CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ VISTOS:

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1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, viernes 19 de diciembre del 2014, las 12h30.- VISTOS: I.- JURISDICCIÓN Conocemos la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura, Resoluciones Nos y de 27 de junio de 2012 y 22 de julio de 2013, respectivamente, dictadas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Oficios Nos SG-CNJ-IJ y 2399-SG-CNJ-IJ de 23 de diciembre de 2013 expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y del sorteo que consta en el proceso. II.- ANTECEDENTES Interponen recurso de casación tanto el Econ. Jorge Luis Rosales Medina, en calidad de Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como la Abg. Daniela Freire Carrera, en calidad de Procuradora 1

2 Fiscal designada por el Econ. Xavier Cárdenas Moncayo, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en contra de la sentencia de 3 de octubre de 2012, las 12h02, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio No , deducido por los Ings. Luis Nath Franco y Héctor Enrique Constante, representantes legales de la COMPAÑÍA ANÓNIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE, en contra de la administración tributaria aduanera La Sala de Conjueza y Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia en auto de 31 de enero de 2013, las 11h00, inadmite el recurso de casación interpuesto por el Econ. Jorge Luis Rosales Medina, en calidad de Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y, admite el presentando por la Abg. Daniela Freire Carrera, en calidad de Procuradora Fiscal designada por el Econ. Xavier Cárdenas Moncayo, Director General del SENAE, exclusivamente por la causal primera, el cual fue puesto en conocimiento de las partes con la recepción del proceso para que se cumpla lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Casación La Procuradora Fiscal de la administración tributaria aduanera, fundamenta su recurso en las causales primera y cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, luego se refiere a la primera y tercera y por último es admitido el recurso de casación, exclusivamente por la causal primera del referido artículo. Indica que las normas de derecho infringidas son: por falta de aplicación, art. 220 numeral tercero del Código Tributario y art. 76 literal l) de la Constitución Política de la República (sic); por indebida aplicación, art. 82 del Código Tributario, en concordancia con el art. 68 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y el 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigentes a la fecha de la demanda; por falta de aplicación, art. 229 del Código 2

3 Tributario; por errónea interpretación, las normas farmacológicas publicadas en el Registro Oficial 676 de 3 de mayo de 1991; y, por indebida aplicación los precedentes jurisprudenciales En atención a la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, admitida por la Sala de Conjueces, indica que, la causa que es materia de la sentencia se realiza en base al art. 220 numeral 3 del Código Tributario y no por una acción de pago indebido, como se manifiesta en la parte resolutiva de la sentencia; que en el presente caso la Aduana, en ejercicio de la atribución que por ley le corresponde, ha procedido a la determinación de obligaciones tributarias, lo cual de ninguna manera equivale a dejar sin efecto el registro sanitario expedido por la Autoridad de salud, que la modificación de la partida arancelaria tiene un efecto restringido a lo estrictamente tributario que es el ámbito propio de la actuación de la Aduana; que existe falta de aplicación del art. 229 del Código Tributario, por cuanto en el libelo de demanda, consta que el acto administrativo impugnado es la Resolución No del 9 de septiembre de 2005, notificada en la misma fecha, dictada por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, y según la fe de presentación, la demanda fue presentada el 7 de noviembre de 2005, esto es fuera del término de 20 (veinte) días determinado en el referido artículo, lo que determina que la acción interpuesta es extemporánea; que las normas farmacológicas publicadas en el Registro Oficial No. 676 de 3 de mayo de 1991, en el Capítulo XI respecto de las vitaminas minerales y anabólicos, textualmente dice: Productos que contienen el 50% al 150% de dosis diaria de requerimiento admisible, establecido por FDA y el consejo de Nutrición de los E.E.U.U. por unidad Posológica a excepción de: vitamina A, vitamina D, y ácido fólico que se considera el 100% de la U.S RDA son considerados FÓRMULA MÉDICA DIETÉTICA, que, por lo tanto, no se puede considerar que el producto VITACAP_G como preparación terapéutica como erradamente se afirma en la 3

4 sentencia recurrida; que hay que considerar que las notas explicativas correspondientes al sistema armonizado de designación de codificación de Mercancías que en los capítulos 21 y 30; el 21 que incluye preparaciones alimenticias diversas Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas y que la que corresponde al producto VITACAP-G a base de mezclas o extractos de plantas, partes de plantas semillas o frutos, con vitaminas, minerales u otras sustancias partida ( ): motivo por el cual se excluye la explicación de la partida arancelaria ( ) por la nota legal del Capítulo 30 respecto de los Productos Farmacéuticos que expresa claramente: no comprende los alimentos dietéticos, alimentos enriquecidos, alimentos para diabéticos, complementos alimenticios. ; que existe indebida aplicación de los precedentes jurisprudenciales, por ser de casos similares. Por todo lo expuesto, solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, case la sentencia recurrida Los ingenieros Luis Alberto Nath Franco y Héctor Oswaldo Enríquez Constante, representantes de la compañía anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE, mediante escrito de 7 de febrero de 2013, contestan el recurso de casación interpuesto por la Aduana y, manifiestan lo siguiente: Que impugnan en su totalidad, por ilegal, falso y mal planteado el recurso, por cuanto la sentencia recurrida no ha incurrido en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia; Sostienen que la Verificadora Bureau Veritas, al realizar el aforo físico del producto importado por Laboratorios Life, equivoca su acción al determinar éste dentro de la partida arancelaria manifestando que es un suplemento alimenticio y que desdibuja la real situación del producto y de la correcta partida arancelaria en la cual siempre se ha venido importando el mismo que es por tratarse de un 4

5 medicamento, informe que es acogido por el Gerente Distrital de Aduanas de Guayaquil, quien dicta la Resolución No de 9 de septiembre de 2005, misma que más tarde es ratificado por la Gerencia General de Aduanas; que no es cierto que la Sala juzgadora no haya aplicado debidamente lo dispuesto en el art. 82 del Código Tributario en concordancia con el art. 68 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, por cuanto en base de estos artículos y por la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de las resoluciones impugnadas cobró mayor cantidad de impuestos en grave y claro perjuicio económica para su representada; y, que tampoco han aplicado mal el art. 104 de la Ley Orgánica de Aduanas; que niegan que la compañía actora haya incumplido con lo determinado en el art. 229 del Código Tributario, pues la demanda cumple con los requisitos legales y ha sido presentada dentro del correspondiente término legal; que la letra i) del Capitulo XI del Acuerdo No , publicado en el Registro Oficial No. 676 de 3 de mayo de 1991, demuestra que el producto VITACAP-G está clasificado en la partida arancelaria por sobrepasar en exceso el 150% exigido; que es el Instituto de Higiene el que califica al producto en el momento de conceder el registro sanitario en medicamentos o suplementos alimenticios y no la Aduana. Por todo lo expuesto, solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributaria de la Corte Nacional de Justicia, desestime el recurso de casación interpuesto y ratifique en todas sus partes la sentencia dictada por la Sala juzgadora El Tribunal juzgador, considera en su fallo de mayoría que, como lo ha establecido la Sala juzgadora en forma reiterada, no se puede sostener que en el caso en análisis, la CAE incumple con lo que disponen las leyes como el Código de la Salud o la Ley Orgánica de Salud, puesto que el ámbito de acción y el rol que le corresponde a la CAE, es la de determinación y verificación de obligaciones tributarias, más no la de ser auditora de salud. Hace referencia al 5

6 Recurso No de 18 de junio de 2012, en el que consta que con la modificación de la partida arancelaria y la determinación tributaria practicada, no se deja sin efecto el registro sanitario expedido por la autoridad de salud ni limita o impide la comercialización de los productos importados por la empresa actora, ni desnaturaliza los efectos médicos que dicen tener, ni deja de ser considerado medicina; que la modificación de partida arancelaria como la practicada en el presente caso, tiene un efecto restringido a lo estrictamente tributario, ámbito propio de la actuación de la CAE, consecuencia de lo cual cuando ella es procedente, se produce la determinación de obligaciones tributarias, por lo que con dicho actuar la Administración Aduanera, no invade otros ámbitos competenciales ni lesiona las atribuciones de otros órganos que tienen sus propios fines legalmente establecidos; que en el proceso obran las absoluciones a las consultas de aforo, en las que la propia Administración Aduanera determina que los productos se clasifican en la subpartida como medicamentos para uso humano, es decir en la subpartida que la empresa declaró; que a la luz de lo previsto en el art. 48 de la Ley Orgánica de Aduanas vigente a la época de la consulta, es de aplicación general y obligatoria, como lo ha establecido la Sala juzgadora en casos similares; que por estas razones, más no por las establecidas por la Sala de instancia, la clasificación arancelaria practicada por la Administración Aduanera resulta improcedente; que, siendo aplicable para el producto VITACAP-G, la clasificación de productos que consta en la Norma Farmacológica aprobada por el Ministerio de Salud Pública, publicada en el Registro Oficial No. 676 del 3 de mayo de 1991, Capitulo XI, numeral 36, literal I, por ser una preparación terapéutica reconocida por el Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, es válida la aplicación de la partida arancelaria declarada por la actora para la importación del producto que es materia de la rectificación. Por todo lo expuesto, la Sala sentenciadora admite la demanda de 6

7 impugnación planteada por la compañía anónima LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE. III. COMPETENCIA Esta Sala Especializada es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el art. 1 de la Codificación de Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte, del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. IV.- VALIDEZ PROCESAL En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. V.- PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO La recurrente formula los siguientes cargos, en contra de la sentencia de 3 de octubre de 2012, las 12h02, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito. 7

8 Cargo 1.- Falta de aplicación del art. 220 numeral tercero del Código Tributario y art. 76 literal l) de la Constitución Política de la República (sic), (causal primera). Cargo 2.- Aplicación indebida del art. 82 del Código Tributario, en concordancia con el art. 68 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y el 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigentes a la fecha de la demanda, (causal primera). Cargo 3.- Falta de aplicación del art. 229 del Código Tributario, (causal primera). Cargo 4.- Errónea interpretación de las normas farmacológicas publicadas en el Registro Oficial No. 676 de 3 de mayo de 1991, (causal primera). Cargo 5.- Indebida aplicación de precedentes jurisprudenciales, (causal primera). VI.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN La casación es un recurso extraordinario, de alta técnica jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ordenamiento jurídico imperante, precautelando y conservando la unidad e integridad de la jurisprudencia. La actividad del organismo jurisdiccional de casación se mueve, por el impulso de la voluntad del recurrente; y es él quien, en los fundamentos en que se apoya el recurso, cristaliza y condiciona la actividad del Tribunal de casación y señala, de antemano, los límites que no pueden ser rebasados. 8

9 6.2.- Hay que referirse a que la causal primera contiene el vicio de violación de la ley sustantiva, que puede configurarse como su inaplicación, su aplicación indebida o su errónea interpretación; que este vicio de juzgamiento o in iudicando de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habría determinado que la decisión de la sentencia sea distinta a la acogida; 2) Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un presupuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, incurre de ésta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene El primer cuestionamiento a la sentencia de instancia, que debe ser analizado por esta Sala Especializada, es el relacionado con la alegada falta de aplicación del art. 229 del Código Tributario, pues de ser cierta dicha acusación, no tendría sentido analizar los otros cargos. Para verificar si ello ha ocurrido en el presente caso, procedamos a considerar lo siguiente: a) El acto administrativo impugnado, según el texto de la demanda que consta de fojas 1 a 4 del proceso, es la Resolución No del 9 de septiembre de 2005, dictada por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, notificada al contribuyente la misma fecha, que declara sin lugar el reclamo administrativo de impugnación signado con el No , propuesto por el señor Xavier Simons Isaías, en calidad de representante legal de la compañía COMPAÑÍA ANÓNIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE ; b) Del contenido de la demanda, a su vez se advierte que, la compañía actora ha insinuado recurso de revisión en contra de la Resolución No ante el Gerente General de la Corporación Aduanera 9

10 Ecuatoriana, el que no ha sido aceptado por haber sido declarado improcedente por no cumplir con las exigencias tipificadas en el art. 143 del Código Tributario, según demuestra con la copia de la providencia No de 3 de octubre de 2005, a las 13h00 (fs. 9 de los autos); c) La pretensión de la demanda es que se ordene la devolución del exceso pagado por concepto de impuestos por la importación de este producto (Advalorem y el Iva) debiendo emitirse a favor de la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatoriano LIFE la correspondiente Nota de Crédito a la que se sumará los intereses legales; d) La demanda, según consta de la razón sentada por el Secretario General del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, ha sido presentada el 7 de noviembre de 2005; e) De conformidad con lo dispuesto en el art. 229 del Código Tributario, las acciones de impugnación en contra de resoluciones de única o última instancia administrativa se propondrán dentro de veinte días contados desde el siguiente al de su notificación; el plazo será de seis meses, si lo que se impugna fuere una resolución administrativa que niegue la devolución de lo que se pretende indebidamente pagado; f) Según consta en la Resolución impugnada, el señor Xavier Simons Isaías, en calidad de representante legal de la COMPAÑÍA ANÓNIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE, presenta un reclamo administrativo en el que impugnó el Informe General de Aforo Físico No. B , expedido por la compañía verificadora Bureau Veritas, en el que se procedió a cambiar la partida arancelaria de las mercancías al amparo del DAU No , Refrendo No , consistentes en VITACAP-G, de la No (declarada por el importador) a la No (establecida por la compañía verificadora); lo que demuestra que la resolución administrativa impugnada no es de aquellas que niegan la devolución de lo que se pretenda indebidamente pagado; en consecuencia, la controversia no se 10

11 enmarca dentro del presupuesto establecido en el segundo inciso del art. 229 del Código Tributario, sino en su primer inciso; g) La doctora Carla Verónica Cruz Aguirre, en calidad de Procuradora Fiscal del señor Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, al contestar la demanda (fs de los autos) claramente expresa: La presente demanda es improcedente en virtud de haber transcurrido en exceso el tiempo establecido en el artículo 229 del Código Tributario ; h) El Tribunal A quo, en la sentencia recurrida, considera que en la tramitación de la causa, no se ha producido violación de trámite ni omisión de solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión de la causa, por lo tanto merece se declare la validez de lo actuado; i) Entre la fecha de notificación de la Resolución No (9 de septiembre de 2005) y la fecha de presentación de la demanda (7 de noviembre de 2005) ha transcurrido en exceso el plazo de veinte (20) días contados desde el siguiente al de su notificación, que establece el primer inciso del art. 229 del Código Tributario, que dice: Art. 229 Proposición de las acciones: Oportunidad. Quienes se creyeren perjudicados por una resolución de única o última instancia administrativa, podrán impugnarla ante el Tribunal Distrital de los Fiscal, dentro de veinte días contados desde el siguiente al de su notificación, si residiere en el territorio del Estado, o de cuarenta días, si residiere en el exterior.. j) Al hablar de la acción contencioso tributaria, la formulación del juicio de impugnación inicia con la demanda considerada como un acto, una pieza del proceso; en ese sentido, la demanda se conceptúa como el inicio o como el acto inicial de la relación procesal, de ahí que quien deduce la demanda (contribuyente) ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, debe hacerlo dentro del plazo establecido en el referido artículo, para la impugnación 11

12 de resoluciones de única o última instancia administrativa, como es la que es materia del presente recurso; k) Del análisis de la sentencia recurrida y, de las fechas en ella señaladas, que son hechos probados, esta Sala considera que, efectivamente el Tribunal A quo inaplicó el inciso primero del art. 229 del Código Tributario. Por lo expuesto, esta Sala Especializada encuentra que se ha configurado la causal primera invocada por la casacionista. Sin que sea necesario entrar al análisis de los otros cargos. VII.- DECISIÓN Esta Sala Especializada encuentra que está debidamente justificado el cargo de falta de aplicación del art. 229 del Código Tributario, con relación a la causal primera invocada Por las razones expuestas, la Corte Nacional de Justica, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República. VIII.- RESUELVE: CASAR la sentencia de mayoría de 3 de octubre de 2012, las 12h02, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, con fundamento en el considerando VI del presente fallo; y, 12

13 declara que, la demanda de impugnación propuesta, es improcedente por extemporánea Sin costas Notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen. F) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL; Dr. José Luis Terán Suárez, CONJUEZ NACIONAL; Certifico.- Abg. Diego Acuña Naranjo SECRETARIO RELATOR. 13