JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Transcripción

1 5. Los estudios de Posgrado en Derecho demandan la apertura de espacios para estudios interdisciplinarios. La mayoría de los estudios jurídicos que hasta la fecha se han realizado en nuestro país, se basan en un análisis del problema planteado bajo la perspectiva de una sola disciplina. Sin embargo, es evidente que ningún estudio serio puede ser realizado con base en ese criterio, pues el Derecho de la sociedad se manifiesta en la diversidad y complejidad de conflictos sociales; en consecuencia, el espectro de los fenómenos jurídicos es multirreferencial. Admitir el ingreso directo a profesionales en especialidades diferentes dentro del Derecho, permite la posibilidad de hacer estudios transdisciplinarios, en los que el observador se ubica en diversos marcos teóricos dependiendo del objeto de estudio; de tal forma que ya no sea el Derecho el que se apropie del objeto de conocimiento, sino que a partir del objeto estudiado se recurra a las teorías de las diversas disciplinas científicas. Por lo anteriormente planteado, el programa contemplará la inclusión de estudios relativos a las ciencias sociales y humanidades, con particular énfasis en la Historia y la Filosofía. Ello es así porque ningún problema jurídico contemporáneo puede prescindir, para su adecuado análisis y tratamiento, de un sostén histórico y filosófico. El rol de la Historia en la solución de la problemática social es indiscustible. Efectivamente, a partir del encuadramiento histórico de un determinado fenómeno, de la visualización de su origen, desarrollo, desenvolvimiento, evolución y estado

2 actual de cosas, es factible lograr una propuesta mucho más rica y amplia desde el punto de vista jurídico. No menos importante resulta el rol de la Filosofía en los estudios de un programa de postgrado de alta calidad, máxime si es relacionado con el Derecho. En virtud del examen filosófico idóneo de un tema jurídico de investigación, el profesional estará en aptitudes de desentrañar el fundamento epistemológico de su trabajo, pudiendo llegar a conclusiones asertivas y convincentes. Ahora bien, los retos jurídicos que plantean las nuevas estructuras sociales tanto en el ámbito nacional como internacional, exigen profesores e investigadores con alto desempeño en el ejercicio profesional en las diversas áreas del Derecho, por tanto, la inclusión de las especialidades en el Programa de Doctorado, tiene como objetivo la formación de docentes con conocimiento jurídico de frontera y de investigaciones originales de alta calidad que impliquen la generación de conocimientos nuevos que contribuyan al desarrollo del pensamiento jurídico nacional. La investigación jurídica de los problemas sociales ha originado el planteamiento de nuevos campos de conocimiento y de la creación de mecanismos para mejorar el funcionamiento del sistema jurídico nacional. Por esta razón, se justifica la creación del Doctorado Institucional en Derecho.

3 5.1 PERTINENCIA SOCIECONÓMICA El Estado es un requisito para el avance de la globalización. 1 Para cumplir con esta premisa, el Estado mexicano debe prever y proveer los elementos humanos que puedan hacer efectivo el tránsito de nuestro país al desarrollo y su interlocución ante la comunidad internacional, lo cual es dable lograr con estudios de postgrado de alta calidad. El marco de la globalización es una rúbrica para un sinfín de fenómenos diversos e interrelaciona múltiples objetos de análisis, como la Economía, la Política, la Sociedad y la Cultura. 2 Los investigadores jurídicos deben incidir en dicha interrelación para conseguir efectos beneficiosos de la globalización en la solución de los problemas nacionales. La globalización también se manifiesta con una particular importancia en el marco de los derechos humanos. Dado que no tiene significados meramente mercantiles o comerciales, sino implicaciones y consecuencias de primera magnitud para el Derecho y el Estado, como la concepción y protección de los derechos humanos, 3 su papel es de suma importancia en el México actual. 1 KAPLAN, Marcos, Estado y globalización, Ed. UNAM, México 2008, p MITTELMAN, James H., El síndrome de la globalización, transformación y resistencias, Ed. Siglo XXI Editores, México 2002, p CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 2ª. Edición, Ed. Porrúa, Ed. UNAM, Ed. CNDH, México 2006, 19.

4 Lo anterior se refleja claramente en las últimas transformaciones de que ha sido objeto el sistema de derechos en la Carta Magna. En efecto, la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Tal reforma, implica necesariamente el cambio de paradigma en la forma de concebir el derecho, que precisa de la formación de recursos humanos del más alto nivel, capaces de realizar investigación de frontera, que funcione para el desarrollo del país. Ciertamente, la sociedad se queja de que las soluciones que toman los detentadores del poder ejecutivo, legislativo y judicial, no son las esperadas. Es por ello, que es imperioso que el Derecho tenga un papel protagónico en la construcción del orden social, en la vida del ciudadano, en la seguridad jurídica, en fin, en la construcción del bien común. De ahí que este programa de Doctorado Institucional en Derecho, sea cuna de la investigación jurídica, con seriedad y profesionalismo. Las universidades como instituciones de carácter público y formadoras de profesionales altamente calificados deben constituirse en instancias que ofrezcan alternativas adecuadas que respondan a estas necesidades sociales. La universidad pública constituye un entorno propicio para la reflexión académica seria de los asuntos de interés público, tanto locales como nacionales e internacionales.

5 La investigación jurídica se traduce en la actividad que pretende descubrir las soluciones más adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante, pues precisamente la investigación es la que tiene la posibilidad, al profundizar en esos problemas, de encontrar la forma de adecuar el ordenamiento jurídico a las transformaciones y cambios sociales, por anticuadas que parezcan las disposiciones normativas de carácter formal. 4 La investigación significa el estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que requieren solución en el momento histórico y en el sistema normativo que al jurista le ha tocado vivir, tomando en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmerso, de acuerdo con el planteamiento reciente de vincular la ciencia jurídica a las restantes disciplinas de carácter social. 5 a) FACTIBILIDAD ACADÉMICA El programa de Doctorado Institucional en Derecho estará sustentado por un total de 13 profesores de tiempo completo; de los cuales un total de 8 cuentan con el reconocimiento de investigador nacional (SNI), siendo un 61.53% del total. Siete de los profesores obtuvieron el máximo grado en Instituciones externas a la que ofrece el programa, constituyendo un 53.84% del total. Seis profesores de los trece, están reconocidos con el perfil deseable (PROMEP). 4 Ibíd., p Ídem.

6 En cuanto a la infraestructura disponible para el doctorado, se cuenta con 6 aulas equipadas, 15 cubículos para uso de académicos y alumnos, una sala de juicios orales, completamente equipada y un taller de cómputo. Los alumnos del Doctorado cuentan en la Biblioteca Central de la Universidad, con un catálogo de consulta, el cual se alimenta día a día, cuenta con 43,744 títulos y se encuentran también revistas y material multimedia. Se pueden consultar desde cualquier computadora si se encuentra físicamente y apartarlos. Además se cuenta con ayuda visual para localizar más fácilmente el material que se necesita. En la Biblioteca de la Facultad de Derecho se cuenta con 2,372 títulos, y 5,794 volúmenes, a la disposición de los alumnos. Las bases de datos con las que se cuenta son cinco: WLEX, EBSCO, SPRINGELINK, CCIELO, y REDALYC. En lo que respecta al Instituto de Investigaciones Jurídicas, se cuenta con una amplia biblioteca especializada en Derecho, Historia y Ciencias Sociales, la cual contiene más de diez mil títulos. Además, se obtendrán nuevos acervos bibliográficos en el presente año, con el recurso autorizado del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI ), por un monto de $66, b) FACTIBILIDAD FINANCIERA Dentro de las políticas institucionales de las unidades académicas del DID, se plantea que los posgrados deben ser autofinanciables. A efectos de concretar la viabilidad financiera del DID, se han previsto las políticas y criterios generales para sufragar los costos del programa en el convenio específico que le da sustento.

7 En la cláusula décimo segunda del convenio para la creación y desarrollo del DID, se previó que las unidades académicas participantes en el DID, obtendrán los recursos para la operación del programa, de las siguientes fuentes: I. Cuotas de inscripción y colegiaturas del programa; II. Financiamiento externo para actividades académicas conjuntas, y III. Financiamiento externo para desarrollo y consolidación de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, por cada unidad académica participante. Por lo que hace a las cuotas de estudiantes, consisten en el pago inscripciones semestrales y pagos de colegiaturas cuidando en todo momento, que los montos se destinen a apoyar el desarrollo del DID. Los apoyos externos para actividades académicas conjuntas, serán el resultado de proyectos presentados conjuntamente por las unidades académicas participantes; se aplicarán a los seminarios, cursos y actividades complementarias inherentes al DID, y se distribuirán proporcionalmente a la participación de cada institución en los proyectos conjuntos. Los apoyos externos para investigaciones e infraestructura, que tengan como objetivo el desarrollo y consolidación de las LGAC, serán el resultado de la gestión de los cuerpos académicos de las unidades académicas participantes; por tanto, los recursos obtenidos serán administrados por la propia unidad académica de que se trate. 5.2 PERTINENCIA DISCIPLINARIA El Derecho no es ajeno a la globalización, ni a las transiciones políticas de los últimos sexenios. Hoy en día, México tiene problemas jurídicos que antes no se habían planteado. Para resolverlos, tiene que tener en cuenta, por un lado, el

8 fenómeno de la globalización, y por otro, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. La formación de personal académico es una labor complicada en las universidades de las entidades federativas. 6 Sin embargo, con un Doctorado Institucional se colman muchas de esas complicaciones, tomando en cuenta la disposición, voluntad y calidad de los integrantes del comité de diseño curricular. Es posible edificar un programa de calidad con trabajo e imaginación. Ante la comercialización y diversificación de los estudios de posgrado, particularmente los de doctorado en Derecho, es necesario ofrecer una opción de alta calidad que abone al desarrollo social y humano en los ámbitos regional, nacional e internacional. La investigación es una llave para obtener lo sucintamente referido. No puede olvidarse la función creadora que tiene la ciencia jurídica. 7 Tal función creadora no puede llevarse a cabo de una manera superficial y/o improvisada, pues antes bien, tiene que verificarse tomando en cuenta los requerimientos de la sociedad con estudios de primer nivel y rigor analítico, crítico y constructivo en todas las esferas. A manera de complemento de todo lo dicho hasta este punto, no puede pasar desapercibido el hecho de que la investigación jurídica, como actividad científica, tiene una indiscutible importancia, la cual no debe limitarse al aspecto normativo del fenómeno jurídico, pues ello margina todo lo contextual que muchas veces es 6 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Metodología, docencia e investigación jurídicas, 3ª. Edición, Ed. Porrúa, México 2008, p ALCHOURRÓN, Carlos E. y BULYGIN, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Ed. Astrea, Buenos Aires, Argentina 2002, p. 133 y siguientes.

9 tan relevante como la norma misma. 8 Es menester entonces que los estudios de doctorado, con base en tales consideraciones, se aborden desde una perspectiva multidisciplinaria. En el ámbito local, existe demanda social por contar con estudios de doctorado en Derecho. Lo anterior en virtud de varias razones que se esbozan a continuación. Se hace imprescindible que las unidades académicas participantes, puedan ofrecer un programa de doctorado en Derecho que satisfaga la enorme necesidad de formar investigadores en el área jurídica para que, a su vez, se desarrollen las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) jurídico que ayuden a resolver problemas de locales, regionales, nacionales e internacionales, tal como se establecen en este programa de Doctorado. Nuestro estado, la región, el país y el mundo, tienen problemas y necesidades sociales que exigen respuesta. No son suficientes las aportaciones de las otras áreas de las ciencias sociales para considerar satisfechas las demandas de normatividad y regulación de dicha problemática. Hay problemas como el medioambiental, la situación de la administración e impartición de justicia, el desarrollo urbano, la seguridad pública, la incidencia regional de los tratados internacionales celebrados en materia de intercambio comercial o de derechos humanos, el parlamentarismo, la distribución de competencias, entre otros, son aspectos que constituyen la problemática 8 WITKER, Jorge y LARIOS, Rogelio, Metodología jurídica, Ed. McGraw-Hill, Ed. UNAM, México 1997, p. 190.

10 jurídica que precisa la formación de investigadores en Derecho para participar en su solución. Como ejemplo de lo antes dicho podemos citar las recientes convocatorias de los fondos mixtos 9 que son instrumentos específicos para promover el desarrollo científico en los ámbitos regional y estatal. Todos los gobiernos estatales han aportado recursos y juntamente con ellos el CONACYT, para resolver la problemática particular de cada entidad a través del financiamiento para investigaciones. En las convocatorias respectivas se da cuenta de problemas de cada región, que involucran las más diversas áreas, desde el desarrollo industrial hasta la salud y la educación. En muchos de estos asuntos resulta particularmente relevante el análisis de la normatividad que sirve de base para su regulación y en la atención de muchos de los problemas que aquejan a la región es necesaria la participación de expertos de múltiples disciplinas, entre ellos los doctores en Derecho. Asimismo, se pretende reforzar el papel de las Universidades públicas en la habilitación de los cuerpos académicos en investigación y docencia en las LGAC que garanticen una mejor calidad en sus procesos educativos para responder a la exigencia derivada de los cambios constantes de la sociedad que exigen no sólo la formación de profesionales y maestros, sino investigadores del Derecho. 9 Cfr., CONACYT. Fondos mixtos. Convocatorias. consulta realizada el 13/10/2011, a las 14:00 horas.

11 También la universidad pública debe compeler a los gobiernos a comprometerse con la investigación en las ciencias sociales, de forma particular, con la investigación jurídica, dado que es impensable resolver la problemática que aqueja al país, como organización social, si el derecho no contribuye a su resolución. De igual manera, es indispensable reconstruir los conceptos tradicionales de estado, soberanía, sociedad, familia, comercio, controversias jurisdiccionales, derechos humanos, relaciones internacionales, seguridad social, entre otros muchos. De ahí que los tradicionales contenidos epistemológicos del derecho civil y mercantil, del derecho penal y del procesal, del electoral, del derecho laboral y agrario, del derecho constitucional y del administrativo, del derecho fiscal y familiar, del derecho internacional, público y privado, entre otras muchas áreas, deben revisarse a fondo. La crisis que vive el Estado de Derecho, la impartición de justicia, la reforma política, tiene relación, en cierto sentido, con la falta de investigación jurídica; pues el porcentaje de doctores que realizan investigación jurídica, no pasa del uno por ciento. 10 Ello se debe también, sin duda, a la proliferación de programas de posgrado que no reúnen los más mínimos requisitos de calidad, con poco o nulo rigor académico; donde el grado académico se concibe como un título nobiliario que da cierta presencia social, sin asumir el compromiso que se tiene con la creación de investigación original, que tienda a resolver la problemática jurídica BECERRA, Manuel, Posgrado e Investigación Jurídica, Ed. UNAM, México 2010, p Ídem.

12 En efecto, un dato que es importante destacar, es que sólo cuatro programas de doctorado en derecho se encuentran reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT 12, siendo estos: El de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (consolidado); el Interinstitucional con sede en la Universidad Autónoma de Nayarit (en desarrollo); el de la Universidad Autónoma de Morelos (de reciente creación), y el de la Universidad Nacional Autónoma de México (consolidado). Lo anteriormente expuesto, pone de relieve la necesidad de contar con un programa de Doctorado Institucional en Derecho, que responda a los retos que ofrece el mundo contemporáneo. En consecuencia, dadas las altas posibilidades de ofertar un programa de calidad, que será reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, la creación del programa resulta más que adecuada. 5.3 DEMANDA DEL PROGRAMA La División de Estudios de Posgrado, se dio a la tarea de realizar un estudio de factibilidad, con el propósito de evaluar, la pertinencia de la apertura del Doctorado Institucional en Derecho. Esto permitirá contar con mejores indicadores para retroalimentar la creación del nuevo plan de estudios. 12 Vid., consulta realizada el 13/10/2011, a las 19:31 horas.

13 El universo de encuestados fue de un total de 67, de los cuales 37 son alumnos de maestría de la propia División y 30 son exalumnos de maestría que no han cursado los estudios de Doctorado en Derecho.

14 INDICADORES Y RESULTADOS Las edades de los encuestados se encuentran dentro de los siguientes rubros. Edad Encuestados De mas de 50 años 6 No informaron su edad 5 Total encuestados 67

15 1.- Le interesaría a Usted cursar el Doctorado Institucional en Derecho, por investigación? SI 47 NO 13 NO SE 7

16 2 Estaría Usted interesado en cursar el Doctorado Institucional en Derecho, con una disponibilidad de tiempo completo, otorgándosele una beca CONACYT? SI 41 NO 19 NO SE 7

17 3- Esta Usted interesado en la investigación en las siguientes áreas del Derecho? Derecho Constitucional y Electoral SI 29 NO 4 NO SE 2 Derecho Penal SI 40 NO 1 NO SE 1 Historia y Filosofía del Derecho SI 17 NO 6 NO SE 2 Otra área de su interés: 4 solicitaron Derecho Civil y 1 Derechos Fundamentales