EL ROL DE LOS MUNICIPIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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1 EL ROL DE LOS MUNICIPIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Trabajo final: Políticas de Seguridad Fecha de entrega: Junio 2015 Profesor Eugenio Burzaco Maestría en Políticas Públicas, UTDT Belén Zimmermann

2 Introducción Al analizar el tema de la seguridad ciudadana en América Latina, se puede comprobar que la gran mayoría de los países tienen una organización estatal que responde más a la seguridad nacional (a la seguridad del Estado), que a la seguridad ciudadana. Hugo Acero Velásquez afirma en Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana que si se mira la organización vigente en materia de seguridad de la gran mayoría de los países Latinoamericanos, son muy pocos en los cuales las autoridades locales tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana. En la gran mayoría de los países la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en el Ejecutivo nacional, como es el caso de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Chile, entre otros. En países como Brasil, Argentina y México las provincias (gobernaciones/estados) permitieron que este tema se maneje a nivel local, y surge allí un fuerte manifiesto de que no existe o existe muy poca coordinación entre estas autoridades locales, las autoridades de policía y los cuerpos armados nacionales. En estos últimos países, suele suceder que el manejo de las problemáticas de seguridad se encuentra fraccionado, por ejemplo, en materia de delitos, mientras las autoridades nacionales atienden delitos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el comercio ilegal de armas y la trata de personas entre otros, los gobiernos locales manejan delitos que afectan la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, como son los hechos de violencia y delincuencia cotidianos. Producto del aumento de la violencia y la inseguridad, este tema comienza a manifestarse como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, desplazando de los primeros lugares temas como la pobreza y el desempleo. Este fenómeno de inseguridad, que tiene sus manifestaciones más claras en las ciudades, ha desplazando en importancia otros problemas que desde hace algún tiempo también afectan los conglomerados urbanos, como la contaminación ambiental, los problemas en el manejo de los residuos, las dificultades de movilidad y el desempleo. En los últimos años los gobiernos locales en América Latina empezaron a incorporar la competencia de seguridad ciudadana dentro de su accionar de política pública. Este hecho se debe al menos a tres factores, como asegura Fernando Carrión Mena en "Seguridad ciudadana y Gobiernos Locales". 2

3 El primero es que en la región se vive de manera creciente un proceso de reforma del Estado en el que uno de sus componentes centrales es la descentralización, situación que ha llevado al desarrollo de proyectos específicos, cambios institucionales, reformas constitucionales y legales significativas. En segundo lugar, han aparecido nuevas políticas de seguridad que dan cuenta del paso de la seguridad pública (la cual contaba con un marco institucional de carácter nacional compuesto por la policía, la justicia y la cárcel para enfrentar a un enemigo interno que cuestionaba al Estado como orden público) a la seguridad ciudadana, donde los órganos tradicionales se han ido transformado apareciendo otros nuevos en el enfrentamiento de los problemas de las relaciones interpersonales (convivencia); entre estos últimos están de manera preferente los municipios, lo cual significa que las instituciones se han multiplicado. El tercer factor hace referencia a que desde mediados de la década del 80 se está viviendo un significativo incremento y transformación de la violencia en la región. Ésta ha crecido y se ha urbanizado en más de un 50%, lo cual ha conducido a que la seguridad se convierta en un el requerimiento social hacia los gobiernos locales, así como la principal demanda urbana de la población. 3

4 La seguridad ciudadana La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Existen múltiples definiciones de seguridad ciudadana dependiendo del autor de que se trate, pero hay coincidencias en dos puntos estratégicos: Primero, se refiere a una condición de toda una comunidad de personas: a la ausencia de amenazas que pongan en peligro la seguridad colectiva. En ese sentido, el término tiene un significado normativo y evalúa una situación ideal. Segundo, se refiere a acciones concretas encaminadas a la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas existentes que buscan la idealidad de la norma. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que la seguridad ciudadana es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas su vida, su integridad, su patrimonio contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma "súbita y dolorosa" la vida cotidiana de las víctimas. Así, el PNUD añade a las definiciones mencionadas previamente la faceta de la seguridad ciudadana como el ejercicio del desarrollo humano, aseverando que al atentar contra la vida, la integridad o el patrimonio de sus víctimas, los delitos impiden el ejercicio de una libertad concreta, sacrifican una opción legítima o destruyen una oportunidad de realización humana: la inseguridad ciudadana es una negación flagrante del desarrollo humano. El concepto de seguridad ciudadana surge para dar respuesta a la agudización de la criminalidad y violencia en las ciudades. Así, una definición amplia de seguridad ciudadana la caracteriza como: ( ) el no temer una agresión violenta, saber respetada la integridad física y, sobretodo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado, y circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión. (PNUD, 1998). A partir de esta definición es posible identificar dos dimensiones del concepto: una objetiva, representada por el incremento o disminución de los 4

5 delitos; y otra subjetiva, representada por el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, es decir, por la sensación de temor de la población con relación a la probabilidad de ser víctima de un delito. Entendida como un bien público, la seguridad ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. Este enfoque tiene una serie de implicaciones sustanciales. Al tener su centro en la noción de amenaza, y, de manera implícita, en las de vulnerabilidad y desprotección, la definición se aparta de determinadas concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en función de la criminalidad y el delito y enuncia explícitamente la dualidad objetiva/subjetiva del concepto de seguridad ciudadana, la cual, de acuerdo a lo anterior, se convierte en un derecho exigible frente al Estado. Dado lo anterior, y reconociendo que la razón fundamental de ser de las instituciones de seguridad y convivencia de los Estados son los ciudadanos, uno de los retos fundamentales de las autoridades locales es garantizar el cumplimiento de este derecho, para lo cual es necesario que las autoridades locales tengan responsabilidades y competencias sobre la materia, las cuales deben ser compartidas con las instituciones responsables de este tema en el ámbito nacional. Las autoridades locales son aquellas que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos. Partiendo de este supuesto y siguiendo los planteamientos conceptuales anteriormente enunciados sobre la importancia de los ciudadanos en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas que afectan la convivencia y seguridad de los ciudadanos. Velázquez establece también que este planteamiento tiene su justificación en que las problemáticas de seguridad ciudadana, además de ser multicausales, tienen diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se presentan, por cuanto median en las mismas las características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y hasta en ciertas oportunidades las condiciones geográficas. Por otro lado, al tener las autoridades locales jurisdicciones sobre determinados territorios, tienen la posibilidad de intervenir sobre los problemas de seguridad con más elementos de juicio y a tiempo. 5

6 El rol de los gobiernos locales en la construcción de seguridad La seguridad pública es un derecho social universal, garantizado a todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción. Ella deja de ser concebida en el marco de la defensa del Estado para centrarse en la seguridad y la libertad individuales. Ese nuevo paradigma está compuesto por dos dimensiones principales: el control de la criminalidad y la violencia, con la consecuente mejora de las agencias de seguridad y justicia penal y la dimensión preventiva, marcada por el conocimiento de las causas y situaciones que proporcionan la dinámica criminal y violenta y por la capacidad de implementar políticas que integran distintas áreas (seguridad, salud, educación, infraestructura urbana, asistencia social, entre otros) en acciones planificadas y locales. El municipio se convierte en un actor relevante en la implementación de políticas públicas de seguridad en el marco de este nuevo paradigma y particularmente en la dimensión preventiva. En Diagnósticos y Planes de Seguridad Ciudadana a nivel local. Experiencias y Desafíos, documento elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile podemos encontrar que la seguridad se ha transformado en un tema central en la agenda pública de autoridades, medios de comunicación, y en especial en la percepción de la ciudadanía. Es así como diversos estudios y encuestas han revelado que la delincuencia se instala hoy entre los primeros temas de preocupación ciudadana. Existe una compleja relación entre los gobiernos locales en Argentina y las iniciativas que éstas implementan en el marco de la prevención del delito y la construcción de seguridad. En los últimos años, entre tantas otras competencias que han abordado los gobiernos municipales del país tomó una particular relevancia su rol como actores en las políticas de seguridad. La situación de emergencia en seguridad, cada vez más presente no sólo en las grandes ciudades sino también en las medianas localidades del interior de Argentina, configuró un escenario donde los municipios se ven obligados por la situación a diseñar programas de acción para la prevención del delito en sus centros urbanos. En los últimos años, los actores políticos que tradicionalmente son competentes en esta materia (el gobierno nacional y gobiernos provinciales) están descentralizando y delegando funciones y tareas hacia los gobiernos locales, quienes no solían tener injerencia en la cuestión de seguridad frente al delito. El gobierno local se encuentra entonces frente a un nuevo campo de competencias producto de una delegación, que en la mayoría de las veces no se ve acompañado de igual manera en el terreno de los recursos humanos y materiales. 6

7 Por otro lado, son los municipios quienes por estar en contacto directo con los ciudadanos reciben y canalizan sus demandas, viéndose forzados a actuar en respuesta a las mismas con celeridad. La demanda de seguridad se ha tornado en estos años la demanda más frecuente directamente frente a los actores locales, quienes terminan dejando de lado el tradicional argumento de no es una competencia de nuestro nivel de gobierno para comenzar a diseñar e implementar políticas que den respuesta a la demanda de los ciudadanos por centros urbanos más seguros. A la vez, existe un fuerte argumento de la mayor efectividad del nivel local para enfrentar los problemas sociales que atraviesan la ciudad en función de su cercanía, que implica una mirada distinta a la que puedan tener sobre los mismos las estructuras estatales centralizadas. Por lo tanto, por diferentes vías, ciudadanos y actores políticos locales, coinciden en ubicar en el centro de la escena de las políticas de seguridad frente al delito, al gobierno municipal. Se constituye así una situación de emergencia del gobierno local como actor de las políticas de seguridad frente al delito en Argentina. 7

8 La importancia de un diagnóstico integrado La situación de seguridad varía de acuerdo al entorno, y por lo tanto, para diseñar una estrategia local de seguridad se requiere de un diagnóstico propio (a) Situacional, es decir de los problemas de la localidad en materia de seguridad e (b) Institucional, de los recursos con los que cuenta el Municipio para afrontarlos. Un buen diagnóstico es esencial para un programa exitoso. Mientras más información tenga el Municipio sobre la situación de seguridad, mejor será la estrategia que pueda diseñar para afrontar el problema. Así, Azun Candina afirma en Comunidad y Seguridad. Una guía para la prevención a nivel local del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, que el primer paso para diseñar una estrategia local de seguridad pasa por realizar un diagnóstico completo del perfil de la localidad, que incluya las siguientes dimensiones de análisis: Perfil demográfico de los habitantes (Con variables como: diversidad étnica de la población, porcentaje de niños, jóvenes y adultos, entre otras). La relevancia de estos se altera en las diferentes situaciones, pero resulta importante recopilar estos datos básicos para contar con una base cuantitativa de información que permitirá establecer otras variables y a la vez comparar la localidad con otras realidades. Perfil socioeconómico de los habitantes (Niveles de empleo y subempleo, principales actividades económicas desarrolladas, porcentaje de la población en situación de pobreza, etc.). Hay evidencia de que existe una relación entre pobreza y delito, pero ésta no es automática, ya que hay delitos asociados a los sectores más ricos. Conocer el tipo de pobreza que existe en la localidad permitirá elaborar un plan de seguridad adecuado. Perfil urbanístico del territorio (Características espaciales del sector a tratar, accesibilidad de la localidad desde otros sectores de la ciudad, ubicación de la localidad dentro del mapa de la región). La ubicación relativa de un barrio en la ciudad, y de la ciudad en la región, y sus características en cuanto a densidad poblacional tienen relevancia al momento de detectar el origen y las características de sus problemas de seguridad ciudadana. Un barrio puede presentar problemas debido a sus condiciones de aislamiento así como por otro lado podría resultar problemática su cercanía a los centros comerciales. Por otro lado, el trazado urbano y las características de las 8

9 calles, espacios públicos y edificaciones pueden tener incidencia específica en ciertas formas de delincuencia. Perfil de los servicios públicos y de seguridad (Disponibilidad y calidad de servicios básicos, número y cobertura de programas sociales relacionados con la seguridad, número de funcionarios policiales por cantidad de habitantes, etc.). El conocimiento de este perfil permite evaluar la importancia que se le ha dado a la seguridad ciudadana en relación a otros temas de la administración pública local. Perfil de integración de organizaciones e instituciones en el territorio (Número de organizaciones que trabajan en conjunto y actividades que desarrollan). Dado que las políticas de seguridad ciudadana no suelen darse en forma aislada de otras instancias de trabajo social, resulta relevante conocer cuáles son los niveles de coordinación existentes y en base a eso proyectar con qué apoyo se contará por parte de otras instituciones. Perfil delictual en el territorio (Número de denuncias y detenciones ocurridas, delitos de mayor ocurrencia, fecha lugar y horario donde se concentran los delitos, comportamientos no delictuales pero que suscitan problemas de convivencia en la comunidad, entre otros). Este punto es fundamental para definir las diferencias entre la inseguridad objetiva de la subjetiva de la población. Perfil de las demandas y percepciones de la población sobre violencia y delincuencia (Temor asociado a delitos, percepción sobre la calidad y accesibilidad de los espacios públicos, priorización de los problemas de seguridad, nivel de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública). Al igual que el punto anterior, este aspecto resulta vital para conocer la inseguridad subjetiva, es decir aquello que la población percibe acerca de la situación de inseguridad y su confianza o no en las posibles soluciones. 9

10 Vías de acción Una política diseñada localmente puede optimizar el uso de los recursos existentes tanto en el municipio, como en las organizaciones sociales, no gubernamentales y vecinales y en definitiva en la ciudadanía en general. A su vez, desde el ámbito local es posible involucrar más activamente a los vecinos. Un Municipio puede actuar en la construcción de seguridad por diferentes vías, como desarrolló Gino Costa en su presentación El rol de los municipios y las comunidades locales en las políticas públicas de seguridad ciudadana : 1. En lo preventivo, a través de: Políticas para los jóvenes, especialmente en riesgo (prevención social) Deporte, cultura, recreación, capacitación laboral, empleo Políticas para prevenir la violencia familiar Sistema de solución pacífica de conflictos Promoción de una cultura ciudadana Recuperación del espacio público (prevención situacional) Organización vecinal para la seguridad (prevención comunitaria) 2. En la rehabilitación y reinserción social. A través de: Sistema de penas alternativas a la privación de libertad (servicios a la comunidad) Programas de reinserción (educación y trabajo) 3. En el control Fortalecimiento de las instituciones de la seguridad y la justicia Equipamiento y capacitación Información delictiva Si tiene mandato, a través de la jefatura de la policía. Si no lo tiene, a través de la coordinación interinstitucional 4. En lo político Como responsable de asegurar el carácter integral de la estrategia Coordina y los esfuerzos de prevención y control, lo que se traduce en: - Hacer el diagnóstico y el plan de seguridad ciudadana - Conducir su implementación - Evaluarlo 10

11 Abordajes locales frecuentes en materia de seguridad ciudadana Las acciones que han surgido de los municipios dirigidas a la construcción de seguridad ciudadana son muy heterogéneas, pero en su mayoría están dirigidas a trabajar sobre la prevención del delito. Prevención situacional La Teoría de la ventana rota, propuesta por George Kelling y James Q. Wilson en Estados Unidos en la década de 1980, tiene influencia en la construcción de objetivos para la planificación de programas locales, particularmente en aspectos como la mantención del espacio público y la infraestructura urbana en la prevención del delito. Esta teoría plantea que poniendo mayor atención y castigando las faltas consideradas menores es posible disminuir la ocurrencia de delitos más graves a nivel local. La decadencia evidente de un barrio provoca que las personas que viven y circulan por ahí se sientan vulnerables y empiecen a abandonarlo, teniendo así menor disposición para colaborar en la mantención del orden público. Dándose cuenta de esto, los posibles infractores de la ley intensifican sus actitudes de vandalismo y se percibe una atmósfera que atrae delincuentes de otros sectores, quienes perciben que la zona se ha vuelto vulnerable y menos riesgosa para actividades delictuales. Azun Candina plantea que esta concepción aportó un componente novedoso hasta ese entonces en materia de seguridad: el fuerte impacto de la variable situacional o ambiental. Se introducía así el estado de conservación de un barrio y las ofensas menores como algo no casual, sino como parte de la ocurrencia de delitos más graves. Esta teoría aportaba también un elemento conductista, proponiendo que determinadas conductas generaban otras conductas relacionadas con las anteriores, abriendo así una ventana para la intervención: si las conductas son parte importante del problema, el gobierno podía intervenir en esas conductas con resultados exitosos. Más aún, se trata de tareas que pueden asumir los gobiernos locales sin necesariamente asumir grandes problemas estructurales: limpiar barrios, pintar edificios, multar a quienes descargan basura ilegalmente, remover vehículos abandonados, y reparar focos resultan objetivos fáciles de alcanzar para un municipio. 11

12 Las Guardias Urbanas En los últimos años, numerosos gobiernos locales que no tenían policías propias han creado una institución cuasipolicial : las Guardias Urbanas. Éstas se han orientado hacia la vigilancia del espacio público, sus miembros se encuentran uniformados pero no armados y frente a la posibilidad de la comisión de un delito se comunican con la institución policial, configurándose como una suerte de auxiliares de policía. En ciertos casos las Guardias Urbanas asumieron otras tareas preventivas, como por ejemplo la realización de campañas de difusión en escuelas, así como también la realización de actividades de control del cumplimiento de normativas municipales, en materia contravencional o de faltas especialmente aquellas referidas al tránsito vehicular. Sin embargo, muchas de las Guardias Urbanas creadas no surgen de un diagnóstico serio acerca de la situación del delito en la localidad. Por el contrario, en la mayor parte de los casos estas intervenciones nacieron de una identificación generada por los actores locales a partir del reclamo puntual de los ciudadanos, con una lógica de satisfacción de la demanda, que no incluyó un cálculo de por qué esta intervención sería efectiva y en qué medida reduciría la actividad delictiva. El monitoreo del espacio público Guillermo Tella corrobora que la utilización de sistemas de monitoreo a través de cámaras de vigilancia en los municipios está en auge. Se basan en la lógica de observación del espacio público como herramienta para disminuir el número de hechos delictivos, controlar el tránsito, gestionar emergencias y preservar el patrimonio público. Con ese objetivo, las cámaras de seguridad permiten detectar qué es lo que está ocurriendo así como identificar visualmente quién está involucrado en el hecho en un área determinada. Los sistemas de monitoreo del espacio público, si bien tienden a intimidar, y por lo tanto -presumiblemente- reducen los hechos de violencia y criminalidad que se suceden en el espacio público; no se deberían concebir como única acción preventiva al problema. En otro orden, se plantean algunos debates en cuanto a la privacidad y a la confidencialidad de las imágenes tomadas. Estrategias de prevención social Estas iniciativas están destinadas a fortalecer los vínculos comunitarios y mejorar la situación socioeconómica de los habitantes de la localidad. 12

13 Frecuentemente estas estrategias se conjugan con aquellas mencionadas anteriormente, aportando un intento de solución integral a la problemática. En este marco, se implementan iniciativas con énfasis en niños y jóvenes que apuntan a la prevención temprana de conductas delictivas, y otras que tienen como meta la creación de oportunidades laborales para aquellos sectores más postergados en cuanto a educación y empleo. Este abordaje deja de manifiesto que la seguridad no es un problema que pueda enfrentarse de manera aislada ya que está directamente relacionado con la complejidad de la vida urbana. Los programas de trabajo social parten de la base de que sin un cambio cultural en la manera de vivir de los barrios más afectados es muy difícil afrontar el problema de la criminalidad e inseguridad. Algunas de las dificultades que afrontan los gobiernos locales a la hora de abordar la complejidad de la cuestión de la seguridad están dadas por la dificultad para trabajo en equipo articulando diversas áreas del gabinete, lo que obstaculiza un enfoque integral y multidisciplinario. A su vez, no todos los municipios tienen las capacidades técnicas y financieras para hacerlo, ni logran articular los programas nacionales con las políticas locales. 13

14 El diseño de una evaluación de impacto en seguridad Evaluar iniciativas que apuntan a la construcción de seguridad resulta muchas veces una tarea compleja, pero fundamental para conocer el impacto de las medidas llevadas a cabo y poder realizar las correcciones necesarias en el plan de acción. El tratamiento de la información acerca de delitos y denuncias resulta un tema sensible que limita con investigaciones policiales, y por ende se debe ser cuidadoso en la manera en la que se recaba y expone dicha información. Sin embargo, estas dificultades no impiden que se pueda monitorear el avance de los programas de seguridad aunque esos resultados deban quedar muchas veces reservados. El municipio debe llevar adelante una evaluación integrada que incluya una evaluación del diseño, del proceso, de resultados y del impacto, utilizando indicadores adecuados que sirvan a tal fin. Los indicadores de impacto se refieren a la medición de los efectos producidos atribuibles a la intervención. En el caso de las políticas de seguridad, el trabajo de Azun Candina expone que cobran importancia de estos indicadores: Índice de criminalidad y desorden: generalmente este indicador se calcula a partir de la tasa de ocurrencia de un delito dividido por la de habitantes de la localidad, ya sea a partir de una encuesta de victimización o de datos de denuncias. Sin embargo, este indicador resulta altamente discutible, ya que la disminución o el aumento de los delitos puede ser consecuencia de diversos factores económicos, sociales, culturales y ambientales. Así, resulta fundamental revisar cuidadosamente qué conductas delictuales buscaba disminuir el programa analizado, y si ellas han disminuido efectivamente o no. Además, al evaluar la incidencia en un cambio de tasas deben aislarse y considerarse los otros factores que podrían haber incidido en esos datos. Percepción de seguridad/inseguridad: Esta información se puede recabar llevando adelante encuestas a la población, en las cuales se incluyan preguntas sobre su sensación de temor a ser objeto de un delito, y sobre las medidas de seguridad que se han tomado desde el municipio. 14

15 Indicadores de evaluación de las instituciones encargadas de la seguridad: Un plan de seguridad debería mejorar la percepción que tienen los vecinos sobre estas instituciones y la gestión del municipio en seguridad ciudadana, al menos en lo referido a las acciones preventivas. Para esto, también resulta recomendable llevar adelante una encuesta a la comunidad. Financiamiento y presupuesto municipal En su trabajo La gestión integral de la seguridad: De instrumentos a políticas, Guillermo Tella y Alejandra Potocko analizan que los municipios asumieron esta competencia de la seguridad ciudadana como servicio adicional a los que ya brindan y, en consecuencia, les insume más recursos. Hacerse cargo de la seguridad con la instalación de cámaras de vigilancia, por ejemplo, es un desafío no menor para los municipios porque genera una ampliación de los gastos corrientes mensuales y porque requiere de competencias y recursos que los municipios en general no disponen ni tenían previstos. Es decir que a pesar del subsidio para la adquisición de infraestructura, este nuevo servicio implica un alto costo de mantenimiento en personal, insumos y otros gastos que requieren de un sostenimiento continuo. Los presupuestos municipales, que se conforman de los ingresos propios por recaudación y aquellos provenientes de la coparticipación, ya son acotados y por lo tanto los recursos invertidos en seguridad ciudadana se expanden cada vez más. A pesar de ello, en lo que respecta a seguridad, sucede que los niveles de demanda no ceden sino que se mantienen, a pesar de tales inversiones. Para mantener los servicios de monitoreo y seguridad que comienzan a ofrecer, los municipios tienen básicamente dos alternativas. La primera es generar más recursos, lo cual tiene un elevado costo político porque implicaría aumentar la recaudación por la vía de tasas e impuestos. En ese caso, los ciudadanos deberían redefinir qué calidad de vida quieren y cuánto están dispuestos a pagar por ella. La segunda alternativa, no menos conflictiva, es recortar alcance en otras funciones, responsabilidades o servicios, definiendo prioridades. Existe una tercera alternativa que consiste en mejorar la eficiencia. Sin embargo, es más costoso e implica procesos que demoran más y por lo tanto es una opción acotada para dar respuesta a problemas cotidianos y -en particular- al de la inseguridad. 15

16 Conclusiones Los gobiernos locales de la actualidad resultan ser protagonistas en la construcción de la seguridad ciudadana. Es necesario que éstos asuman este desafío, diseñando una estrategia de seguridad que se base en un diagnóstico profundo y completo de la situación de la localidad. La estrategia debe ser integral, incluyendo acciones que permitan abordar la complejidad del problema atacando sus diversas aristas, y contemplando un monitoreo y evaluación de las iniciativas realizadas para poder corregir desvíos y medir el impacto real de las acciones implementadas. 16

17 Bibliografía Gobierno local y prevención del delito en la Argentina. Máximo Sozzo, Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. No. 6, Quito, FLACSO Sede Ecuador Seguridad ciudadana en América Latina. La seguridad pública en América Latina. Múltiples dimensiones y dilemas políticos. Edición de Alejandra Mohor y Romina Nespolo. Área Prevención del Delito Nivel Local, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile Diagnósticos y Planes de Seguridad Ciudadana a nivel local. Experiencias y Desafíos. Lucía Dammert, Jossette Ribarne, Javiera Díaz, Liliana Manzano, Jean Paul Piña. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile. El rol de los municipios y las comunidades locales en las políticas públicas de seguridad ciudadana. Gino Costa con el apoyo del Open Society Institute. OEA. Seguridad Pública. Gabriel Leegstra Lic. Mario Ocampo - Lic. Ariel Sánchez, Instituto de Seguridad Pública Comunidad y Seguridad. Una guía para la prevención a nivel local. Azun Candina. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Carlos Basombrío. Wilson Center, Latin American Program. Fernando Carrión Mena. "Seguridad ciudadana y Gobiernos Locales" Boletín Ciudad Segura 12 (2006) Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana. Hugo Acero Velásquez. La gestión integral de la seguridad: De instrumentos a políticas. Tella, Guillermo y Potocko, Alejandra. (2010). En: Buenos Aires, Revista Mercado y Empresas para Servicios Públicos Nro