MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO Voto Nº

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1 MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO 2009 Voto Nº Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas del dieciséis de noviembre del dos mil nueve. Denuncia interpuesta por la ASOCIACION COSTARRICENSE DE AGENTES DE SEGUROS PRICOSE, cédula jurídica tres- cero cero dos- trescientos treinta y siete mil seiscientos siete, en representación de NORMAN MADRIZ URENA, cédula de identidad uno- ochocientos- novecientos setenta y siete, JORGE QUESADA ROLDAN, cédula de identidad uno- quinientos catorceochocientos cuatro, VÍCTOR ROLDAN AGUILAR, cédula de identidad uno- trescientos cuarenta y dos- setecientos veintiuno, JORGE SOLIS JAIME, cédula de identidad uno- novecientos cincuenta y cinco- cuatrocientos noventa y seis, RODRIGO ARAYA INCERA cédula de identidad unotrescientos cincuenta y cinco- ochocientos uno y LUIS ALVARADO SEGURA, cédula de identidad nueve- cero cincuenta y cinco- cero veinticuatro contra COMPRAMERICA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos, por supuesto incumplimiento de contrato y falta de información, establecido en el artículo 34 incisos a) y b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de

2 COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas del dieciséis de noviembre del dos mil nueve. Denuncia interpuesta por la ASOCIACION COSTARRICENSE DE AGENTES DE SEGUROS PRICOSE, cédula jurídica tres- cero cero dos- trescientos treinta y siete mil seiscientos siete, en representación de NORMAN MADRIZ URENA, cédula de identidad uno- ochocientos- novecientos setenta y siete, JORGE QUESADA ROLDAN, cédula de identidad uno- quinientos catorceochocientos cuatro, VÍCTOR ROLDAN AGUILAR, cédula de identidad uno- trescientos cuarenta y dos- setecientos veintiuno, JORGE SOLIS JAIME, cédula de identidad uno- novecientos cincuenta y cinco- cuatrocientos noventa y seis, RODRIGO ARAYA INCERA cédula de identidad unotrescientos cincuenta y cinco- ochocientos uno y LUIS ALVARADO SEGURA, cédula de identidad nueve- cero cincuenta y cinco- cero veinticuatro contra COMPRAMERICA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos, por supuesto incumplimiento de contrato y falta de información, establecido en el artículo 34 incisos a) y b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de RESULTANDO PRIMERO: Que el siete de septiembre del dos mil siete, la ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE AGENTES DE SEGUROS PRICOSE, en representación de NORMAN MADRIZ UREÑA, JORGE QUESADA ROLDÁN, VÍCTOR ROLDÁN AGUILAR, JORGE SOLÍS JAIME, RODRIGO ARAYA INCERA y LUIS ALVARADO SEGURA, interpuso denuncia contra COMPRAMÉRICA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, aduciendo en síntesis que: ( ) Nuestros asociados iniciaron una gestión ante la empresa mencionada para efectos de adquirir a través de nuestro financiamiento, ocho computadoras Laptop marca Toshiba Satéllite modelo A135-SP4058 ( ) Una vez obtenidas las cotizaciones respectivas y establecidos los precios, se coordinó que se debía de pagar la totalidad del precio para que remitieran las computadoras. De esa forma el día 7 de mayo del 2007 se giró cheque por la suma de , el día 14 de mayo del 2007 se giró la suma de y el día 22 de mayo la suma de , para un total de Las computadoras serían compradas por nuestros asociados a título personal: Norman Madriz Ureña ( ), Jorge Quesada Roldan ( ) Rodrigo Araya Incera ( ) y el suscribe (sic) Luis Alvarado Segura y los compañeros Víctor Roldan Aguilar ( ) y Jorge Solís Jaime ( ) dos unidades cada uno, para el total de las ocho unidades de computadoras. A partir del momento en que se pagó el dinero, empezó el problema de que no cumplieron con la fecha de entrega. Debemos de tener presente entre las copias de los documentos que estamos adjuntando, que Yesenia Arce, Asesora Personal de Compras de esa empresa, nos hizo la cotización el día 24 de abril del 2007 para entregar las máquinas 15 días hábiles después del pago completo, que se realizó como dijimos anteriormente el día 22 de mayo del año en curso. Al recibir la cotización, la Junta Directiva de la Asociación aprueba financiar dicha compra por un valor total de $ y como se indicó se procedió a su pago en colones. A partir de dicho momento comenzaron los incumplimientos de la empresa vendedora, quien nunca entregó la mercadería comprada. Tal y como demostramos con la prueba adjunta, comenzó una serie de correspondencia entre las partes que terminó con nuestra solicitud de que se nos devolviera el dinero y con la promesa de ellos de que iban a devolverlo, aspecto que lo han manifestado por correo electrónico y además por carta que se adjunta. La correspondencia por escrito que de devolverían el dinero, es de fecha 22 de agosto del 2007 mientras que la 2

3 correspondencia que devolverían el dinero a través de correos electrónicos es a partir del 10 de agosto, los cuales se adjuntan como prueba. Al día de hoy no se han entregado las computadoras ni se ha regresado el dinero ( ) (folio 01). En virtud de lo anterior, la asociación denunciante solicitó durante la audiencia oral y privada que le devuelvan la suma de tres mil seiscientos ochenta y tres dólares con diez centavos (folio 82). Aportan como prueba los documentos que se encuentran visibles a folios del expediente administrativo. SEGUNDO: Que mediante auto de las diez horas del once de febrero del dos mil ocho, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director se dio inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de las disposiciones del artículo 34 incisos a) y b) de la Ley 7472, el cual fue debidamente notificado a las partes involucradas (folios 67-74). TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la Administración Pública, se verificó a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de mayo del dos mil nueve, únicamente con la participación de la parte accionante (folios 75-83). CUARTO: Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Como tal y de importancia para la resolución de este asunto se tiene por demostrado: 1- Que la Asociación Costarricense de Agentes de Seguros Pricose, ASOCOPRICOSE, financió a los señores Norman Madriz Ureña, Jorge Quesada Roldán, Víctor Roldán Aguilar, Jorge Solís Jaime, Rodrigo Araya Incera y Luis Alvarado Segura, la compra de ocho computadoras portátiles marca Toshiba Satellite modelo A135-SP4058 (folios 01-02, 04, 10-12, 76 y 81). 2- Que la asociación denunciante pagó a la empresa Compramérica Costa Rica Sociedad Anónima, la suma total de seis millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco colones con sesenta y ocho céntimos ( ,68), a través de tres cheques girados los días siete, catorce y veintidós de mayo del dos mil siete (folios 01, 19-24, y 80-81). 3- Que el precio en dólares de las ocho computadoras, según la cotización hecha por la denunciada era la suma total de doce mil veintitrés dólares con ochenta y cuatro centavos ($12.023,84) (folios 10 y 77). 4- Que la compra se realizó en las oficinas de la empresa accionada (folio 81). 5- Que la empresa accionada nunca realizó la entrega real de los artículos comprados a los consumidores, a pesar de sus múltiples intentos por exigir el cumplimiento de lo contratado (folios 01-02, 19, 20, 25-52, 76, 77 y 79-80). 6- Que según manifestaciones de los representantes de la asociación denunciante, la empresa accionada devolvió a los consumidores la suma aproximada en colones de cuatro millones, quedando aún un saldo por devolver de tres mil seiscientos ochenta y tres dólares con diez centavos (folios y 79-82). SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: De relevancia para el esclarecimiento de este caso no existen. TERCERO. En el caso en estudio, el hecho denunciado se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, concretamente en el incumplimiento del artículo 34 incisos a) y b), es decir por falta de información e incumplimiento de las condiciones de la contratación. CUARTO. Sobre la relación de consumo: Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la sana crítica racional (artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública), 3

4 queda debidamente comprobada la existencia de la relación contractual entre las partes, toda vez que la asociación denunciante pagó a la empresa Compramérica Costa Rica Sociedad Anónima, la suma total de seis millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco colones con sesenta y ocho céntimos ( ,68), a través de tres cheques girados los días siete, catorce y veintidós de mayo del dos mil siete (folios 01, 19-24, y 80-81), por concepto de pago de ocho computadoras portátiles marca Toshiba Satellite modelo A135-SP4058, para sus asociados. Es dable aclarar e indicar de antemano, que la Asociación Costarricense de Agentes de Seguros Pricose, ASOCOPRICOSE, únicamente financió la compra de estos equipos de cómputo a los señores Norman Madriz Ureña, Jorge Quesada Roldán, Víctor Roldán Aguilar, Jorge Solís Jaime, Rodrigo Araya Incera y Luis Alvarado Segura, para que éstos últimos las destinaran para uso personal (folios 01-02, 04, 10-12, 76 y 81). La anterior relación de consumo quedó debidamente acreditada a través de los comprobantes de los cheques de fecha siete de junio, del catorce de junio y del veintidós de junio todos del dos mil siete (folios y 13-15). Asimismo, debemos indicar que el pago de las computadoras portátiles se dio en las oficinas de la accionada (folio 81) y que el precio se debía pagar en colones, empero la contratación se dio en dólares, según la cotización hecha por la denunciada, resultando que el precio total de las ocho computadoras, era la suma de doce mil veintitrés dólares con ochenta y cuatro centavos ($12.023,84) (folios 10 y 77). Ahora bien, el malestar de la asociación denunciante en representación de sus asociados consumidores, radica en el hecho de que la empresa accionada no cumplió con el plazo de entrega de dichos artículos, a pesar de las múltiples ocasiones en que intentaron contactarse con sus representantes para exigir una respuesta sobre las razones del incumplimiento (folios 01-02, 19, 20, 25-52, 76, 77 y 79-80). QUINTO. Sobre el incumplimiento contractual: Si bien es cierto en el presente asunto, la contratación se dio entre presentes, si es dable aclarar que la venta se llevó a cabo principalmente por la información que la empresa accionada otorgaba en su sitio web, en especial sobre las condiciones de la contratación, entre las cuales nos encontramos con el plazo de entrega de la mercadería, plazo que insoslayablemente se convierte en un elemento esencial de la contratación y por ende es ley entre las partes. En el tema concreto de la contratación de bienes y servicios por la vía electrónica, es indispensable proteger los intereses de los destinatarios de estos servicios, de forma que puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar o adquirir bienes y servicios por Internet. Cuando la contratación se efectúe con consumidores, esta Comisión en innumerables ocasiones ha indicado, que el prestador de servicios debe guiar suficientemente al comprador durante el proceso de contratación, indicándole detalladamente los pasos que se han de dar, pero principalmente, debe el comerciante entregar el bien o los bienes adquiridos conforme a lo pactado. En el presente asunto, como se indicó supra, los consumidores adquirieron ocho computadoras portátiles a través de un crédito concedido por parte de la Asociación Costarricense de Agentes de Seguros Pricose, cancelando por ellas la suma total de seis millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco colones con sesenta y ocho céntimos ( ,68), no obstante la accionada en ningún momento entregó la mercadería comprada de conformidad con lo pactado, sea en los quince días siguientes después de pagado el precio (folios 01-02, 19, 20, 25-52, 76, 77 y 79-80). Ahora bien, según las manifestaciones de los representantes de la asociación denunciante, en fechas posteriores al incumplimiento, la empresa accionada devolvió a los consumidores la suma aproximada de cuatro millones de colones, no obstante, debemos resaltar que aún existe un saldo pendiente por devolver y el cual corresponde a la suma de tres mil seiscientos ochenta y tres dólares con diez centavos (folios y 79-82). Tal situación indudablemente genera un incumplimiento contractual según lo indica el ordinal 34 inciso a) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, lo anterior repetimos, debido a que la empresa vendedora nunca realizó la entrega de dichos productos en el plazo 4

5 convenido al efecto ni devolvió la totalidad del dinero cancelado por los consumidores, tal y como lo denunció el representante de la asociación denunciante en su escrito de fecha siete de septiembre del dos mil siete, a la vez, no existe en autos ningún elemento probatorio que así lo indique. SEXTO. Sobre la falta de información: Asimismo, debemos acotar que el trámite seguido por la accionada para informar a los consumidores sobre el estado de su pedido, no fue el adecuado, toda vez que en ningún momento le indicó a la asociación denunciante sobre los motivos exactos del incumplimiento y en consecuencia, sobre el proceso de devolución del dinero, situación que indudablemente ubicaba a los consumidores en un estado de incertidumbre en cuanto a sus legítimos intereses económicos. Bajo esta inteligencia, no cabe duda de que nos encontramos en presencia de una infracción al artículo 34 inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Nótese que la empresa accionada en este caso, no ha demostrado en primer lugar que esta información relacionada al pedido hecho por los consumidores fue otorgada de forma eficiente, asimismo, tampoco demostró que la entrega real se realizó conforme a lo pactado, inclusive, es dable reiterar que de acuerdo a la prueba existente en autos, hasta el día de hoy la empresa accionada no ha cumplido totalmente con su obligación. En el presente proceso, el comerciante tenía el deber procesal de demostrar que la entrega real del bien se realizó conforme a lo pactado, o que en su defecto, el dinero se reembolsó a los consumidores de forma efectiva. No obstante, existe un vació probatorio que evidentemente es imputable al comerciante. En este sentido, se le indica a la empresa denunciada, que en el auto de apertura se le advirtió que debía presentar la prueba de descargo que considerara oportuna durante la audiencia oral y privada de la siguiente forma: (...) se les previene a las partes que en la comparecencia deberán aportar y evacuar toda la prueba pertinente, sin perjuicio de que lo puedan hacer por escrito antes de esa fecha (testigos, documentos, informes técnicos, peritajes, actas notariales, fotografías, entre otros). Durante la comparecencia, las partes podrán ofrecer, solicitar la admisión, y tramitar toda la prueba que el órgano director del procedimiento califique como pertinente; pedir testimonio a la administración, preguntar o repreguntar a testigos y peritos suyos o de otra parte; aclarar, ampliar o reformar la defensa inicial, proponer alternativas y sus pruebas y formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la comparecencia, lo anterior bajo sanción de caducidad del derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia (...) (folio 69). A pesar de las anteriores advertencias, ningún representante de la empresa accionada se presentó a la audiencia señalada al efecto, sea para desvirtuar los hechos de la denuncia o al menos a demostrar el cumplimiento de lo pactado. En este punto, debemos insistir que no se encuentra en autos, ningún medio probatorio (recibo de entrega de mercadería o testigos), que demuestren el cumplimiento de la obligación contraída por la accionada. SÉPTIMO. Establecido lo anterior, estima esta Comisión que la presente denuncia debe ser declarada con lugar, toda vez que con su actuar, la parte accionada incumplió con el ordinal 34 incisos a) y b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 y por ende, se le impone a dicha empresa denunciada, de conformidad con el artículo 57 inciso b) y 59 de la misma Ley, la sanción correspondiente. Esta se gradúa aquí en consideración tanto de la gravedad del incumplimiento como la participación del infractor en el mercado en la comercialización de artículos por internet, por lo que se fija en el monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL COLONES EXACTOS ( ,00), correspondientes a veinte veces el salario mínimo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, el cual al momento de los hechos fue de ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta colones ( ,00). Lo anterior sanción se impone, debido a la reincidencia de la empresa accionada. Igualmente se le ordena a dicha accionada, conforme con las potestades de este órgano y tomando en consideración la petitoria del denunciante, devolver a los consumidores a través 5

6 de la asociación denunciante, y en efectivo la suma total de tres mil seiscientos ochenta y tres dólares con diez centavos ($3.683,10). Dicha devolución deberá realizarse en el domicilio del representante legal de la asociación denunciante, esto es Guachipelín, Escazú, Urbanización Loma Real frente al Club Campestre José Martí. OCTAVO. Sobre el cobro de daños y perjuicios: Se le aclara a los accionante, que este aspecto se encuentra al margen de la competencia de este órgano, por expresa disposición de los artículos 46 y 53 párrafo final de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, según los cuales la Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia para conocer sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios invocados por los consumidores, toda vez que tales pretensiones son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales correspondientes, lo anterior en referencia a la petitoria de los consumidores visible a folio 82 del expediente administrativo. POR TANTO 1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por la ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE AGENTES DE SEGUROS PRICOSE, ASOCOPRICOSE, en representación de NORMAN MADRIZ UREÑA, JORGE QUESADA ROLDÁN, VÍCTOR ROLDÁN AGUILAR, JORGE SOLÍS JAIME, RODRIGO ARAYA INCERA y LUIS ALVARADO SEGURA, contra COMPRAMÉRICA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por incumplimiento de contrato y falta de información, según lo establecido en el artículo 34 incisos a) y b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y por lo tanto: a) Se ordena a la denunciada devolver a los consumidores, a través de la asociación denunciante, en efectivo, la suma total de tres mil seiscientos ochenta y tres dólares con diez centavos ($3.683,10), en el domicilio del representante legal de la asociación denunciante, esto es Guachipelín, Escazú, Urbanización Loma Real frente al Club Campestre José Martí. b) Se le impone la sanción de pagar la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL COLONES EXACTOS ( ,00), mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado, debiendo aportar a esta instancia el recibo original o copia debidamente certificada que acredite el pago de la multa. Contra esta resolución puede formularse recurso de reposición, que deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Lo anterior de conformidad con los artículos 64 de la Ley No y 343, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. 2- En este acto y con fundamento en el artículo 68 de la Ley No y 150 de la Ley General de la Administración Pública, se efectúa primera intimación al representante legal de la empresa COMPRAMÉRICA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, señor HORACE LYON SULLIVAN SELVA, cédula de identidad uno- mil veintiséis- mil ochocientos dieciocho, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta notificación, cumpla con lo aquí dispuesto o POR TANTO: (...) a) Se ordena a la denunciada devolver a los consumidores, a través de la asociación denunciante, en efectivo, la suma total de tres mil seiscientos ochenta y tres dólares con diez centavos ($3.683,10), en el domicilio del representante legal de la asociación denunciante, esto es Guachipelín, Escazú, Urbanización Loma Real frente al Club Campestre José Martí. b) Se le impone la sanción de pagar la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL COLONES EXACTOS ( ,00) ( ). Habiendo cumplido con lo ordenado, debe remitir documento que lo acredite a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en la ciudad de San José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora trescientos cincuenta metros al oeste, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto 6

7 en la presente intimación y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. De igual manera, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, a remitir el expediente al Ministerio Público por el delito de Desobediencia a la Autoridad contemplado en el artículo 307 del Código Penal, para que se investigue según corresponda. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE