CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA Quito, martes 24 de marzo del 2015, las 12h VISTOS: La doctora Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional, conoce del presente juicio, conforme la Resolución N de 25 de enero de 2012, emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de Conformación de Salas N de 22 de julio de 2013, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. También conocen de la presente causa los doctores Ana María Crespo Santos y José Luis Terán Suárez de conformidad con la Resolución N de 17 de diciembre de 2014 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y las Resoluciones N s y de 28 de enero de 2015, emitidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia PRIMERO.- Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para conocer y pronunciarse sobre el presente recurso de apelación de hábeas corpus, en virtud del sorteo practicado el 19 de marzo de 2015, y de los artículos: 45 literal d) numeral 2), 575 y 534 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 76 numeral 7 literales a), b) y c) de de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 185, segunda parte, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.- 1/9

2 SEGUNDO.- Por sorteo de ley, en concordancia con el artículo 44 numeral 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siendo el estado de la causa el de resolver, se considera: TERCERO El señor Juan Cristóbal Solórzano Pino, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el 9 de marzo del 2015, a las 10h47 por la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, dentro de la acción de hábeas corpus, propuesta en contra del Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil El recurrente manifiesta en su escrito: la Sala se ha omitido analizar las reglas de aplicación del Hábeas Corpus, en especial la contenida en el literal d) del numeral 2) del artículo 45 (sic) que en referencia a la detención arbitraria o ilegítima,. Manifiesta también que: el Tribunal teniendo la facultad constitucional de analizar todos los conceptos que encierra la vulneración del derecho a la libertad, incluyendo <los que hacen referencia a los vicios de procedimiento en la privación de la libertad>, el Tribunal claramente se declara incompetente al decir <que no son los competentes para tratar sobre aspectos formales>, cuando la misma ley los faculta como Jueces Constitucionales a analizar en el fondo y la forma sobre la legitimidad y legalidad de una detención.. Señala que ha existido varias violaciones al debido proceso: 1) Violación al debido proceso: Hora judicial; al respecto manifiesta que según el Código Integral Penal, todas las audiencias que fueren convocadas deberán realizarse en los días y en las horas convocadas, y afirma que esto no es una formalidad legal, es una regla del debido proceso que debía ser respetada. 2) Violación al debido proceso: Falta de notificación, que está establecida en el numeral 1 del artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal, la convocatoria para la realización de una audiencia debe ser debidamente notificada por lo menos con 2/9

3 72 horas de anticipación, para garantizar el derecho a la defensa. 3) Violación al debido proceso: Violación al derecho de la defensa, contemplada en el artículo 76 numeral 7) literales a), b) y c) de la Constitución de la República, al respecto el recurrente afirma que dos días no es tiempo suficiente para la preparación de su defensa, cuando el otro procesado ha tenido casi 60 días para defenderse. 4) Violación al debido proceso: Prevaricato del Juez, ya que afirma que se conoce que la prisión preventiva tiene como finalidad garantizar la comparecencia del procesado al proceso, y el cumplimiento de la pena, siempre y cuando se cumplan los cuatro requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, señala que la Fiscal Dra. Ivonne Puga emitió una certificación donde se había dispuesto la medida alternativa a la prisión preventiva de presentarse ante ella los días lunes, dentro de otro proceso; medida que ha cumplido con exactitud, razón por la cual afirma que si existía la suficiente garantía de su presencia en el proceso no observándose lo dispuesto en el párrafo final del artículo 534 del Código Integral Penal, por lo que a su criterio que se trata de una PERSECUCIÓN FISCAL Y JUDICIAL La sentencia emitida por la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas ha resuelto negar la acción de Hábeas Corpus solicitada por el señor Juan Cristóbal Solórzano Pino, señalando que no existe una restricción de los derechos conexos a la libertad que sea considerada arbitraria, ilegal o ilegitima, ni se configura las circunstancias contempladas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador CUARTO.- De fojas 76 de los autos consta el Acta de Audiencia de HÁBEAS CORPUS de 25 de febrero de 2015, a las 12h00 dentro de la acción que el señor Juan Cristóbal Solórzano Pino, en contra del Juez de la Unidad Judicial de Garantías 3/9

4 Penales con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil; en la mentada acta, el abogado patrocinador del accionante, realiza su intervención oral manifestando que su patrocinado fue detenido el 13 de diciembre de 2014, incriminándole por un supuesto delito de cohecho, en complicidad con un agente de tránsito, según señala sin tener pruebas, por lo que la Fiscalía no encuentra indicios y formula cargos por fraude procesal, posteriormente se revoca la prisión, por concederle medidas alternativas, medidas que se cumplieron a cabalidad, según manifiesta; sin embargo una nueva Fiscal, decide vincular a su defendido, lo que viola garantías constitucionales, según afirma. Prosigue señalando que no se le ha notificado de la Audiencia de Vinculación, donde se dicta la orden de prisión en contra su defendido, añade que la audiencia no se dio dentro de la hora judicial, y por último, menciona que existe prevaricato del juez, ya que dicho funcionario no cumple con lo establecido en el inciso final del artículo 534 del Código Integral Penal, en el que se dispone que el Juez resolverá dictar prisión, cuando el procesado haya incumplido con la medida establecida, por lo que manifiesta existe violación de garantías constitucionales. Por otra parte, la parte accionada, es decir el señor Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes del cantón Guayaquil, manifiesta: Que se dio la Audiencia de vinculación en contra del accionante, ya que el Fiscal encontró suficientes elementos de convicción en su contra, que se trata de dos hechos distintos contra el mismo ciudadano, por lo que se le procesó y se dicta orden de prisión preventiva, si bien es cierto estaba cumpliendo medidas en otro proceso y se le presentaron documentos que consideró que no eran suficientes para el arraigo en su respectiva valoración, por lo que ordenó prisión preventiva, que no se ha perfeccionado, ya que no se encuentra detenido. Acto seguido se suspende la audiencia de Hábeas Corpus, manifestando los señores Jueces que se la reinstalará el día jueves 26 de febrero de 2015, a las 16h00, quedando oralmente notificadas las partes. 4/9

5 Reinstalada la audiencia en la fecha y hora señalada, conforme el acta constante a fojas 77 del expediente, el señor Juez ponente considera: El oficio remitido por la Dra. Ana Ramos dirigido al Ab. Luis Tapia con la solicitud que se realice la audiencia de vinculación a la instrucción al señor Juan Solórzano Pino y a William García Rodríguez, al respecto el señor Juez José Poveda Arauz con auto de 4 de febrero de 2015, a las 11h56 indica que se cite a las direcciones señaladas por la Fiscalía, para que estén presentes en la audiencia señalada para el 6 de febrero, a las 15h30, razones de citación que se encuentra a fijas 158 y 160 del proceso de instancia, por lo que el Tribunal no considera que el recurrente no conociera de la audiencia, ya que el abogado del recurrente si compareció a dicha audiencia, por consiguiente en razón de ello y de acuerdo a lo que dice el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional considera dicha Sala que no existe una arbitrariedad, ilegalidad o ilegitimidad respecto a la orden de prisión preventiva QUINTO: A fojas 82 a 85 del cuerpo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, consta la apelación propuesta por el accionante a la resolución de 9 de marzo del 2015, expedida por los Jueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas SEXTO.- Para resolver el presente recurso de apelación, es necesario señalar lo que dispone el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador que establece: La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la 5/9

6 orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Por otra parte el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) señala: Art Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida forzosamente; 4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones 6/9

7 alimenticias; 7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención SÉPTIMO: De conformidad con el artículo 89 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 43 de la LOGJCC, se desprende con claridad que esta garantía constitucional procede únicamente en dos supuestos: si la privación de libertad fuese ilegal, arbitraria o ilegítima, o si es que la libertad fuese necesaria a fin de proteger la vida o integridad física de quien se encuentra privado de la misma. En el presente caso, luego del análisis de los recaudos procesales, se concluye que: conforme el acta de audiencia de Hábeas Corpus constante a fojas 76 del expediente, el Dr. José Daniel Poveda Cruz, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia de delitos flagrantes de Guayaquil, manifestó que se ha emitido orden de prisión preventiva, sin embargo la misma no se ha perfeccionado ya que no está detenido, situación que se corrobora con la razón sentada por la Ab. Isabel Cristina Correa Acebo secretaria de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial, constante a fojas 75 del expediente al momento de celebrarse la audiencia de Hábeas Corpus, en el que se rescata: comparece la parte accionante el Abogado Hernan (sic) Stalin Ulloa Ordoñez a nombre y en representación del señor Juan Cristobal Solorzano (sic) Pino y por la parte accionada comparece el Doctor Jose (sic) Daniel Poveda Arauz, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales ; a lo que se suma que no 7/9

8 media en el expediente respectivo, certificación o prueba alguna emitido por autoridad competente de que el accionante se encuentre privado de libertad en algún centro carcelario o de detención, circunstancia que tampoco se asevera en el respectivo escrito contentivo del recurso de Hábeas Corpus, como en el escrito de apelación, constantes a fojas 3 a 9 y 82 a 85 del expediente, sobre el lugar de su detención o su actual paradero donde supuestamente se encuentre privado de libertad. Al respecto esta Sala Especializada rescata que la esencia de esta garantía Constitucional es el proteger a todas las personas ante una detención ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad (Acción de Hábeas Corpus en Viabilidad de las Garantías Jurisdiccionales, Cazar X., Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, página 94), pues la acepción natural de esta figura jurídica se constriñe a traedme el cuerpo o He aquí el cuerpo, es decir, traer o exhibir a aquella persona que se dice ha sido detenida ilegalmente a fin de determinar la certeza jurídica de tal detención y si ésta fue arbitraria o no (obra citada, página 89), por lo que dicha garantía procede para recuperar la libertad de una persona cuando efectivamente o fácticamente se encuentre privada de su libertad, y no contra órdenes de autoridad que aún no se hayan ejecutado conforme los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, por lo que en el presente caso, al verificarse este particular, mal podría este Tribunal entrar en el respectivo análisis fáctico y jurídico del recurso de apelación de Hábeas Corpus. Si lo que se buscaba era la revisión de la medida emitida por la autoridad competente, los interesados mantenían las vías judiciales naturales y expeditas para su respectiva impugnación OCTAVO.- En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO 8/9

9 JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Cristóbal Solórzano Pino. Notifíquese. F.) Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ PRESIDENTE; Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA NACIONAL; Dra. Ana María Crespo Santos, JUEZA NACIONAL. Certifico. F.) Abg. Diego Acuña Naranjo, SECRETARIO RELATOR. 9/9