MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO Voto Nº

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1 MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO 2009 Voto Nº Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil nueve Denuncia interpuesta por SONIA ARAYA RODRIGUEZ, cédula de identidad cuatro-ciento catorcesetecientos cincuenta y cinco contra PRICESMART (PRISMAR DE COSTA RICA, S.A.), cédula jurídica tres- ciento uno-doscientos treinta y un mil setecientos siete, por supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de

2 COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil nueve Denuncia interpuesta por SONIA ARAYA RODRIGUEZ, cédula de identidad cuatro-ciento catorcesetecientos cincuenta y cinco contra PRICESMART (PRISMAR DE COSTA RICA, S.A.), cédula jurídica tres- ciento uno-doscientos treinta y un mil setecientos siete, por supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de RESULTANDO PRIMERO: Que el siete de agosto del dos mil seis, SONIA ARAYA RODRÍGUEZ interpuso denuncia contra PRISMAR DE COSTA RICA S.A., aduciendo en síntesis: (...) Que el día 02/08/2006 compre (sic) varios productos en el Pricesmart. Que cuando me presente (sic) en la caja para cancelar cancele (sic) el total sobre todo lo que compré, sin embargo cuando llegue (sic) a mi casa me percate (sic) de que en ciertos precios me cobraron mas (sic) o bien me redondearon el precio, sin previa consulta o bien sin establecerlos redondeados en la etiqueta del producto situación que me paraece desfavorable para el consumidor, siento que es un engaño para el consumidor ya que no presentan el precio real de los artículos ( ) (folio 01). Por los hechos anteriores, la accionante solicita que se sancione a la empresa denunciada con la multa establecida de acuerdo a la ley (folio 01). Aporta como prueba los documentos que se encuentran visibles a folios bis del expediente administrativo. SEGUNDO: Que mediante resolución de las nueve horas del cinco de julio del dos mil siete, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director se dio inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de las disposiciones del artículo 34 de la Ley 7472, el cual fue debidamente notificado a las partes involucradas (folios 18-24). TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la Administración Pública, se verificó a las diez horas treinta minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil siete, sin la participación de las partes del procedimiento, a pesar de haber sido debidamente notificadas según consta en las actas de notificación respectivas visibles a folios (folio 26). CUARTO: Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Como tal y de importancia para la resolución de este asunto se tiene por demostrado: 1- Que el dos de agosto del dos mil seis, la denunciante realizó varias compras en la empresa denunciada PRISMAR DE COSTA RICA S.A. (folios 01 y 03). 2- Que el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo (DEPAC) realizó la verificación de hechos en la empresa denunciada el doce de setiembre del dos mil seis (folios 04-10). 3- Que la empresa accionada informaba al público en ciertos productos que vendía en su establecimiento comercial ubicado en Heredia, un precio diferente al al que se cobraba en las cajas (folios 01, 02 bis-03 y 06-10). SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Ninguno de relevancia para el esclarecimiento de este caso. 2

3 TERCERO. En el caso en estudio, el hecho denunciado se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, concretamente en el incumplimiento del artículo 34 incisos b) y h), es decir por falta de información y especulación. CUARTO. SOBRE LA FALTA DE INFORMACIÓN Y ESPECULACIÓN: Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la sana critica racional (artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública), queda demostrado que el dos de agosto del dos mil seis, la denunciante realizó varias compras en el establecimiento comercial de la empresa denunciada ubicado en Heredia (folios 01 y 03). Indica la denunciante en su memorial de denuncia, que luego de realizar las compras descritas se percató que en ciertos productos le cobraron de más, puesto que redondearon los precios, sin previa consulta o sin informarle nada al respecto, de ahí la procedencia de su malestar. De conformidad con la prueba documental que existe en autos, es evidente que a la consumidora se le cobró un monto mayor por productos que originalmente estaban marcados a un precio menor, en este sentido nótese que el filet corvina en la etiqueta del producto indica que su costo era de tres mil seiscientos setenta y dos colones con cincuenta céntimos ( 3.672,50) y en caja según tiquete de compra, se indica que se cobró la suma de tres mil seiscientos setenta y tres colones exactos ( 3.673,00), asimismo, el producto bistec adobado de res en la etiqueta del producto indica que costaba cuatro mil noventa y siete colones con cincuenta céntimos ( 4.097,50) y en cajas se cobró la suma de cuatro mil noventa y ocho colones exactos ( 4.098,00) y finalmente en el caso de la granadilla importada, en la etiqueta del producto indica que su costo era de mil novecientos veintiún colones con cincuenta céntimos ( ) y en el tiquete de caja indica que se cobró la suma de mil novecientos veintidós colones exactos ( ). En vista de lo anterior, la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión mediante resolución de las once horas quince minutos del treinta y uno de agosto del dos mil seis, le previno al Departamento de Polítuicas y Análisis de Consumo (DEPAC) que acudiera al local comercial denunciado a verificar los hechos denunciados (folios 04-06). En tal sentido, el DEPAC, mediante oficio DEPAC , de fecha trece de setiembre de dos mil seis, informó que efectivamente la empresa denunciada tenía a la venta ciertos productos a un costo distinto del originalmente anunciado. De la prueba documental aportada por el DEPAC, es dable resaltar el hecho que en fecha doce de setiembre del dos mil seis, el filet bolillo en la etiqueta del producto indicaba que su costo era de dos mil quinientos cuarenta y siete colones con sesenta céntimos ( 2.547,60), sin embargo por el mismo se cobró en cajas, la suma de dos mil quinientos cuarenta y ocho colones exactos ( ), el filet de corvina en la etiqueta del producto indicaba que su costo era de cuatro mil doscientos treinta y siete colones con cincuenta céntimos ( ), empero en cajas se canceló por ese producto la suma de cuatro mil doscientos treinta y ocho colones exactos ( 4.238,00). Con mucho más detalle, el oficio analizado expone lo siguiente: ( ) 1. No existe información visible al público consumidor sobre el sistema de redondeo que la empresa Price Smart Heredia, aplica en la cajas registradoras. 2. Efectivamente se comprobó que existe un redondeo en contra o a favor del consumidor de acuerdo al siguiente criterio Los productos cuyo precio de venta al consumidor termina en fracción de 0.50 céntimos hacia abajo se redondea a cero o sea a la unidad inmediata inferior y los productos cuyos precios de venta terminan en 0.50 céntimos inclusive hacia arriba se redondea a la unidad inmediata superior ( ) (folio 07). Sobre el tema, también se puede observar el acta de comprobación de hechos extendida por los funcionarios del DEPAC y que se encuentra visible a folios del expediente administrativo. Sobre esta prueba existente en el expediente administrativo, es importante resaltar que las actas levantadas por el DEPAC constituyen prueba suficiente para demostrar tal incumplimiento al deber de información que tiene el comerciante con el consumidor. Para afirmar lo anterior, basta recordar 3

4 que el valor probatorio de las actas redactadas por los funcionarios del Departamento de Políticas y Análisis de Consumo son documentos públicos, al haber sido levantadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, las cuales de conformidad con los artículos 369 y 370 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria artículos 71 de la Ley 7472 y artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública) son plena prueba de la existencia material del hecho denunciado. Ahora bien, el comerciante en este caso, tenía el deber de informar a los consumidores el precio final de todos los productos que se vendían en su establecimiento comercial, sin inexactitudes ni datos inciertos que pudieran confundir a los consumidores, lo anterior repetimos conforme lo ordena el artículo 34 inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, que muy claramente establece este deber de información de la siguiente forma: ( ) Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor, las siguientes: ( ) b) Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley, cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, deben indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la persona, física o jurídica, que brinda el financiamiento, si es un tercero ( ). Desde esta perspectiva y por lo anteriormente indicado, ha quedado demostrado en autos, que la denunciada vendía bienes a precios o con márgenes de utilidad bruta superiores a los ofrecidos, constituyendo tal actividad una clara infracción a la Ley 7472, específicamente al artículo 34 incisos b) y h), es decir una clara falta de información y especulación en los precios. Dentro de esta línea de ideas, es necesario aclarar cual es el deber que tiene el comerciante en casos como el presente, y en este sentido es dable indicar que el comerciante, debe marcar el precio al contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento, igualmente los servicios comerciales deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente visibles, mediante listas, carteles, menúes u otros. Estos precios deberán estar indicados de manera que no quede duda de su monto preciso incluyendo los impuestos cuando corresponda. Sobre el tema, esta Comisión en repetidas ocasiones ha indicado que esta información debe ser de manera clara, veraz y suficiente ya que estos elementos incidirán directamente en la decisión final de consumo de los consumidores, lo anterior también con el fin de evitar situaciones de confusión a los particulares como sucedió en el caso de análisis, ya que a primera vista el precio indicado en los productos no era el verdadero, y de ser así, la empresa denunciada no ha presentado prueba de descargo para contradecir lo indicado en el acta de verificación de hechos del DEPAC, visible a folios 09 y 10 del expediente administrativo, a pesar que tuvo oportunidad para ello durante la audiencia oral y privada (folio 26). Finalmente, también hay que recalcar, que este deber de información lo encontramos más detallado en el Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Decreto Ejecutivo MEIC, al establecer el numeral 43 los siguiente: ( ) Deber de brindar información real al consumidor. Es obligación del comerciante informar, clara, veraz y suficientemente, al consumidor, de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo, conforme a las disposiciones siguientes. Todos los datos e informaciones al consumidor mencionados en esta norma, deberán estar expresados en idioma español y mediante una tipografía claramente legible, en cuanto a forma y tamaño. ( ) b) Precios En el caso de los bienes, deberá indicarse el precio al contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento. Los servicios comerciales deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente visible, mediante 4

5 listas, carteles, menúes u otros. Los precios de los bienes y servicios deberrán estar indicados de manera que no quede duda del monto final incluyendo todos los impuestos cuando correspondan. En cuanto a la venta con entrega a domicilio y a la prestación de servicios técnicos o profesionales, se deberá informar al cliente o consumidor sobre su costo exacto y completo, antes de formalizar la contratación. En cuanto a los servicios técnicos, deberá entregarse una cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor ( ) (lo resaltado es nuestro). En mérito de lo expuesto y considerando la prueba documental aportada, es claro que la denunciada al momento de realizarse el acto de consumo por parte de la señora Sonia Araya Rodríguiez y al momento de la verificación de los hechos realizada por el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo, estaba cobrando por los artículos descritos un monto superior al que indicaban en sus anaqueles y etiquetas, y sobre el particular, agregamos que la parte accionada no aportó a todo lo largo del proceso, ningún elemento probatorio en descargo de la transgresión analizada y en donde demostrara haber cumplido adecuadamente con lo dispuesto en los incisos b y h) del artículo 34 de la Ley QUINTO: De conformidad con lo expuesto, se debe concluir necesariamente que se ha cometido la infracción de especulación y falta de información, en consecuencia se debe declarar con lugar la denuncia interpuesta, y por ende, se le impone a la empresa denunciada, de conformidad con el artículo 34 incisos b) y h) en relación con el artículo 57, inciso b) y 59 de la misma Ley, la sanción correspondiente. Esta se gradúa aquí en consideración tanto de la gravedad del incumplimiento como la participación del infractor en el mercado en la comercialización de productos alimenticios, así como el grado de intencionalidad, por lo que se fija en el monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COLONES ( ,00), correspondientes a diez veces el salario mínimo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, el cual al momento de los hechos fue de ciento veintinueve mil doscientos cincuenta colones exactos ( ,00), como en efecto se hace. Asimismo, se le ordena a la empresa sancionada informar al público consumidor sobre los precios exactos de cada uno de los productos que venden en su local comercial. POR TANTO 1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por SONIA ARAYA RODRÍGUEZ contra PRICESMART (PRISMAR DE COSTA RICA, S.A.) por falta de información y especulación, según lo establecido en el artículo 34 incisos b) y h) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y por lo tanto: a) Se ordena a la empresa sancionada informar al público consumidor sobre los precios finales de cada uno de los productos o servicios que venden en su local comercial. b) Se le impone la sanción de pagar la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COLONES ( ,00), mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a esta instancia el recibo original o copia debidamente certificada que acredite el pago de la multa. Contra esta resolución puede formularse recurso de reposición, que deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Lo anterior de conformidad con los artículos 64 de la Ley No y 343, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. 2- En este acto y con fundamento en el artículo 68 de la Ley No y 150 de la Ley General de la Administración Pública, se efectúa primera intimación a los representantes legales de la empresa PRICESMART (PRISMAR DE COSTA RICA, S.A.), señores EDGAR ZURCHER GURDIÁN, cédula de identidad uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa y al señor JOHN HILDEBRANDT, pasaporte cero seis dos cinco cinco seis ocho ocho ocho, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta notificación, cumplan con lo aquí dispuesto o POR 5

6 TANTO: (...) a) Se ordena a la empresa sancionada informar al público consumidor sobre los precios finales de cada uno de los productos o servicios que venden en su local comercial. b) Se le impone la sanción de pagar la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COLONES ( ,00) (...). Habiendo cumplido con lo ordenado, deben remitir documento que lo acredite a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en la ciudad de San José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora trescientos cincuenta metros al oeste, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en la presente intimación y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. De igual manera, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, a remitir el expediente al Ministerio Público por el delito de Desobediencia a la Autoridad contemplado en el artículo 307 del Código Penal, para que se investigue según corresponda. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE