DICTAMEN Nº. 152/2007, de 12 de septiembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN 152 DICTAMEN Nº. 152/2007, de 12 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de Dª. X, a consecuencia de los daños derivados de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital General Universitario de H. ANTECEDENTES El expediente remitido para dictamen tiene su inicio en una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración presentada el día 31 de agosto de 2001 (mencionada aunque no aparece entre la documentación que conforma el expediente), y una denuncia interpuesta el día 28 del mismo mes y año presentada ante el Juzgado de Instrucción, ante la supuesta negligencia médica sufrida cuando se le practicó a Dª. X una cesárea en el Hospital General Universitario de H. En dicha denuncia solicitaba la incoación de Diligencias Previas para la comprobación de los hechos denunciados y la remisión del Historial Clínico al Juzgado. Expone la reclamante, como presupuesto fáctico de su pretensión, que el día 21 de agosto de 2001, ingresó en el Hospital General Universitario para serle practicada una cesárea en el servicio de Tocología. Posteriormente, el día 24 de agosto, es decir, tres días después de practicarse la cesárea, la denunciante es reintervenida ante la sospecha de un cuerpo extraño, extrayéndose el mismo. Dicho cuerpo extraño resultó ser una compresa que no fue retirada al realizarse la cesárea el día 21. Como consecuencia de dicha conducta médica por la que tuvo que ser reintervenida, sostiene la reclamante que no tuvo la subida de leche que le permitiera amamantar al bebe, además de una grave afectación psicológica derivada del stress y la ansiedad producida por una segunda intervención unido al hecho de no poder ver a su hijo hasta transcurridos cuatro días desde su nacimiento. En fechas posteriores, en concreto el día 17 de mayo de 2002, Dª. X, reitera su reclamación frente a la actuación del Servicio de Tocología del Hospital General Universitario de H, mediante escrito presentado ante la Oficina de Atención al Paciente, en el que cifraba su reclamación por la presunta negligencia médica en euros. Dicha reclamación es reenviada por el Director Gerente del Hospital a la Asesoría Jurídica Provincial del Instituto Nacional de la Salud, como órgano encargado de la gestión del contrato de seguro de responsabilidad civil. Tramitado el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, se propuso la estimación parcial de la reclamación interpuesta al reconocer que concurren los presupuestos necesarios para apreciar la existencia de responsabilidad de la Administración Pública, puesto que los profesionales que atendieron a la paciente incurrieron en un error durante el acto quirúrgico al no realizar de manera correcta el recuento de compresas, provocando dicha negligencia que la paciente tuviese que ser intervenida de nuevo para la retirada de la compresa olvidada en la cavidad abdominal. * Ponente: Inmaculada González de Lara y Ponte 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Ahora bien, se determina que no es posible estimar íntegramente la reclamación presentada, ya que se aprecia en esta propuesta de resolución que no todos los daños alegados guardan relación causal con la actuación de los facultativos de la Sanidad Pública. Se señala, con respecto a las consecuencias dañosas esgrimidas derivadas de no poder ver a la niña en cuatro días, que estos hechos obedecen a la condición de feto prematuro y de bajo peso del bebé que obligó a su ingreso en la Unidad de Neonatología, ya que si el feto hubiese nacido a término y sin problemas no hubiera requerido esa separación. Con respecto a la imposibilidad de amamantar a su hija, en la propuesta de resolución se mantiene que la subida de la leche se produce entre el segundo y sexto día del parto y sólo una situación de gravedad o stress persistente puede hacer que ésta se inhiba. Por todo ello, se señala no podemos considerar la reintervención como causante directa de la imposibilidad de la paciente para dar de mamar al feto, ya que la evolución fue rigurosamente normal desde el cuarto día del posparto, sino que fue el resultado de una serie de hechos como el stress y la inmadurez del feto que hace que la succión no sea lo suficientemente eficaz. En cuanto a las secuelas psicológicas, señala el informe que aún cuando en este caso no están probados, debe entenderse que los daños morales se encuentran incluidos en la indemnización básica por incapacidad temporal. EXTRACTO DE LA DOCTRINA Hay constancia de la existencia de unos daños, efectivos y antijurídicos, que demuestran, tal y como se determina en la propuesta de resolución, que los profesionales que atendieron a la paciente incurrieron en un error durante el acto quirúrgico al no realizar de manera correcta el recuento de las compresas, provocando dicha negligencia que la paciente tuviese que ser intervenida de nuevo para la retirada de la compresa olvidada en la cavidad abdominal. La conducta de los profesionales que atendieron a la reclamante no supera la exigencia de la aplicación de la lex artis ad hoc, como medida de la corrección o no de su proceder, puesto que el correcto contaje del material quirúrgico empleado en la intervención, es una regla que por básica y elemental no requiere de más esfuerzo dialéctico; es por sí misma, una evidencia de mala praxis médica que no necesita demostración, considerando, mediante el recurso a la conocida locución latina res ipsa loquitur, que los hechos hablan por sí mismos y prueba de ello es que el Secretario General del SESCAM reconoce en su propuesta de intervención la deficiente actuación de los profesionales, concluyendo que concurren los presupuestos necesarios para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Fijados así los presupuestos fácticos en los que se ha mover el pronunciamiento del Consejo, conviene traer a colación la conocida distinción doctrinal entre medicina curativa o asistencial y medicina satisfactiva -v. gr. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, Ar. RJ 2000,7799, FJ 9º-, que sirve para determinar el distinto nivel de exigencia aplicable a las prestaciones dispensadas por los servicios sanitarios e insertar dentro del ámbito de la primera a aquellas actuaciones en las que persiguiéndose la curación del enfermo, la diligencia del médico consiste en emplear todos los medios a su alcance para conseguirla, pero sin operar una garantía de resultado que sólo es propia de la medicina satisfactiva. Así, las limitaciones evidentes de la ciencia médica y de la técnica desarrollada en esa disciplina para garantizar un resultado curativo frente a cualquier dolencia o enfermedad obligan a ponderar la conjunción de los riesgos derivados del propio proceso patológico padecido, de las pruebas y exploraciones realizadas en su diagnóstico y de los 2

3 DICTAMEN 152 lógico padecido, de las pruebas y exploraciones realizadas en su diagnóstico y de los tratamientos e intervenciones prescritos para su curación bajo el prisma de la lex artis ad hoc, concepto que se ha erigido en nuestra jurisprudencia como piedra angular para ponderar la idoneidad del actuar de los servicios sanitarios y declarar, en caso de desatención, la responsabilidad patrimonial de la Administración -v. gr., Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2002 (Ar. 2002,9182) o de 14 de octubre de 2002 (Ar. 2003,359)-. Pues bien, en este cometido los diversos informes incorporados al procedimiento acreditan la existencia de una vulneración de dichas reglas profesionales de actuación aplicables al caso. La discusión y la disparidad de criterio se centra en la relación de causalidad existente entre la conducta anormal de la Administración y algunos de los efectos dañosos de la reintervención. En concreto, el Secretario General del SESCAM niega la causalidad entre dicha intervención y la imposibilidad de amamantar a su hija y con los daños psicológicos producidos.. A este respecto, tenemos que recordar el silencio que sobre el tema se guarda en el informe de la inspectora médica y en cualquier caso señalar la incoherencia demostrada en la propuesta de resolución. En efecto se señala que una situación de stress puede provocar la inhibición de la leche materna, pero no se reconoce a la situación de ignorancia que vivió la reclamante acerca de su salud y la de su hija, esta virtualidad desestabilizadora, al tiempo que se achaca a la inmadurez de la niña el que la succión no sea eficaz. Parece olvidar que la reclamante estuvo sin ver a su hija, por no poder desplazarse a Neonatología debido a su salud, por lo que la discusión sobre la succión como eficaz o no, carece de sentido. Parece, por tanto meridianamente claro, la relación causal existente entre la ausencia de leche y el estado de febrícula, los vómitos, la distensión abdominal y la nueva anestesia general empleada para su reintervención. En el caso de los daños psiquiátricos, se desestima su inclusión dentro de la cuantía a indemnizar, pues se señala que en este caso no están probados por la reclamante, pero aún cuando lo estuviesen, la propuesta considera que los daños morales se encuentran incluidos dentro de la indemnización básica por incapacidad temporal. Hay que discutir la conclusión a la que llega el Secretario General del SESCAM, pues del examen del expediente tenemos que concluir que la reclamante si ha hecho un esfuerzo probatorio tendente a dejar constancia de la existencia de daños psicológicos, mediante la incorporación de un informe psiquiátrico que revela el alcance de los daños. Así lo reconoce igualmente el forense, mientras que la Administración, mediante la actuación de la instructora del procedimiento, no realiza ningún esfuerzo para negar la existencia de estos daños y su derivación de la reintervención. En cualquier caso, lo que es inadmisible es la conceptuación del daño psicológico como daño moral, pues es un error de concepto a subsanar. El daño no patrimonial o daño moral se viene considerando indemnizable, al amparo del artículo 1902 del Código Civil, desde la conocida Sentencia de 6 de diciembre de 1912, considerándose como tal, aquél cuya valoración en dinero no tiene la base de equivalencia que caracteriza al patrimonial, por afectar a elementos o intereses de difícil valoración económica, particularmente el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, actividades o incluso resultados. La doctrina jurisprudencial, tal y como determina el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de junio de 2007 (Ar. JUR 2007\197384), o de 18 de octubre de 2000 (Ar. RJ 2000\9079), o la Sentencia de la Audiencia Provincial de 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha de octubre de 2000 (Ar. RJ 2000\9079), o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 9 de diciembre de 1997 (AC 1997\2407), ha admitido esta reparación que va dirigida a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado, pero que es diferenciable de las patologías psicológicas que puedan surgir después de una situación de shock o stress. Como tales conceptos distintos los recoge la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, plasmadas en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Por consiguiente, debe concluirse, a la vista de los informes médicos aportados, una clara vulneración de la lex artis imperante en el área de especialidad médica cuestionada, resultando indubitado el nexo causal entre el funcionamiento del servicio médico prestado en el citado centro hospitalario y los perjuicios susceptibles de indemnización, que deben comprender las secuelas psicológicas derivadas de su trastorno adaptativo con síntomas mixtos de ansiedad y estado de ánimo depresivo, causado por el estado de incertidumbre acerca de su estado de salud, el de su hija y no poder amamantarla, ya que estas consecuencias dañosas son claro ejemplo de un daño desproporcionado que no debe ser soportado por la paciente que se somete a una cesárea. DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre el servicio público dispensado en el Hospital General Universitario de H y los daños soportados por Dª. X tras el abandono de una gasa en la cavidad abdominal con ocasión de la cesárea practicada, procede dictar resolución estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 4

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