ADMINISTRACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES

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1 ADMINISTRACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES El Poder Público Nacional, comprende los despachos ministeriales, la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva de la República, y los organismos que integran los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. En el año 2005, la estructura financiera del presupuesto de gastos fue ejecutada a través de 33 unidades administradoras centrales, 499 unidades administradoras desconcentradas y 563 órganos sin personalidad jurídica creados por los mencionados organismos. La gestión de control desarrollada en ese ámbito de la administración, tuvo como objetivos fundamentales: verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la contabilidad fiscal del gasto público, renta e ingresos tributarios, así como de los manuales funcionales del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) e instrucciones y modelos contenidos en las publicaciones de la Contraloría General de la República (CGR); comprobar el uso y distribución de los recursos presupuestarios y financieros asignados a los diferentes organismos; evaluar el logro de las metas formuladas en los planes y programas estructurados; e igualmente, la efectividad de las acciones correctivas adelantadas por la administración en atención a las recomendaciones formuladas por la CGR en actuaciones anteriores. Durante el año 2005 fueron concluidas 602 actuaciones fiscales, las cuales comprenden: 552 exámenes de cuentas relativas a Gastos, Ingresos Tributarios, Rentas, Bienes Muebles y Semovientes, Materiales y Suministros, Tesorería Nacional y Crédito Público; 44 auditorías comprendidas en: operativas, de gestión, de cumplimiento, tecnología de la información, y seguimientos a la acción correctiva; así como 4 avalúos. Igualmente, se evacuaron 121 consultas de diferentes organismos referidas al ejercicio de las funciones y competencias de las unidades de auditoría interna, así como en materia presupuestaria, normativa legal y otras actividades vinculadas con el control fiscal. Durante el año 2005, se realizó la valoración jurídica de actuaciones fiscales, desestimándose 435. En 2005, con fundamento en el artículo 77 de la LOCGRSNCF se inició el ejercicio de la potestad investigativa en 11 casos, de los cuales 6 fueron concluidos y 5 se encuentran pendientes de notificación, promoción de pruebas y elaboración del informe de resultados que ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, tal como lo establece el artículo 81 ejusdem. Fueron tramitadas 13 denuncias, de las cuales 7 se encuentran en estudio, 3 generaron potestad investigativa, una resultó desestimada por no existir indicios de actos, hechos u omisiones 10

2 Poderes Públicos Nacionales generadores de responsabilidades y 2 remitidas a los órganos de control fiscal de los organismos involucrados en los presuntos hechos irregulares, de conformidad con lo establecido en la parte in fine del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF). Se recibieron declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 437 oficios requiriendo información no suministrada en la declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la LOCGRSNCF y artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con lo previsto en la Resolución N de fecha (Gaceta Oficial N del ). Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en los artículos 29 al 32 de la Ley Contra la Corrupción, se concluyeron 8 procedimientos de verificación de la sinceridad de la declaración jurada de patrimonio. Asimismo, se remitieron 6 expedientes al Ministerio Público a los fines del ejercicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial N del ), en concordancia con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción y el artículo 30 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (LOSPP), Gaceta Oficial N Extraordinario del , vigente para la fecha. Se impusieron 8 multas por incumplimiento de lo previsto en los artículos 23, 26 y 27 de la Ley Contra la Corrupción en concordancia con el artículo 33 numerales 1, 7y 8 ejusdem, por Bs. 55,71 millones, y 1 multa por incumplimiento de lo previsto en el artículo 5 en concordancia con el artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público por Bs ,00. Durante el ejercicio fiscal 2005 fue asumida una averiguación administrativa remitida por la unidad de auditoría interna del Ministerio de Agricultura y Tierras, según lo establecido en el artículo 97 de la LOCGRSNCF, toda vez que se encuentran involucrados funcionarios de alto nivel; dicho procedimiento se encuentra en etapa de decisión. Asimismo, se inició un procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, cuya decisión fue absolutoria. Por otra parte, de las 15 averiguaciones administrativas correspondiente a años anteriores, 5 se encuentran en etapa de sustanciación, 9 en etapa de decisión y una decidida, esta última declaró la responsabilidad administrativa a 3 funcionarios; dichas declaratorias se encuentran firmes en sede administrativa y se impusieron 3 sanciones pecuniarias que alcanzaron un monto de Bs. 3,73 millones. 11

3 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora Por otra parte, una declaratoria de responsabilidad dictada en el año 2004 se encuentra firme en cede administrativa. Fueron sancionados accesoriamente a la declaratoria de responsabilidad administrativa por el ciudadano Contralor, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 LOCGRSNCF, 21 funcionarios con las siguientes medidas disciplinarias: 11 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas, de los cuales en 3 fue procedente la destitución del cargo, y 10 suspensiones del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. En cuanto al estatus procesal de las mismas, corresponde señalar que 11 quedaron firmes en sede administrativa, una está en etapa recursiva y 9 se encuentran en etapa de notificación de la sanción. De las 6 sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa dictadas por el Contralor en el año 2004, 3 quedaron firmes y 3 se encuentran en etapa de notificación. Por otra parte, en atención de la obligación a cargo de los órganos de control fiscal de participar a este máximo Órgano de Control el inicio de procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LOCGRSNCF, durante el ejercicio fiscal 2005 recibimos la participación del inicio de 7 procedimientos. Se formularon 22 reparos tributarios por Bs ,33 millones, de los cuales 2 fueron pagados por un total de Bs. 3,02 millones, 19 se encuentran firmes en sede administrativa y en uno se encuentra pendiente la decisión del recurso administrativo. Por otra parte, se dictó una resolución conforme al artículo 186 del Código Orgánico Tributario, por cuanto la contribuyente pagó la suma objetada en el acta de reparo por Bs. 6,36 millones. En el año 2004, se formularon 6 reparos tributarios, de los cuales 4 están firmes en sede administrativa y 2 fueron revocados. Durante el año 2005, la Contraloría General de la República en el ejercicio de funciones de control sobre los gastos destinados a Seguridad y Defensa del Estado, revisó un total 158 órdenes de pago por Bs ,28 millones, correspondientes a gastos tramitados por los Ministerios de la Defensa, del Interior y Justicia, y de Relaciones Exteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N de fecha ). De dichas órdenes 154 por Bs ,90 millones resultaron aprobadas y remitidas a la Oficina Nacional del Tesoro, y las otras 4 por Bs ,00 millones, fueron objetadas por incumplimiento del artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial N de fecha ), el cual establece: Los Ministros ordenadores de gastos de seguridad y defensa rendirán cuenta al Presidente de la República e informarán de ello 12

4 Poderes Públicos Nacionales a la Contraloría General de la República dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada trimestre. CUADRO N 1 ÓRDENES DE PAGO GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL ESTADO AÑO 2005 (Millones de bolívares) TRAMITADAS APROBADAS OBJETADAS MINISTERIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO Defensa , , ,00 Interior y Justicia , , ,00 Relaciones Exteriores 2 604, , TOTAL , , ,00 Fuente: Controles Internos del Despacho de la Sub-Contralora Como resultado de las actuaciones referidas, se determinó la existencia de actos, hechos y omisiones, que demuestran debilidades de control interno, contravención de las normas legales y sublegales que rigen las distintas materias evaluadas, incumplimiento de metas y falta de acciones correctivas eficaces por parte de la administración. En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 56 de la LOCGRSNCF fueron examinadas y calificadas 552 cuentas de los ejercicios fiscales que van desde el año 1995 hasta el año 2004, relativas a Ingresos, Gastos y Rentas, Bienes Muebles y Semovientes, y Materiales y Suministros, éstas últimas examinadas junto con la cuenta de la Unidad Administradora Central, con el fin de constatar la legalidad, sinceridad y correcta aplicación de los fondos públicos asignados a las distintas unidades que conforman la estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gasto de los organismos que integran el Poder Ejecutivo Nacional, así como de los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, por cuyo intermedio se manejaron fondos por Bs. 5,75 billones durante el referido lapso y se liquidaron derechos por concepto de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Timbres Fiscales, Alcohol y Especies Alcohólicas, Sucesiones, Donaciones y Renta Aduanera. De las 552 cuentas, 444 fueron declaradas fenecidas por haber estado conformes en cuanto a legalidad, sinceridad, exactitud y corrección de las 13

5 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora operaciones examinadas, y 108 resultaron objetadas, fundamentalmente por falta de comprobación de la sinceridad de los gastos; cabe referir que 19,56% de éstas últimas han presentado tal observación de manera recurrente, no obstante las recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor tendentes a subsanar y erradicar las deficiencias detectadas, lo cual evidencia que las dependencias hacen caso omiso a las recomendaciones formuladas, situación que además de constituir factor de suspensión de la declaratoria del fenecimiento de la cuenta, acarrea para el cuentadante la eventual determinación de responsabilidad administrativa o destinatario de la formulación de reparo conforme lo dispuesto en la LOCGRSNCF. Entre los principales motivos por los cuales las cuentas examinadas resultaron con observaciones u objetadas se encuentran: pago de compromisos no causados (Bs ,49 millones), omisión de comprobantes (Bs ,04 millones), faltantes de bienes y materias por investigar por (Bs. 59,02 millones), remanentes de fondos pendientes de reintegro (Bs ,82 millones), reintegro extemporáneo de fondos (Bs ,05 millones) derechos pendientes de recaudación (Bs ,82 millones), derechos pendientes con saldo acreedor (Bs ,81 millones), déficit en saldos de créditos fiscales (Bs ,34 millones), faltantes de especies fiscales (Bs ,50 millones), adquisiciones con prescindencia de los procesos establecidos en la Ley de Licitaciones (Bs ,78 millones) y apropiación indebida de fondos públicos (Bs. 33,66 millones). Asimismo, se determinaron otras observaciones relacionadas con la suficiencia y eficacia del control interno en el manejo del presupuesto, entre las que destacan las siguientes: remanentes de fondos en avance y en anticipos reintegrados fuera de los lapsos establecidos en el Reglamento N 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario e incumplimiento de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), de las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, de las publicaciones de la CGR, aún vigentes para el año 2000 y de los manuales del SIGECOF; así como inadecuados registros y control de inventario de materias y bienes nacionales. La gestión que llevó a cabo en el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), para aprobar y transferir recursos a las gobernaciones y alcaldías destinada a financiar proyectos durante el año 2003, se realizó sin acatar estrictamente las disposiciones que rigen la materia; en efecto, no cumplieron con los lapsos establecidos para la aprobación de los proyectos; los expedientes no son debidamente estructurados; los recursos depositados en la cuenta especial de reserva fueron utilizados sin considerar la disponibilidad presupuestaria en la cuenta de 14

6 Poderes Públicos Nacionales participación, los saldos de cierre de ésta última no son transferidos oportunamente a la cuenta especial de reserva, aún sin elaborar el reglamento que establezca los procedimientos para determinar el mínimo de población de una comunidad que solicite financiamiento para algún proyecto. En cuanto al seguimiento respecto a las observaciones y recomendaciones efectuadas por este Organismo Contralor en actuaciones anteriores, se precisó que aún persisten las debilidades de control interno, entre otras, el retraso en la aprobación de los proyectos destinados a programas de dotaciones y adquisiciones de equipos, así como en la supervisión física y financiera de los mismos; e inobservancia de las disposiciones establecidas en el convenio de cofinanciamiento marco para la constitución, ejecución y finiquito de los fideicomisos. De la ejecución de los contratos financieros y comerciales suscritos entre los ministerios de Hacienda (actual Finanzas) y de la Defensa con la empresa China Made Worldwide Distribution (actual World Wide Army Supply), la República Bolivariana de Venezuela resultó desfavorecida por un monto de US$ 3,56 millones, al efectuar indebidamente pagos por la suma de US$ 1,33 millones (Bs. 725,43 millones) por los siguientes conceptos: bienes por US$ (Bs. 392,85 millones) no recibidos, intereses moratorios improcedentes por US$ ,46 (Bs. 8,16 millones); y pagos en exceso por US$ ,00 (Bs. 324,42 millones); además, no fueron ejecutadas las fianzas por US$ 2,23 millones otorgadas a favor de la República. Adicionalmente, dicha empresa adeuda a la República US$ 1,51 millones, por aplicación de la cláusula penal del contrato comercial, sin tomar en cuenta la pérdida monetaria originada por el diferencial cambiario estimado en Bs. 2,10 mil millones. En los procesos de adquisición de los edificios Citibank y Bilbao, llevados a cabo por el Ministerio de Finanzas en el período , las gestiones presupuestarias, así como los procedimientos efectuados para la elaboración, suscripción y cancelación de los contratos relativos a tales adquisiciones no se garantizó la legalidad, en razón de que no fue notificada a la Asamblea Nacional la operación de crédito público que permitiría obtener los recursos necesarios para la adquisición del edificio Citibank, mediante la reprogramación realizada a la Ley Especial de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2001; así mismo, los contratos de adquisición de ambos inmuebles no fueron remitidos a la Procuraduría General de la República, a los fines de que ésta emitiera su opinión previa, expresa y favorable. Por otra parte, se determinó la existencia de deficiencias en el control interno, referida al registro contable de los equipos que formaron parte de la oferta de venta, para la adquisición del edificio Bilbao de fecha , el cual se efectuó sin disponer de los soportes del origen, características y precios de los referidos bienes. Por otra parte, el precio que arrojó el avalúo practicado por este Organismo Contralor a los 15

7 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora referidos inmuebles, fue de Bs. 11,33 mil millones, monto inferior en Bs. 7,75 mil millones, al pagado por el Ministerio de Finanzas (Bs. 19,08 mil millones). En actuaciones practicadas en las gerencias de Aduana Principal de Maracaibo y Las Piedras- Paraguaná, a los fines de constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales que rigen el control fiscal en materia de ingresos públicos nacionales, fundamentalmente de la Renta Aduanera e Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de las Instrucciones y Modelos para la Contabilidad de la Renta Aduanera, contenidas en la Publicación N 26, prescrita por la Contraloría General de la República mediante Resolución N CG-009 de fecha , se determinó la existencia de fallas y deficiencias, entre otras, que se permitió la salida de mercancías de la zona primaria, así como la reexpedición de mercancías admitidas temporalmente, sin efectuarse la liquidación y pago del total de los derechos aduaneros y sanciones pecuniarias causados. En relación con las actuaciones practicadas en las gerencias de Aduana Principal de Puerto Cabello, La Guaira, Maiquetía y Valencia, todas adscritas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de evaluar el funcionamiento y procedimientos del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA), especialmente lo relativo al registro de los manifiestos de carga, control de inventario inicial y final en los recintos, almacenes y depósitos aduaneros autorizados; transmisión y tramitación de las declaraciones de aduana en forma electrónica; reconocimiento selectivo o aleatorio de las mercancías, control de los pagos de los gravámenes aduaneros y demás tributos correspondientes, a través de las instituciones financieras; autorización de la entrega y del retiro de las mercancías; resguardo aduanero nacional y proceso de la información para el control posterior; esta Contraloría General determinó que dicho sistema no garantiza un efectivo registro y control de las operaciones aduaneras objeto de tráfico internacional, toda vez que los procedimientos aduaneros atinentes a tales operaciones, no se efectúan de conformidad con las normas previstas para el registro de los manifiestos de carga, localización y desconsolidación de las mercancías, procesamiento de la Declaración Única de Aduana (DUA), liquidación y pago de tributos, intereses y multas, autorización de retiro de las mercancías y registro de bultos sobrantes y faltantes, generando en consecuencia, incumplimiento del régimen aduanero aplicable a las mercancías arribadas a las mencionadas aduanas. De las actuaciones vinculadas con el área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se precisó que al , los subsistemas automatizados de Recursos Humanos y Bienes Nacionales, correspondientes al Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado (PROMAFE) no están operativos, ya que el desarrollo e implantación de los mismos no se efectuó de acuerdo con lo planificado a junio 2003, lo cual ocasionó para la República el pago de 16

8 Poderes Públicos Nacionales cuotas de comisión de compromiso, así como la solicitud de una prórroga hasta el del Convenio de Préstamo entre el Banco Mundial y la República N 4503-VE. La información electrónica reportada por los aplicativos informáticos y telemáticos implantados en la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) al referidos a los sistemas de registro y control de los ingresos nacionales no es confiable, por cuanto en la ONT, en los organismos liquidadores de ingresos y en la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), el registro de las transacciones no es efectuada de manera única al momento de su origen y con todos los datos necesarios, para generar todas las salidas de información que se demanden al SIGECOF, como lo prevé el Reglamento Parcial N 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública Así mismo, los componentes de ese sistema no han sido totalmente desarrollados e integrados entre sí, por lo cual el registro de los momentos contables (estimación presupuestaria, liquidación o devengado, recaudación y enteramiento e ingreso al tesoro) se realiza manualmente y no de forma automática, lo cual ha implicando un atraso en la presentación de la Cuenta General de Hacienda superior a los 3 años. Adicionalmente, la seguridad de acceso lógico a los sistemas y la integridad de la data son limitadas, por cuanto el cambio de las contraseñas no es efectuado periódicamente y de manera automática, aunado a que la sesión de trabajo luego de un tiempo prolongado de inactividad no se inhabilita y los usuarios no son alertados sobre conexiones simultáneas con su clave de acceso (password); además, los respaldos de la información financiera no incluyen los datos, el software y la documentación relacionada con los ingresos nacionales, entre otros aspectos. Estos hechos determinados ocasionan que la información contable presente un elevado riesgo de ocurrencia de errores, e implica la imposibilidad de generar de forma automática los estados financieros básicos. La seguridad técnica de la información electrónica procesada, almacenada y reportada por el Sistema de Registro Nacional de Contratistas en línea (SRNC), administrado por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), al , no es adecuada, por cuanto los procedimientos de identificación, autenticación y acceso lógico; control de cambios, respaldos y restauración, firma y certificado electrónico, restauración de la continuidad operativa y documentación técnica no garantizan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica; igualmente, el servicio carece de mecanismos para el seguimiento a las actividades de los consultores externos de TIC y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, aunado a que existen errores en la data debido a la carencia de algunos mecanismos de validación cuando es ingresada para su procesamiento; situaciones que dificultan el cumplimiento eficiente de las funciones que le competen al SNC. 17

9 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora Las TIC implantadas en CADIVI al , no garantizan la alta disponibilidad del Portal, la Extranet e Intranet, debido a que la arquitectura tecnológica, la provisión de redundancia y los mecanismos de respaldo no son adecuados, ya que la demanda del servicio es superior a la oferta de conexiones posibles; la data que sustenta el otorgamiento de autorizaciones de divisas, se encuentra instalada y configurada con un software propietario suministrado en calidad de demostración; la verificación de las importaciones se realiza en forma manual y no existe transmisión electrónica de datos entre CADIVI y el BCV. Al la ONCOP ha iniciado acciones correctivas de TIC, en atención de las recomendaciones formuladas por esta Contraloría; sin embargo, aún son insuficientes los mecanismos de control interno del SIGECOF para garantizar la continuidad de la prestación del servicio en caso de contingencias y desastres e, igualmente, para salvaguardar la integridad de los datos de las órdenes de pago durante su procesamiento y almacenamiento, por cuanto el plan de contingencia se encuentra en proceso de elaboración; el respaldo de la base de datos central del SIGECOF no es resguardado de manera periódica fuera de las instalaciones del Ministerio de Finanzas; no existen manuales que documenten los aspectos relacionados con la TIC; no se inhabilita las cuentas de acceso después de varios intentos fallidos ni luego de cierto tiempo en desuso; la replicación de las órdenes de pago no resguarda la integridad de las mismas y no están activadas las trazas de auditoría producidas por el sistema operativo. En las evaluaciones practicadas a los sistemas de control interno en ENAGAS, SAPI, SASA y SNC se evidenciaron debilidades, toda vez que: no están aprobados por las máximas autoridades jerárquicas de las respectivas dependencias, los manuales técnicos de normas y procedimientos relativos a la ejecución de sus procesos medulares; y no han elaborado exceptuando al SNC, un manual concerniente al Sistema de Modificaciones Presupuestarias y de informes con los resultados de la ejecución presupuestaria y de gestión. En ENAGAS se realizaron traspasos de créditos presupuestarios por Bs. 322,53 millones, sin la autorización del nivel competente. Los respectivos planes operativos anuales, no son objeto de evaluaciones periódicas. El SNC no ha designado el registrador nacional de contratistas mediante concurso, tal como lo prevé la norma. De la actuación realizada en los despachos de Salud y Desarrollo Social (MSDS), del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) e Infraestructura (MINFRA) para evaluar el Plan Excepcional de Compras del Estado 2003, se precisó que de lo programado, esos organismos ejecutaron 14,82%, 18,23% y 62,94%, respectivamente, lo cual se vincula con fallas determinadas en la planificación y formulación de las metas. Asimismo, se evidenció inobservancia de los procedimientos establecidos en el Decreto N 2.371, en lo que respecta a la evaluación competitiva de 18

10 Poderes Públicos Nacionales precios entre las ofertas presentadas, considerando el valor agregado nacional (VAN), destacando que en los ministerios relacionados con infraestructura no se evidenciaron valuaciones relacionadas con la ejecución de obras contratadas por Bs ,50 millones, no obstante que los contratistas recibieron dicho monto en calidad de anticipos (contractual y especial directo), lo cual representa 100 % de los contratos. De la evaluación realizada en el MINFRA a los programas 05 y 08 (Bs ,42 millones), dirigidos a obras de infraestructura vial (terrestre y agrícola), se determinó que durante el período , se comprometió y causó 45,32% y 85,36%, respectivamente, lo que representa una disminución en la prestación del servicio que le compete a ese ministerio, en detrimento del desarrollo económico de las regiones; todo ello motivado por el hecho de que las contrataciones se efectuaron a finales de los ejercicios fiscales y al retraso en el trámite de la cuotas de desembolso. Adicionalmente, se evidenció ausencia de coordinación entre el nivel central y los centros estadales de coordinación, así como debilidades de control interno, relacionados con expedientes de contratos que carecen de foliatura, orden cronológico y trámites administrativos; fallas administrativas en la contratación, seguimiento y control de las obras; contratos sin el respectivo cierre administrativo; trabajos inconclusos debido a paralizaciones, rescisión de contratos o ejecución de obra sólo hasta cubrir el anticipo; obras deterioradas y con falta de mantenimiento; anticipos pendientes por amortizar; trabajos relacionados y no ejecutados; extralimitación de competencias e inobservancia de las disposiciones contenidas en la LOAFSP, Ley de Licitaciones, en las Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y en normas técnicas COVENIN. De la evaluación realizada al Proyecto de Saneamiento del Lago de Valencia, se evidenció que no ha sido concluido la construcción de los 2 subsistemas que permitan la recolección de las aguas servidas, provenientes de las áreas metropolitanas de Valencia y Maracay, con el fin de darles el tratamiento adecuado y minimizar los impactos negativos sobre los cuerpos receptores, especialmente la contaminación y el ascenso del nivel del lago. Cabe referir que durante el período , los valores de los parámetros de fósforo total, nitrógeno total y demanda bioquímica de oxígeno, superaron los establecidos en el Decreto Nº Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de las Aguas de la Cuenca del Lago de Valencia (Gaceta Oficial N Extraordinario del ), por lo cual dichas aguas no están aptas para el desarrollo de las actividades recreativas, turísticas, deportivas y de pesca artesanal que se llevan a cabo, así como para el riego de plantaciones. Adicionalmente, se observó que las aguas del lago sobrepasaron la cota máxima establecida en el artículo 20 del citado decreto y esto ocasiona pérdidas de áreas agrícolas y de zonas urbanas. 19

11 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora De acuerdo con la evaluación realizada al Programa de Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico Hidrometereológico Nacional, se determinó que el MARN a través de la Unidad Ejecutora de Programa VENEHMET, sólo ha contratado 5 de los 13 componentes que lo conforman, para una inversión durante los años de US$ 40,44 millones, lo que representa 38,46% de las metas previstas, con un retraso de 16 meses en la culminación del programa al , y con 80,00 % de los contratos atrasados en la ejecución; los costos de las obras con incrementos hasta en 195,43%; pagos adicionales por el orden de US$ ,95 que debe realizar la nación por concepto de comisión de compromiso sobre saldos del préstamo no desembolsados; diferencias de Bs. 2,10 millones en los cálculo de la fórmula polinómica; y falta de aplicación de las cláusulas penales por retrasos en la ejecución de obras. Tales circunstancias obedecieron a la interrupción en los desembolsos por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), como causa del retardo en la construcción de la sede del Centro de Alerta y Pronóstico Hidrometeorológico Nacional y por fallas en el control administrativo de los contratos. El Ministerio de Educación Superior (MES) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) suscribieron 3 contratos de servicios por Bs. 820,03 millones, y posteriormente dicho monto se incrementó en 42,00%, es decir en Bs millones, al incluir nuevos beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en los respectivos contratos. Cabe indicar que 50,00% del capital social de una de las empresas contratadas, es propiedad de una sociedad mercantil cuyo presidente, para el momento de la suscripción de los convenios, era funcionario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y con nexos familiares en primer grado con el director de la OPSU y, además, director encargado del Despacho del Ministro de Educación Superior. Por otra parte, el contrato con el MES y uno de la OPSU, fueron suscritos en fecha posterior a la entrada en vigencia de los mismos. Esta situación evidencia que la selección del contratista se realizó sin cumplir con las premisas de transparencia y sana competencia, para el logro de una adecuada gestión administrativa por parte de ambos organismos. El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) no cuenta con adecuados mecanismos de control interno en el área de compras, las adquisiciones no obedecen a una planificación y programación en función de las necesidades y requerimientos del servicio; adjudicaciones directas por Bs ,14 millones al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones; órdenes de compra por Bs. 51,21 millones sin la firma del director general ni del jefe de la División Presupuestaria; el inventario de bienes y el registro de las operaciones contables no están actualizados, así como falta de control sobre las pólizas de seguro de los vehículos. De igual forma se precisó que las operaciones presupuestarias se realizaron 20

12 Poderes Públicos Nacionales al margen de las normas que rigen la materia, por otra parte, se determinó la existencia de cuentas por cobrar por Bs. 6,07 millones, correspondientes a saldos de préstamos otorgados por el SAHUM. Tales aspectos contravienen lo establecido en las NGCI y en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central (MNCIMGAC). En cuanto a los resultados del seguimiento a las acciones correctivas emprendidas por el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmaceúticas (SEFAR) en atención de las recomendaciones formuladas por este Organismo Contralor en el año 2003, se precisó que continúa con la aplicación de políticas de autofinanciamiento por la vía de las inversiones financieras, no siendo ésta la principal actividad para la cual fue creado ese servicio; situación que repercute directamente en las metas programadas y refleja deficiencias en la planificación y programación. Asimismo, realizó colocaciones financieras sin la autorización de la Oficina Nacional del Tesoro y los intereses producidos por tales fondos no fueron reintegrados a la Cuenta del Tesoro, en el Banco Central de Venezuela. Por otra parte, existen deficiencias en la supervisión, comunicación y coordinación de las diferentes unidades operativas, restándole efectividad y confianza a las actividades desarrolladas por el Servicio; ausencia de un sistema de costo de producción fundamentado en elementos cuantificables que forman parte del costo de fabricación; no ha implantado un sistema de control interno basado en una estructura organizativa actualizada, ni dispone de Reglamento Interno y manuales de normas y procedimientos debidamente aprobados. En el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) se observaron deficiencias de control interno, fundamentalmente, las siguientes: no coinciden los montos reflejados en la ejecución financiera del presupuesto de gastos, suministrado por el Departamento de Planificación y Presupuesto, y los registrados por el Departamento de Contabilidad; en los expedientes de personal llevados por el Departamento de Recursos Humanos, no reposa la copia del comprobante de la Declaración Jurada de Patrimonio; y no disponen de un plan de capacitación y adiestramiento; además, se determinó que existe retraso en el pago de las retenciones de personal destinadas al Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso, Ahorro Habitacional y Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Estos señalamientos contravienen lo establecido en las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público (Gaceta Oficial N del ), NGCI, LCC y MNCIMGAC. En cuanto a la evaluación realizada a la gestión desarrollada por la Dirección General de Desarrollo Regional del MIJ (DGDR) se observó que ésta carece de normativas y procedimientos para la ejecución de la actividad vinculada con la recepción, revisión y aprobación de los proyectos a ser financiados con recursos de la LAEE; los registros con información sobre la cantidad de proyectos recibidos, aprobados y anulados no son confiables ya que no permiten conocer con 21

13 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora exactitud aquellos que corresponden a modificaciones, alcances o cambios de meta, ya que los alcaldes y gobernadores no informan al Ministerio del Interior y Justicia sobre la ejecución de los proyectos financiados con los recursos provenientes de la aplicación de la LAEE, en contravención de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley que regula tales asignaciones. De la evaluación practicada a las actividades ejecutadas por la DEM para la modernización administrativa de los tribunales (Componente B), así como para la construcción, remodelación y reacondicionamiento de las instalaciones judiciales (Componente D), conforme lo previsto en el convenio 3514-VE, suscrito en fecha con el Banco Mundial, por un monto de US$ 60,00 millones, se determinó que a la fecha del cierre administrativo del mismo ( ), se había invertido un total de US$ 107,71 millones; es decir, con un incremento de 79,52% respecto al monto original el cual está vinculado fundamentalmente con la variación experimentada en el costo de los materiales e insumos, en los equipos y mano de obra, ocurrida durante la vigencia del convenio; igualmente se evidenciaron retrasos de hasta 2 años en la conclusión de algunas obras, al no contar de manera oportuna con los recursos financieros suficientes, así como el incumplimiento del contrato relacionado con las obras para el Palacio de Justicia de Barcelona, estado Anzoátegui, lo que ameritó la rescisión de los contratos suscritos y la ejecución de las fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento. Por otra parte, se evidenció la instalación de puntos de voz y data, dotación de equipos de computación y el funcionamiento del Sistema Juris 2000, en los 15 palacios de justicia y en las 22 sedes alternas de tribunales que conforman las instalaciones judiciales. De la evaluación practicada en la oficina central de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), relacionada con la contratación de obras, actividades de capacitación de personal, así como de la administración del Fondo de Prestaciones Sociales, durante el año 2004, se constató: la inexistencia de documentación relacionada con la ejecución y control de las obras, que permitan formarse un criterio respecto a la sinceridad y legalidad de su contratación y ejecución; en virtud de los cual quedó evidenciado, el incumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley de Licitaciones en lo que respecta a la selección de contratistas; pago en exceso por Bs. 219,79 millones a empresas que participaron en la capacitación y adiestramiento del personal de la DEM; insinceridad de las listas que sirven de soporte a los pagos realizados por los cursos y talleres contratados, así como incumplimiento de las disposiciones contenidas en la LOT, referente a la constitución de los fideicomisos individuales del personal y falta de recursos financieros para el cumplimiento de pago de los pasivos laborales tanto del personal egresado de la institución desde el año 1992, como del personal activo. 22

14 Poderes Públicos Nacionales De la auditoría practicada a las actividades ejecutadas por la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso (DGCRR) del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), vinculada con la ejecución de los programas educativos impartidos a los internos de los establecimientos penitenciarios, se determinó que tanto en la citada dirección general como en las distintas unidades educativas destacadas en los centros penitenciarios inspeccionados, se presentan fallas administrativas y operativas que inciden negativamente en la gestión de esas dependencias y, por ende, en el desarrollo y aplicación adecuada de los programas educativos utilizados como mecanismo de rehabilitación del recluso para su posterior reinserción en la sociedad. Como resultado del seguimiento a la acción correctiva ejercida por la Asamblea Nacional (AN), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP), en atención de las recomendaciones formuladas por la CGR con motivo de las auditorías practicadas en el año 2003 para evaluar el funcionamiento de los respectivos órganos de control fiscal, se precisó que los titulares de dichos órganos de control continúan encargados, en razón de que las máximas autoridades de estos organismos no han convocado a concurso para la provisión del cargo de auditor interno; además, no han contemplado en sus presupuestos recursos específicos para su funcionamiento. Por otra parte, se evidenció que el Plan Operativo del ejercicio fiscal 2004 de la DP no contiene información de las actividades a desarrollar con indicación de los recursos materiales, financieros y tiempo estimado para cumplirlas, aspectos importantes para emitir opinión respecto a la eficiencia, eficacia y economía en la gestión del OCF; en los informes de auditoría omiten algunos elementos de los hallazgos, tales como causa y efecto; igualmente se evidenció que los informes definitivos no están firmados por el nivel directivo sino por los auditores que realizan las actuaciones, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 25 de las Normas Generales de Auditoría de Estado (NGAE). En cuanto al cumplimiento de instrucciones en materia de declaración jurada de patrimonio (DJP) entre el y el , por parte de los responsables del área de Recursos Humanos, establecidas en la Ley Contra la Corrupción (LCC) y en las resoluciones dictadas al respecto por este Organismo Contralor, los 3 organismos objeto de evaluación (ministerios de Salud y Desarrollo Social, Defensa e Interior y Justicia) cumplieron con la obligación de informar a sus funcionarios sobre la obligatoriedad de presentar la DJP por ante la CGR; no obstante, se precisó que los directores de Recursos Humanos del MD y MIJ no remitieron a este Organismo Contralor la relación inicial de los funcionarios que prestan servicio en esos organismos, ni presentaron las relaciones mensuales de los movimientos de ingreso o cese de funcionarios; por otra parte, se determinó que 845 expedientes de funcionarios adscritos al MSDS, MD y MIJ, no 23

15 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora contenían copia del comprobante de recepción de la DJP ante la CGR, con motivo de la actualización de su situación patrimonial y en 149 expedientes de funcionarios de los MD y MIJ, no reposa la copia del comprobante de la DJP, que deben presentar con motivo de la toma de posesión del cargo, así como por el cese en sus funciones, siendo que en 14 del MD reposaba copia de la declaración, pese al carácter confidencial de la misma; igualmente se constató que el MD y el MIJ efectuaron pagos por concepto de prestaciones sociales, a 16 jubilados y egresados, cuyos expedientes no contenían el comprobante de la presentación de la DJP, no obstante que el artículo 40 de la LCC señala que los funcionarios públicos que cesen en el ejercicio de sus funciones por renuncia, destitución o jubilación no podrán retirar los pagos respectivos hasta tanto presenten la declaración jurada de patrimonio al cese de sus funciones. Vale resaltar que este Organismo Contralor en informe de fecha , relacionado con la problemática existente por el desplazamiento del estribo sur del viaducto N 1 de la Autopista Caracas-La Guaira, recomendó acometer de inmediato acciones dirigidas a solventar tal situación y a evitar emergencias que podrían suponer el colapso del mismo, entre otras, establecer estrategias para la desviación del tránsito vehicular por vías alternas; otorgar carácter prioritario a la atención de problemas vinculados con la autopista, lo cual debía comprender la evaluación de obras requeridas y determinación de prioridades, así como la obtención de recursos necesarios para la culminación de trabajos de refuerzo del viaducto; reanudar las mediciones del movimiento geológico y de la deformación de la clave de arco, con el fin de determinar la situación del viaducto; controlar permanentemente su comportamiento en la ejecución de trabajos de rehabilitación; emprender acciones perentorias para realizar un proyecto de construcción de una nueva conexión o enlace vial que comunicara la capital de la República con el estado Vargas; realizar a la brevedad un proyecto para recuperar la carretera vieja Caracas-La Guaira y materializarlo, con el objeto de devolverle su transitabilidad en condiciones de seguridad; establecer inspecciones efectivas y controles internos permanentes, con el fin de monitorear y conocer el avance de las actividades programadas y el cumplimiento de los lapsos establecidos; así como dictar medidas necesarias para regular el tránsito pesado por la autopista, hasta obtener resultados de las mediciones del desplazamiento de la ladera sur y de la deformación del arco. Igualmente, como consecuencia del análisis realizado a la ejecución presupuestaria, física y financiera de los recursos asignados al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), así como al avance físico de las obras para la rehabilitación y reconstrucción de la presa El Guapo durante el período , este máximo Órgano de Control recomendó a la máxima autoridad del MARN y a los niveles directivos y gerenciales en el ámbito de sus 24

16 Poderes Públicos Nacionales Sector de la Economía atribuciones, comprometer, ordenar pagos y modificar los créditos presupuestarios originalmente previstos, de conformidad con la normativa legal y sublegal que rige la materia; y a la Dirección General de Equipamiento Ambiental, agilizar las acciones tendentes a concluir la ejecución de los trabajos de la obra Continuación de la Construcción del Túnel de Desvío de la presa El Guapo e iniciar de manera perentoria los trabajos de infraestructura física, contemplados en el cronograma de la fase II, con la finalidad de concluir la rehabilitación de la presa, situación que le permitiría cumplir con los objetivos para los cuales fue construida. Todo ello en virtud de que se determinó la inobservancia de procedimientos y trámites autorizatorios ante las instancias competentes para aprobar y modificar los recursos destinados para la reparación y reconstrucción de la presa El Guapo; además, se evidenciaron debilidades en la planificación, al no observarse un proyecto de ingeniería integral definido para la rehabilitación de la presa. 25

17 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora SECTOR DE LA ECONOMÍA Se agrupan en este sector los ministerios de Finanzas (MF), Ciencia y Tecnología (MCT), Planificación y Desarrollo (MPD), Agricultura y Tierras (MAT), para la Economía Popular (MINEP), de Alimentación (MINAL) y los recién creados de Energía y Petróleo (MEP), Industrias Básicas y Minería (MIBAM), Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) y Turismo (MINTUR) según Decreto N (Gaceta Oficial N del ) que se originan en sustitución de las funciones ejercidas por los extintos ministerios de Energía y Minas, y de la Producción y el Comercio; además, se creó el de Estado para la Integración y el Comercio Exterior (MICE) según Decreto N (Gaceta Oficial N del ). Estos organismos tienen por objeto fundamental la materia financiera y fiscal; científica y tecnológica; planificación de políticas para el desarrollo económico y social; comercio agrícola, vegetal, pecuario, acuícola, pesquero y forestal; fomento y planificación de la participación ciudadana en el ámbito de la economía popular; la materia de alimentos y alimentación; hidrocarburos, energía y recursos naturales no renovables; empresas básicas y la minería; producción de bienes y servicios, el comercio y las negociaciones internacionales; desarrollo endógeno del turismo y fomento de la cultura turística; y la coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas y objetivos de los procesos de integración y comercio exterior. Su estructura financiera está conformada por 10 unidades administradoras centrales, 67 desconcentradas y 22 órganos sin personalidad jurídica adscritos a los referidos entes, los cuales contaron en el ejercicio fiscal 2005, con una asignación presupuestaria inicial de Bs. 24,47 billones. Para la selección de las actuaciones a practicar se consideraron las áreas estratégicas del Plan Operativo Anual (POA) 2005, definidas como de interés prioritario del quehacer nacional y hacia las que se debía orientar la gestión de control del organismo; la obligatoriedad del control previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N del ; las medidas adoptadas por los generadores de ingresos para elevar su contribución al presupuesto nacional; la organización y funcionamiento de distintos organismos de nuestro ámbito de control y verificar las acciones adoptadas por algunos entes para erradicar las deficiencias encontradas en actuaciones anteriores por este Organismo Contralor. GESTIÓN DE CONTROL En el año 2005 se practicaron y concluyeron un total de 133 actuaciones: 108 exámenes de cuentas, 14 auditorías operativas, 3 seguimientos a la acción correctiva y 3 de Tecnología de la 26

18 Poderes Públicos Nacionales Sector de la Economía Información y Comunicación (TIC); y 4 avalúos solicitados por distintos entes; asimismo, se valoraron 5 denuncias y se atendieron 6 consultas. Las intervenciones se orientaron a examinar de manera selectiva las operaciones ejecutadas desde el año 1995 hasta el Para acometer las actuaciones se definieron como objetivos: verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el control fiscal e instrucciones y modelos prescritos por la CGR, y determinar si los derechos pendientes de cobro de las cuentas de Ingresos de la Renta Aduanera y de Tributos Internos, fueron recaudados oportunamente. Así como también, la evaluación de la gestión administrativa ejecutada por el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) durante el período , en lo relativo a la recepción, aprobación, supervisión física y transferencia de recursos a las gobernaciones y alcaldías para financiar proyectos relacionados con las áreas de vivienda, transporte y saneamiento ambiental, en los estados Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Apure, Monagas y Zulia; evaluación de la gestión cumplida por el FIDES, en lo relativo a la aprobación y transferencia de recursos a las gobernaciones y alcaldías para financiar los proyectos presentados por las comunidades organizadas durante el ejercicio fiscal 2003; se verificarón las acciones correctivas emprendidas por el FIDES, en atención de las recomendaciones formuladas en actuaciones anteriores; evaluar las operaciones de crédito público para financiar programas y proyectos relacionados con las áreas de vivienda, transporte y saneamiento ambiental durante el período , en los estados Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Apure, Monagas y Zulia; evaluación del proceso ejecutado por las gerencias de Tributos Internos (GTI) de las regiones Zuliana y Nor Oriental, relacionado con las actividades emprendidas para disminuir la evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado; evaluación del proceso ejercido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para el otorgamiento de autorizaciones de adquisición de divisas; se verificó el registro y control de las operaciones aduaneras originadas por la llegada de mercancías al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Aduana Principal de Puerto Cabello y la Aduana Principal Aérea de Valencia en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA); además, se verificaron las acciones correctivas emprendidas por la Aduana Principal de La Guaira en el SIDUNEA, en atención de las recomendaciones formuladas en actuaciones anteriores; la evaluación al sistema de control interno establecido por el Ente Nacional del Gas (ENAGAS), el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) y el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) para verificar si cumplen con su misión, objetivos y metas; la evaluación del proceso de adquisición de los edificios Citibank y Bilbao; verificar la ejecución de los contratos comercial y financiero suscritos entre los ministerios de la Defensa y de Hacienda (actual Finanzas), respectivamente, con la empresa China Made Worldwide Distribution; evaluación de las 27

19 Informe de Gestión 2005 Gestión Fiscalizadora operaciones de las TIC relacionadas con el desarrollo e implantación del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), y del Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado (PROMAFE); además, se verificaron las acciones correctivas del SIGECOF en atención de las recomendaciones formuladas en actuaciones anteriores y la evaluación del sistema implantado en el SNC. Actuaciones de obligatorio cumplimiento De acuerdo con lo establecido en la LOCGRSNCF, fueron examinadas 108 cuentas de Ingresos, Gastos y Bienes Nacionales. Asimismo, se recibieron declaraciones juradas de patrimonio y se enviaron 77 oficios requiriendo información no suministrada en la declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la LOCGRSNCF y artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, en concordancia con lo previsto en la Resolución N de fecha (Gaceta Oficial N del ). Actuaciones selectivas Se practicaron 16 actuaciones, 11 de las cuales son auditorías operativas: 2 dirigidas a evaluar las áreas estratégicas definidas en el POA 2005 de la CGR en el FIDES y en la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP), una evaluación a la gestión administrativa del FIDES, una dirigida a evaluar el Plan Evasión Cero implantado por las GTI, 4 orientadas a evaluar el sistema de control interno de ENAGAS, SAPI, SASA Y SNC, y 3 evaluaciones al SIDUNEA en distintas aduanas; además, 2 son auditorías en el área de TIC orientadas a evaluar los mecanismos de control interno establecidos por PROMAFE y SIGECOF y 3 son seguimientos a las acciones correctivas sugeridas por la CGR en actuaciones realizadas en el FIDES, Aduana Principal de La Guaira y en la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP). Actuaciones no programadas Se ejecutaron 3 auditorías operativas dirigidas a: evaluar el proceso que llevó a cabo CADIVI para el otorgamiento de autorizaciones de adquisición de divisas; evaluar la conformidad del proceso de adquisición de los edificios Citibank y Bilbao; verificar la ejecución de los contratos comercial y financiero suscritos entre los ministerios de la Defensa y de Hacienda (actualmente Finanzas), respectivamente, con la empresa China Made Worldwide Distribution; y una de TIC dirigida a evaluar la información electrónica del sistema del SNC, así como la funcionalidad y disponibilidad de su página Web. Además, se efectuaron 4 avalúos: la quinta Gordejuela, el Centro Comercial Valeska y un inmueble ubicado en el estado Guárico ofrecidos en venta al Ministerio Público, y unas oficinas ubicadas en la Torre Las Mercedes que servirán de sede del MIBAM. 28

20 Poderes Públicos Nacionales Sector de la Economía ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Fueron evacuadas 6 consultas de diferentes organismos, en referencia al ejercicio de las competencias de los órganos de auditoría interna, del reemplazo de entes, normativa legal y otras actividades vinculadas con el control fiscal. Igualmente, cabe señalar que con ocasión de la aplicación de la LOCGRSNCF, fueron evacuadas un total de 41 consultas en materia de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades a diferentes órganos de control fiscal. Asimismo, fueron valoradas 5 denuncias, de las cuales 3 fueron remitidas al área de auditoría y 2 dieron inicio a la potestad investigativa. Con la entrada en vigencia el 1 de enero de 2002 de la LOCGRSNCF hubo reformas en el procedimiento administrativo llevado hasta esa fecha por este Organismo Contralor, estableciéndose el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades como único para la formulación de reparos, la declaratoria de responsabilidad administrativa y la imposición de multas; asimismo, se prevé el ejercicio de la potestad de investigación cuando a juicio del órgano de control fiscal existan méritos suficientes para ello. Como consecuencia de estos cambios legales y en aras de mejorar los tiempos de respuesta, durante el año 2005 se llevó a cabo un operativo mediante el cual se revisaron 29 informes de auditoría correspondientes a hechos ocurridos en los años 2003 y anteriores, para determinar en cuales de ellos existían méritos suficientes para ejercer la potestad de investigación. Producto de esa revisión se ordenó el archivo de 21 actuaciones de control de acuerdo con los siguientes supuestos: Por no surgir elementos de convicción o prueba que hicieran presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, daños causados al patrimonio público, ni la procedencia de acciones fiscales: 3. Por razones de economía procesal, o por haber ordenado a la unidad de auditoría interna del respectivo órgano o entidad donde presuntamente ocurrieron los actos, hechos u omisiones referidos o al órgano de control externo competente que realice las actuaciones y demás actividades previstas en el numeral 2 y en la parte in fine del artículo 77 de la LOCGRSNCF: 10. Por aplicación del principio constitucional de irretroactividad, al haberse determinado la comisión de actos, hechos u omisiones subsumibles en normas legales o reglamentarias que establecían como sanción la imposición de una multa de conformidad con la Ley Orgánica 29

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