CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZA PONENTE: DRA. ANA MARÍA CRESPO SANTOS

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZA PONENTE: DRA. ANA MARÍA CRESPO SANTOS ACTOR: COMPAÑÍA OSRAM DEL ECUADOR S.A. DEMANDADO: DIRECTOR REGIONAL LITORAL SUR DEL SRI (RECURRENTE) Quito, martes 31 de mayo del 2016, las 12h38.- ASUNTO Resolución del recurso de casación interpuesto por el Econ. Juan Miguel Avilés Murillo, en calidad de Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas, en contra de la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2013, a las 11h27, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario N 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación N , deducido por el Sr. Gino Paredes Franco, en calidad de Apoderado Especial y como tal Representante Legal de la compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A., propuesto en contra de la Resolución N RREC de 17 de mayo del 2012 que atendió negativamente la reclamación del Acta de Determinación N por concepto de Impuesto al Valor Agregado del ejercicio económico I. ANTECEDENTES De acuerdo al escrito que contiene el recurso de casación de fecha 28 de octubre de 2013, el casacionista se fundamentó en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, alegó que se produjo la falta de aplicación de los Arts. 68, 90, 91, 82 y 259 del Código Tributario. Se indica que el Dr. Juan G. Montero Chávez, Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de 1

2 la Corte Nacional de Justicia, calificó la admisibilidad del recurso en referencia, por la causal primera, únicamente por la falta de aplicación de los Arts. 82 y 259 del Código Tributario Con relación a la causal primera al alegar falta de aplicación de los Arts. 82 y 259 del Código Tributario, cuando fundamenta el vicio señala lo siguiente: ( ) La discusión de la causal de casación se centra en que la Sala afirma que las diferencias detalladas en el cuadro 21 del acto administrativo objeto de la impugnación (página 64) son improcedentes debido a que la reconsideración de la base imponible del impuesto al valor agregado (IVA) se originó de una determinación del (sic) impuesto a los consumos especiales (ICE) que no se encontraba firme ni ejecutoriada a la fecha de la emisión del Acta de Determinación, antecedente de la resolución impugnación en la presente causa. Respecto a lo anterior, la Sala confunde varios conceptos básicos del Código Tributario y realiza en su fallo una consideración extra lege. Los jueces no discuten el hecho de que la Administración Tributaria pueda emplear los resultados de la determinación efectuada por concepto de ICE en otras determinaciones. Lo que se discute en este punto es que, a criterio exclusivo de la parte actora y erróneamente ratificado por los jueces de instancia, tal actuación no procede cuando los actos no se encuentran firmes ni ejecutoriados. SI tal aseveración tuviese asidero legal y racional como manifiesta la Sala que no procede la reconsideración de la base imponible del IVA que se haya originado de una determinación de ICE que no se encontraba firme ni ejecutoriada a la fecha de la emisión del Acta de Determinación antecedente de la resolución impugnada en el presente caso, implica entonces que la Administración Tributaria tiene suspendidas todas sus facultadas (sic) por la sola interposición de una acción de impugnación de un acto administrativo, cuyos efectos puedan repercutir en otros actos. ( ) Más todavía, es de notar que el único acto que puede dejar sin efecto absolutos a un acto de una administración pública es precisamente un sentencia (sic) en firme; y, este acto judicial tampoco existe, puesto que lo único que ha sopesado la Sala juzgadora ha sido al privilegiar la interposición de la acción de impugnación en demérito de la determinación efectuada por el sujeto activo del tributo, lo cual es contrario al mismo derecho, habida cuenta de lo previsto en el artículo 247 del Código Tributario. Reitero, el razonamiento de la Sala es en demasía absurdo e impertinente, puesto que al no existir resolución judicial en firme dentro del juicio N que establezca algo adverso a lo dispuesto en el Acta de Determinación N o la invalide (acta de determinación emitida por concepto de ICE de los meses de enero a diciembre del período fiscal 2008), esta determinación sigue siendo válida y legítima y, en consecuencia, sus resultados y efectos irrefutablemente sirven para las determinaciones de los ejercicios fiscales 2

3 vinculados. ( ) Peor todavía, el escenario planteado por la Sala juzgadora daría a creer que la sola interposición de la acción de impugnación suspende todas las facultades de la Administración Tributaria, de modo tal que se pueda incluso, por ejemplo, emitir una orden de determinación de una sentencia en firme, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 número 3 del Código Tributario, o que la Administración Tributaria pueda iniciar un proceso de determinación del IVA correspondiente al presente caso, una vez que se dicte sentencia definitiva dentro del proceso correspondiente al ICE, por estar vinculados. Con lo cual conllevaría a que las facultades de la Administración puedan perdurar en el tiempo por la sola interposición de una acción de impugnación, todo lo cual afecta a los principios constitucionales invocados, así como el precepto universal de la división de los poderes del Estado. ( ) Habida cuenta de que la gestión tributaria corresponde, entre otras, las facultades de determinación y recaudación (artículo 9 del Código Tributario) y su ejercicio constituye actividad reglada (artículo 10 ibídem), la Administración Tributaria inició de forma legal y legítima el proceso determinativo mediante la Orden de Determinación N notificada el 11 de noviembre de 2010, al amparo del artículo 94 del Código Tributario y, en concordancia con el artículo 95 del mismo cuerpo legal. La interposición de una acción de impugnación busca atacar la legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo, el cual está dotado de la presunción legal conforme a los artículos 259, 148 y 82 del Código Tributario, mas no hay expresa disposición legal que disponga como efecto supletorio la suspensión de las facultades inherentes a la administración pública, que en el caso es la facultad determinadora de la Administración Tributaria. ( ) Aceptar que la glosa se desvanezca bajo el argumento de la sala, se constituiría en un caso de fraude de la ley, puesto que impide a la Administración Tributaria el ejercicio de la facultad determinadora, de modo que por el tiempo que se prolongue el juicio que inició OSRAM DEL ECUADOR S.A., en contra de la Resolución N RREC (se derivó del reclamo administrativo que la compañía presentó en contra del Acta de Determinación N ), caducaría su facultad y en el evento de que en sentencia definitiva se reconozca al Servicio de Rentas Internas la glosa, implicaría que los años siguientes en los cuales no se pudo glosar por ese concepto, el contribuyente obtuvo un beneficio (al margen de la Ley) al no haber sido glosado por esos efectos. ( ) En consideración al auto de fecha 21 de mayo del 2015, a las 14h25, el Dr. Juan G. Montero Chávez, Conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, calificó la admisibilidad del recurso en referencia, por la causal primera, únicamente por la falta de aplicación de los Arts. 82 y 259 del Código Tributario. En consideración a lo anterior, se 3

4 ordenó correr traslado a la contraparte para que de contestación al mismo, dentro del término previsto en el Art. 13 de la Ley de Casación El contribuyente Osram del Ecuador S.A., manifiesta en su escrito de contestación al recurso planteado por el SRI, (obra a fs. 15 a 18 del cuadernillo de casación), lo siguiente: ( ) Es evidente señores Magistrados, que si un acto se encuentra impugnado sea en vía administrativa o judicial sus efectos se encuentran suspendidos hasta que sea la autoridad de control o en su defecto los jueces quienes diriman la controversia. De ello que los mismos artículos 82 y 259 del Código Orgánico Tributario, que la autoridad aduce fueron inaplicados en la sentencia recurrida, prevén exclusivamente que las presunciones de legitimidad, ejecutoriedad y validez de los actos administrativos, no obstante las mismas admiten prueba en contrario pues el contribuyente en uso de su derecho a la defensa puede desvirtuar dichas presunciones, siendo exigible el acto desde que se encuentra firme y/o ejecutoriado, situación que en el presente caso no ha ocurrido, por lo que mal cabía establecer una glosa de IVA cuando el cálculo de la base imponible del ICE se encontraba impugnada. Así el citado Art 259 determina que se presumen válidos los hechos, actos y resoluciones de las administraciones tributarias que no hayan sido impugnados expresamente en la reclamación administrativa o en la contenciosa ante el tribunal (lo subrayado nos corresponde) Finalmente, es menester señalar lo que el Tribunal de instancia esgrimió en la Sentencia recurrida, que su parte considerativa manifestó: ( ) QUINTO.- Respecto a la base imponible de IVA que la parte actora alega que fue ajustada en función de la modificación del ICE (que forma parte de la base imponible del cálculo del IVA), realizada en acta de determinación No , que no está firme y/o ejecutoriada, se aprecia que el Acta de Determinación No antecedente de la resolución impugnada, emitida el 9 de noviembre de 2011, que figura de foja 124 a 170, tiene a su vez como antecedente el Acta Borrador No. RLS-ATRADBE En las páginas 28 a 41 del Acta de Determinación No (fojas 137 vuelta a 144 del expediente) consta que como producto de la determinación del valor de ICE de enero a diciembre de 2008 en Acta Borrador No. RLS-ATRADBE , posterior Acta de Determinación No , se efectuaron modificaciones al IVA a pagar. A foja 278 del expediente consta el Oficio OJURO17768 del 14 de noviembre de 2012 en el que el Director Regional del SRI Litoral Sur (E) certifica que el 1 de diciembre de 2011 se presentó reclamo administrativo en contra del Acta de Determinación No Asimismo de la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) se aprecia que el proceso

5 que se tramita en la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, corresponde a impugnación (posterior acción de pago indebido, por auto del 30 de mayo de 2013 emitido dentro de ese proceso judicial llevado en la Cuarta Sala) del ICE 2008 determinado por el sujeto activo del tributo, y que dicha causa aún no concluye. Como es fácil de apreciar, a la fecha de la emisión del Acta de Determinación No (9 de noviembre de 2011) no estaba firme ni ejecutoriada el Acta de Determinación No (pues fue materia de reclamo el 1 de diciembre de 2011, y posterior impugnación judicial), lo que evidencia que la reconsideración de la base imponible de IVA partió de una determinación de ICE que no se encontraba firme ni ejecutoridada a la fecha de la emisión del Acta de Determinación antecedente de la resolución impugnada en el presente proceso judicial, lo que torna improcedentes las diferencias detalladas en el cuadro 21 de la resolución impugnada (página 64 de la resolución, foja 96 vuelta del expediente).( ). II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Esta Sala Especializada es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Casación, en virtud de las Resoluciones N de 25 de enero de 2012 y de 17 de diciembre de 2014, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura: Resoluciones N y de 28 de enero de 2015, expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia; así como por el sorteo que consta a foja 20 del proceso y en atención a lo previsto en los Arts. 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 185 segunda parte, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y primero de la Codificación de la Ley de Casación. III. VALIDEZ PROCESAL No se observa del proceso ninguna circunstancia que pueda afectar la validez procesal y no existe nulidad alguna que declarar; por lo que, estando en autos para resolver, se considera. IV.- PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Previamente a señalar el cargo imputado, es pertinente indicar que el proponente del recurso de casación ha fundamentado su pedido en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, argumentando que ha existido falta de aplicación de norma de derecho, el cual ha sido determinante en la parte dispositiva de la sentencia atacada, como a continuación se manifiesta: 5

6 CAUSAL PRIMERA (Art. 3 Ley de Casación) Cargo único: Falta de aplicación de los Arts. 82 y 259 del Código Tributario, relacionados con la presunción de validez de los actos administrativos. V.- CONSIDERACIONES Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS El Recurso de Casación es de carácter extraordinario, de alta técnica jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ius constitutionis, esto es, protege el ordenamiento jurídico imperante, por medio de la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el propósito de hacer efectivos los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad en la aplicación de la Ley, mediante dos vías ordenadas: por un lado, la llamada función nomofiláctica de protección y salvaguarda de la norma, y por otro lado la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación del derecho objetivo. Así la crítica del recurrente a la Sentencia de instancia, para conseguir ser examinada por la Sala de Casación, debe tener por objeto las consideraciones de ésta, que constituyan la ratio decidendi del fallo Conforme el problema jurídico descrito en este fallo, el recurrente acusa la falta de aplicación de norma de derecho, el cual ha sido determinante en la parte dispositiva de la sentencia atacada, señalada en el número 4.1., cargo único, cuyo texto es el siguiente: - CÓDIGO TRIBUTARIO Art Presunción del acto administrativo.- Los actos administrativos tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados. Sin embargo, ningún acto administrativo emanado de las dependencias de las direcciones y órganos que administren tributos, tendrán validez si no han sido autorizados o aprobados por el respectivo director general o funcionario debidamente delegado. Art Presunción de validez.- Se presumen válidos los hechos, actos y resoluciones de las administraciones tributarias que no hayan sido impugnados expresamente en la reclamación administrativa o en la contenciosa ante el tribunal, o que no puedan entenderse comprendidos en la impugnación formulada sobre la existencia de la obligación tributaria. 6

7 Respecto de los impugnados, corresponderá a la administración la prueba de los hechos y actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación tributaria y su cuantía En consideración a la causal primera alegada por el recurrente, esta Sala establece lo que el número 1 del Art. 3 de la Ley de Casación indica: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva;. Esta causal tiene como limitante la revalorización de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos probados en la Sentencia. Dicha causal, tiene relación con lo que se denomina vicios in iudicando por lo que debe demostrar la violación directa de normas sustantivas. Esta demostración, para que se haga efectiva, implica delimitar los cargos imputados, con precisión y exactitud, por cualquiera de los tres modos establecidos, ya sea por: a) Aplicación indebida; b) Falta de aplicación; y, c) Errónea interpretación de normas de derecho sustantivas, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, tres cargos que son excluyentes del análisis de un mismo atributo, respecto a la misma norma impugnada. Para Manuel Tama es importante diferenciar entre ignorancia y error, para así determinar con mayor asidero e ilustración y llegar a identificar si el juzgador, actuó por negligencia o desconocimiento de una cosa o situación, enmarcándose en ignorancia; o si en su defecto, ocasionó su actuar una disconformidad de las ideas con la realidad o con la verdad de los hechos, evidenciándose un error, el mismo que puede consistir en los cargos descritos por el recurrente Respecto de la alegación efectuada por el recurrente sobre la falta de aplicación de los Arts. 82 y 259 del Código Tributario. Esta Sala Especializada cita lo propio en relación a lo esgrimido por el Tribunal de instancia en la sentencia atacada: ( ) Quinto.- ( ) Asimismo de la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) se aprecia que el proceso que se tramita en la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, corresponde a impugnación (posterior acción de pago indebido, por auto del 30 de mayo de 2013 emitido dentro de ese proceso judicial llevado en la Cuarta Sala) del ICE 2008 determinado por el sujeto activo del tributo, y que dicha causa aún no concluye. Como es fácil de apreciar, a la fecha de la emisión del Acta de Determinación No (9 de noviembre de 2011) no estaba firme ni ejecutoriada el Acta de Determinación No (pues fue materia de reclamo el 1 de diciembre de 2011, y posterior impugnación judicial), lo que evidencia que la reconsideración de la base imponible de IVA partió de una determinación de ICE que no se 7

8 encontraba firme ni ejecutoridada (sic) a la fecha de la emisión del Acta de Determinación antecedente de la resolución impugnada en el presente proceso judicial, lo que torna improcedentes las diferencias detalladas en el cuadro 21 de la resolución impugnada (página 64 de la resolución, foja 96 vuelta del expediente).( ). Por el contrario, el recurrente en su escrito de casación manifiesta que: ( ) Lo que se discute en este punto es que, a criterio exclusivo de la parte actora y erróneamente ratificado por los jueces de instancia, tal actuación no procede cuando los actos no se encuentran firmes ni ejecutoriados. Si tal aseveración tuviese asidero legal y racional como manifiesta la Sala que no procede la reconsideración de la base imponible del IVA que se haya originado de una determinación de ICE que no se encontraba firme ni ejecutoriada a la fecha de la emisión del Acta de Determinación antecedente de la resolución impugnada en el presente caso, implica entonces que la Administración Tributaria tiene suspendidas todas sus facultadas (sic) por la sola interposición de una acción de impugnación de un acto administrativo, cuyos efectos puedan repercutir en otros actos.( ). En función de lo antes expuesto, se constata que el Tribunal de instancia afirma que por el hecho de que el acto administrativo N (determinación de ICE) está impugnado judicialmente, -al tiempo de la emisión del acto materia de la controversia (determinación de IVA)-, aquel no podía afectar o incidir en la reconsideración de la base imponible de IVA del período fiscal 2008; es decir que a criterio de la Sala juzgadora por el hecho de que todavía no existía una sentencia que ratifique o no la actuación del ente administrativo, no se podía tomar como cierto lo esgrimido en el acto emitido por la Administración Tributaria relacionada con el ICE. Así mismo, la Sala de instancia omitió las presunciones de legitimidad del acto administrativo contemplados en el Art. 82 del Código Tributario y por tanto, desconoció que dicha acta podía incidir en la reconsideración de la base imponible de IVA para el período 2008, denotando su examen a la ejecutividad del acto y no a la factibilidad de la determinación de conformidad con las presunciones legales que posee el acta de determinación N , a pesar de haber sido impugnada. De igual manera se aprecia, que a criterio de la Sala juzgadora se requiere que el acto administrativo se encuentre firme, ejecutoriado y ratificado en sentencia para que aquel pueda ser usado por la Administración Tributaria y así hacer efectiva la reconsideración de la base imponible de IVA año 2008, apreciación subjetiva que crea un universo jurídico diverso, en relación a la objetividad y estructura jurídica de la gestión tributaria como de las actuaciones propias y válidas del ente administrativo hasta que las mismas sean dadas de baja en sentencia. En torno a todo lo efectuado se ha constatado la falta de aplicación del juzgador de instancia al desconocer las presunciones de legitimidad del acta de determinación N y al establecer que dicho acto no podía 8

9 incidir o servir como fundamento para la reconsideración de la base imponible de IVA del 2008, si su antecedente estaba impugnado judicialmente; afirmación que por sobre todas luces es injusta y carece de equidad al momento de declarar el derecho, el cual debe entre otras cosas aplicarse aunque la ley parezca severa, por consiguiente se ha demostrado la falta de aplicación de las norma de derecho contenidas en los Arts. 82 y 259 del Código Tributario, vicio que ha sido determinante para la parte dispositiva del fallo y por esta razón se procede a ratificar la actuación en relación a las diferencias detalladas en el cuadro 21 de la resolución impugnada (página 64 de la resolución, foja 96 vuelta del expediente) situación que conlleva a que el ente administrativo considere como parte de la base imponible los valores de ICE determinados en el Acta N VI. DECISIÓN Este Tribunal de Casación considera que se ha configurado el vicio invocado por el recurrente Por los fundamentos expuestos, la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve: VII. SENTENCIA CASAR la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2013, a las 11h27, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario N 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, en los términos señalados en el Considerando V de esta Sentencia RATIFICAR la actuación de la Administración Tributaria en relación a las diferencias detalladas en el cuadro 21 de la resolución impugnada (página 64 de la resolución, foja 96 vuelta del expediente) situación que conlleva a que el ente administrativo considere como parte de la base imponible los valores de ICE determinados en el Acta N Actúe dentro de este proceso, como Secretaria Relatora a la Ab. Alejandra Morales Navarrete, de conformidad con la Acción de Personal N 6037-DNTH-2015-KP Sin costas. 9

10 7.5.- Comuníquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen. F) Dra. Ana María Crespo Santos. JUEZA NACIONAL. Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. JUEZA NACIONAL. Dr. José Luis Terán Suárez. JUEZ NACIONAL. Certifico.- f) Ab. Alejandra Morales Navarrete. SECRETARIA RELATORA. 10

11 Aclaración del CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR.- SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- JUEZA PONENTE: DRA. ANA MARÍA CRESPO SANTOS Quito, miércoles 22 de junio del 2016, las 15h08.- VISTOS: ( ) Aclaración de la sentencia emitida por esta Sala Especializada el día martes, 31 de mayo del 2016, a las 12h38, por medio de la cual se casó la sentencia de 17 de septiembre de 2013, a las 11h27, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario N 2 con sede en la ciudad de Guayaquil. La compañía actora por intermedio de su representante legal dentro del término legal solicita su aclaración. Para resolver se considera: 1.- El Art. 274 primer inciso del Código Tributario indica: La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas. 2.- En tal virtud, el derecho de corrección que hace el juez, de oficio o a petición de parte, relativo al texto de una sentencia o resolución judicial, prosperará cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, situación que se enmarca en la aclaración y si se formulase de manera idónea que el juzgador omitió resolver sobre algún punto controvertido, se referirá a la ampliación del fallo. 3.- La compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A., solicita se aclare el fallo, argumentando lo siguiente: ( ) Cabe de igual forma mencionar que la Autoridad Tributaria aduce que fueron inaplicados los artículos 82 y 259 del Código Orgánico Tributario, los mismos que rezan sobre las presunciones de legitimidad, ejecutoriedad y validez de los actos administrativos; sin embargo, estos admiten prueba en contrario pues el contribuyente en ejercicio de su derecho a la defensa puede solicitar el desvanecimiento de dichas presunciones, siendo exigible el acto desde que el mismo se encuentra en firme y ejecutoriado, situación que no ha ocurrido en el presente caso. Por lo anterior solicito a su Autoridad se sirva aclarar cómo se puede establecer una glosa de IVA sobre un cálculo de la base imponible del ICE que se encontraba impugnada en sede judicial? Los actos administrativos se presumen validos (sic) cuando estos no han sido impugnados expresamente en la reclamación administrativa o en la contenciosa ante el 11

12 tribunal de conformidad con el artículo 259 del Código Orgánico Tributario. Además su Autoridad a fin de aclarar la sentencia dictada, se servirá tomar en cuenta que la glosa de ICE que dio lugar a la imposición de la glosa de IVA, fue dada de baja por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario N 2, Autoridad Judicial que dictó sentencia en el juicio signado con el número , nos permitimos adjuntar la sentencia. Adicionalmente, la Administración Tributaria al estar de acuerdo con el criterio expuesto por la Sala del TDF N 2, no presentó Recurso de Casación lo cual permitió la ejecutoría de la sentencia; de ello Señores Jueces, el acto administrativo que sirvió como fundamento para modificar la base imponible y determinar la glosa de IVA materia del presente recurso, ha sido dejado sin efecto por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital Fiscal N 2, por lo que solicito a su autoridad se sirva aclarar cuál es la razón jurídica para que su Autoridad ratifique la glosa de IVA que fue determinada sobre una glosa de ICE que fue dada de baja en la instancia judicial y que al momento la sentencia se encuentra firma (sic) y ejecutoriada? La autoridad tributaria no presentó la contestación a la aclaración planteada. 5. En relación al pedido de aclaración efectuado por la parte actora, se manifiesta que la sentencia de fecha 31 de mayo del 2016, a las 12h38, dictada por esta Sala Especializada, consideró en forma clara y razonada, los argumentos y requerimientos que el actor ha esgrimido en su petitorio como no claros, por lo mismo es menester traer a colación lo que en su momento se manifestó y consta de la sentencia antes aludida y emitida por este Tribunal de Casación. A fs. 35 a 39 del cuadernillo de casación y 7 a 9 de la sentencia se muestra el análisis que en estricto derecho se efectuó, estableciéndose lo siguiente: ( ) Respecto de la alegación efectuada por el recurrente sobre la falta de aplicación de los Arts. 82 y 259 del Código Tributario. ( ) En función de lo antes expuesto, se constata que el Tribunal de instancia afirma que por el hecho de que el acto administrativo N (determinación de ICE) está impugnado judicialmente, -al tiempo de la emisión del acto materia de la controversia (determinación de IVA)-, aquel no podía afectar o incidir en la reconsideración de la base imponible de IVA del período fiscal 2008; es decir que a criterio de la Sala juzgadora por el hecho de que todavía no existía una sentencia que ratifique o no la actuación del ente administrativo, no se podía tomar como cierto lo esgrimido en el acto emitido por la Administración Tributaria relacionada con el ICE. Así mismo, la Sala de instancia omitió las presunciones de legitimidad del acto administrativo contemplados en el 12

13 Art. 82 del Código Tributario y por tanto, desconoció que dicha acta podía incidir en la reconsideración de la base imponible de IVA para el período 2008, denotando su examen a la ejecutividad del acto y no a la factibilidad de la determinación de conformidad con las presunciones legales que posee el acta de determinación N , a pesar de haber sido impugnada. De igual manera se aprecia, que a criterio de la Sala juzgadora se requiere que el acto administrativo se encuentre firme, ejecutoriado y ratificado en sentencia para que aquel pueda ser usado por la Administración Tributaria y así hacer efectiva la reconsideración de la base imponible de IVA año 2008, apreciación subjetiva que crea un universo jurídico diverso, en relación a la objetividad y estructura jurídica de la gestión tributaria como de las actuaciones propias y válidas del ente administrativo hasta que las mismas sean dadas de baja en sentencia. En torno a todo lo efectuado se ha constatado la falta de aplicación del juzgador de instancia al desconocer las presunciones de legitimidad del acta de determinación N y al establecer que dicho acto no podía incidir o servir como fundamento para la reconsideración de la base imponible de IVA del 2008, si su antecedente estaba impugnado judicialmente; afirmación que por sobre todas luces es injusta y carece de equidad al momento de declarar el derecho, el cual debe entre otras cosas aplicarse aunque la ley parezca severa, por consiguiente se ha demostrado la falta de aplicación de las norma de derecho contenidas en los Arts. 82 y 259 del Código Tributario, vicio que ha sido determinante para la parte dispositiva del fallo y por esta razón se procede a ratificar la actuación en relación a las diferencias detalladas en el cuadro 21 de la resolución impugnada (página 64 de la resolución, foja 96 vuelta del expediente) situación que conlleva a que el ente administrativo considere como parte de la base imponible los valores de ICE determinados en el Acta N En función del pedido de aclaración, se indica que de manera clara y abundante se ha manifestado que conforme el Art. 82 del Código Tributario el acto administrativo goza de las presunciones de legitimidad y que por esta razón el acta de determinación N a pesar de haber sido impugnada, podía incidir en la reconsideración de la base imponible de IVA para el período Continuando con el mismo orden de ideas, el actor en su pretensión ha indicado un hecho nuevo, el cual refiere a que la Sala de instancia dio de baja la glosa del ICE que dio lugar a la imposición de la glosa del IVA, este evento no puede ser considerado, ni siquiera apreciado, por cuanto al momento de expedir el fallo del cual hoy se pretende su aclaración, tal evento, todavía no se suscitaba. 13

14 7. Vale indicar que el principal objetivo de la Casación no consiste en enmendar los agravios que las partes consideran se les ha irrogado, sino en corregir los vicios que, en lo concerniente a la aplicación de normas jurídicas, pudiera contener un fallo, con lo cual se busca conservar la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. 8.- Teniendo en cuenta y según lo expresado en los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente auto, se determina que la sentencia emitida el 31 de mayo del 2016, a las 12h38, es lo suficientemente clara, por tanto se rechaza la solicitud de aclaración. 9.- El Dr. Juan Montero Chávez Conjuez Nacional de la Sala Especializada suscribe el presente auto por obligación legal, en razón del Oficio N 0649-SG-CNJ-MBZ de 05 de mayo de 2016 en donde se lo señala como reemplazo del Dr. José Luis Terán Suárez, Juez Nacional de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Notifíquese.- F) Dra. Ana María Crespo Santos. JUEZA NACIONAL. Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. JUEZA NACIONAL. Dr. Juan Montero Chávez. CONJUEZ NACIONAL. Certifico.- f) Ab. Alejandra Morales Navarrete. SECRETARIA RELATORA. 14