Recurso de Casación No

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA DEMANDADO: DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO ACTOR: FRANCISCO NAVARRETE PAREDES (RECURRENTE) Quito, 30 de enero de 2013, a las 16: VISTOS: En razón de que la Jueza y los Jueces Nacionales que suscribimos esta resolución, hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución N o de 25 de enero de 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones de 30 de enero, 28 de marzo y 29 de agosto de 2012, nos designó como Jueza y Jueces de esta Sala, y conforme el artículo 1 de la Ley de Casación y el artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial somos competentes y avocamos conocimiento de la presente causa I. ANTECEDENTES El señor Francisco Navarrete Paredes, interpone recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N o 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, el 21 de septiembre de 2009 a las 08h32; dentro del juicio que siguió en contra del Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas y el Procurador General del Estado, por impugnación del acto administrativo que lo destituyó de sus funciones, en cuyo fallo se declaró sin lugar a la demanda.

2 El actor fundamentó su recurso en la causal primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación y expone que respecto de la primera causal se ha dejado de aplicar los Arts. 18 y 35 de la Constitución Política de la República y los Arts. 62, 63 y 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y en lo que respecta a la causal tercera alegó que se han infringido los artículos 115 y 165 del Código de Procedimiento Civil y 277 numeral 5 del Código Penal La Corte Nacional de Justicia, mediante auto de 6 de mayo de 2010, a las 11h52, avoca conocimiento y resuelve aceptar a trámite el recurso de casación interpuesto, únicamente respecto a la causal primera y dispone correr traslado a las partes, por el término de cinco días, término dentro del cual, ninguna de ellas ha realizado contestación alguna. Pedidos los autos para resolver, se considera: II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar Determinación de los problemas jurídicos a resolver: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, a continuación procederá a examinar si la sentencia, sujeta al análisis casacional por el legitimario, tiene sustento legal y para ello es necesario determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso: a) El fallo de instancia, incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, al supuestamente existir en el mismo, falta de aplicación de los Arts. 18 y 35 de la Constitución Política de la República y los Arts. 62, 63 y 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, relacionados con la

3 gravedad de las faltas administrativas y el derecho al trabajo? III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo realizar un control de legalidad de las sentencias que se ponen en conocimiento de la Corte de Casación, verificando la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala Planteada la problemática a resolver, esta Sala considera: a) En lo relacionado al primer problema jurídico planteado, la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación establece: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. En esta causal, se prevén tres formas diferentes de infracción del derecho, correspondientes al error in iudicando o error en juicio, las cuales se constituyen en equivocaciones diferentes que puede perpetrar un juzgador. Según el autor Luis Armando Tolosa Villanoba en su obra, Teoría y Técnica de Casación (Ed. Doctrina y Ley, Bogotá, Colombia, año 2005), en esta forma de violación de la ley, no es aceptable hacer referencias a cuestiones fácticas o probatorias, es decir, no se puede debatir aspectos probatorios, y menos aún se puede disentir de la valoración y alcances probatorios, porque se trata de falsos juicios sobre las normas jurídicas sustanciales. Efectivamente al tratase de la llamada trasgresión directa de la norma legal en la sentencia, en ella no cabe una nueva consideración respecto de los hechos que ya fueron apreciados por el Tribunal de instancia, en base a los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde a este Tribunal de casación examinar únicamente en base de los hechos

4 considerados como ciertos en la sentencia. b) Cabe establecer que el acto administrativo que fue impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es la acción de personal N o 1257 de 29 de septiembre de 2003, emitida por el Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, por medio del cual, una vez tramitado el respectivo sumario administrativo, se le destituye al recurrente del cargo de Supervisor de Mantenimiento Automotriz de dicha entidad, por haberse comprobado hechos de indisciplina que se encontraban inmersos en el último inciso del Art. 63 y Art. 114 literal a) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. c) Según lo argumentado por el recurrente en su escrito de casación: En efecto, el Tribunal de en el considerando SEGUNDO de la sentencia que se impugna solo considera las versiones del funcionario denunciante Cap. Eduardo Insúa, asesor del Director Ejecutivo de la C.T.G. y de otros empleados como el Jefe del Departamento de Mantenimiento Automotriz, todos apuntan a un acto de negligencia e inobservancia de normas reglamentarias, esto es el envío de 2 motonetas de la CTG a talleres externos ( pantera ) debidamente individualizadas El yerro del Tribunal sentenciador es el haber dejado de aplicar para estos casos lo que expresamente señalan los Art. (sic) 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que establecen las sanciones disciplinarias por orden de gravedad, siendo la última en su orden la destitución; esta norma guarda armonía con lo señalado en el Art. 63 ibídem, que en su primer inciso dispone: El jefe de departamento u oficina podrá imponer a sus subordinados una sanción pecuniaria administrativa que no exceda de un mes de sueldo o suspensión sin sueldo por negligencia en el cumplimiento de sus deberes o violación de los reglamentos internos. En síntesis el recurrente expresa que sobre los hechos establecidos tanto en el acto administrativo como en sentencia, la sanción impuesta es extrema y grave para un servidor público ya que jamás hubo un perjuicio económico ni daños a los bienes públicos de la entidad, por lo que se ha dejado de aplicar los citados artículos y por consecuencia se infringieron los Arts. 18 y 35 de la Constitución Política que contemplan los derechos y garantías constitucionales y el derecho al trabajo. d) Analizado el fallo de instancia, se establece que en su considerando Segundo, se realiza un detallado y pormenorizado análisis de las pruebas y del acto administrativo impugnado, para determinar en el considerando tercero que el procedimiento disciplinario se sujetó a los principios constitucionales del debido proceso y que la resolución entredicha se encuentra debidamente motivada, al encontrarse las normas jurídicas enunciadas

5 en el acto, en debida pertinencia con los hechos investigados. En dicha sentencia se evidenció que el ahora recurrente no respetó los procedimientos internos del Departamento de Mantenimiento Automotriz, al trasladar personalmente y sin autorización de su jefe inmediato, ciertas motonetas de la institución a un taller externo, esto es la compañía Automotores y Carrocerías Panteras. Por otra parte se comprobó que en la Hoja de vida del señor Francisco Navarrete existen dos sumarios administrativos iniciados en su contra habiéndose sancionado en el primero con la suspensión de sus funciones y sin sueldo por un mes, y en el segundo de los casos con dos meses de suspensión y sin sueldo, por lo que se verifica reincidencia en ese mismo tipo de falta. Sobre estos hechos las autoridades administrativas aplicaron el último inciso del Art. 63 y el literal a) del Art. 114 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, disposiciones que fueron ratificadas por el Tribunal A quo en su análisis. e) El Art. 63 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa publicada en el Registro Oficial N o 574 de 26 de abril de 1978, aplicable al período, disponía: Art Sanciones pecuniarias administrativas.- El jefe de departamento u oficina podrá imponer a sus subordinados una sanción pecuniaria administrativa que no exceda de un mes de sueldo, o suspenderlos, sin sueldo, en el ejercicio de sus funciones, por un período que no exceda de dos meses, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, inasistencia, o violación de los reglamentos internos u otras normas, o siempre que, por acción u omisión, hayan cometido una falta perjudicial al servicio público. Dicho jefe dará parte inmediato al Contralor General, de la sanción impuesta, para los fines consiguientes.- Sin perjuicio de otras penas establecidas por la ley extiéndese las disposiciones de este artículo a los funcionarios o empleados que publiquen, divulguen o comuniquen, de manera no prevista por la ley o sin facultad de la autoridad competente, cualquier dato o información relativos a las transacciones de oficinas públicas o de personas particulares, que hayan llegado a su conocimiento en el desempeño de sus funciones. - En el caso de reincidencia, el empleado será destituido con arreglo a la ley. (El subrayado es de esta Sala). Por su parte el literal a) del Art. 114 de la invocada norma rezaba: Art Causales de destitución.- Son causales de destitución: a) Incapacidad o falta de probidad en el desempeño de sus funciones, según lo dispuesto en el Art. 87 de esta Ley;. f) De los antecedentes aquí citados, este Tribunal aprecia que en el fallo se ratifica la legalidad del acto administrativo, el mismo que se basó en la comprobación de: la inobservancia del actor a las disposiciones internas; del pleno

6 conocimiento que el recurrente tenía de estas disposiciones, por la experiencia que tenía en dicho cargo lo que generó negligencia en el ejercicio de sus funciones; y, en la reincidencia de faltas por cuanto el actor había sido juzgado por hechos similares en ocasiones anteriores. Sobre estos hechos y en base a la causal primera alegada por el recurrente, este Tribunal procede a realizar el control de legalidad de la normativa aplicada por las autoridades judiciales, llegando a la conclusión que, de la simple lectura de ellas, éstas han sido debidamente aplicadas, por cuanto se refieren a la sanción de destitución, por las causales de incapacidad o falta de probidad en el ejercicio de funciones y reincidencia en caso de negligencia o violaciones a la normativa interna. Por otra parte respecto del cargo del Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dicha disposición mencionaba el orden de gravedad de las sanciones disciplinarias, las cuales estaban desarrolladas en lo que respecta a las sanciones pecuniarias y la reincidencia, en el Art. 63 de la norma anotada, por lo que al guardar armonía ambas disposiciones, no se avizora infracción alguna en el cargo alegado por el actor. En lo concerniente a la infracción del Art. 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, relacionada con la prescripción de las acciones, ésta tampoco ha sido debidamente fundamentada, ya que no se explica la manera en que ha sido infringida dicha disposición en el fallo. El actor únicamente la cita como norma infringida, por lo que este Tribunal al no poder suplir esta omisión, no entra en el análisis casacional respecto de este punto. g) En lo relacionado a la inaplicación de los Arts. 18 y 35 de la Constitución Política, al no existir en el recurso de casación una adecuada fundamentación sobre la supuesta infracción de estas disposiciones constitucionales, y una vez examinado el contenido de ellas, las cuales se relacionan con: los derechos, las garantías constitucionales, su interpretación y aplicación; y, el derecho al trabajo, en el fallo no se aprecia o deduce una falta de aplicación de ellas, a los hechos aquí expresados, y, por lo que no se configuró la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación IV.- DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y

7 POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: SENTENCIA 1. Se rechaza el recurso de casación interpuesto. Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese. Ff) Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr. José Suing Nagua, y Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Jueces Nacionales.- Certifico: Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora