CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, a 17 de febrero de Las 11H VISTOS: I.- JURISDICCIÓN Conocemos la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura, Resoluciones Nos y de 27 de junio de 2012 y 22 de julio de 2013, respectivamente, dictadas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Oficios Nos SG-CNJ-IJ y 2399-SG-CNJ-IJ de 23 de diciembre de 2013 expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y del sorteo que consta en el proceso. II.- ANTECEDENTES El Econ. Santiago León Abad, en calidad de Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mediante escrito de 3 de octubre de 2011 interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 12 de septiembre de 2011 dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con 1

2 sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de impugnación No deducido por monseñor José María Ruiz Navas, Presidente de la CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana La administración tributaria aduanera fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del art. 3 de la Ley de Casación; manifiesta que el Tribunal juzgador al emitir sentencia no aplicó los artículos 171 y 54 literales a) y d) de la Ley de Régimen Tributario Interno, 70, 150 y 151 del Código Tributario vigentes a esa fecha, 385 al 407 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas de aquella época, Decreto Supremo 3593 publicado en el Registro Oficial No. 879 de 20 de julio de 1979; alega falta de aplicación y errónea interpretación del art. 1 del Código de Procedimiento Civil; y, errónea interpretación de normas de derecho incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto que hayan sido determinantes en su parte dispositiva. Manifiesta que, el Decreto Supremo 3593 en la cláusula quinta literal d) claramente libera de todos los impuestos a la importación, es decir los impuestos al comercio exterior, más no los impuestos internos, como es el caso del ICE, impuestos a los consumos especiales. Afirma que, la administración aduanera cumplió con las solemnidades determinadas en la Ley Orgánica de Aduanas, en su Reglamento de Aplicación y en el Código Tributario al expedir los actos administrativos impugnados por la actora y en particular las rectificaciones de tributos Nos ; ; ; , así como los títulos de crédito Nos , , y de fecha 11 de junio de 1998, que estos actos se amparan en el art. 62 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con los arts. 5 y 8 de la Ley ibídem, que fueron notificadas oportunamente y que se describe 2

3 motivadamente la diferencia imputable al impuesto a los consumos especiales. Que los artículos. 54, literales a) y d), 171 de la Ley de Régimen Tributario Interno exigen que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana obtenga de la Dirección Nacional de Rentas la dispensa legal alegada con anterioridad a la salida de las mercancías, lo que la demandante no cumplió, por lo que la administración tributaria aplicó su facultad sancionadora que le otorgaba en esa fecha los arts. 70, 150 y 151 del Código Tributario. Concluye en que jurídicamente se ha incurrido en la falta de aplicación de las normas legales, existiendo una falta de motivación de la sentencia; cita el texto del art. 169 de la Constitución de la República El 23 de noviembre de 2011, las 08h45, es admitido a trámite el recurso y puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso para que se cumpla lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Casación El actor monseñor José María Ruiz Navas, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no ha contestado el recurso El Tribunal juzgador considera en su fallo recurrido que, la administración tributaria y el funcionario que intervino en un primer momento, no cumplió las normas a las que estaba obligado y sometido, por cuanto su actividad es reglada y que la seguridad jurídica es un principio primordial que resguarda y garantiza derechos, la permanencia de la norma y su aplicación uniforme y constante. Manifiesta que en este estado, se vuelve innecesario el examen y valoración de la prueba, si no se pueden revertir las cuestiones de orden legal que son imperativas observar. Que al existir incompetencia del funcionario que dispuso se efectúen las rectificaciones de tributos y que además al no habérselas notificado como correspondía, se le impidió al accionante el ejercicio del derecho a la defensa. Por lo expuesto, resuelve declarar la nulidad de las rectificaciones de tributos y los títulos de crédito antes referidos, y que al 3

4 encontrarse establecida la incompetencia del funcionario que actúo a nombre de la administración tributaria y no haberse notificado al actor con las rectificaciones de tributos e impedido el ejercicio de la defensa, ordena el archivo de la causa. III. COMPETENCIA Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el art. 1 de la Codificación de Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte, del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. IV.- VALIDEZ PROCESAL En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. V.- PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO El recurrente formula los siguientes cargos, en contra de la sentencia de 12 de septiembre de 2011, las 14h40, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito. 4

5 Cargo 1: falta de aplicación de los arts. 171 y 54 literales a) y d) de la Ley de Régimen Tributario Interno. Cargo 2: falta de aplicación o errónea interpretación del art. 1 del Código de Procedimiento Civil. Cargo 3: falta de aplicación de los arts. 70, 150 y 151 del Código Tributario vigentes a esa fecha. Cargo 4: falta de aplicación de los arts. 385 al 407 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas de esa época. Cargo 5: falta de aplicación del Decreto Supremo 3593 publicado en el Registro Oficial 879 del 20 de julio de Cargo 6: errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. VI.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN 6.1. El recurso de casación es un medio de impugnación, extraordinario, limitado y formalista que busca tutelar el derecho, a través de una correcta aplicación de la norma jurídica en las sentencias o autos resolutivos, alcanzando la supremacía de los valores de la seguridad jurídica Debe anotarse que, pese a que se señalan las causales primera y tercera para proponer el recurso, el Procurador Fiscal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, solamente desarrolla la primera; habla de falta de aplicación o 5

6 errónea interpretación del art. 1 del Código de Procedimiento Civil, como si fuese posible que los dos defectos puedan subsistir simultáneamente, lo cual en forma reiterada y uniforme todas las Salas de Casación han sido específicas en señalar que tal posibilidad no existe y acusa de errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, de forma genérica, sin precisar a qué normas se refiere, lo cual tampoco puede ser analizado por esta Sala Con relación a la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, que a la letra dice: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva, la Sala manifiesta que esta causal se refiere a lo que la doctrina denomina violación directa de la norma sustantiva y puede estar dada por tres yerros en los que puede incurrir una sentencia impugnada, esto es, en primer lugar, la falta de aplicación ; este error se suscita cuando la Sala juzgadora no aplicó la norma que debía aplicar; como segundo yerro tenemos la aplicación indebida, que se produce cuando el Tribunal A quo aplicó una norma que no debía aplicar; y, por último tenemos la errónea interpretación, la misma que se alude cuando la Sala de instancia erróneamente interpreta la norma dándole un contenido o alcance mayor o menor o simplemente un sentido diferente. En caso sub júdice, el recurrente al fundamentar la causal, se refiere exclusivamente al Decreto Supremo 3593, publicado en el Registro Oficial 879 del 20 de julio de 1979, cláusula quinta, literal d); art. 62 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con los artículos 5 y 8 de la referida Ley, que no fueron citados como normas de derecho infringidas; art. 171 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 54 literales a) y d) de la mencionada Ley; y, arts. 70, 150 y 151 del Código Tributario de ese entonces. No se 6

7 consideran para este análisis los arts. 7, 8, 9, 10 inciso primero y 68 del Código Tributario por no haber sido tomados en cuenta en el acápite II del escrito de interposición del recurso de casación; y, tampoco los arts. 385 al 407 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas y 70, 150 y 151 del Código Tributario, por falta de fundamentación Es preciso aclarar que en la causal primera, se parte de hechos probados, entendiendo que los recurrentes no impugnan las pruebas sino la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación de las normas de derecho o precedentes jurisprudenciales obligatorios que fueron el sustento para la decisión de la Sala de instancia; a esta Sala de Casación no le está permitido reexaminar los hechos y la valoración de los mismos que en su momento hayan efectuado la administración tributaria, por un lado, y el tribunal de instancia por otro; lo que corresponde a este Tribunal es analizar si en la sentencia recurrida se transgredió la ley por la falta de aplicación de normas de derecho en la sentencia, alegadas por el casacionista en el escrito de interposición del recurso; y, para hacerlo esta Sala considera: El fundamento esencial de la administración aduanera para proponer su recurso de casación, es considerar que la sentencia dictada por el Tribunal A- quo, ha infringido por falta de aplicación los arts. 171, 54 literales a) y d) de la Ley de Régimen Tributario Interno; y, literal d) de la cláusula quinta del Decreto Supremo 3593 publicado en el Registro Oficial 879 del 20 de julio de Que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana estaba exenta del pago de tributos aduaneros, pero no del impuesto a los consumos especiales y además que, en las importaciones que son motivo de la litis, la CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA debió obtener autorización de la Dirección General de Rentas, lo cual no ha sucedido. 7

8 La sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital No. 1, en su parte esencial declara nulas las Rectificaciones de Tributos Nos ; ; ; , de 11 de junio de 1998 y los títulos de crédito Nos , , y de 11 de junio de 1998, por haber sido emitidas por autoridad incompetente y por no haber cumplido las formalidades sustanciales Para el efecto es importante transcribir el contenido íntegro del art. 139 del Código Orgánico Tributario (132 del texto original de dicho Código) que al referirse a las causas de nulidad de los actos administrativos, dice: art Los actos administrativos serán nulos y la autoridad competente los invalidará de oficio o a petición de parte, en los siguientes casos: 1. Cuando provengan o hubieren sido expedidos por autoridad manifiestamente incompetente; y, 2. Cuando hubieren sido dictados con prescindencia de las normas de procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe, siempre que se haya obstado el derecho de defensa o que la omisión hubiere influido en la decisión del reclamo. (subrayado fuera del texto original); disposición relacionada claramente con la que trae el art. 272 del mismo cuerpo de leyes, que señala Al tiempo de pronunciar sentencia, el tribunal examinará los vicios de nulidad de los que adolezca la resolución o el procedimiento impugnado, y declarará tal nulidad, siempre que los vicios que la motiven hayan impedido la clara determinación del derecho o hubieren influido en la decisión del asunto. En caso contrario, entrará a resolver la causa sobre lo principal. Así mismo el tribunal examinará las actuaciones cumplidas en la etapa contencioso tributaria, y, de haber omisión de solemnidades, declarará la nulidad de todo lo actuado a partir de dichas omisión y dispondrá la reposición del proceso al 8

9 estado que corresponda, siempre que la omisión pudiere influir en la decisión de la causa Ahora bien, esta Sala Especializada considera que los actos administrativos tributarios impugnados (fs. 5 a 8 de los autos) que resuelven declarar sin lugar los reclamos administrativos de impugnación a las rectificaciones de tributos presentados por monseñor José Mario Ruiz Navas, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, fueron emitidos y suscritos por el Administrador de Aduanas del I Distrito, con sede en la ciudad de Guayaquil, que era la autoridad administrativa tributaria competente para hacerlo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 76 y 114 literal c) de la Ley Orgánica de Aduanas de aquella época, sin que sea relevante que lo haya hecho a solicitud o por recomendación del Dr. Romeo Olalla, Auditor General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. Asimismo, los títulos de crédito han sido emitidos por autoridad competente y con fundamento en el art. 242 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas han sido legalmente notificados conjuntamente con las resoluciones impugnadas; por lo tanto, emitidos los mismos, el contribuyente o responsable podía elegir entre pagar o reclamar; la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha optado por lo segundo, esto es, ha presentado los correspondientes reclamos administrativos en contra de las rectificaciones de tributos y de los títulos de crédito, de ahí que no se ha vulnerado el legítimo derecho a la defensa del contribuyente, ni se ha prescindido de las normas de procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe para la validez de dichos actos administrativos y tampoco se evidencia omisión alguna que haya influido en la decisión de la causa, lo cual deviene en que el Tribunal juzgador dejó de aplicar los arts. 171 y 54 literales a) y d) de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como la cláusula quinta, 9

10 letra d) del Decreto Supremo 3593 publicado en el Registro Oficial 879 del 20 de julio de VII.- DECISIÓN Como se evidencia, existe la justificación lógica y coherente que demuestra la falta de aplicación de las normas de derecho contenidas en los arts. 171 y 54 letras a) y d) de la Ley de Régimen Tributario Interno, y de la cláusula quinta, letra d) del Decreto Supremo 3593 publicado en el Registro Oficial 879 de 20 de julio de Por estas consideraciones, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República. VIII.- RESUELVE: CASAR la sentencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito el 12 de septiembre de 2011, con base en las consideraciones puntualizadas en el acápite VI de la presente sentencia DECLARAR la legitimidad y validez jurídica de las Resoluciones de 29 de diciembre de 1998, expedidas por la Administración de Aduana del Primer Distrito. 10

11 8.3.- DISPONER que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador continúe con el procedimiento de ejecución de los títulos de crédito de 11 de junio de 1998 emitidos en contra de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana Sin costas Notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen. f) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL; Dr. José Luis Terán Suárez, CONJUEZ NACIONAL; Certifico.- Abg. Diego Acuña Naranjo SECRETARIO RELATOR. 11