del mismo nombre, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos Formosa, en modo unipersonal por el juez de cámara Dr. José Luis A.

Transcripción

1 A. c) Poder Judicial de la Nación Expte. Villalba Simbron, R. R. Godoy, M. S/Infracción ley (art. 5 inc. Sentencia N 286. En la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, se constituye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, en modo unipersonal por el juez de cámara Dr. José Luis A. Aguilar subrogante, Secretaria Claudia María Fernández, para suscribir la sentencia en esta causa registro seguida contra Roque Rubén Villalba Simbrón, CI Paraguaya Nº , nacido el 08/11/1984, en Puerto Elsa, hijo de Hermenegildo Villalba y Margarita Simbrón, domiciliado en Puerto Elsa Loma Conché, Rep. Del Paraguay, y contra Mario Alfonso Godoy, DNI Nº , nacido el 28/05/1982, en Carayaó Rep. del Paraguay, hijo de María de Jesús Godoy, domiciliado en CABA, Villa Lugano, Hubac y Pilar, Mz. 6, casa 128, por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, previsto y reprimido por el art. 5, inc. c) de la ley n cuestiones: Se pusieron a consideración y tratamiento las siguientes 1 ) Está probada la materialidad del hecho ilícito y la responsabilidad por parte de los imputados? hecho? cuestiones incidentales? 2º) Qué calificación legal corresponde asignar al 3 ) Qué sanción corresponde imponerles? 4 ) Qué corresponde resolver sobre las demás

2 Primera cuestión: I. Llegan estas actuaciones a mi conocimiento precedidas por el acuerdo de juicio abreviado formalizado entre el Sr. Fiscal General Subrogante, Dr. Luis Roberto Benítez, y los procesados Roque Rubén Villalba Simbron asistido por el Defensor Público Oficial Dr. Belisario Arévalo, y Mario Alfonso Godoy por la Defensora Oficial Ad Hoc Rossana Mariel Maldonado, cuyos términos fueron cohonestados por los acusados en la audiencia de visu celebrada de conformidad a lo previsto por el art. 431bis inc. 3º, y declarada formalmente su admisibilidad. II. En tal orden de ideas, puedo afirmar que se encuentra plenamente acreditado el hecho que se atribuyó los acusados Roque Rubén Villalba Simbron y Mario Alfonso Godoy, descripto en el pertinente requerimiento de elevación a juicio, de la siguiente manera: En fecha 09 de febrero del corriente año, Roque Rubén Villalba Simbrón, en compañía de otro sujeto aún no identificado, se dirigieron a la empresa "Integral Encomiendas", sita en Av. España 1184 de la ciudad de Clorinda, a fin de enviar a la provincia de Buenos Aires dos cajas conteniendo 22 paquetes de marihuana con un peso total de 19,505 kgrs., solicitando al encargado del local que las mismas sean abonadas en destino. Al no ser ello posible, Villalba Simbrón regresó el día 11 de febrero del corriente año a fin de abonar las encomiendas y efectivizar así el transporte del estupefaciente, momento en que fue detenido por personal de Gendarmería Nacional. Con las pruebas rendidas en la instrucción se pudo determinar que quien también participó en las maniobras de envío de

3 Poder Judicial de la Nación las encomiendas fue Mario Godoy, quien en fecha 10 de febrero viajó a Buenos Aires, con la clara intención de aguardar allí el arribo de las cajas y retirarlas en destino El Sr. Fiscal requirió la elevación de la causa a juicio respecto de nombrados Villalba Simbron y Godoy, por considerarlos responsables del delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, previsto y reprimido por el art. 5, inc. c), de la ley requerimiento de fs. 421/425. Con los elementos de juicio producidos durante la etapa instructora, tengo por cierto y acreditado el hecho imputado en el requerimiento de elevación a juicio y que ha sido aceptado por las partes en esta sede, conforme a la descripción que se efectuara precedentemente. Conforme la valoración de la prueba examinada a la luz de la sana crítica racional (art. 389 del CPPN), tal aserto encuentra fundamento, principalmente con el acta de denuncia (de fs. 01/01vta.), acta de traslado y constatación (de fs. 02/03vta.); acta circunstanciada de procedimiento (de fs. 04/05vta.); prueba de orientación química (fs. 06), acta de secuestro y pesaje ante la prevención (fs. 07), acta de notificación y lectura de derechos y garantías a los imputados (fs. 08/08vta. y 86/86vta.), informes médicos realizados por la prevención (fs. 09 y 87), fotocopias certificadas de la cedula de identidad de los imputados Villalba Simbron y Godoy (fs. 12 y 88/89); croquis del lugar del hecho (fs. 23), exhibición de tomas fotográficas de procedimientos (fs. 24/27), recibo de CDs secuestrados (fs. 66), acta de denuncia de parte de la hermana del imputado Villalba Simbron (fs. 82/83), antecedentes del Sistema S.A.G. (fs. 90), informe de consulta de dominio (fs. 94), informe de tareas encomendadas a Gendarmería

4 Nacional (fs. 114/116, 148/149), informe el Registro Nacional de Reincidencia (fs. 176 y 178), acta de reconocimientos en rueda de personas (fs. 189/190 y 191/192), informe del estado de dominio del Registro de la Propiedad Automotor de Clorinda (fs. 219/221), actas de realización de tareas investigativas (fs. 238/244vta.), recibo de efectos (fs. 281, 334, 397), informe de movimientos migratorios (fs. 348/360); informe de INTERPOL Buenos Aires (fs. 361), informe de INTERPOL Asunción (fs. 369), la totalidad de los elementos incautados durante el procedimiento conf. surge de fs. 04/05vta., 33vta., 93, 116, 149, 343, 392, recibo de efectos de fs. 281, 334, 397, certificado de elevación de fs. 480 y 482, cuatro (04) CDs secuestrados conteniendo imágenes de las cámaras de seguridad, según acta de fs. 04/05vta., un (01) DVD conteniendo información extraída de los equipos celulares secuestrados, acompañado con el informe pericia nº 3834 según fs. 376/391, peritaje químico N 9252, practicado sobre la sustancia incautada (fs. 335/342), informes médicos psiquiátricos realizados a los imputados Villalba Simbron y Godoy (fs. 365 y 367) y peritaje Nº 3834, realizado a los equipos de telefonía celular móvil secuestrados (fs. 376/391) con un DVD conteniendo información extraída de los equipos. III. El acta de procedimiento es un instrumento público suscripto por la totalidad de los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, amén de los testigos de actuación, que aparece corroborado en todas sus partes por el secuestro de la mercadería ilícita estupefaciente y de las planillas que describen meticulosamente el peso de cada paquete. En el mismo sentido, corroboran los sucesos y complementan el cuadro probatorio adquirido, las declaraciones rendidas por los testigos: Luis Arnaldo Pérez, Fernando Ariel Velazco,

5 Poder Judicial de la Nación Hernán O higgins, Pablo Maximiliano Ayuso y Emilia Raquel Villalba quienes en su totalidad describen e identifican a los imputados Villalba Simbron y Godoy como intervinientes en los hechos antes descriptos. En síntesis, considero acreditada la materialidad del hecho bajo juzgamiento y la intervención en calidad de autor respecto del imputado Roque Rubén Villalba Simbron y como partícipe necesario respecto de Mario Alfonso Godoy. Segunda cuestión: I. En punto a la calificación, considero que no hay obstáculo para acoger la pretensión punitiva ejercida por el titular de la acción penal pública a través del acuerdo de juicio abreviado, al calificar el hecho como transporte de sustancia estupefaciente con fines de comercialización, en grado de tentativa art. 5, inc. c de la ley , conforme arts. 42 y 44 del Código Penal. Y al no existir controversias entre las partes respecto a esa calificación, se la admite en los términos del principio acusatorio que debe regir el procedimiento penal, conforme el bloque constitucionalidad introducido en la reforma constitucional de 1994 y a los demás tratados y convenciones que la República Argentina ha suscripto al respecto. II. Cabe señalar que del peritaje nº 9252 realizado sobre las sustancias incautadas, ratifica que se trata de estupefaciente cannabis sativa lineo (marihuana), incluido en el Anexo I del Decreto 772/2015, al que remite el artículo 77 del Código Penal, modificado por el artículo 40 de la ley y que del total de la cantidad incautada se podrían obtener sesenta y un mil trescientas una (61301) dosis umbrales. Sustancia toxicomanigena que inequívocamente tenía

6 por destino su comercialización, toda vez que la cantidad excede cualquier tipo de demanda de carácter personal III. Respecto a la concurrencia del tipo subjetivo de la figura referida, la manera y circunstancias en que ha quedado acreditado se desarrolló el hecho investigado en la presente causa, ponen de manifiesto que tenían pleno conocimiento del material ilícito estupefaciente que transportaran dentro de las dos cajas las cuales contenían en total veintidós paquetes de marihuana y de las que emanaba el olor característico a dicho estupefaciente, que intentaron luego ser despachadas por el imputado Villalba Simbron, con destino a la ciudad de Buenos Aires allí donde aguardaba el arribo de las encomiendas el coimputado Mario Godoy, maniobra que pudo ser detectada gracias a la denuncia efectuada por el Sr. Luis Arnaldo Pérez y por el diligente control por parte de personal de la prevención. Entiendo, que concurrieron en la conducta de los imputados, los elementos que integran el dolo: cognoscitivo y volitivo. Que con conocimiento del contenido ilícito que contenían las dos cajas antes referidas, llevaron a cabo las conductas descriptas en el tipo penal endilgado, el que fue puesto en evidencia en las condiciones ya reseñadas. En estas condiciones Roque Rubén Villalba Simbron aparece como autor del ilícito reseñado y Mario Alfonso Godoy como partícipe necesario del mismo (art. 45 del código penal). Tercera cuestión: I. La pena mocionada en el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, resulta proporcional a la magnitud del injusto atribuido a los acusados y al grado de culpabilidad

7 Poder Judicial de la Nación exteriorizado, del que derivan los requerimientos de prevención especial bien mensurados por los proponentes. En lo que atañe a la magnitud del injusto (artículo 41, inciso 1º, del Código Penal), cabe destacar que la carga ilícita se encontraba acondicionada dentro de dos cajas de cartón cerradas y envueltas en cinta adhesiva transparente, lo que sólo pudo ser detectada por el control pertinente del personal de la empresa de encomiendas Integral Pack y de gendarmería que intervino en el procedimiento. En tales condiciones, la puesta en peligro del bien jurídico fue notoriamente elevada. Resulta claro que el grado de afectación del bien jurídico por puesta en peligro, es menor en este caso, dado que se desbarató la introducción al mercado y consecuente circulación y distribución de la sustancia estupefaciente marihuana. Debe computarse a favor de los encausados que, según los informes del Registro Nacional de Reincidencias de fs. 176 y 178, no registran antecedentes penales ni procesos penales en trámite al igual que lo comunicado por el Depto de Interpol a fs. 361 y 367. Por todo ello, conforme a la sana crítica racional, considero equitativo y justo imponerles la pena acordada de tres (3) años de prisión. II. Si bien las partes han acordado el modo de ejecución de la pena (de cumplimiento efectivo), dicha cuestión será previamente merituada y resuelta. El artículo 26 del Código Penal, en lo pertinente, prescribe: En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el

8 mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. La norma transcripta, tradicionalmente fue interpretada en el sentido que consagraba una excepción al principio general de cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad. Sin embargo, dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual integración, permiten otra interpretación vinculada a los fines de la pena estatal y a las escasas posibilidades de satisfacer los requerimientos de prevención especial de las penas breves de prisión. En el fallo del 21 de setiembre de 2004, dictado en la causa «Gasol, Silvia I. y otro», publicado en DJ :1174 se afirmó: ( )la condenación condicional procura evitar la pena corta de prisión para quien pueda ser un autor ocasional. En el fallo del 8 de agosto de 2006: «S.A. y otro», pub. en LL edición del 27 de diciembre de 2006, se mantuvo: el instituto de la condenación condicional previsto en el artículo 26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el artículo 18 de la Constitución Nacional.

9 Poder Judicial de la Nación La doctrina ha glosado estos fallos sosteniendo: Un entendimiento razonable llevaría a concebir a la condena de ejecución condicional como un derecho, reglado desde luego. Ese derecho sólo puede verse cercenado de verificarse causas impedientes, que son las contenidas en el art. 26 del Cód. Penal (condiciones materiales). Es decir que una correcta lectura del dispositivo lleva a entender que no deben mediar circunstancias que veden la condicionalidad (la naturaleza del hecho, la actitud posterior al delito, los móviles que impulsaron a delinquir, etc.) (Pampliega: El derecho a la condena de ejecución condicional). Tales criterios se encuentran en línea con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, conocidas como Reglas de Tokio, aprobadas por la Asamblea General por Resolución 45/110 que prescriben en lo que aquí interesa Regla 2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia. Huelga señalar que el tribunal de mérito, se encuentra habilitado para imponer una modalidad de pena más benigna a la consensuada en razón que de la exegesis de la norma surge que no podrá imponer una pena superior a la pactada entre las partes (principio de no agravación punitiva). Así las cosas, dado que carecen de antecedentes penales, tratándose de una primera condenación y que la fiscalía no ha

10 expresado en el acuerdo, argumentos algunos respecto del pedido de imposición de pena de privación efectiva de libertad, conforme a la sana critica racional, consideramos equitativo imponerle la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso. Como presupuesto del reproche penal atribuido, tengo en cuenta que los encausados no revelan patologías que afecten sus aptitudes intelectivo volitiva o condicionamiento alguno de sus capacidades de comprensión y determinación del sentido disvalioso de las acciones emprendidas. Esta valoración, resulta respaldada con los términos de los informes de los exámenes médicos psiquiátricos de fs. 365 y 367. Deben ser condenados además, a una multa penal de cuarenta y cinco (45) unidades fijas y accesorias legales, como autor en el caso de Roque Rubén Villalba Simbron y partícipe necesario a Mario Alfonso Godoy por resultar materialmente responsable del delito de transponte de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa, conforme art. 5 inc. c) (modificado por ley ) y art. 45, ambos de la ley , y arts. 26, 42 y 44 del código penal, imponiéndoles además a ambos causantes las obligaciones por el termino igual al de la condena de: 1) Fijar residencia, y obligarse a concurrir a este tribunal, toda vez que su presencia sea requerida; 2) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis. del código penal).. Cuarta cuestión: I. Conforme al resultado del juicio, los condenados deberán cargar con las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del C.P. y ccdtes., arts. 403, 531y 532 del C.P.P.N.).

11 Poder Judicial de la Nación II. Toda vez que los imputados se encuentran actualmente detenidos, en atención a la condena de ejecución condicional que se les impone, corresponde ordenar sus inmediatas libertades (art. 26 del código penal) librándose al efecto por Secretaria los oficios a las unidades de detención correspondientes a cada uno. III. Corresponde regular los honorarios profesionales del Defensor Público Oficial, Dr. Belisario Arévalo, en mérito a la labor desempeñada en la defensa técnica del imputado Roque Rubén Villalba Simbron, en la suma de veinticinco mil pesos ($ ) conforme art. 6º incisos c) y d) de la ley , 5º párrafo final, y 70 de la ley IV. Asimismo, corresponde regular los honorarios profesionales de la Defensora Oficial Ad Hoc, Dra. Rossana Mariel Maldonado, en mérito a la labor desempeñada en la defensa técnica del imputado Mario Alfonso Godoy, en la suma de veinticinco mil pesos ($ ) conforme art. 6º incisos c) y d) de la ley , 5º párrafo final, y 70 de la ley V. A su vez, se debe disponer el decomiso y destrucción del remanente de la sustancia estupefaciente incautada, encomendando su ejecución al Escuadrón 15 Bajo Paraguay de Gendarmería Nacional, con arreglo al procedimiento previsto por el art. 30 de la ley VI. Resulta procedente además, disponer el decomiso de los teléfonos celulares que le fueran oportunamente incautados a los imputados en oportunidad del procedimiento que dio origen a esta causa, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 23 del Código Penal (mod. Ley ), art. 30 último párrafo de la ley , todo en

12 función de los arts. 522 a 525 de C.P.P.N. Comunicándose dicha medida a la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición (Dirección de Gestión Interna y Habilitación C.S.J.N. Acordada 55/92 y 32/09 Resol. C.S.J.N. 170/95, 294/94 art. 3 o 33 Ley 23853). VII. Declarada que fue la culpabilidad de los acusados y determinada la pena que corresponde imponerles, se debe comunicar la sentencia al Registro Nacional de Reincidencia (artículo 2, inciso i), de la ley ) y, en atención a las nacionalidades de los causantes, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Nacional y a la Delegación Formosa de la Dirección Nacional de Migraciones. VIII. Dar cumplimiento a la Acordada 15/13 y 42/2015, ambas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre publicación de las resoluciones judiciales. IX. Consentido y ejecutoriado que sea, pasar la causa al Sr. Juez de Ejecución Penal a los fines de su competencia. Por todo ello, Se resuelve: I. Condenar a Roque Rubén Villalba Simbrón, CI Paraguaya Nº , cuyos demás datos personales constan en autos, a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso, como autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa, previsto y reprimido por el art. 5º, inc. c de la ley Nº en función de los arts. 26, 42 y 44 del código penal, más multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas, con costas (art. 29 inciso 3 del Código Penal; arts. 403, 531 y 532 del Cód. Procesal Penal de la Nación)

13 Poder Judicial de la Nación imponiéndole la obligación por el término igual al de la condena de: 1) Fijar residencia fija y comprobable; 2) Obligarse a concurrir a este tribunal, toda vez que su presencia sea requerida; 3) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis. del código penal). II. Condenar a Mario Alfonso Godoy, DNI Nº , cuyos demás datos personales constan en autos, a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso, como participe necesario penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa, previsto y reprimido por el art. 5º, inc. c de la ley Nº en función de los arts. 26, 42 y 44 del código penal, más multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas, con costas (art. 29 inciso 3 del Código Penal; arts. 403, 531 y 532 del Cód. Procesal Penal de la Nación) imponiéndole la obligación por el término igual al de la condena de: 1) Fijar residencia fija y comprobable; 2) Obligarse a concurrir a este tribunal, toda vez que su presencia sea requerida; 3) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis. del código penal). III. Ordenar las inmediatas libertades de los condenados Roque Rubén Villalba Simbron y Mario Alfonso Godoy (art. 26 del código penal) y librar por Secretaria los oficios pertinentes a las unidades de detención correspondientes a cada uno de los nombrados. IV. Regular los honorarios profesionales del Defensor Público Oficial, Dr. Belisario Arévalo, en mérito a la labor desempeñada en la defensa técnica del imputado Roque Rubén Villalba

14 Simbron, en la suma de veinticinco mil pesos ($ ) conforme art. 6º incisos c) y d) de la ley , 5º párrafo final, y 70 de la ley V. Regular los honorarios profesionales de la Defensora Oficial Ad Hoc, Dra. Rossana Mariel Maldonado, en mérito a la labor desempeñada en la defensa técnica del imputado Mario Alfonso Godoy, en la suma de veinticinco mil pesos ($ ) conforme art. 6º incisos c) y d) de la ley , 5º párrafo final, y 70 de la ley VI. Disponer el decomiso y destrucción del remanente de la sustancia incautada, encomendando su ejecución al Escuadrón 15 Bajo Paraguay de Gendarmería Nacional, con arreglo al procedimiento previsto por el art. 30 de la ley VII. Disponer el decomiso de los teléfonos celulares que le fueran oportunamente incautados a los imputados en oportunidad del procedimiento que dio origen a esta causa, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 23 del Código Penal (mod. Ley ), art. 30 último párrafo de la ley , todo en función de los arts. 522 a 525 de C.P.P.N. Comunicándose dicha medida a la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición (Dirección de Gestión Interna y Habilitación C.S.J.N. Acordada 55/92 y 32/09 Resol. C.S.J.N. 170/95, 294/94 art. 3 o 33 Ley 23853). VIII. Comunicar la presente sentencia al Registro Nacional de Reincidencia (artículo 2, inciso i), de la ley ) y, en atención a las nacionalidades de los causantes, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Nacional y a la Delegación Formosa de la Dirección Nacional de Migraciones.

15 Poder Judicial de la Nación IX. Dar cumplimiento a la Acordada 15/13 y 42/2015, ambas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre publicación de las resoluciones judiciales. Regístrese, notifíquese y consentido o ejecutoriado que fuere este pronunciamiento, remitir la causa al Sr. Juez de Ejecución Penal a los fines de su competencia. JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR JUEZ DE CAMARA CLAUDIA MARIA FERNANDEZ Secretaria de Cámara