Estudio binacional multiestatal sobre legislación y colaboración en la trata de personas

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1 BORRADOR - PARA CONSULTA Estudio binacional multiestatal sobre legislación y colaboración en la trata de personas Resumen Ejecutivo Reporte (Primera Fase) al Consejo de Gobiernos Estatales del Oeste, la Conferencia de Procuradores Estatales del Oeste, la Conferencia Legislativa Fronteriza, y la Conferencia de Gobernadores Fronterizos Preparado por: Socios: Abril de 2011 BORRADOR - PARA CONSULTA

2 Resumen Ejecutivo Antecedentes La trata de personas es un tipo de delito que se basa en la explotación y es diferente del tráfico de personas, el cual involucra el transporte de personas que otorgaron su consentimiento para ser trasladadas. Durante la década de los noventa, el aumento en la conciencia global sobre este problema culminó en el Protocolo de Palermo para evitar, suprimir y castigar la trata de personas especialmente mujeres y niños, el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional del Tanto México como Estados Unidos firmaron el Protocolo de Palermo y reconocen la trata de personas como un crimen particularmente grave que presenta un reto tanto nacional como internacional que amerita una cooperación sofisticada, constante y de binacional de múltiple nivel. Esto es particularmente urgente debido a la responsabilidad compartida de ambas naciones en su combate contra organizaciones criminales transnacionales, como se reiteró en la Declaración Conjunta en el Manejo Fronterizo del Siglo 21 del 19 de mayo de La trata de personas es un crimen extremadamente difícil de definir, detectar, procesar, evitar y cuantificar. Su cuantificación exacta y la recolección de datos referidos al problema de la trata de personas resulta un desafío global permanente. Los estimados de trata de personas para Estados Unidos y México varían ampliamente, pero en general se estiman en decenas de miles al año. En el reporte anual de trata de personas (TIP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos actualmente se clasifica a México como un país nivel 2 ( Países cuyos gobiernos no cumplen totalmente con los estándares mínimos de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas del 2000 (TVPA), pero que realizan esfuerzos importantes para integrarse al cumplimiento con dichos estándares ) y los Estados Unidos se clasifican como un país nivel 1 (que cumple con los estándares mínimos de la TVPA). Evaluaciones adicionales reconocen el progreso de México en este aspecto. Ley Federal Contra la Trata de Personas y su Implementación en los Estados Unidos y México En los Estados Unidos, La Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas del 2000 (TVPA) define formas severas de la trata de personas como el tráfico sexual en el cual un acto sexual comercial se induce a la fuerza, por fraude, o coerción, o en el cual la persona inducida a realizar tal acto es menor de 18 años de edad; o su contratación, albergue, transporte, disposición u obtención de una persona para que realice un trabajo o preste servicios mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el propósito de sujeción a la servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas, o esclavitud (8 U.S.C. 1101). En México, la Ley Federal para Evitar y Sancionar la Trata de Personas (2007) establece que una persona que comete este crimen es aquella que promueve, facilita, solicita, traslada, entrega o recibe para sí mismo o para un tercero a una persona mediante el uso de violencia física o moral, engaño o abuso de poder para someter a la víctima a explotación sexual, al trabajo o servicio forzado, a esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o alguno de sus miembros. Ambas leyes ordenan la creación de comisiones intersecretariales para 1

3 manejar la respuesta federal de cada nación ante tal fenómeno. Además, ambas leyes sirven como piedra de toque en el diálogo continuo federal, estatal y local con respecto a este problema. Leyes a Nivel Estatal sobre Trata de Personas en el Oeste de los Estados Unidos y en los Estados Fronterizos Mexicanos Aunque la ley estatal de Estados Unidos sobre trata de personas se caracteriza por su diversidad, la ley Mexicana es notable por su relativa uniformidad. Algunos de los estados de la Conferencia de Procuradores Generales de Occidente y todos los seis estados fronterizos de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) poseen estatutos que consideran específicamente la trata de personas como un crimen. Las leyes estatales de los Estados Unidos se extienden desde la legislación específica sobre trata de personas hasta leyes relacionadas con asuntos tales como proxenetismo. Algunos estados han actualizado activamente su legislación sobre la trata. Recientemente, Nuevo México adoptó un nuevo estatuto sobre trata de personas y el estado de Washington actualizó sus leyes en 2010, además algunos estados cuentan con fondos de asistencia para víctimas. Desde 2007, los estados fronterizos Mexicanos desarrollaron o están en el proceso de desarrollar una legislación comprensible sobre la trata de personas. Similar a la legislación federal mexicana, las leyes estatales sobre la trata de personas ordenan la creación de comisiones intersecretariales y en algunos casos alientan específicamente a las agencias a colaborar entre ellas. Las leyes estatales Mexicanas comparten muchas similitudes, y la continua homogenización de las leyes estatales es un objetivo político específico y ampliamente apoyado en México. Estos cambios legales se implementan de forma simultánea con la violenta lucha de México contra las organizaciones criminales transnacionales y una transición sistemática en México a un sistema de justicia acusatorio oral, que, el cual fue ordenado por el Congreso de la unión y que debe realizarse en todo el país para el año Colaboración Institucional entre Estados Unidos y México sobre la Trata de Personas Agencias clave federales de Estados Unidos colaboran con sus contrapartes Mexicanas en asuntos y casos de la trata de personas, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) México. Entre las contrapartes clave mexicanas se incluyen la Procuraduría General de la República, (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Migración, y otras agencias. En términos de colaboración doméstica, dependiente de la composición departamental de cada estado en Estados Unidos, la oficina del procurador de distrito o del condado, la Oficina del Procurador de los Estados Unidos, o la Oficina del Procurador General (como es el caso de Nuevo México) pueden manejar la procuración de justicia de estos crímenes. Procuradores Generales Adjuntos de Estados Unidos encabezan a más de tres docenas de equipos de trabajo del área metropolitana contra la trata de personas cuyos miembros se componen de las agencias locales y estatales de policía y ONGs, los que son financiados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Procurador Especial para la Violencia Contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) maneja programas y albergues en México. Dos nuevas innovaciones institucionales incluyen a 2

4 los equipos de trabajo inter agencias federales y estatales así como a los comités regionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en todo el país, que específicamente administran asuntos en relación a la trata de personas bajo la administración de funcionarios estatales y locales. A nivel estatal transfronterizo, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, la Conferencia Legislativa Fronteriza y la Conferencia de Procuradores Generales de Occidente realizaron esfuerzos binacionales para hacer del combate de la trata de personas una importante prioridad política y organizacional. En 2008, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos emitió un elemento de adición a una declaración conjunta en que se compromete a incluir estrategias con las mejores prácticas sobre la trata de personas en la agenda futura de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos (BGC). Nuevo México se destaca por un Acuerdo de Entendimiento que firmó el Procurador General Gary King con la entonces Procuradora General de Chihuahua, Patricia González en 2008 que describe la creación de grupos de trabajo transfronterizo y el desarrollo de mejores prácticas. Recomendaciones Incluso en un contexto binacional desafiante, se presentan una serie de oportunidades para el cambio positivo. Aquí nos concentramos en recomendaciones de fondo basadas en procesos para tres participantes clave en particular: la Conferencia Legislativa Fronteriza, la Conferencia de Procuradores Generales de Occidente (ambas forman parte de la Asociación de Alianza Interestatal México Estados Unidos) y la Conferencia de Gobernadores Fronterizos. Recomendaciones Importantes 1. Considerar la posibilidad de una legislación que incentive y consolide una colaboración productiva interestatal, binacional e internacional sobre el lenguaje legislativo y la colaboración de la agencia estatal de policía para abordar tanto los aspectos nacionales como los transfronterizos de la trata de personas de una forma proactiva (CWAG y 2. Considerar la posibilidad de enfoques legislativos que consoliden adecuadamente programas para capacitar a funcionarios de la policía local y estatal en el reconocimiento y prevención de la trata de personas (CWAG y 3. Considerar la posibilidad de enfoques legislativos que adopten un enfoque centrado en la víctima y den prioridad a enfoques integrales a las víctimas tanto de tráfico sexual como del tráfico ilegal de mano de obra mediante mecanismos tales como los fondos de asistencia para víctimas (CWAG y 4. Los estados de los Estados Unidos deberían considerar seriamente adoptar el lenguaje de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas del año 2000 para ayudar a construir un enfoque más global a nivel estatal (CWAG y Organización, Procesos y Recomendaciones de Colaboración 5. Crear una comisión binacional permanente de revisión de la política integrada por representantes de organizaciones miembros de la Asociación de Alianza Interestatal Estados Unidos México (la Conferencia de 3

5 Procuradores Generales de Occidente, la Conferencia Legislativa Fronteriza, el Centro de Estudios Transfronterizos de América del Norte, el Instituto de México en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos), Mesa de trabajo de la Conferencia sobre Seguridad de Gobernadores Fronterizos, los procuradores estatales y municipales, y las agencias federales y organizaciones no gubernamentales relevantes en los Estados Unidos y México (BGC, BLC y CWAG). 6. Realizar visitas periódicas a la Asociación de Alianza Interestatal Estados Unidos México y publicar los resultados con las legislaturas estatales fronterizas clave de Estados Unidos y México para discutir la legislación sobre la trata de personas e implementar una amplia gama de políticas en la región fronteriza Estados Unidos México con un enfoque sobre las mejores prácticas en materia de cuestiones tales como la atención a las víctimas y la coordinación (CWAG y 8. Discutir y adoptar medidas clave a medio y largo plazo que permitan evaluar el éxito legislativo sobre el problema de la trata de personas y la atención a las víctimas de la trata, tanto sexual como laboral, en los Estados Unidos y México ( 9. Desarrollar o vincular con programas innovadores para reconocer las legislaturas estatales y a legisladores para tener mejores prácticas legislativas y más innovadoras para combatir la trata de personas ( 10. Habilitar a CWAG para ofrecer capacitación binacional y desarrollo de mejores prácticas sobre el manejo de casos de trata de personas en colaboración con el gobierno mexicano y los participantes clave de la sociedad civil, como parte de su formación para jueces, procuradores, trabajadores forenses y policía mexicanos (CWAG). 7. Establecer alianzas con las principales organizaciones académicas y políticas mexicanas para realizar más investigación y evaluar la trata de personas, medidas tomadas para abordar el delito y víctimas de la trata en México (BGC, BLC y CWAG). 4