RECURSO No JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA

Transcripción

1 RECURSO No JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- Quito, a 0 de enero de 203. Las 9H VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 202 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 202 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Doctor José Rómulo Acaro Guerrero, por sus propios derechos, mediante escrito de 2 de febrero de 20, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 4 de febrero de 20 por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con competencia en materia Fiscal N 5 con sede en la ciudad de Loja en el juicio de impugnación N que fue propuesto en contra del Servicio de Rentas Internas. La Sala de instancia concede el recurso mediante providencia de 0 de marzo de 20, y suspende la ejecución de la sentencia pues, consta rendida la caución fijada en la misma providencia. Subidos los autos para su aceptación o rechazo, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia mediante auto de 3 de marzo de 20, lo admite a trámite y pone en conocimiento de la Administración Tributaria para que de cumplimiento a lo que establece el Art. 3 de la Ley de Casación. El Director Regional Sur del Servicio de Rentas Internas, lo contesta mediante escrito de 08 de abril del mismo año. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad con el art. 84 numeral de la Constitución vigente, en concordancia con el art. de la Codificación de la Ley de Casación y numeral, parte II del art. 85 del Código Orgánico de la Función Judicial.

2 SEGUNDO.- El Doctor José Rómulo Acaro Guerrero, fundamenta su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, sostiene que el Tribunal Juzgador al emitir sentencia infringió los artículos numerales 4, 5, 8 y 9, 424, 425 inciso primero, 426 y 427 de la Constitución de la República del Ecuador; del Código de Procedimiento Civil los artículos 2, 4, 5, 6 y 7; del Código Civil el Art. 9; y, del Código Tributario los Artículos 9 norma primera, 8, 94 numeral y 229 inciso primero. Sostiene que en el Considerando Cuarto, numeral 4.. la sentencia procede al análisis de las excepciones y concluye que la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda implica que, la carga de la prueba le corresponde a la parte accionante de conformidad con el Art. 258 del Código Tributario, pero que la norma no dice eso, por el contrario el art. 4 del Código de Procedimiento Civil dispone que cada parte está obligada a probar los hechos que alega. Que esta errónea interpretación sienta la primera base para que el Tribunal falle contrariamente. Que así mismo, el Tribunal en el Considerando Quinto literal a) manifiesta que, la parte accionante en el respectivo término de prueba aportó con una copia de la Resolución impugnada, pero que los documentos constantes en fs. 84 y 94 no son simples documentos como aparentemente, los aprecian, son pronunciamientos de la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación de 3 de octubre de 2003, que caduca la facultad para determinar los impuestos, multas y sus respectivos intereses en tres años cuando el contribuyente declara todos sus ingresos, y por lo tanto la facultad de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias del ejercicio económico del año 2002 se encuentra caducada; lo que es jurisprudencia de obligatoria aplicación según lo manda la Constitución de la República del Ecuador en su Art. numerales 4, 5, 8 y 9. Que en el Considerando Sexto numeral 6.3 el Tribunal manifiesta que, existe una indebida y errada aplicación de la Ley, al creer equivocadamente de la existencia del medio de prueba y al existir materialmente en el proceso que se ha dado una interpretación contraria a su

3 contenido (sic). Que simplemente se trata que se impugnó la Resolución N 02006RREC notificada legalmente el 7 de marzo de 2006, por cuanto al declarar el impuesto a la renta por el año 2002 el 2 de marzo del año 2003, han transcurrido más de tres años y que por lo tanto la Administración Tributaria ya no tiene facultad para determinar la ejecución de dicha resolución en base a la disposición clara del Art. 94 numeral uno del Código Tributario y la jurisprudencia existente en prueba como los es el recurso N de 04 de abril del 2003 (sic), por lo que solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, case la sentencia recurrida TERCERO.- La Administración Tributaria, en su escrito de contestación al recurso de casación interpuesto, sostiene que el presente recurso es improcedente por cuanto el contribuyente pretende presentar el mismo en base a la apreciación de la prueba que realizó el Tribunal Juzgador y que esto no es motivo de casación. Que pretende situaciones incompatibles y por lo tanto inaplicables, que por un lado el contribuyente solicita se case la sentencia y se dicte una favorable para él, considerando a la fecha de exigibilidad para contabilizar los plazos de la caducidad y la de la Resolución, contrariando lo establecido de manera expresa en el primer numeral del Art. 94 del Código Tributario; que el escrito del recurso no cumple con lo establecido en el Art. 6 de la Ley de Casación, en particular lo que dispone sus numerales 3 y 4, que se refieren a la determinación de las causales del recurso y la enunciación de sus fundamentos. La Administración expone una larga lista de fallos expedidos por la Sala Especializada de lo Fiscal de la ex Corte Suprema de Justicia, sobre la apreciación de la prueba, concluyendo en todos, que ello no es motivo de casación. Sobre la supuesta caducidad de la facultad determinadora dice que, la declaración tributaria del impuesto a la renta del ejercicio 2002, fue presentada el 2 de marzo de 2003, mientras que la Comunicación por Diferencias en Declaraciones N RSU-GTRODPN se emitió el 9 de julio de 2005 y fue notificada el 2 de los mismos mes y año, que sumados a otros actos administrativos como requerimientos de información (8

4 de octubre de 2005), todas dentro de las facultades de la Administración Tributaria enfocadas a la verificación de hechos registrados en las declaraciones de los contribuyentes con la finalidad de establecer el hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo (el Art. 68 del Código Tributario). Sostiene que existen fallos en los que a la Liquidación de Pago se le da la calidad de acto determinativo, por lo que el inicio del mismo se subsume a la notificación de la orden de determinación, que constituye de por sí la Comunicación de Diferencias N RSU-GTRODPN emitida el 9 de julio de Por lo que solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario deseche el recurso, por cuanto es evidente el ánimo del contribuyente de retardar el avance de la litis ya que no ha expuesto de forma coherente, argumentos válidos que justifiquen su pedido CUARTO.- El Tribunal Juzgador de instancia sostiene en su fallo que, el contribuyente alega que la facultad determinadora del SRI, respecto al pago del impuesto a la renta por algunos meses del año 2002, ha caducado de conformidad con el inciso primero del Art. 94 del Código Tributario. Examinado el asunto por la Sala A quo encuentra que, la declaración del impuesto a la renta por el año 2002 el contribuyente la presentó el 2 de marzo de 2003, y que el de abril de 2005 el SRI emitió un requerimiento de información y el 8 de octubre de 2005 (antes de 3 años) le notificó con la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración del Impuesto a la Renta N , procedimiento que concluyó con la Resolución N 02006RREC000938, emitida el 5 de marzo de 2006, notificada legalmente el 7 de marzo de Que en consecuencia no ha operado la caducidad alegada, que el Impuesto a la Renta se paga por ejercicios económicos que empiezan el de enero y concluyen el 3 de diciembre y no por meses como alega el contribuyente. Respecto a que no se han considerado los costos y gastos deducibles para mejorar el giro del negocio de conformidad con el Art. 0 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se puede observar que el 9 de agosto y 28 de septiembre del 2005, aún fuera del plazo reglamentario, el contribuyente presentó documentación referente a

5 costos y gastos incurridos durante el año 2002, y que justificó gastos por USD$ 4.784,06 cuando el SRI sólo le exigía justificación sobre USD $ 2.284,00, considera la Sala Juzgadora que, los gastos en que ha incurrido el contribuyente han sido justificados a satisfacción del SRI. Que el problema a discutir consiste en que el contribuyente declaró ingresos por el total de USD $ 30.49,5 y que el SRI detectó ingresos de USD $ ,20 por el año 2002, que el saldo faltante en el cruce de información por el valor de USD $ 3.393,60 no fue justificada por el contribuyente y no demostró que el SRI habría realizado una determinación equivocada, por lo que consideran válido la determinación a pagar por el contribuyente esto es, una diferencia de USD $ 3.332,62. Que el contribuyente no ha probado los fundamentos por los cuales se impugna la resolución, por lo que se desecha la demanda QUINTO.- Por concepción doctrinaria, disposición terminante de la Ley de Casación y la amplia jurisprudencia dictada por todas las Salas primero de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente la Corte Nacional de Justicia, la casación en nuestro sistema jurídico es un recurso extraordinario que, tiene por objeto corregir la aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación errónea que los Tribunales de segunda instancia (o única como en el caso tributario) hayan cometido en la sentencia o auto definitivo que ponga fin a un proceso de conocimiento (Arts. y 2 de la Ley de Casación), en fin, es una verdadera demanda en contra de una sentencia y por tanto ha de contener requisitos formales sustanciales, fijados taxativamente en el Art. 6 de la Ley de la Materia, sin cuyo cumplimiento no es dable al Tribunal de Casación corregir los errores que eventualmente podría tener la sentencia que se pretende casar. En el caso particular, la sentencia rechaza la demanda propuesta por el señor José Rómulo Acaro Guerrero, que en su esencia pretende se declare la caducidad de la facultad determinadora de la Administración Tributaria, pero al referirse a la causal en que basa su recurso, ha fijado la 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación; sin embargo, de los numerales al 4 de su escrito se colige, con muchísima dificultad, que se han inobservado en la sentencia los

6 Arts. 84 y 94 del Código Tributario pues considera que, al reproducir los asertos de su demanda en el respectivo término y haber adjuntado una sentencia de la Corte Suprema, la que estamos obligados a cumplirla, dió cumplimiento a su deber procesal de demostrar los hechos referidos en ella, pero éstas son normas de carácter material o sustantivo, en franca oposición a lo que refiere la causal tercera mencionada (en la que se enmarca el recurrente), es decir aquella que tiene que ver con la valoración de la prueba que dice a la letra: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. Esta Sala como todas las demás de la Corte Nacional, han sido categóricas y claras al afirmar que el o es disyuntivo, es decir que las tres causales previstas son contrapuestas y que se excluyen unas a otras, porque efectivamente si hay aplicación indebida, no puede coexistir la falta de aplicación, y si existe una errónea interpretación no puede haber falta de aplicación o aplicación indebida, por tanto el recurrente tiene la obligación de señalar con precisión y exactitud cuál de las tres posibilidades señaladas en la causal es en la que se fundamenta su recurso, lo que en el presente caso no ha ocurrido, pues al respecto dice: la Sentencia adolece lamentablemente de aplicación indebida o errónea interpretación de los preceptos jurídicos, aplicables a la valoración de la prueba. Como si dicha deficiencia no fuera suficiente, esta Sala Especializada en innumerables fallos, ha sostenido uniformemente que, la causal 3ra. requiere no sólo la aplicación indebida o la errónea interpretación, sino que es de aquellas denominada en cadena, porque a más de demostrar que la sentencia violentó alguna norma legal explícita sobre la valoración de un medio procesal (por ejemplo cuando le da valor pleno a la fecha y otorgantes en las escrituras públicas), también debe señalarse que tal inobservancia condujo a una equivocada aplicación o a la no aplicación de una norma de carácter sustantivo, lo que en este caso específico no ha ocurrido, pues ni siquiera se menciona qué norma de valoración de prueba ha sido desoída, mucho menos

7 cómo esa omisión produjo una equivocada aplicación de una norma de derecho. Deficiencias y errores que no le es dable a la Sala de Casación corregirlos Sin que sea menester entrar en más análisis, esta Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación propuesto por el Doctor José Rómulo Acaro Guerrero. Entréguese el valor de la caución respectiva al Servicio de Rentas Internas, como indemnización por la demora en la ejecución del fallo. Notifíquese, publíquese, devuélvase. f) Doctores José Suing Nagua, Maritza Tatiana Pérez Valencia, Gustavo Durango Vela JUECES NACIONALES Y CONJUEZ. Certifico.- f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez. SECRETARIA RELATORA ENCARGADA.