando de 532 en 2011 a 643 en Un dato revelador cuya explicación podría estar en la adaptación de las empresas al sistema de verificación que establece la orden ministerial. Otro dato que ofreció el invitado está relacionado con las denuncias a las CRA. Según señaló, estás han disminuido también en un 45 por ciento (de 663 en 2011 a 360 en 2012). Esto supone sólo un dos por ciento de denuncias en caso de falsa alarma, enfatizó. El teniente coronel de la Guardia Civil indicó que el estado anterior de esta situación era insostenible por la distorsión que ocasionan las falsas alarmas en los servicios de las FCS y por el coste económico que supone para la Administración. Aseguró al final de su intervención que la Guardia Civil está estudiando 50 PATROCINADO POR:

5 Javier Badiola, Gerente de IBS Iberia. la posibilidad de suscribir convenios con empresas para que la Benemérita pueda disponer de más información en sus centros operativos de servicio sobre las alarmas. La nueva Ley de Seguridad Privada recoge un régimen sancionador en el que se considera infracción muy grave la no comunicación de una alarma real a las FCSE y grave la trasmisión de una falsa alarma. Las multas podrían ir de a euros en el caso de las primeras y de a euros en el caso de las segundas. Cantidades que las CRA consideran desproporcionadas. Jesús Alonso sostiene que es llamativo que el mayor número de supuestos que recoge el proyecto de ley por los que se impondría una sanción corresponde a infracciones muy graves. Para este invitado, la disposición no sólo es desproporcionada en cuanto al coste económico de las sanciones, sino también en los puntos que son considerados graves y leves. Añadió además en el desayuno que las sanciones por falsas alarmas son más cuantiosas que la recaudación por la cuota la propia conexión. Ante estas críticas, el inspector jefe Luis Pernía defendió que hay que tener en cuenta que cuando se produce una falsa alarma la sanción no se aplica de manera automática, se José A. Montori, Director de Operaciones en Europa de Bold Technologies. deja un margen para que la instalación lo solucione. El responsable policial matizó que una falsa alarma no significa necesariamente la imposición una sanción muy elevada. Igualmente, el representante del CNP recordó que las Orden Ministerial sobre sistemas de alarma fue acogida con alborozo por el sector, y advirtió que una falsa alarma no sólo supone un coste económico para la Administración, sino que también va en detrimento de los recursos humanos disponibles para atender la seguridad ciudadana. Enlazando con el tema de la verificación policial, Juan Jerez aseveró que la tecnología está sustituyendo a los acudas personales. Esta herramienta era muy útil durante muchos años, reconoció; sin embargo, considera que ahora no lo es tanto gracias a los sistemas de verificación que existen. Según este profesional, los servicios de acuda tienen un coste muy elevado, que no es tanto si se recurre a las tecnologías. En ese sentido, Pedro Ibarrondo propone un nuevo modelo para reducir el coste de los acudas para las CRA, que pasa por acuerdos con empresas locales que den servicio de proximidad. Contratar a pequeñas compañías permitiría dinamizar el mercado. Alejandro Guerra, Socio director de Corporate Compliance Abogados. Certificación Con la Orden Ministerial sobre sistemas de alarmas se reguló otro aspecto importante para el mantenimiento de la calidad de los productos utilizados para la detección y verificación, la certificación de los productos. No obstante, varios de los presentes en el desayuno lamentaron que en el mercado sigan circulando productos que no se ajustan a la legislación. Antonio Escamilla explicó que las tecnologías para las alarmas salen de las fábricas ensayados y cumpliendo la norma, pero no certificados. Esto supone para las compañías que operan en España un gasto de certificación que antes no tenía y que no todos asumen por igual. Por eso solicitó que se aumenten las inspecciones sobre las instalaciones. Escamilla, no obstante, dejó claro que son los propios fabricantes quienes defienden que haya certificados en el mercado para que todo el mundo juegue en la misma liga. Luis González se mostró de acuerdo en la necesidad de incrementar el número de inspecciones y aseguró que el CNP está formando a sus agentes para llevarlas a cabo. El inspector jefe apuntó que fabricantes, instaladores y usuarios han de asumir su responsabilidad. Los productos instalados que no cumplan la norma habrá que retirarlos, sentenció. PATROCINADO POR: 51

6 Pedro Ibarrondo Presidente de SCS. El responsable policial también consideró que es necesario que las empresas fabricantes lleven a cabo una labor de formación con las empresas instaladoras. Según el invitado, existe mucho desconocimiento en relación con los certificados de los productos. Por otro lado, algunos profesionales opinan que el plazo de dos años que se dio a las empresas para que adaptaran sus medidas de seguridad electrónica y los sistemas de alarma instalados antes de la entrada en vigor de la orden ministerial no era suficiente. Jesús Alonso piensa que se ha pecado de precipitación y se pregunta por qué se dio tan poco tiempo si no hay nadie preparado, ni siquiera la Administración. Lo cierto es que, transcurrido el bienio, el Ministerio del Interior ha aprobado una moratoria de ocho años más al periodo de adaptación de las empresas a través de la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio. Javier Lorente apostó por que exista un mayor dinamismo a la hora de certificar dado que los productos evolucionan de un año para otro. No obstante, el responsable de ADI Global destacó como otro factor que ha dificultado un mayor ritmo en las certificaciones la avalancha de peticiones que han recibido los laboratorios. Julián Gallego subrayo que el producto va por delante de la norma, es- Julián Gallego Testing & Certification Commercial Manager de Alter Technology Tüv Nord pecialmente en el caso de la tecnología para circuito cerrado de televisión. Algo con lo que coincidió Antonio Ávila, para quien los temas relacionados con la normalización y las tecnologías debe depender del Ministerio de Industria. El presidente de AES explicó que en los múltiples grupos de trabajo para la elaboración de normas en los que ha participado, cuando finalmente se consigue redactar una norma para un producto, resulta que ya ha salido al mercado tecnología novedosa que puede sustituir a la anterior. Para cerrar el bloque dedicado a la certificación, Antonio Escamilla explicó que incluso existen tecnologías innovadoras especialmente de videovigilancia que no se pueden incorporar a determinados establecimientos obligados porque la legislación de seguridad privada no contempla sus características, aunque sean beneficiosas para el usuario. Nuevo modelo Una actividad tan tecnificada como las CRA requiere de una constante actualización e innovación. Las centrales buscan nuevos modelos de gestión para diferenciarse y para prestar un servicio cada vez más innovador y más eficiente en costes para sus abonados. Con la nueva Ley de Seguridad Privada, además, esa necesidad será aún ma- Antonio Ávila Presidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad. yor para aquellas centrales que quieran atender alertas técnicas o asistenciales y adaptarse a la nueva reglamentación de verificación de alarmas. Desde esa perspectiva, una de las partes más sensibles es el plan de recuperación en caso de desastre, que requiere de las mejores tecnologías y protocolos para garantizar la continuidad de las comunicaciones y de la actividad. Mantenerse al día en los nuevos productos y plataformas que soportan la recuperación y el almacenamiento de los datos requiere elevados costes para las CRA que son difíciles de amortizar. Frente a eso, Pedro Ibarrondo planteó un modelo basado en la externalización de servidores y de servicios en un CPD de alta seguridad. La propuesta de este invitado consiste en que las empresas suscriban acuerdos de colaboración para que las CRA puedan apoyarse entre ellas en todo aquello que no forme parte de su core bussines, externalizando aquellos servidores y servicios que puedan ser externalizados sin comprometer el núcleo de negocio fundamental de las CRA. Así, por ejemplo, una CRA podrá compartir la plataforma tecnológica con otras para prestar servicios de videoverificación de última tecnología; si se produce una caída de los sistemas de una de las centrales, ésta puede mantener el servicio a través de otra 52 PATROCINADO POR:

7 CRA de backup hasta que se reanude la actividad. Esto se puede conseguir a través de las tecnologías de virtualización en la nube en un Servicio Centralizado de Seguridad creado para tal efecto, que proporciona un plan de continuidad de negocio y de recuperación de datos. Desde el punto de vista del presidente de SCS, esta propuesta dinamizará el mercado y beneficiará a todas las partes. A las empresas, concretamente, les permitiría compartir costes operativos y de infraestructura. Además supondría, por un lado, un ahorro para aquellas CRA que quieran subcontratar servicios en sus momentos escasa actividad (los fines de semana y festivos) y, por otro, una oportunidad de generar ingresos para las CRA especialistas que presten servicios en ese periodo. Esta opción suscitó mucha expectación y algunas dudas de carácter legal, que despejó Alejandro Guerra. El principal obstáculo está relacionado con el artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, que indica: La CRA deberá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no podrán ser en ningún caso menos de dos por turno [ ]. Guerra sostiene que la norma no especifica que esos dos operadores como mínimo tengan que estar en la misma CRA y aseguró que la UCSP no ha encontrado reparos a esta interpretación de la ley. José Ramón Becerra apuntó que para las CRA diversificar servicios equivale a realizar importantes esfuerzos de inversión en equipamiento y especialización. Por eso, se mostró a favor de que exista colaboración entre empresas mediante acuerdos que beneficien a todas las partes y generen una confianza mutua. Tenemos que romper barreras psicológicas y no ver al competidor como un enemigo sino como un posible aliado en algunos momentos para poner en marcha un nuevo servicio, recalcó. Javier Badiola reconoció que la tecnología que existe actualmente permite desarrollar esta propuesta. En la me- dida en que podamos trasladar tecnología a un punto donde tenga más valor, la colaboración entre diferentes empresas será rentable, manifestó. Añadió que un modelo de colaboración de este tipo dependerá del contenido de los acuerdos que alcancen las CRA. A pesar de las primeras valoraciones, algunos invitados se preguntaron quién asumiría las responsabilidades de cara al cliente y a la Administración cuando una empresa está prestando servicio a un abonado que pertenece a otra CRA. Alejandro Guerra aclaró que se observarían dos tipos de responsabilidad: una con el usuario, cuya responsabilidad sería de la CRA que tiene el servicio contratado, y otra con la Administración, que conocerá a través de los contratos que suscriban las CRA asociadas cuál de ellas está prestando servicio en cada momento. José A. Montori opina que la solución es buena, pero advierte de que hay que tener en cuenta la protección de datos y los problemas de conectividad que pueden surgir para los operadores. Por ello, consideró que es oportuno aclarar un poco más los aspectos legales, especialmente aquellos relacionados con la LOPD. Pedro Ibarrondo aseguró que el cumplimiento es sencillo y está contemplado en el marco jurídico que SCS ha elaborado para sus clientes a través de un contrato específico acorde con dicha ley. Respecto a la conectividad, Javier Ba- diola indicó que no deben existir dudas sobre esta cuestión puesto que la tecnología ya las ha superado. Afirmó que SCS dispone de sistemas redundantes de conectividad y, en el caso de catástrofe por caída total de comunicaciones, se reconfigura la infraestructura de manera que permita actuar desde una CRA donde la disponibilidad de las comunicaciones no haya tenido incidencia. Juan Jerez manifestó que el proyecto es positivo y, aclaradas ya las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, no encontrará problemas. Por último, Javier Lorente indicó que evolucionar es bueno, aunque también opina que hay cosas que matizar. Como parte más positiva de esta propuesta, el director general de ADI Global señaló que contribuirá a romper barreras tecnológicas y dará acceso a tecnologías punta a un mayor espectro del mercado. De esta manera se llegaba al fin del desayuno de trabajo dedicado a las CRA, que tienen por delante un futuro lleno de oportunidades de desarrollo aunque también de desafíos, como saber adaptarse a la nueva legislación y a los avances sociales que se van produciendo. Iniciativas, como quedó patente en el encuentro, no faltan; ni tampoco ganas de avanzar por parte de una de las especialidades de la seguridad privada que más ha evolucionado a lo largo de los últimos años. S 54 PATROCINADO POR: