CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO PONENTE: DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ

Transcripción

1 Recurso No CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO PONENTE: DR. JUAN MONTERO CHÁVEZ Quito, 26 de marzo de Las 09h VISTOS: Conocemos de la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012, emitida por el Consejo de la Judicatura, Resolución No de 22 de julio de 2013 de integración de Salas Especializadas dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia; así como el acta de sorteo electrónico de causas de 16 de abril de 2013; y, por los oficios Nos SG- CNJ-IJA, 1888-SG-CNJ-IJ de 25 de septiembre de 2013 y 2398-SG-CNJ-IJ, 2399-SG-CNJ-IJ, de 23 de diciembre de 2013, expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.- En lo principal, la Licenciada Marcela Yumbla Macías, Directora Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y el Economista Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, el 6 de julio de 2012, dentro del juicio de impugnación No , deducido por el señor MARTÍN EDUARDO ORDÓÑEZ PINOS, por sus propios derechos, en contra del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. Admitido a trámite el recurso por el Tribunal de Conjueces de la Sala, 1

2 en auto de 16 de enero de 2013, el actor no lo contesta. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución, artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral primero de la II parte del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial SEGUNDO: La Licenciada Marcela Yumbla Macías, Directora Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, fundamenta su recurso en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación; considera infringidos los arts. 2 literal h) del Reglamento al Título V de la Facilitación Aduanera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 175 y 136 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 11 y 4 del Código Penal; 2 del Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En lo principal manifiesta que al configurarse una contravención basta con la transgresión de la norma para que se sancione el hecho; que no se ha considerado que la normativa aduanera permite al importador verificar la mercancía que arriba al Ecuador, antes de realizar su declaración aduanera para evitar que se cometa la infracción tipificada en el literal c) del art. 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; que el responsable de la declaración aduanera es el importador y no el proveedor; que erróneamente la Sala en su sentencia alega que el punto controvertido se refiere al peso de los bienes importados y no a la cantidad, sin considerar la definición dada por el art. 2 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del COPCI que en su literal h) define: cantidad: Entiéndase a la declaración real, exacta de las unidades físicas, peso neto ; que en conclusión, considera que la Sala desvirtúa la responsabilidad del actor y el concepto de cantidad y por tanto solicita se case la sentencia. Por su parte, el Economista Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, Director 2

3 General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, fundamenta su recurso en la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, considera infringidos el Decreto Ejecutivo No. 372 y los arts. 178 literal a) y c) y 180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Manifiesta que las mercancías importadas estaban gravadas con arancel mixto y que para el cálculo de los tributos al comercio exterior no solo había que considerar el porcentaje advalorem sino que además debía adicionarse USD $ 5,5 por cada kilogramo neto a las mismas y que éste es el aspecto de fondo que no fue tomado en cuenta por el juzgador; que se ha eludido el pago de USD $ 3.340,65 por derechos arancelarios y USD $ 400,87 por concepto de IVA; que la intención del importador fue inducir a error a la autoridad aduanera en la determinación de la obligación tributaria al dejar de pagar los tributos por una equivocación de TEMPO INTERNACIONAL, proveedor de los bienes, a quien no se le puede responsabilizar; que la definición de cantidad debe ser entendida conforme lo dispone el Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su art. 2 literal h) que también se refiere a peso neto; que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en su Resolución ha aplicado el principio de in dubio pro reo ya que la conducta del actor pudo haberse clasificado como delito en virtud al valor declarado por la mercancía; que el actor al no declarar en el DAU la cantidad correcta de kilogramos importados adecuó su conducta a uno de los presupuestos consecutivos de defraudación aduanera; que la discusión no trata sobre documentos falsos o adulterados. Pide que se case la sentencia dictada en esta causa TERCERO: La sentencia acepta la demanda presentada por el señor Martín Eduardo Ordóñez Pinos, por sus propios derechos y deja sin efecto la Resolución No. DDG-DRTG-RECG-RE de fecha 27 de julio del 2011, emitida por el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

4 CUARTO: Los cuestionamientos formulados tanto por la Directora Distrital como por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en contra de la sentencia están relacionados con la falta de aplicación del Decreto Ejecutivo No. 372 y los arts. 136, 175 y 180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 2 literal h) del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 11 del Código Penal y además la errónea interpretación de los arts. 178 literal a) y c) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el art. 4 del Código Penal. Para resolver si la sanción impuesta por la Aduana al actor, viola las disposiciones legales referidas, la Sala formula las siguientes consideraciones: 4.1. Conforme lo dispuesto en la letra f) del art. 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, los Directores Distritales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador están investidos de la facultad sancionadora para, en el caso de evidenciar la existencia de infracciones aduaneras, esto es contravenciones y faltas reglamentarias, establecer la sanción administrativa que corresponda; 4.2. Bajo este contexto, el numeral 3 del art. 178 del cuerpo normativo en referencia dispone lo siguiente: Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, la persona que perjudique a la administración aduanera en la recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador general y, siempre que éstas deban satisfacer tributos al comercio exterior, a través de cualquiera de los siguientes actos: c. No declare la cantidad correcta de mercancías ( ) (el subrayado le pertenece a la Sala); 4.3. Al efecto debe entenderse por cantidad, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 literal h) del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones como la declaración real exacta de las unidades físicas, peso neto, dimensiones u otra unidad de medida que tenga incidencia tributaria 4

5 de las mercancías que forman parte de la obligación tributaria aduanera ; (el subrayado le pertenece a la Sala), definición que no fue considerada por la Sala de instancia al emitir su fallo, limitando el concepto de cantidad a unidades; 4.4. La génesis de la controversia radica en el hecho de que el actor al momento de efectuar su declaración aduanera no declaró el peso real, esto es 607,39 kilogramos, ocasionando una diferencia a pagar de USD $ 3.340,65 por derechos arancelarios y USD $ 400,87 por IVA, según lo sostiene la administración aduanera, lo cual conforme las disposiciones legales se enmarca dentro de una infracción aduanera, que por la cuantía deriva en una contravención conforme lo señala el art. 180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que dispone: cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el delito de contrabando y la defraudación, la infracción no constituirá delito y será sancionada administrativamente como una contravención con el máximo de la multa prevista en el presente Código para el caso de que se hubiere configurado el delito. (el subrayado pertenece a la Sala); 4.5. La Sala A quo al mencionar en su sentencia que el error en el peso no devino de la voluntad del importador y que por lo tanto, no puede ser sancionado, no tomó en cuenta lo dispuesto por el art. 175 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que dispone que para la existencia de una contravención basta con la transgresión de la norma Con lo dicho queda claro que la sanción impuesta mediante Resolución No. DDG-DRTG-RECG-RE de fecha 27 de julio del 2011 por la Secretaría Nacional de Aduana, por declaración incorrecta del peso de los kilogramos importados que devino en el no pago de tributos aduaneros, es una contravención, advirtiéndose por tanto que en la sentencia incurre en errónea interpretación del literal c) del artículo 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, falta de aplicación de los arts. 2 literal h) del Reglamento al Título de facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 175 y 180 del Código Orgánico de la Producción, 5

6 Comercio e Inversiones, conforme queda analizado en los numerales 4.2 a 4.5 del presente fallo Por lo expuesto, sin que sea necesario entrar al análisis de las demás normas de derecho consideradas como infringidas por los recurrentes, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN EL NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia y declara la validez de la Resolución No. DDG- DRTG-RECG-RE de fecha 27 de julio del 2011 emitida por el Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Notifíquese, publíquese y devuélvase. f) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL; Dr. José Luis Terán Suárez, CONJUEZ NACIONAL; Certifico.- Abg. Diego Acuña Naranjo SECRETARIO RELATOR. 6