Intervención Social. Introducción. Estado de la negociación colectiva en el sector en la CAPV

Transcripción

1 Texto al X Congreso INTERVENCIÓN SOCIAL Intervención Social Introducción. Estado de la negociación colectiva en el sector en la CAPV La situación de la regulación laboral y la negociación colectiva en la CAPV del sector de Intervención Social es muy diferente según Territorios Históricos. Así en Bizkaia, desde el año 2005 existe un convenio sectorial con un ámbito funcional con vocación expansiva que regula el sector y que le ha dado una cierta homogeneidad tanto en las condiciones de trabajo, como en las condiciones laborales y en los precios de las contrataciones de la prestación de los servicios. Actualmente este convenio se está negociando aunque en el momento de escribir estas líneas la negociación estaba rota. En el caso de Gipuzkoa la situación está menos avanzada. El sector, si entendemos como tal el descrito en los ámbitos funcionales del Convenio de Bizkaia, está disperso en todos los sentidos. No existe una patronal de referencia aunque creemos que las entidades y empresas de Gipuzkoa han avanzado mucho y están más cerca de formar una patronal. Por otra parte las relaciones laborales, al no existir convenios estatutarios significativos, no están institucionalizadas y son muy distintas según empresas. En unas son inexistentes y/o muy problemáticas y en otras empresas, han conseguido un grado de madurez razonable. Asimismo, las administraciones, al no existir un convenio territorial, establecen precios distintos para iguales servicios, aprovechándose generalmente de esta situación diversa y desordenada, ofreciendo precios ridículos, absteniéndose además, de incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de la contratación de los servicios que externalizan. También la sindicalización del sector, aunque ha avanzado notablemente, todavía se encuentra en una situación de debilidad. Por último, es necesario señalar que las condiciones sociolaborales y salariales en Gipuzkoa son en general muy malas, hasta el punto de que en varias entidades y empresas la aplicación de Convenio Estatal de Intervención Social mejoraría objetivamente las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores/as. Este hecho, el de las condiciones salariales y laborales existentes en el sector en Gipuzkoa, y muy especialmente en menores y otros sub-sectores, obliga a una intervención enérgica que obligue, en tanto no haya convenio, a que las administraciones se responsabilicen de la estabilidad del empleo y de unas mínimas condiciones económicas. En el caso de Araba, hay que decir que es el territorio con menor numero de trabajadores y trabajadoras ejecutando programas y servicios públicos dependientes del sector privado en el ámbito de Intervención Social. Esto se debe a varias causas. Sin agotar todas las posibles algunas de estas son: El territorio Histórico de Araba, es de los tres de la CAPV el que tienen un menor número de servicios y programas de responsabilidad pública gestionados por la iniciativa privada. También, cuando hablamos de la Intervención Social en Araba, por la configuración urbana de este territorio y la distribución de sus habitantes, nos referimos fundamentalmente a los servicios externalizados por la Diputación de Araba y por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (algo, muy poquito porcentualmente, puede estar bajo la responsabilidad directa de los ayuntamientos de Amurrio y Laudio y de alguna cuadrilla). Asimismo algo depende del GV. 1

2 Por otro lado, la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han sido, comparativamente, unas instituciones menos privatizadoras que sus homónimas en Bizkaia y Gipuzkoa. También debemos resaltar que en Araba hay una fragmentación y dualización muy fuerte de las condiciones sociolaborales y económicas de los trabajadores y trabajadoras que intervienen en infancia, familia y juventud respecto de aquellos otros/as que actúan en intervención sociocultural y similares, siendo la de estos últimos mucho peor. Esto se debe a que históricamente las instituciones alavesas han tratado de forma muy distinta los programas y servicios de menores y familia que al resto, pagando a los primeros cantidades por su prestación de servicios que permitían salarios y condiciones muy cercanas a las de los trabajadores que dependen de la gestión directa de las administraciones públicas También por estas razones en el año 2007 fue posible aprobar un convenio para Araba para el Subsector de Infancia, Familia y Juventud con unas condiciones superiores al convenio de Intervención de Bizkaia, ya que el convenio alavés regula la situación de muy pocos trabajadores y trabajadoras que además pertenecen a un subsector muy concreto. Por último, es conveniente, aun cuando solo sea nombrar, señalar la existencia de un Convenio Estatal de Intervención Social desde 2007, el cual tiene la virtud de poner un techo mínimo para todo el estado español, no cercenando las posibilidades de negociación colectiva en ámbitos inferiores. Sin embargo, este convenio ha sido muy discutido por diversos actores. Unos por razones exclusivamente relacionadas con el deseo de regular este mercado de trabajo, y de pagar lo menos posible y otros, con algún planteamiento más razonable, y que no tiene que ver con posiciones antisindicales y desreguladoras del mercado. Por esta situación, el ataque jurídico de múltiples actores al convenio, el convenio estatal ha tenido una aplicación muy limitada y sus esperanzas de supervivencia están limitadas por una decisión judicial que se tomara en breve, quizás para navidades, y que, de momento, no está claro que vaya a ser favorable a los intereses de las trabajadoras y trabajadores del sector. Cómo nos plantemos intervenir en el sector. Metas para regular las condiciones sociolaborales del sector a través de la negociación colectiva. Comisiones Obreras de Euskadi a través de su Federación de Enseñanza, Irakaskuntza, ha manifestado en sucesivos foros y documentos que su objetivo es regular el sector de Intervención Social, en su ámbito funcional más amplio, mediante un convenio de ámbito autonómico. Sin embargos, somos conscientes, como lo hemos demostrado en sucesivas ocasiones, de que este objetivo hay que adecuarlo a las condiciones que se dan en cada territorio y a los ritmos y decisiones de las trabajadoras y trabajadores del sector. Así, en Bizkaia, podemos decir que el sector está regulado y que ahora toca la labor de perfeccionar el convenio, mejorar las condiciones salariales y otras, avanzando hacia situaciones menos desiguales con los trabajadores y trabajadoras que ejecutan los mismos proyectos y servicios dependiendo directamente de la gestión pública, así como regular las múltiples situaciones sociolaborales y organizativas distintas que se dan en un sector de un ámbito funcional tan amplio (nos referimos a que hay entidades y empresas, también subsectores completos, que tienen una organización del trabajo muy 2

3 especifica, junto con diferentes cargas de onerosidad en la ejecución del trabajo que necesitan de respuestas reguladoras adecuadas. Por último, hay que avanzar en la estabilización de las plantillas, los contratos indefinidos y las cláusulas administrativas de subrogación en los pliegos de contratación y prestación de servicios. En Gipuzkoa, lo más urgente es conseguir regular el sector a través de un convenio territorial de Gipuzkoa. Sería deseable que este convenio se acercase a las condiciones económicas del de Bizkaia, pero por lo menos, éste debería garantizar unas condiciones en las que todos los trabajadores y trabajadoras de Gipuzkoa mejorasen en términos globales de sector y que no hubiese nadie, en términos individuales, perjudicado/a por el acuerdo. Para esto necesitamos que se cree una patronal y que las administraciones públicas de Gipuzkoa, principalmente la Diputación y algunos grandes ayuntamientos, acepten la responsabilidad de trasladar a sus pliegos de condiciones para la contratación de servicios y programas, cláusulas sociales que garanticen al menos estabilidad en el empleo (cláusulas de subrogación en la contratación) y la transferencia de una parte estipulada a los salarios y costes sociales de los mismos. En todo caso, no hay que olvidar mientras tanto las negociaciones que hay en algunas empresas, especialmente donde tenemos representación y responsabilidades, hay que reforzarlas y conseguir en ellas las mejores condiciones posibles. En el caso de Araba hay que seguir profundizando para mejorar en el convenio de infancia, familia y juventud, ya pactado e intentar penetrar y sindicalizar más el sector, especialmente en ámbitos funcionales de trabajo no regulados en el territorio, (socioculturales, socio-sanitarios fronterizos de otros convenios, socio-laborales, y sociales no regulados por el actual convenio). El cómo salvar el escollo de regular el sector en toda su amplitud funcional, y no como hasta ahora circunscrito al pequeño ámbito de familia e infancia, estamos convencidos que podrá resolverse en el momento en que las instituciones vascas se encuentren con la Intervención Social perfectamente regulada en Gipuzkoa y Bizkaia y de forma similar o igual. Y esto lo pensamos así porque parece opinión generalizada de múltiples y diferentes actores sociolaborales y administrativos de la CAPV, que la cuarta pata del estado del bienestar, asentado en lo social y cultural en su sentido más extenso, debe ofrecer una cartera de servicos iguales a todos los ciudadanos y ciudadanas de la CAPV y en este contexto es difícil sostener precios y condiciones distintas en cada territorio, o incluso en cada municipio. En definitiva nuestra visión para el sector y los objetivos y metas que nos planteamos son las siguientes: 1. Un objetivo general, que es conseguir un convenio de Intervención Social de la CAPV en el que convergan los diferentes convenios territoriales actuales o futuros. 2. En tanto esto sucede, en Gipuzkoa debemos actuar en dos direcciones convergentes y complementarias: a. Construir y hacer un Convenio Territorial de Intervención Social para Gipuzkoa que: i. Al menos mejore las condiciones económicas y sociolaborales actuales del sector. ii. Que ningún subsector de Gipuzkoa (Centros Culturales, Tiempo Libre, Menores, Familias, Transeúntes, Grandes Excluidos, trabajo con grupos de edad o sexo, etc.), ni trabajador o trabajadora, empeore condiciones, aunque unos crezcan más que otros. 3

4 iii. Colaborar para que exista una patronal representativa en Gipuzkoa bajo la forma organizativa que sus propios actores deseen pero que tenga como objetivo, al menos, la regulación de las condiciones laborales del sector de Intervención Social. iv. Otros. b. Mientras no tengamos convenio nuestra acción sindical debe encaminarse hacia: i. Avanzar en la estabilización de las plantillas. Es urgente que todos los pliegos administrativos de contratación de programas y servicios estables, aquellos que su contratación externa se ha repetido durante cierto tiempo y aquellos que se derivan de desarrollar servicios que están vinculados a derechos ciudadanos y que constitucionalmente las administraciones tienen obligación de prestar, contengan cláusulas de subrogación laboral que estabilice las plantillas y fomente la contratación indefinida. ii. Que los pliegos administrativos de contratación de programas y servicios de Intervención Social contengan disposiciones claras respecto a las categorías laborales y funciones a realizar por los trabajadores y trabajadoras de los servicios, así como que garanticen claramente la transferencia de una parte del coste de los contratos administrativos a los salarios y sus costes laborales. iii. Regular todo esto mediante todos los instrumentos legales a nuestro alcance en la negociación colectiva; Convenio de Empresa Estatutario, Acuerdo o Pacto de Empresa extra estatutario, etc. Mediante los pactos institucionales y administrativos necesarios. 3. En Bizkaia los objetivos inmediatos son: a. Ir renovando el Convenio Territorial de Bizkaia en tanto no haya un Convenio Autonómico. Los objetivos a conseguir en la negociación son: i. Subidas salariales en el convenio que permitan objetivamente disminuir el diferencial salarial tan enorme que existe entre los trabajadores y trabajadoras de los servicos públicos de gestión pública y los servicios y programas públicos de gestión privada. ii. Perfeccionar el convenio y contemplar conceptos salariales, pluses y complementos diversos, que se adecuen a las diferentes formas de organizar el trabajo. Que estos conceptos salariales supongan un porcentaje de la nomina adecuado, no convirtiéndose en una remuneración encubierta del trabajo que ya se abona a través del salario base. iii. Avanzar de forma más intensa y extensa en la estabilización de las plantillas de lo hecho hasta ahora. Debemos ampliar el número de licitaciones administrativas en el que los pliegos administrativos de contratación de programas y servicios estables, aquellos que su contratación externa se ha repetido durante cierto tiempo y aquellos 4

5 que se derivan de desarrollar servicios que están vinculados a derechos ciudadanos y que constitucionalmente las administraciones tienen obligación de prestar, contengan cláusulas de subrogación laboral que estabilice las plantillas y fomente la contratación indefinida. Y debemos comenzar a exigir la estabilidad de las plantillas y estas mismas cláusulas en aquellos proyectos que son contratados o adjudicados a las empresas de nuestro sector por mecanismos distintos a la contratación de servicios, tales como subvenciones y similares. 4. En Araba los objetivos inmediatos son: a. Ir renovando el Convenio Territorial de Araba de Infancia, Familia y Juventud en tanto no haya un Convenio Territorial de Intervención Social o un Convenio Autonómico. Los objetivos a conseguir en la negociación son: i. Subidas salariales en el convenio que permitan objetivamente disminuir el diferencial salarial que existe entre los trabajadores y trabajadoras de los servicos públicos de gestión pública en Araba y los servicios y programas públicos de gestión privada. ii. Perfeccionar el convenio y contemplar conceptos salariales, pluses y complementos diversos que se adecuen a las diferentes formas de organizar el trabajo. Que estos conceptos salariales supongan un porcentaje de la nomina adecuado, no convirtiéndose en una remuneración encubierta del trabajo que ya se abona a través del salario base. iii. Avanzar de forma más intensa y extensa en la estabilización de las plantillas de lo hecho hasta ahora. Debemos de ampliar el número de licitaciones administrativas en el que los pliegos administrativos de contratación de programas y servicios estables, aquellos que su contratación externa se ha repetido durante cierto tiempo y aquellos que se derivan de desarrollar servicios que están vinculados a derechos ciudadanos y que constitucionalmente las administraciones tienen obligación de prestar, contengan cláusulas de subrogación laboral que estabilice las plantillas y fomente la contratación indefinida. Y debemos comenzar a exigir la estabilidad de las plantillas y estas mismas cláusulas en aquellos proyectos que son contratados o adjudicados a las empresas de nuestro sector por mecanismos distintos a la contratación de servicios, tales como subvenciones y similares. b. Con relación a aquellos subsectores que no están protegidos por el Convenio de Infancia, Familia y Juventud en Araba hay que sindicalizar sus relaciones y acometer un proceso similar al explicado para Gipuzkoa caminando hacia: 5

6 i. Avanzar en la estabilización de las plantillas. Es urgente que todos los pliegos administrativos de contratación de programas y servicios estables, y especialmente los que no están amparados por el Convenio de Infancia, Juventud y Familia, aunque también éstos, contengan cláusulas de subrogación laboral que estabilice las plantillas y fomente la contratación indefinida. ii. Que los pliegos administrativos de contratación de programas y servicios de Intervención Social que no están amparados por el Convenio territorial de Infancia contengan disposiciones claras respecto a las categorías laborales y funciones a realizar por los trabajadores y trabajadoras de los servicios, así como que garanticen claramente la transferencia de una parte del coste de los contratos administrativos a los salarios y sus costes laborales. iii. Regular, en las empresas y entidades no amparadas por el convenio Territorial, todo esto mediante todos los instrumentos legales a nuestro alcance en la negociación colectiva; Convenio de Empresa Estatutario, Acuerdo o Pacto de Empresa Extra Estatutario, etc. Mediante los pactos institucionales y administrativos necesarios. c. Otros Uribitarte, Bilbao Fax: irakaskuntzabiz@euskadi.ccoo.es Carlos I, Donostia Fax: irakaskuntzagip@euskadi.ccoo.es Castilla, Vitoria-Gasteiz Fax: irakaskuntzaara@euskadi.ccoo.es 6